OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Actividades de la OIT, 1994-1995
Conferencia Internacional del Trabajo
83.a reunión 1996
Memoria del Director General
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Actividades de la OIT, 1994-1995 |
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Memoria del Director General |
Las actividades en pro de la igualdad y de la protección social siguen siendo elementos esenciales de la labor de la OIT. Concretamente, el fomento de la igualdad constituye un objetivo fundamental de la acción que desarrolla la Organización en la esfera de los derechos básicos de los trabajadores. Tiene una importancia capital para esta labor el mejoramiento de la situación de las trabajadoras, pero también se presta especial interés a conseguir la igualdad para otras categorías de trabajadores, en especial los niños, los migrantes en busca de empleo y las personas incapacitadas. La prioridad concedida a estos asuntos queda plasmada en el proyecto interdepartamental sobre los trabajadores migrantes, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y las actividades que la OIT ha realizado en relación con la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz.
La protección de los trabajadores es otro asunto conexo que constituye la esencia misma del mandato de la OIT. En este capítulo también se examinan las actividades llevadas a cabo para promover dicha protección en las esferas de la seguridad y la salud en el trabajo, de las condiciones de trabajo y de la seguridad social, y un proyecto interdepartamental sobre el medio ambiente y el mundo del trabajo, que contribuyó al seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD).
Para la OIT, todas las mujeres son trabajadoras. Esto se pone de manifiesto en la serie de actividades por ella organizadas antes de la Conferencia a modo de preparación para sus mandantes. Se celebró en junio de 1994 un Foro internacional sobre la igualdad de la mujer en el mundo del trabajo: Desafíos del futuro, y también se organizaron seminarios regionales y subregionales sobre cuestiones relacionadas con la igualdad en Africa, los Estados árabes, Asia y el Pacífico, el Caribe, América Latina y Europa. El objetivo de estas reuniones era aumentar la toma de conciencia sobre la situación de la mujer en las diferentes regiones, formular estrategias para fomentar la igualdad entre los sexos y participar en la labor regional preparatoria para la Conferencia de Beijing. Los participantes en esos seminarios seleccionaron algunos sectores importantes dentro de los ámbitos de competencia de la OIT en que debían hacerse progresos para fomentar la igualdad entre los trabajadores de uno y otro sexo. Entre éstos figuran la elaboración y puesta en vigor de un marco jurídico idóneo, no sólo sobre cuestiones laborales, sino también respecto de los temas relacionados con los derechos de sucesión, la propiedad y la familia que repercuten en el empleo de las mujeres, con objeto de suprimir los impedimentos legales que obstaculizan la igualdad. Quienes participaron en los seminarios solicitaron un mayor acceso de la mujer a los recursos productivos, tales como la tierra, los créditos, la tecnología y los servicios auxiliares para las pequeñas empresas, e insistieron en la necesidad de elaborar datos actualizados desglosados por sexos, así como políticas y programas económicos y de formación, para promover la toma de conciencia sobre la problemática derivada de la diferencia de sexos. Asimismo, se puso de relieve la importancia de la movilización de las agrupaciones de mujeres, de la representación adecuada de éstas en el proceso de adopción de decisiones y del funcionamiento eficaz de los mecanismos tripartitos. También se hizo hincapié en la importancia que tienen los servicios sociales auxiliares, en particular los servicios de guardería, y en la necesidad de adaptar la seguridad social y otras formas de protección social de modo que proporcionen una cobertura apropiada a las diversas categorías de trabajadoras.
El principio de la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres constituye una parte integrante de toda la labor de la OIT. Por consiguiente, a lo largo de todo este informe figuran referencias a las cuestiones relacionadas con las mujeres. En los párrafos que siguen se resumen algunas de las actividades que se centran de forma específica en la cuestión de la igualdad para la mujer en el empleo. Entre esas actividades cabe citar la difusión de información sobre la situación de las mujeres, la investigación de aspectos relacionados con la desigualdad, los servicios consultivos de carácter normativo prestados a los mandantes de la OIT y los proyectos y programas a escala nacional.
La escasa difusión de información sobre la problemática relacionada con la diferencia de sexos constituye todavía un freno para la adopción de medidas eficaces en esta esfera. Por consiguiente, se hizo hincapié en la elaboración de material de información pública y de otros documentos de amplia difusión. Se preparó un juego de material de propaganda que incluía un folleto y carteles. Asimismo, se publicó un documento en el que figuraban los resultados de las reuniones preparatorias organizadas por la OIT para la Conferencia de Beijing(1). También se confeccionó una bibliografía comentada sobre publicaciones relativas a las trabajadoras(2). Además, se preparó otro libro para personal universitario, responsables políticos, interlocutores sociales y agrupaciones de mujeres en el que se describían las políticas y medidas que pueden adoptarse con el fin de poner en práctica un enfoque global integrado para el logro de la igualdad para la mujer. En ese libro se pasa revista al marco jurídico, las condiciones de trabajo, la protección social y los papeles respectivos de todos los actores principales que intervienen en el mundo del trabajo(3). Además, se llevó a cabo un estudio para evaluar el alcance de las persistentes diferencias salariales entre los trabajadores y las trabajadoras(4).
