GINEBRA - Mientras los trabajadores de los Estados miembros de la UE toman las calles para protestar contra las reformas públicas previstas relativas a la financiación de las pensiones y la elevación de la edad de jubilación, los países que consideran la incorporación a la Unión se enfrentan a un dilema diferente: cómo modernizar los sistemas de pensiones para atender las necesidades de los trabajadores en las economías de mercado, sin dejar de garantizar que aquéllos que necesitan prestaciones sociales en el presente seguirán disfrutando de un nivel de vida aceptable. El problema se incluyó en la agenda tratada en una reciente reunión de Ministros de Trabajo de los 13 Estados mediterráneos y del este de Europa que consideraron la adhesión a la Unión Europea (UE), celebrada aquí en Ginebra con ocasión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2003.
En el estudio * se señala que el cambio propuesto de una financiación de reparto de los sistemas nacionales de pensiones, a un nuevo sistema obligatorio de cuentas individuales gestionadas comercialmente, en el que cada trabajador ahorra con vistas a su propia jubilación, plantea problemas para la población en general. Las primeras experiencias en este sentido llevadas a cabo por varios países de Europa central a finales del decenio de 1990 ponen de manifiesto que estas reformas resultan onerosas administrativamente y tienden a generar gastos administrativos elevados y un rendimiento real negativo de los ahorros de los trabajadores. Además, no constituyen un medio eficaz para estabilizar la financiación de las pensiones. "El cambio del sistema de reparto al de la financiación anticipada no evita el reto del envejecimiento", se concluye en el estudio.
Esta situación resulta particularmente preocupante para los países de Europa oriental. Un grupo de ellos (Hungría, Polonia, Bulgaria, Letonia y Estonia) han iniciado un proceso de reducción progresiva de los sistemas de reparto y de la adopción paralela de programas de ahorro individual gestionados comercialmente, dando lugar a que los riesgos que asumían con anterioridad los trabajadores, empleadores y gobiernos de manera colectiva, sean abordados ahora únicamente por los trabajadores. Un segundo grupo, en el que figuran la República Checa, Eslovenia, Rumania y Turquía, combinan los ajustes de los sistemas públicos de pensiones con el desarrollo de regímenes de jubilación complementarios de carácter voluntario.
En el estudio se argumenta que un cambio en la financiación de las pensiones acometido de manera aislada fracasará al tratar de abordar el reto demográfico: "ambos tipos de sistema consisten en mecanismos para dividir el producto interior bruto (PIB) disponible entre los trabajadores y las pensiones", se afirma en el estudio. En uno y otro caso, "la generación que trabaja debe mantener a los jubilados compartiendo parte de la riqueza que produce".
Por otra parte, durante varias décadas, el coste de una transición hacia un sistema de cuentas gestionadas comercialmente puede generar una carga fiscal para la sociedad que oscile entre el 0,5 y el 2,5% del PIB anual. Tal carga se deriva de redirigir parte de las cotizaciones actuales a las nuevas cuentas de ahorro privado, una desviación que creará un "agujero" en la financiación del sistema de reparto a lo largo de las próximas décadas. Este proceso agrava más que atenúa los problemas de financiación de las pensiones en el futuro.
Por tanto, si el ahorro individual no resolverá la crisis de las pensiones, ¿qué lo hará? "Las soluciones se encuentran en el mercado de trabajo, no sólo en el sistema de pensiones", asegura Elaine Fultz, especialista de la OIT en seguridad social. En el estudio se proponen como posibles opciones la adopción de políticas de mercado de trabajo de mayor flexibilidad encaminadas a impulsar el empleo, las inversiones en formación y tecnología para elevar la productividad, las políticas favorables a la familia y la inmigración para ampliar la población activa y las reformas de las pensiones para motivar y permitir a los trabajadores de edad avanzada que se mantengan como miembros de dicha población activa o se jubilen gradualmente. De este modo, el impulso de la productividad puede "aumentar el tamaño del pastel económico del que deben proceder los fondos destinados a los jubilados".
* Recent trends in Pension Reform and Implementation in the EU Accession Countries, por Elaine Fultz, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, mayo de 2003