Luc Cortebeeck, Presidente del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración

ACTRAV INFO: La 326ª sesión del Consejo de Administración de la OIT acaba de tener lugar. ¿Qué lectura hace usted de los resultados de esta sesión para el Grupo de Trabajadores?

Luc Cortebeeck: Como en cada una de las sesiones del Consejo, es imposible estimar la energía puesta en la preparación, las tensiones, las horas de discusión, de argumentación, de negociaciones informales con empleadores y gobiernos, de reuniones tripartitas, pero nuestro grupo ha concluido el Consejo con una evaluación y una sensación positivas. Esto se debe al hecho de que hemos tenido cada vez más éxito trabajando en grupo y de forma unida, y repartiendo más el trabajo entre nuestros miembros del Consejo.

ACTRAV INFO: Muchas quejas concernientes al respeto de los derechos de los trabajadores han sido abordadas en esta sesión. ¿Cuál es su evaluación acerca de las decisiones del Consejo en lo que se refiere al caso de Qatar, Venezuela, Fiyi y Guatemala?

Comencemos con el éxito de Fiyi. La presión de un posible artículo 26 (la Comisión de Encuesta) y la Misión Tripartita de Alto Nivel conducida en febrero de 2015 en ese país han llevado, tras muchos años sumamente difíciles, a un cambio fundamental de la legislación laboral. La libertad sindical, el diálogo social y la negociación colectiva fueron finalmente instauradas. Esto no era ni siquiera imaginable hace algunos meses. Es una victoria para el Grupo de los Trabajadores y para la OIT, pero sobre todo para el Congreso de los Sindicatos de Fiyi (FTUC) y su secretario general Felix Anthony, que tuvo el coraje, la perseverancia y la capacidad de resistir. He tenido la oportunidad de felicitarlo. Para nosotros, trabajadores, este caso es el ejemplo de que el cambio hacia la justicia social es posible y que la OIT puede ser un instrumento muy importante.

Sobre el caso de Venezuela, queja que fue ingresada por los empleadores, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Grupo de los Trabajadores hemos tenido la iniciativa de promover, con el gobierno y los empleadores, la reanudación de diálogo social. Se asumieron compromisos en ese sentido y, dentro de algunos meses, evaluaremos la situación. Eso es lo que vamos a hacer también con Guatemala, conocida por las graves violaciones a la libertad sindical y los asesinatos de dirigentes sindicales. La nueva ministra del trabajo guatemalteca ha prometido retomar el plan de acción y la hoja de ruta concertados entre nosotros y el gobierno hace dos años. Mientras tanto, para los dos países (Venezuela y Guatemala), la instalación de una Comisión de Encuesta sigue pendiente.

Este también es el caso para Qatar. Con la presidenta del Consejo de Administración y mi colega vicepresidente del Grupo de los Empleadores y la Oficina, he participado de una Misión Tripartita de Alto Nivel a principios de marzo de 2016. Hay 1.700.000 trabajadores migrantes que trabajan en Qatar, bajo el sistema kafalah, que instaura una dependencia total de los trabajadores en relación al empleador. Ese sistema es lisa y llanamente de trabajo forzoso. En nuestro informe describimos el progreso con la nueva legislación que entrará en vigor en diciembre de 2016, pero mucho de los problemas se mantienen, más aún para los/as trabajadores/as domésticos/as. Un nuevo informe será discutido en noviembre de 2016 y en marzo de 2017 para evaluar si los progresos son suficientes de modo que el gobierno pueda evitar la Comisión de Encuesta. El gobierno qatarí ha utilizado todos los medios de presión y de lobby para frenar el procedimiento contra el país, que no cuenta entre sus éxitos. Esperamos que la presión internacional durante este año fuerce al gobierno a establecer el trabajo decente para los trabajadores migrantes.

ACTRAV INFO:Uno de los temas discutidos en esta sesión se refiere a las migraciones de mano de obra. ¿Qué soluciones preconiza usted para proteger a los trabajadores migrantes?

El Grupo de los Trabajadores es consciente del importante rol de los trabajadores, de los empleadores y de los gobiernos para promover y sostener a corto y mediano plazo la integración efectiva de los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza. Es tarea de los gobiernos y los aliados sociales encontrar respuestas tanto a nivel nacional como internacional.

Debemos destacar la necesidad de trabajar asimismo sobre las soluciones y programas a largo plazo para garantizar que la paz, un crecimiento económico sostenible y las posibilidades de trabajo decente sean creados tanto en el país de origen como en el de destino.