Durante el bienio se emprendieron dos proyectos para proporcionar capacitación sobre cuestiones relacionadas con las diferencias por razón del
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La Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas por la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer En la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas por la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, septiembre de 1995) se abordan una serie de asuntos que presentan un interés esencial para la OIT. En la Declaración se reafirma el empeño de los gobiernos en alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. De los 17 compromisos formulados, los que se citan a continuación están más relacionados con la labor de la OIT:
En la Plataforma de Acción se pide que los convenios de la OIT sean plenamente respetados por los Estados Miembros que los han ratificado y que sus principios sean tenidos en cuenta por los países que no son parte en esos convenios. Se hace referencia de forma específica a la salvaguardia y respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la libertad sindical y el derecho de sindicación, la igualdad de remuneración y la no discriminación en el empleo. También se menciona el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Muchas de las medidas que se propugnan en la Plataforma encajan dentro de las esferas de competencia de la OIT y están estrechamente relacionadas con el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Entre esas medidas figuran la elaboración de metodologías teóricas y prácticas para incorporar las perspectivas relacionadas con las diferencias de trato por razón de sexo en todos los aspectos de la formulación de políticas económicas, y el análisis de las consecuencias para el hombre y la mujer de todas las políticas y programas. La elaboración de políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres, en particular las que retornan al mercado de trabajo, constituye una esfera en la que se ha reconocido la competencia de la OIT. Otros sectores en que la OIT tiene una importante contribución que aportar son la adopción y aplicación de legislación sobre los derechos de las trabajadoras y la recopilación y análisis de datos sobre la situación de la mujer y el respeto de sus derechos. |
La segregación de la mujer en la esfera laboral es una de las formas más importantes de desigualdad observada en el mercado de trabajo. En el mundo entero, las mujeres y los hombres desempeñan actividades diferentes basadas en ideas estereotipadas en cuanto al sexo, y los salarios pagados en las profesiones consideradas como propias de hombres son considerablemente más elevados. Se realizó un análisis global de la segregación de la mujer a escala mundial basándose en una recopilación de datos detallados sobre 41 países. Era la primera vez que se hacía un análisis global de este tipo para un gran abanico de países industrializados y en desarrollo. Gracias a él se pudo llegar a varias conclusiones generales. Así, se observó que los tipos de ocupaciones que se consideran masculinas o femeninas son sorprendentemente similares en todo el mundo. De hecho, la mayoría de los hombres y de las mujeres se dedican en todas partes a actividades consideradas propias de su sexo, si bien el número de ocupaciones que se supone deben ser desempeñadas por hombres es mucho mayor que el correspondiente a las mujeres. Dicho análisis mostró que en la región asiática la segregación de la mujer en la esfera laboral es la más baja, mientras que en Oriente Medio y en la región de Africa septentrional es la más elevada. También reveló que las diferencias entre las distintas regiones y subregiones en lo que se refiere a esta segregación son enormes y que no pueden deberse a disparidades de carácter socioeconómico, tales como los niveles de instrucción y de ingresos. Por fortuna, en ese análisis también se llegó a la conclusión de que la segregación de la mujer en la esfera laboral ha ido disminuyendo en los últimos años en gran parte del mundo(6).
La situación de las trabajadoras varía en función de las características de cada sector específico de la economía. Así, la introducción de técnicas más avanzadas en la industria manufacturera ha permitido a las mujeres desempeñar actividades y trabajar en industrias que anteriormente estaban en gran parte reservadas a los hombres, lo cual ha redundado en un aumento en los dos últimos decenios del número y la proporción de mujeres empleadas en la industria manufacturera. Ahora bien, un análisis estadístico de los trabajadores del sector manufacturero reveló que, si bien hay poca diferencia entre el promedio de horas efectuadas por los hombres y por las mujeres, la disparidad en cuanto a sus ingresos es considerable en muchos países. Esto confirma que, en ese sector, las mujeres suelen ejercer principalmente actividades para las que se requieren pocas calificaciones y que están mal retribuidas(7). Varios estudios sobre la remuneración y las perspectivas de carrera en los servicios de enfermería pusieron de relieve problemas de esta misma índole en la esfera de la atención de salud(8). También se emprendió un estudio de los progresos que se han conseguido en Europa en los últimos años respecto de la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres que ocupan puestos profesionales y directivos(9).
