Blog #NoContagiemosAlEmpleo
COVID-19: proteger el empleo, reforzar la protección social, fortalecer el diálogo social
El diálogo social, institucionalizado, conformado por gobierno, organizaciones de empleadores y trabajadores, es una herramienta útil para avanzar en un sendero de consensos y mayor armonía frente a la crisis, dice el Director de OIT Cono Sur en este artículo que inicia una serie de reflexiones en torno a la pandemia mundial del COVID-19 y sus efectos en el mundo del trabajo.
Por Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina.
La Organización Internacional del Trabajo presentó la primera estimación del posible impacto del COVID-19 en el mundo del trabajo, calculando que casi 25 millones de trabajadores podrían sumarse al total de desocupados a nivel mundial. El subempleo y la informalidad también aumentarían considerablemente y las pérdidas de ingresos laborales serían cuantiosas, llevando a un incremento significativo de los trabajadores pobres.
Esta situación global encuentra a América Latina en una posición muy compleja debido a que previo a la crisis, la región mostraba la menor perspectiva de crecimiento a nivel mundial. La CEPAL ha estimado que el PIB regional podría caer 1,8% durante 2020 arrastrando al mercado laboral a niveles de desempeño no observados ni siquiera en la última crisis mundial en 2008-2009.
Las medidas sanitarias y los cambios de comportamiento individual y colectivo son inexorablemente de primer orden para contener y mitigar los efectos del contagio en la salud, pero no muy lejos en nivel de importancia están las necesarias respuestas económicas y sociales.
Los paquetes económicos para hacer frente a la crisis que están siendo anunciados, se elevan a varios puntos del PIB, sin embargo, no solo el volumen de recursos importa sino también cómo y dónde son asignados. Chile anunció medidas económicas para proteger a las familias, que alcanza al considerable nivel de 4.7% del PIB, distribuyéndose en el refuerzo presupuestario al sistema de salud, el reforzamiento de los ingresos familiares y la protección de los puestos de trabajo y la sostenibilidad de las empresas.
Tres esferas de acción son de crucial importancia: proteger el empleo, reforzar la protección social y fortalecer el diálogo social. La mayoría de los países están avanzando aceleradamente en las mismas, pero para que sean efectivas y permitan una rápida recuperación necesitan tener escala, atender al mayor espectro de población posible y priorizar en su impacto a los más vulnerables.
La protección del empleo es crucial, no solo para sostener los ingresos y la salud de los trabajadores y de las empresas, sino porque una vez superada la emergencia de la pandemia, la economía debe retomar su crecimiento. Relaciones laborales que se han visto interrumpidas son difíciles de reestablecer tanto para trabajadores como para empleadores. En este contexto, se requieren formas innovadoras para organizar el trabajo, como el teletrabajo, aun cuando debemos ser conscientes que no son generalizables para el completo espectro de actividades económicas y para sus trabajadores.
Una dimensión particular en la coyuntura actual que refiere a la protección del empleo son las condiciones de trabajo. Si bien el marco normativo internacional del trabajo todavía no considera a la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental, existe un amplio consenso para que sea incluida como tal. La mayoría de los trabajadores se encuentran particularmente expuestos al COVID-19 en sus lugares de empleo y durante los traslados a los mismos, exponiendo potencialmente a sus familias.
Es por ello que los países han avanzado rápidamente hacia el aislamiento social y distintos mecanismos de cuarentena. Aun así, persiste la excesiva exposición que tienen los trabajadores en determinadas actividades productivas y servicios esenciales como es el caso de la salud. Las estadísticas dan cuenta cómo estos trabajadores han sufrido desproporcionadamente las consecuencias del virus, y en particular las mujeres, quienes representan la mayoría de los trabajadores de la salud.
La protección social, por otro lado, juega un papel crucial. La razón de ser de la seguridad social es justamente dar respuesta para cuando un trabajador y/o su familia presentan una contingencia como puede ser la enfermedad, la vejez o la pérdida de ingresos por motivos no atribuibles al trabajador. Históricamente, la seguridad social se organizó en la forma de seguros sociales, pero en la práctica, su cobertura ha sido limitada.
Frente a crisis sistémicas es necesario innovar y escalar el financiamiento para la misma. Los programas no contributivos son esenciales para dar respuesta a la limitada protección de los seguros sociales, ya sea por su baja cobertura debido a la informalidad, como también su escasa suficiencia producto de los bajos salarios de los trabajadores y trabajadoras. Inyectar recursos fiscales a los esquemas de protección social es crucial para dar un piso de seguridad económica a los hogares.
La pandemia y los efectos económicos pondrán en tensión a la sociedad que deberá enfrentar dilemas y pujas distributivas. Los acuerdos sociales son esenciales no solo para transitar en forma justa las consecuencias de la crisis sino también para que la mitigación y salida de la crisis no ahonde la desigualdad e inequidad.