Contra toda discriminación, xenofobia y estigmatización, la capacidad de unir a los trabajadores debe ser una prioridad mayor para las organizaciones sindicales a nivel nacional e internacional. El diálogo social es, por supuesto, esencial para evitar o minimizar las tensiones entre los recién llegados y la mano de obra estable, al igual que la determinación de cuestiones más amplias de la integración al mercado de trabajo, tales como la identificación y las competencias correspondientes, el reconocimiento de las competencias y cualificaciones, el establecimiento de cursos de idiomas, programas de educación y de formación (profesional).

Es necesario entonces promover la creación de empleos decentes para todos y para que los refugiados no recaigan en el trabajo informal o sean utilizados para burlar las normas del trabajo en vigor y los convenios colectivos. Felizmente los empleadores y trabajadores europeos ha expresado una oposición clara contra una propuesta del Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk para permitir a los refugiados que trabajen por debajo del salario mínimo. Las inversiones destinadas a la creación de empleos para la mano de obra local son de importancia capital para generar la cohesión social y, desafortunadamente, no han recibido atención en función de los programas de austeridad.

El abordaje debe basarse en un escenario del tipo gana-gana para refugiados y personas desplazadas por la fuerza, por una parte, y el país que los acoge, por otra. Es importante reconocer que ellos pueden ofrecer oportunidades para el país de acogida, una vez que están en condiciones de trabajar. Una investigación muestra que en algunos años los costos son neutralizados. Teniendo en cuenta la población en envejecimiento de Europa, los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza pueden efectivamente suplir esas lagunas actuales y futuras.

Pero ese trabajo a nivel nacional debe ser guiado y sostenido por una política multilateral de organizaciones de la ONU, de la cual formará parte la política llevada a cabo por la OIT. Pienso en los impactos sobre el mercado de trabajo, la promoción del trabajo decente y la protección social. Esos programas deberían ser coordinados y financiados por la comunidad internacional. Una mayor cooperación financiera y apoyo internacional son necesarios para ayudar a los países que tienen el mayor influjo masivo de personas desplazadas por la fuerza y refugiados en sus territorios.

La OIT debería exhortar al pleno respeto, la ratificación y la aplicación de los Convenios n° 97 y n°143 sobre la migración de mano de obra en los países de destino, así como la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y miembros de sus familias.

En septiembre de 2016, en la OIT una reunión tripartita tratará el tema de medidas concretas para la contratación justa. A lo largo de este año, habrá además otras iniciativas, como una Conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 30 de marzo, y una Cumbre Humanitaria Mundial, el 23 y 24 de mayo, así como una Plenaria de Alto Nivel de las Naciones Unidas, el 19 de septiembre. La OIT formará parte de estas conferencias. Esperamos resultados concretos y trabajamos por ellos.

ACTRAV INFO: El proyecto de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales ha sido abordado en esta sesión. ¿Cuáles son las expectativas del Grupo de los Trabajadores sobre tal proyecto?

La revisión de esa declaración, que data de 2006, es muy importante debido a los desarrollos que han tenido lugar en ese ámbito: primeramente la importancia creciente de las cadenas de suministro globales, pero también la adopción de los Principios Rectores de la ONU relativos a las empresas y a los derechos del hombre y, aquí en la OIT, las nuevas normas internacionales del trabajo que han sido adoptadas. Además, esa declaración no ha sido suficientemente utilizada en el mundo del trabajo.

La revisión de la Declaración debe dejarla más abarcadora y aplicable. Por ejemplo, el mecanismo de interpretación no es muy accesible. Quisiéramos remplazarlo por un mecanismo que mejore el diálogo social y prevenga y resuelva los conflictos entre multinacionales de un lado y trabajadores y sindicatos del otro. Para aprender de otras experiencias, un centro depositario de buenas prácticas concernientes a la resolución de conflicto y el diálogo social podría igualmente ser un avance.

En lo que se refiere a la revisión del texto de la Declaración, nos gustaría incluir una serie de elementos nuevos, tales como: normas internacionales del trabajo adoptadas recientemente (entre otras, el Protocolo sobre el Trabajo Forzoso, la Recomendación 198 sobre la Relación de Trabajo), los Principios Rectores de la ONU relativos a las Empresas y los Derechos del Hombre (incluidos los mecanismos de queja y “due diligence”), referencias a un salario mínimo vital, la protección de los derechos de los migrantes, referencias a la inspección del trabajo y la transparencia, referencias a las formas atípicas de empleo. Esperamos mucho de la reunión de un grupo de trabajo que debe preparar el Consejo de Administración de marzo de 2017. Y todo eso tiene un nexo claro y directo con la discusión general sobre las “cadenas de suministro” que tendrá lugar durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2016. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero del que vale la pena.