Como medida de seguimiento de la Conferencia de Beijing, y para facilitar el suministro de servicios consultivos sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, se elaboró un manual sobre la adopción de medidas normativas en el mercado de trabajo para favorecer las perspectivas de empleo de las mujeres(10). El objeto de este manual es ayudar a los responsables políticos a llevar a la práctica las partes de la Plataforma de Acción adoptada en Beijing que tratan del empleo productivo de las mujeres. Aborda las principales cuestiones y preocupaciones en materia de políticas y describe cómo las políticas relativas al mercado de trabajo pueden contribuir a mejorar la situación de las trabajadoras. En dicho manual se proponen orientaciones normativas para aumentar las aptitudes de las mujeres y facilitar su acceso al mercado de trabajo. También se incluyen recomendaciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cobertura de la seguridad social y de la protección social para las trabajadoras.
El fomento del empleo de las mujeres en las comunidades pobres es uno de los medios más eficaces de mitigar la pobreza. Se llevaron a cabo en Ghana, Jamaica, Kenya y Uganda misiones consultivas de carácter normativo para proponer medidas que pudieran adoptarse con vistas a promover posibilidades de trabajo remunerativo para las mujeres y para esbozar políticas que traten de los problemas y restricciones a que se enfrentan las mujeres en su trabajo. También se organizaron en Sri Lanka y en Kenya cursos prácticos tripartitos a escala nacional sobre la mejor manera de favorecer el empleo de las mujeres en los sectores rural y no estructurado(11). A raíz de un seminario sobre las trabajadoras de las zonas rurales celebrado a petición de la Federación Panpakistana de Sindicatos se elaboraron directrices sobre las medidas que pueden adoptarse para ayudar a las mujeres rurales(12).
Muchos de los proyectos y programas de fomento del empleo emprendidos y respaldados por la OIT incluyen aspectos específicos para la promoción del empleo por las mujeres, como se describe en el capítulo 2. Algunos proyectos realizados durante el bienio se centraron exclusivamente en las necesidades de las trabajadoras. Un aspecto por el que se interesaban todos esos proyectos era el fomento de agrupaciones o de asociaciones de trabajadoras por medio de las cuales pudieran encontrarse y llevarse a la práctica soluciones de carácter colectivo. Esas organizaciones sirven de cauce para el robustecimiento de las capacidades, el incremento de las competencias en materia de producción y de gestión y el suministro de servicios colectivos, tales como los sistemas de crédito y de ahorro de carácter cooperativo. Un ejemplo de este enfoque es el proyecto dirigido a abastecedoras de combustible que se llevó a cabo en Addis Abeba, en virtud del cual se crearon cuatro centros que al principio ofrecieron servicios a 120 mujeres. Dichos centros ayudaban a las mujeres a encontrar otras actividades remunerativas, tales como la fabricación de artículos artesanales y la elaboración de productos alimentarios. También las ayudaron a concebir un proyecto, que fue sometido al Gobierno, para administrar mejor el acceso a las fuentes de combustible. Esos centros establecieron asimismo un servicio crediticio de carácter experimental y proporcionaron formación. Cabe prever que servirán de base para establecer una asociación de las trabajadoras interesadas. En otro proyecto llevado a cabo en la República Unida de Tanzanía se aplicó un enfoque similar para resolver los problemas de las trabajadoras de las zonas rurales prestándoles asistencia en la búsqueda de otras fuentes de ingresos y promoviendo su organización en agrupaciones y asociaciones. En la India se ejecutaron dos proyectos para que las organizaciones de mujeres pudiesen convertir las tierras baldías en zonas productivas. Otros proyectos puestos en práctica en Filipinas, India, Indonesia y Tailandia se centraron en el fomento de diversas oportunidades de empleo y de la protección social de los trabajadores a domicilio, la gran mayoría de los cuales son mujeres (para disponer de información más detallada sobre los proyectos dirigidos a los trabajadores a domicilio, véase el recuadro que figura en el capítulo 4).
Se emprendieron en colaboración con las organizaciones de empleadores varias actividades específicas destinadas a las trabajadoras, directoras y empresarias. En la India, Irlanda, Malasia y Pakistán se hicieron investigaciones sobre las medidas y políticas adoptadas por organizaciones de empleadores para promover la igualdad entre los dos sexos. Los empleadores elaboraron una serie de directrices sobre cuestiones de equidad para su utilización por ellos mismos y sus organizaciones. En esas directrices se proponen diversas medidas que podrían ser adoptadas por los empleadores para satisfacer los requisitos legales en relación con la igualdad de oportunidades y de trato. Se indican asimismo las ventajas resultantes de la aplicación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, no sólo para la sociedad en su conjunto, sino también por lo que se refiere al rendimiento económico, y la manera en que la igualdad puede redundar en beneficio de las prácticas de gestión. Se emprendió un proyecto en Bangladesh, Filipinas, India y Pakistán para ayudar a las organizaciones de empleadores a descubrir los problemas con que se enfrentan las empresarias en Asia y para proporcionarles formación, basándose principalmente en la metodología <<Mejore su negocio>>, para que puedan solventar esos problemas.
