Renato Bignami

Diez años después de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), tenemos la oportunidad de reflexionar sobre en qué medida su ratificación en América Latina y el Caribe ha impulsado el trabajo decente.

Son millones de personas que prestan sus servicios a hogares a diario. A pesar de ello, normalmente estas personas aún desempeñan sus labores en condiciones de vulnerabilidad.

La pandemia de COVID-19 ha implicado un reto considerable y adicional en relación a las condiciones efectivas del trabajo. El aumento del desempleo y de la economía informal, la reducción de los ingresos y una creciente exposición a condiciones aún más inseguras, peligrosas e insalubres es el relato más actual del trabajo del hogar en América Latina y el Caribe.

En este contexto, la promoción de trabajo decente, seguro y saludable cobra aún más relevancia en el marco del primer decenio del Convenio. Y es por este motivo que la OIT en América Latina y el Caribe ha presentado una guía sobre medidas de salud y seguridad en el trabajo que apuntan a la prevención, especialmente enfocada en el trabajo doméstico en tiempos de COVID-19.

La adopción del Convenio nº 189 en el día 16 de junio de 2011, implicó hacer frente a un doble desafío. Por un lado, se buscaba amortizar un déficit histórico de normalización internacional para este importante y numeroso colectivo, principalmente conformado por mujeres. Por el otro, se realizaba un esfuerzo sin precedentes por establecer un marco normativo sobre aspectos relacionados con el hecho de que éste no es un trabajo realizado en un lugar de trabajo tradicional, sino en el ámbito del hogar.

El Convenio establece que los trabajadores domésticos pueden acceder a los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva, y a condiciones laborales seguras y saludables.

De acuerdo con estimaciones recientes de la OIT el número de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo es de al menos 75,6 millones de personas. En América Latina y el Caribe hay 14,8 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos, y casi 90 por ciento son mujeres.

Hasta la fecha, 17 países de la región han ratificado el Convenio 189, lo que supone más de 50 por ciento de todas las adhesiones a esta norma en el mundo.

Desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, se destaca que por ser el hogar un centro de trabajo peculiar en el cual se ejercen ocupaciones diferentes, diversos riesgos ocupacionales propios de este tipo de labor se encuentran presentes.

Los riesgos más recurrentes para las trabajadoras y los trabajadores del hogar son los químicos, al trabajar directamente con substancias sin la debida precaución; los físicos, causantes de trastornos musculoesqueléticos como dolores en la espalda y en los miembros superiores e inferiores, y lesiones por esfuerzos repetitivos, al desempeñar tareas relacionadas con la movilización de cargas elevadas y en condiciones inadecuadas; además de otras patologías relacionadas con el trabajo, por ejemplo la anemia, los problemas gástricos relacionados con el estrés y sufrimiento psicológico y de enfermedades en las vías respiratorias como gripes y neumonías.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto a la bioseguridad como un asunto prioritario. En este sentido, el riesgo de contagio por el SARS-CoV2, tanto en el hogar donde se trabaja como en el trayecto hacia el trabajo o de vuelta a su residencia, ha supuesto un desafío adicional en el ámbito de las condiciones de trabajo experimentadas por las y los trabajadores del hogar.

Finalmente, también se debe mencionar la creciente atención a la salud mental, sobre todo en un contexto de aumento de la percepción de los riesgos psicosociales relacionados muchas veces con la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. En este sentido, el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el trabajo, que entra en vigor esta semana, constituye una norma internacional de gran valor, por enumerar diversos mecanismos de prevención de estos acontecimientos en cualquier local de trabajo.

Se estima que la demanda de trabajo doméstico se incremente por los cambios demográficos, el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración. Las empresas proveedoras de servicios están cada vez más presentes en este mercado de trabajo.

Es un sector de uso intensivo de empleo y que cubre algunas de las necesidades esenciales y crecientes de los hogares en servicios de atención directa e indirecta, y, por ello, el trabajo del hogar podría ser una fuente de empleo en la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.

Por ello, la prevención de los riesgos ocupacionales relacionados con el trabajo del hogar es más que nunca una necesidad urgente.

Es importante recordar que la seguridad y salud en el trabajo es un elemento fundamental del trabajo decente, y, por tanto, del desarrollo sostenible y del bienestar de la población.

*Renato Bignami es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Está basado en São Paulo. Elaboró este artículo con el apoyo técnico de Maria Arteta y Ricardo Irra.