El estudio examina cómo Argentina, Chile y Uruguay garantizan la protección de los derechos laborales de los trabajadores cedidos por agencias, el acceso al empleo, y las disposiciones sobre salarios mínimos, condiciones de trabajo, seguridad social, formación, seguridad y salud. También aborda cómo se estructura el servicio público de empleo y su relación con las agencias de empleo privadas. Se discute sobre las relaciones de los gobiernos, las organizaciones sindicales y los empleadores con las agencias de empleo privadas para determinar en qué medida los convenios colectivos protegen los derechos individuales y sindicales de los trabajadores involucrados; el grado de influencia de las organizaciones sindicales para hacer valer los derechos colectivos e individuales de estos trabajadores; el valor de diálogo social y/o la negociación colectiva. Se aborda la forma en que se trata de combatir a las agencias fraudulentas o inescrupulosas que vulneran las legislaciones respectivas en cada país. La responsabilidad de las opiniones expresadas en este estudio incumbe exclusivamente a su autora, y su publicación no significa que la OIT las apruebe.