En el marco de sus actividades de educación obrera, la OIT promovió la participación de las mujeres insistiendo en que por lo menos el 30 por ciento de los representantes de los trabajadores que asistieran a sus cursos fueran mujeres. Esta cifra se elevó hasta el 50 por ciento en los cursos sobre educación obrera organizados en el Centro de Turín. En un gran número de países, entre los que figuran Fiji, Filipinas, Indonesia, Islas Salomón, Nepal, Papua Nueva Guinea, Tailandia, Uganda y Zimbabwe, así como en Chile y en los países de América Central, se llevaron a cabo actividades de educación obrera para impartir formación a mujeres sindicalistas y robustecer su capacidad de dirección. También se hizo lo posible por incluir cuestiones de interés para las mujeres y relacionadas con la igualdad en todas las actividades de educación obrera. Para disponer de más detalles sobre la promoción de la igualdad por medio de las organizaciones de trabajadores rurales, véase el recuadro que figura en el capítulo 1.
La mano de obra infantil es víctima de la explotación en el mundo entero debido a su docilidad y a que no está organizada. Ahora bien, ha de señalarse que el desempeño por niños de 14 o de 15 años de tareas livianas durante algunas horas por día en el marco de actividades familiares y como parte de su instrucción y adiestramiento no académico, puede constituir una etapa de su proceso de desarrollo normal; de ahí que ese tipo de actividad no se considere perjudicial. El trabajo infantil que debe erradicarse es el efectuado por niños de 15 años o menores de esa edad en condiciones que menoscaben su desarrollo físico, emocional e intelectual. El objetivo más urgente del IPEC es, pues, favorecer la adopción de medidas que detengan e impidan lo intolerable. Los objetivos prioritarios son los niños especialmente vulnerables, es decir, los niños sujetos a condiciones de trabajo forzoso y de servidumbre, los que trabajan en ocupaciones peligrosas y los menores de doce años. Dentro de esas categorías, se presta especial atención a las niñas que trabajan.
El enfoque adoptado por el IPEC varía según el tipo de problema experimentado en relación con el trabajo infantil y la manera en que se aborda en cada país. Ahora bien, hay varias etapas que se observan en la mayoría de los casos. La primera consiste en motivar a los mandantes de la OIT y a otros interlocutores interesados para que entablen un diálogo sobre los problemas relacionados con el trabajo infantil y establezcan alianzas para solventarlos. A continuación se emprende un análisis de la situación para averiguar la naturaleza y la magnitud de los problemas existentes en cada país. Esto sirve de fundamento para la elaboración de políticas nacionales que permitan resolver los problemas concretos. Tras estas etapas, la actividad se centra en el fortalecimiento de las organizaciones existentes y en la creación de mecanismos institucionales que por lo general revisten la forma de un comité director nacional para el proyecto compuesto de los ministros, las organizaciones de trabajadores y de empleadores y las ONG pertinentes. Todo ello sienta las bases necesarias para la realización de actividades en esferas tales como la elaboración y aplicación de legislación protectora y la adopción de medidas directas respecto del trabajo infantil.
Actualmente existen programas por países completamente elaborados en los países de la <<primera generación>> que participan en el IPEC desde 1992, mientras que en los cinco países de la <<segunda generación>> que se adscribieron al mismo en 1994 tales programas se están desarrollando. El objetivo de los programas por países es proporcionar asistencia hasta que cada uno de esos países pueda comprometerse a resolver por sí mismo el problema del trabajo infantil y disponga de las políticas, presupuesto e infraestructura necesarios para alcanzar ese objetivo. El calendario varía según los países, pero el enfoque del IPEC incluye la introducción y la finalización de esos programas por etapas, con el fin de conseguir como principal objetivo de política una acción duradera, a escala nacional, por parte de los gobiernos y de sus interlocutores.
