Serie Panorama Laboral 2021
Ante COVID-19: Centroamérica, México y República Dominicana tuvieron rápida respuesta en Protección Social
Como parte del análisis que presenta el “Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia” de la OIT, la región centroamericana, México y República Dominicana aún deben avanzar en una agenda mucho más fuerte para fortalecer sus sistemas de protección social.
El bajo nivel de inversión social y la limitada cobertura de la protección social que históricamente han caracterizado a Centroamérica, en comparación con los promedios regionales, configuraron un escenario de alta fragilidad para responder a los desafíos de la crisis de la COVID-19.
Se estima que en 2019 en Centroamérica y México en promedio el 52,7 por ciento de las personas adultas mayores no contaba con ingresos laborales ni con una pensión, un porcentaje que en algunos países de la subregión supera el 70 por ciento.
Antes de la pandemia la subregión había mostrado algún progreso en la extensión de la protección social, aunque aún insuficiente. Entre 2012 y 2019 la cobertura contributiva de la protección social en Centroamérica, México y República Dominicana mostró una expansión del 37 al 40 por ciento.
“Pese a que no existen cifras consolidadas para la subregión, la evidencia disponible indica que, tras la crisis, la subregión siguió la misma suerte que el resto de Latinoamérica. Tomando como referencia la información de Costa Rica, México y República Dominicana, debido a la COVID-19 la cantidad de cotizantes a los sistemas de seguridad se contrajo en 1,2 por ciento, afectando principalmente a las mujeres y aumentando las brechas de género en el acceso al derecho a la seguridad social”, detalló Fabio Durán, especialista en Protección Social y Desarrollo Económico de la Oficina de OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
Pese al difícil escenario planteado por la crisis COVID-19, y al igual que la mayoría de los países del mundo y de Latinoamérica, los sistemas de protección social de la subregión han jugado un papel crítico en las respuestas nacionales, en algunos casos adaptando los programas existentes y en otros casos creando programas de protección social de respuesta rápida.
Según el Monitor de la Protección Social de la OIT, la respuesta fue muy rápida; en Centroamérica y México el 89 por ciento del total de medidas de respuesta en el ámbito de la protección social se implementaron entre marzo y junio de 2020. Dichas medidas incluyeron programas temporales como el Bono Proteger en Costa Rica, el Pago de salario de personal de cuarentena en El Salvador, y el Bono al comercio popular en Guatemala, entre otros.
La Nota Técnica señala que el desafío que tienen los países para hacer frente a la pandemia y principalmente al proceso de recuperación es complejo, y mayor aun cuando se suman los problemas estructurales pre existentes.
Los datos muestran que todavía queda un largo camino para hacer realidad la cobertura universal de las pensiones para las personas adultas mayores, un escenario que enfrenta igualmente muchos otros grupos vulnerables a nivel regional, tales como los niños, las personas discapacitadas y las madres con recién nacidos. La creación de sistemas de seguro de desempleo, inexistentes en Centroamérica, y su vinculación con las políticas activas de empleo, se plantea como otro desafío específico para la subregión.
La crisis de la COVID-19 ha evidenciado la necesidad de progresar en el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Para la OIT, este debe continuar siendo un tema de agenda, debido a su crucial contribución a la inclusión y la cohesión social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, así como por su papel en la transformación productiva y en el aumento de la productividad. Para ello, el Informe plantea la necesidad de seguir consolidando un piso de protección social en cada país, garantizando el acceso efectivo a la salud y a la seguridad de los ingresos a todas las personas.
Se estima que en 2019 en Centroamérica y México en promedio el 52,7 por ciento de las personas adultas mayores no contaba con ingresos laborales ni con una pensión, un porcentaje que en algunos países de la subregión supera el 70 por ciento.
Antes de la pandemia la subregión había mostrado algún progreso en la extensión de la protección social, aunque aún insuficiente. Entre 2012 y 2019 la cobertura contributiva de la protección social en Centroamérica, México y República Dominicana mostró una expansión del 37 al 40 por ciento.
“Pese a que no existen cifras consolidadas para la subregión, la evidencia disponible indica que, tras la crisis, la subregión siguió la misma suerte que el resto de Latinoamérica. Tomando como referencia la información de Costa Rica, México y República Dominicana, debido a la COVID-19 la cantidad de cotizantes a los sistemas de seguridad se contrajo en 1,2 por ciento, afectando principalmente a las mujeres y aumentando las brechas de género en el acceso al derecho a la seguridad social”, detalló Fabio Durán, especialista en Protección Social y Desarrollo Económico de la Oficina de OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
Pese al difícil escenario planteado por la crisis COVID-19, y al igual que la mayoría de los países del mundo y de Latinoamérica, los sistemas de protección social de la subregión han jugado un papel crítico en las respuestas nacionales, en algunos casos adaptando los programas existentes y en otros casos creando programas de protección social de respuesta rápida.
Según el Monitor de la Protección Social de la OIT, la respuesta fue muy rápida; en Centroamérica y México el 89 por ciento del total de medidas de respuesta en el ámbito de la protección social se implementaron entre marzo y junio de 2020. Dichas medidas incluyeron programas temporales como el Bono Proteger en Costa Rica, el Pago de salario de personal de cuarentena en El Salvador, y el Bono al comercio popular en Guatemala, entre otros.
La Nota Técnica señala que el desafío que tienen los países para hacer frente a la pandemia y principalmente al proceso de recuperación es complejo, y mayor aun cuando se suman los problemas estructurales pre existentes.
Los datos muestran que todavía queda un largo camino para hacer realidad la cobertura universal de las pensiones para las personas adultas mayores, un escenario que enfrenta igualmente muchos otros grupos vulnerables a nivel regional, tales como los niños, las personas discapacitadas y las madres con recién nacidos. La creación de sistemas de seguro de desempleo, inexistentes en Centroamérica, y su vinculación con las políticas activas de empleo, se plantea como otro desafío específico para la subregión.
La crisis de la COVID-19 ha evidenciado la necesidad de progresar en el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Para la OIT, este debe continuar siendo un tema de agenda, debido a su crucial contribución a la inclusión y la cohesión social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, así como por su papel en la transformación productiva y en el aumento de la productividad. Para ello, el Informe plantea la necesidad de seguir consolidando un piso de protección social en cada país, garantizando el acceso efectivo a la salud y a la seguridad de los ingresos a todas las personas.