El diálogo social, institucionalizado, conformado por gobierno, organizaciones de empleadores y trabajadores, es una herramienta útil, probada a lo largo de la historia, para avanzar en un sendero de consensos y mayor armonía frente a las crisis. Es el caso del Consejo Superior Laboral de Chile, como también otros espacios de diálogo ad-hoc, que son fundamentales para dar respuesta al enorme desafío que impone la pandemia del COVID-19, no solo durante la emergencia, sino también para que la recuperación deseada sea sostenible y duradera.
La Organización Internacional del Trabajo presentó la primera estimación del posible impacto del COVID-19 en el mundo del trabajo, calculando que casi 25 millones de trabajadores podrían sumarse al total de desocupados a nivel mundial. El subempleo y la informalidad también aumentarían considerablemente y las pérdidas de ingresos laborales serían cuantiosas, llevando a un incremento significativo de los trabajadores pobres.
Esta situación global encuentra a América Latina en una posición muy compleja debido a que previo a la crisis, la región mostraba la menor perspectiva de crecimiento a nivel mundial. La CEPAL ha estimado que el PIB regional podría caer 1,8% durante 2020 arrastrando al mercado laboral a niveles de desempeño no observados ni siquiera en la última crisis mundial en 2008-2009.
Las medidas sanitarias y los cambios de comportamiento individual y colectivo son inexorablemente de primer orden para contener y mitigar los efectos del contagio en la salud, pero no muy lejos en nivel de importancia están las necesarias respuestas económicas y sociales.
Los paquetes económicos para hacer frente a la crisis que están siendo anunciados, se elevan a varios puntos del PIB, sin embargo, no solo el volumen de recursos importa sino también cómo y dónde son asignados. Chile anunció medidas económicas para proteger a las familias, que alcanza al considerable nivel de 4.7% del PIB, distribuyéndose en el refuerzo presupuestario al sistema de salud, el reforzamiento de los ingresos familiares y la protección de los puestos de trabajo y la sostenibilidad de las empresas.
Tres esferas de acción son de crucial importancia: proteger el empleo, reforzar la protección social y fortalecer el diálogo social. La mayoría de los países están avanzando aceleradamente en las mismas, pero para que sean efectivas y permitan una rápida recuperación necesitan tener escala, atender al mayor espectro de población posible y priorizar en su impacto a los más vulnerables.
La protección del empleo es crucial, no solo para sostener los ingresos y la salud de los trabajadores y de las empresas, sino porque una vez superada la emergencia de la pandemia, la economía debe retomar su crecimiento. Relaciones laborales que se han visto interrumpidas son difíciles de reestablecer tanto para trabajadores como para empleadores. En este contexto, se requieren formas innovadoras para organizar el trabajo, como el teletrabajo, aun cuando debemos ser conscientes que no son generalizables para el completo espectro de actividades económicas y para sus trabajadores.
Una dimensión particular en la coyuntura actual que refiere a la protección del empleo son las condiciones de trabajo. Si bien el marco normativo internacional del trabajo todavía no considera a la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental, existe un amplio consenso para que sea incluida como tal. La mayoría de los trabajadores se encuentran particularmente expuestos al COVID-19 en sus lugares de empleo y durante los traslados a los mismos, exponiendo potencialmente a sus familias.
Es por ello que los países han avanzado rápidamente hacia el aislamiento social y distintos mecanismos de cuarentena. Aun así, persiste la excesiva exposición que tienen los trabajadores en determinadas actividades productivas y servicios esenciales como es el caso de la salud. Las estadísticas dan cuenta cómo estos trabajadores han sufrido desproporcionadamente las consecuencias del virus, y en particular las mujeres, quienes representan la mayoría de los trabajadores de la salud.
La protección social, por otro lado, juega un papel crucial. La razón de ser de la seguridad social es justamente dar respuesta para cuando un trabajador y/o su familia presentan una contingencia como puede ser la enfermedad, la vejez o la pérdida de ingresos por motivos no atribuibles al trabajador. Históricamente, la seguridad social se organizó en la forma de seguros sociales, pero en la práctica, su cobertura ha sido limitada.
Frente a crisis sistémicas es necesario innovar y escalar el financiamiento para la misma. Los programas no contributivos son esenciales para dar respuesta a la limitada protección de los seguros sociales, ya sea por su baja cobertura debido a la informalidad, como también su escasa suficiencia producto de los bajos salarios de los trabajadores y trabajadoras. Inyectar recursos fiscales a los esquemas de protección social es crucial para dar un piso de seguridad económica a los hogares.
La pandemia y los efectos económicos pondrán en tensión a la sociedad que deberá enfrentar dilemas y pujas distributivas. Los acuerdos sociales son esenciales no solo para transitar en forma justa las consecuencias de la crisis sino también para que la mitigación y salida de la crisis no ahonde la desigualdad e inequidad.
El diálogo social, institucionalizado, conformado por gobierno, organizaciones de empleadores y trabajadores, es una herramienta útil, probada a lo largo de la historia, para avanzar en un sendero de consensos y mayor armonía frente a las crisis. Es el caso del Consejo Superior Laboral de Chile, como también otros espacios de diálogo ad-hoc, que son fundamentales para dar respuesta al enorme desafío que impone la pandemia del COVID-19, no solo durante la emergencia, sino también para que la recuperación deseada sea sostenible y duradera.