Como parte de su política nacional sobre el trabajo infantil, es indis-pensable que los gobiernos aseguren a todos los niños el suministro de una educación básica financiada con fondos públicos. Muy a menudo, es preciso adoptar medidas especiales para garantizar que esa educación también se imparta a los niños que trabajan. En Indonesia, por ejemplo, se ha propor-cionado asistencia al Ministerio de Educación, el cual ha elaborado un programa de enseñanza fuera del recinto escolar para 10 millones de niños
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La lucha contra el trabajo infantil en Tailandia La participación de Tailandia en el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) coincidió con un aumento de la toma de conciencia sobre este problema por las autoridades de dicho país. En 1992, el Gobierno expresó su empeño en erradicar el trabajo infantil, puso de relieve la importancia que tiene la enseñanza para la economía nacional y señaló que el trabajo infantil y la prostitución de menores constituían, a este respecto, las dos cuestiones más graves. Ahora bien, esto no impidió que, en la 81.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 1994, la Comisión de Aplicación de Normas criticara a Tailandia por no hacer un esfuerzo suficiente por combatir el trabajo infantil y la prostitución de menores. En esa época aproximadamente, empezó a traducirse en hechos la toma de conciencia sobre el problema del trabajo infantil. Desde mayo de 1994, el comité director nacional del IPEC, establecido para coordinar las actividades de los diferentes organismos que participan en este programa, ha estado presidido por el Secretario Permanente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se ha reunido con frecuencia. Se reconoció el potencial del IPEC, y el Gobierno estableció dos programas, uno de ellos para impedir la migración de mano de obra infantil y el otro para proporcionar protección a los niños en el lugar de trabajo. En abril de 1995 se celebró un curso práctico técnico, organizado por el Ministerio de Trabajo y el Gabinete del Primer Ministro en colaboración con el IPEC, que condujo a la formulación de un Plan de Acción Nacional sobre el trabajo infantil, de cinco años de duración, que se presentará al Consejo de Ministros para su aprobación. Los objetivos de ese Plan de Acción son ambiciosos e incluyen el aumento hasta los 15 años de la edad mínima para trabajar y la erradicación de las formas extremas de trabajo infantil, en especial los abusos físicos y sexuales y el tráfico de niños. Si bien queda mucho camino por recorrer, ya se vislumbran algunos indicios alentadores. El énfasis puesto en la instrucción redundó en un aumento de la tasa de escolaridad en la enseñanza secundaria, que ascendió del 53 por ciento en 1990 al 71 por ciento en 1993. El IPEC ha respaldado este proceso de varias maneras. Algunos de sus proyectos experimentales están siendo puestos en práctica por el Gobierno. Entre ellos figura el programa de enseñanza extraescolar y de orientación individual para las niñas expuestas a riesgos, el aumento de la toma de conciencia del personal docente y de los niños escolarizados de las zonas rurales, y la capacitación de encargados de programación y comentaristas de radio para transmitir cuestiones relacionadas con el trabajo infantil. En el marco del IPEC también se ha proporcionado asistencia en las esferas en que la acción nacional es insuficiente, en especial en lo que se refiere a las estadísticas sobre el trabajo infantil, la enseñanza extraescolar, la protección social y jurídica, la formación de inspectores del trabajo y la coordinación a escala nacional. |
Los sindicatos se hallan en unas condiciones especialmente propicias para proteger a los niños que trabajan. En cuanto a las actividades que desempeña en colaboración con las organizaciones de trabajadores, el IPEC ayudó a la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas del Brasil a impartir formación a dirigentes sindicales para que actuasen en defensa de los derechos de los niños. Como resultado de ello, se han incluido cláusulas de protección de los niños y los jóvenes en más de 20 convenios colectivos. Dicha Confederación también está participando en los concejos municipales para los derechos de los niños y de los adolescentes (que se han establecido en cerca de 6.000 municipios) y ha emprendido en los medios de comunicación social su propia campaña de información, en la que ponen de relieve los peligros a que están expuestos los niños que trabajan.
Las organizaciones de empleadores pueden ayudar de forma importante a las empresas e industrias a reducir su recurso a la mano de obra infantil. Como ejemplo de la asistencia proporcionada por el IPEC a las organizaciones de empleadores cabría citar el fomento de los esfuerzos desplegados por la Federación de Empleadores de Kenya (FKE), que ha establecido un Servicio sobre el trabajo infantil. Dicho Servicio está tomando medidas para reducir la contratación por los empleadores de mano de obra infantil y para proteger a los niños que trabajan en cañamelares, cafetales y arrozales.
Los objetivos básicos de la OIT a este respecto, de conformidad con la aplicación de las normas del trabajo pertinentes, son la aceptación y puesta en práctica más amplias del principio de la igualdad de trato para los trabajadores migrantes y la eliminación de la discriminación contra los mis-mos. Durante el bienio, las actividades de la OIT relacionadas con los trabajadores migrantes se vieron complementadas por un proyecto interde-partamental. La finalidad de dicho proyecto era proporcionar a los man-dantes orientación y servicios de asesoramiento para reforzar su capacidad de adoptar las políticas y medidas apropiadas. Se abordó esta tarea por medio de un análisis profundo de las necesidades de los mandantes, en particular en las esferas de la recopilación de datos, las estructuras insti-tucionales, la legislación nacional e internacional y las disposiciones en materia de seguridad social aplicables a los trabajadores migrantes.
Las actividades del proyecto interdepartamental se concentraron en 22 países, seleccionados de manera que quedaran reflejados los principales movimientos migratorios actuales(13). En la mayoría de esos países se realizaron misiones de asesoramiento técnico y de recopilación de información. También se organizaron seminarios subregionales en Japón, Polonia y Tayikistán. La recomendaciones formuladas en todos esos casos se centraron en el mejoramiento de la eficacia de las instituciones existentes, en el fortalecimiento de la cooperación entre los países de origen y de acogida de migrantes, en especial por medio de acuerdos bilaterales y multilaterales, en el mejoramiento de la protección de los trabajadores migrantes, y en la lucha contra la migración por razones de empleo no controlada y clandestina, en particular mediante una reducción del costo de los sistemas de migración oficiales y un aumento de su eficacia y accesibilidad. En noviembre de 1994 se organizó en Turín un curso práctico para agregados laborales procedentes de ocho países asiáticos. En el marco de ese curso se celebraron reuniones de formación sobre las normas internacionales y el papel del Estado en la protección de los trabajadores migrantes, señaladamente en lo tocante a la seguridad social. También se impartió formación sobre técnicas de asesoramiento, comunicación y negociación con el fin de reforzar la capacidad de los participantes para negociar con los empleadores y con los funcionarios gubernamentales en los países de acogida de trabajadores a fin de resolver los conflictos relativos a los contratos de empleo y, además, proteger a sus nacionales. En España se celebró en julio de 1995 otro seminario sobre la inmigración, el empleo y la integración social.
Se proporcionó igualmente orientación por medio de manuales y de directrices. En concreto, se elaboraron dos manuales sobre políticas y procedimientos en materia de migración, uno de los cuales se centraba en la inmigración y el otro en la emigración(14). Con base en un estudio de las fuentes de datos disponibles y de la experiencia adquirida en cuanto a la recopilación de datos en los 22 países en que se aplica el proyecto interdepartamental, se prepararon directrices para mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre la migración internacional(15). Se descubrió que había muchas disparidades y deficiencias a escala nacional y que se planteaban graves problemas a la hora de comparar datos de distintos países. De ahí que se formularan recomendaciones sobre la forma en que podrían mejorarse los métodos de recopilación de datos, por ejemplo mediante una mayor utilización de los registros administrativos, los censos demográficos y las encuestas por muestreo, y sobre los enfoques metodológicos que podrían favorecer la comparabilidad de estadísticas a escala internacional en lo que se refería a cuestiones tales como los flujos migratorios, el retorno de migrantes y las remesas de fondos.
Entre las actividades desempeñadas para promover los derechos de los trabajadores migrantes figura la realización de estudios sobre las disposiciones legislativas que guardan relación con los migrantes de los 22 países en los que se aplicó el proyecto interdepartamental. Para facilitar el acceso a esos datos, se recopilaron las referencias legislativas en dos volúmenes independientes que se pusieron a disposición de los mandantes de la OIT en forma computadorizada(16). En el volumen I figuran las referencias clasificadas por países y en el volumen II las referencias clasificadas por temas. Se realizó un análisis comparativo de la legislación nacional e internacional para descubrir las disparidades existentes entre la legislación nacional y las normas internacionales del trabajo, evaluar el alcance de la protección proporcionada en virtud de esa legislación y determinar las deficiencias de que pudiera adolecer la legislación vigente en lo relativo a
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Kuwait mejora la protección de los trabajadores migrantes Pese a ser un país pequeño, Kuwait emplea a un número considerable de trabajadores migrantes en muchos sectores, entre los que destacan más de 250.000 trabajadores extranjeros ocupados en el servicio doméstico. Los trabajadores que han emigrado a Kuwait en busca de empleo han experimentado diversos problemas en relación con su trabajo, en particular la falta de pago de sus salarios por las agencias de contratación, dificultades para cambiar de empleo una vez que han encontrado trabajo en el país y, en el caso del personal doméstico, falta de protección en el lugar de trabajo. Una misión multidisciplinaria se desplazó a Kuwait en noviembre de 1994 para examinar, entre otras cuestiones, la situación de los migrantes por razones de empleo. El Gobierno de Kuwait suscribió rápidamente algunas de las recomendaciones formuladas por la misión multidisciplinaria y señaló que estaba considerando seriamente poner en práctica otras propuestas. Para impedir que se cometan abusos con respecto al pago de los salarios, el Ministerio de Trabajo promulgó un decreto por el que se exige que los pagos hechos a los trabajadores migrantes se ingresen en una cuenta bancaria, lo cual constituye una garantía mayor para los asalariados. También promulgó otro decreto en virtud del cual los empresarios privados que emplean a trabajadores migrantes deben depositar en el banco una fianza por cada trabajador que contraten, lo cual refuerza aún más la garantía del pago de sus salarios. El Gobierno indicó asimismo que se incluirían en el nuevo proyecto de legislación laboral algunas otras propuestas presentadas por la misión multidisciplinaria en relación con las formalidades necesarias en materia de residencia. En un comunicado de prensa, el Ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo afirmó que también se estaba estudiando seriamente la posibilidad de ampliar la legislación laboral para extenderla a los trabajadores domésticos, con lo cual éstos disfrutarían de mayor protección en varias esferas, en especial de la garantía de disponer de contratos de empleo y de permisos de trabajo. |
En la esfera de la seguridad social, se analizaron los acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de mejorar su contenido, y en los casos en que no había acuerdos de este tipo se examinó la adopción a escala nacional de medidas apropiadas para proteger a los trabajadores migrantes. Los estudios monográficos de la mayoría de los 22 países a que se aplicó el proyecto hicieron resaltar los problemas a que se enfrentan esos trabajadores en materia de protección social. Con base en este análisis, se elaboró un informe en el que se ponían de relieve las diferencias considerables observadas entre la situación de los trabajadores migrantes que retornan de un país que dispone de un régimen de seguridad social bien organizado, o que se dirigen a él, y aquellos que están sujetos a regímenes insuficientemente desarrollados(18). La concertación de acuerdos bilaterales sobre seguridad social puede allanar algunos de los problemas, concretamente los relacionados con la igualdad de trato y el pago en el extranjero de pensiones de retiro de carácter contributivo, si bien la red actual de acuerdos sobre la materia adolece todavía de varias lagunas importantes, en particular en los países en desarrollo.
Otra actividad consistió en examinar el papel que desempeñan los sindicatos en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. A tal efecto, se envió un cuestionario a organizaciones de trabajadores de los 22 países abarcados por el proyecto interdepartamental, así como a organizaciones sindicales internacionales y regionales. Basándose en las respuestas recibidas, se redactó un informe sobre las estructuras sindicales existentes y su acceso a las informaciones legislativas y de otra índole sobre los trabajadores migrantes, con el fin de determinar la manera de fortalecer la capacidad de los sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y de aumentar la asistencia social proporcionada a los mismos(19). Se celebró, además, un seminario para sindicalistas en Malasia, que se centró en los problemas con que se enfrentan los trabajadores migrantes procedentes de Filipinas e Indonesia. En dos países africanos se emprendieron actividades de cooperación técnica que consistieron en la elaboración de material didáctico y en el suministro de formación a dirigentes sindicales y a instructores sobre temas tales como la naturaleza estacional de la labor de muchos trabajadores migrantes, la cuestión de si se les permite afiliarse a sindicatos en los países de acogida y el tipo de protección que se les concede.
Durante el bienio se realizaron varias actividades con el fin de prestar mayor atención a los problemas que se plantean a los trabajadores migrantes en los países de acogida. Los estudios relativos a Alemania, España y Países Bajos revelaron que, incluso cuando los trabajadores tenían derecho, en virtud de la legislación nacional, a la igualdad de oportunidades en el empleo, los empleadores privados seguían aplicando a menudo prácticas discriminatorias contra los trabajadores extranjeros y los miembros de minorías étnicas(20). Se publicó también un informe que logró con mucho éxito su triple objetivo de llegar al personal universitario, a los responsables políticos y al público(21). En ese informe se hace una descripción fidedigna de la cuestión de la migración por razones de empleo, se sitúa este asunto en su contexto histórico y, después, se analizan los problemas actuales. Estas cuestiones fueron también analizadas en una publicación conjunta de la OIT, la OIM y el ACNUR, documento que se presentó a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que se celebró en El Cairo en 1994(22).
A fin de guiar el proceso de reforma política en relación con las cuestiones que afectan a los trabajadores minusválidos, la Oficina necesitaba reforzar su base de conocimientos y su capacidad para revisar y evaluar políticas y sistemas. En febrero de 1995 se puso en marcha una red global para efectuar investigaciones aplicadas sobre la incapacidad en el campo del empleo y la formación (GLADNET). Esta red agrupa actualmente a más de 130 instituciones en 30 países (centros de investigación en materia de política social, universidades y diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) y cuenta además con un coordinador patrocinado por el Consejo canadiense para el desarrollo de la fuerza de trabajo, que tiene su sede en Ottawa. Su objetivo es compartir recursos, experiencias e informaciones con miras a llevar a cabo investigaciones comparadas y evaluar las políticas y los sistemas actuales en materia de readaptación y empleo de las personas incapacitadas. Esto constituirá la base para proporcionar informaciones prácticas sobre soluciones que han sido ya aplicadas con éxito a fin de ayudar a los gobiernos, los empleadores y los sindicatos a alcanzar un mayor grado de equidad en el empleo con un costo menor.
Los sistemas para la reinserción de personas minusválidas están siendo revisados a fondo, junto con muchas otras medidas sociales, en los países que se hallan en proceso de transición hacia la economía de mercado. A fin de proporcionar orientaciones al respecto, se emprendió un análisis de las perspectivas de empleo en el que se incluyeron nuevos enfoques de bajo costo encaminados a incrementar la igualdad de oportunidades para los minusválidos en países en transición. Las conclusiones de dicho análisis fueron publicadas en inglés, ruso, chino, polaco, checo y búlgaro(23). Ese documento tuvo amplia difusión, especialmente en Europa central y oriental, donde la mayoría de los gobiernos están revisando su legislación en materia de empleo para minusválidos.
Durante el bienio se presentaron muchas solicitudes de asesoramiento y asistencia en materia de readaptación de personas incapacitadas procedentes de países que salen de un conflicto armado. En consecuencia, las actividades de apoyo a los mandantes se centraron en gran parte en Afganistán, Angola, Camboya, El Salvador, Etiopía, la República Islámica del Irán, Iraq y Nicaragua. Dicho apoyo consistió principalmente en el fomento de la capacitación con miras al empleo por cuenta propia y la creación de microempresas para los excombatientes incapacitados, lo cual se financió a menudo mediante fondos de préstamos renovables. En Camboya y en Irán, la integración de las víctimas de guerra en los programas corrientes de formación ha sido aceptada como parte de la política gubernamental en la materia. En Afganistán, 2.300 personas incapacitadas recibieron formación en 75 ámbitos profesionales diferentes.
En septiembre de 1995 se celebró en Abidján, en colaboración con la UNESCO y la OMS, un seminario subregional para promover la colaboración multisectorial a fin de atender las necesidades de las personas incapacitadas. Con tal ocasión se examinó la repartición de responsabilidades gubernamentales y se puso de relieve la importancia que tiene la cooperación interministerial e interorganismos, señaladamente en el marco de las fórmulas centradas en la comunidad. Cada delegación formuló un plan nacional de acción que establece las bases para la coordinación entre los ministerios de salud, asuntos sociales y trabajo.
De conformidad con el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), las políticas nacionales en favor de las personas inválidas deben ser aplicadas en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con las organizaciones que están constituidas por personas inválidas o se ocupan de ellas. A fin de promover este principio, se organizaron dos seminarios regionales conforme a la modalidad de tripartismo ampliado, uno en Port of Spain y el otro en Harare. En cada seminario participaron unas 50 personas procedentes de diez países diferentes. En ambos casos era la primera vez que las cuatro partes examinaban conjuntamente las cuestiones relativas a la incapacidad y que se lograba llegar a un consenso acerca de la acción necesaria para promover la participación de las personas incapa-citadas en el mercado de trabajo. El seguimiento de ambos seminarios se lleva a cabo en las respectivas regiones por medio de servicios consultivos. Así, por ejemplo, Sudáfrica ha solicitado la asistencia de la OIT para revisar su política en materia de empleo de personas incapacitadas.
Los perjuicios crecientes que las drogas y el alcohol ocasionan en el lugar de trabajo son un fenómeno que cada vez más gobiernos, empleadores y trabajadores consideran como un problema común a todos ellos que requiere por consiguiente una acción conjunta de su parte. La adopción y difusión del Repertorio de recomendaciones prácticas sobre el tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo, publicado por la OIT en el bienio de 1994-1995, fue por lo tanto particularmente oportuna. Esto constituyó un aporte directo al Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre fiscalización para la prevención del uso indebido de drogas en el lugar de trabajo, en cuyo marco la OIT asumió la dirección del grupo especial de trabajo a solicitud del Subcomité del CAC para la fiscalización de las drogas.
Entre las actividades desplegadas en este campo se incluyen la elaboración de programas modelo dirigidos a integrar la prevención del abuso de sustancias en el marco de las actividades corrientes de las empresas. Los primeros programas modelo para la prevención del consumo de drogas y de alcohol entre los trabajadores y sus familiares se emprendieron en Egipto, México, Namibia, Polonia y Sri Lanka. Unas 45 empresas de esos países, con una fuerza laboral de unos 250.000 trabajadores, participaron en ese proyecto y adaptaron el programa modelo a sus condiciones particulares. En cada país se ha establecido un centro de informaciones en que se compilan datos sobre los programas modelo y otros materiales sobre el tema, a saber, manuales sobre el papel que atañe a la dirección, intervención precoz, relaciones entre la familia y la comunidad, y formación. Se están emprendiendo programas similares en otros 13 países.
En Filipinas se llevó a cabo un programa de prevención para la gente de mar, en colaboración con la Oficina Filipina de Empleo en el Extranjero, en cuyo marco se efectuaron actividades de formación y campañas de toma de conciencia. Como resultado de este programa, la citada Oficina ha adoptado una política específica para la prevención del uso indebido de drogas y alcohol en la industria marítima. La OIT está también elaborando un manual para ayudar a las compañías marítimas a establecer sus propios programas de prevención.
El conjunto de las normas internacionales del trabajo en la materia se complementó durante el bienio con el Convenio (núm. 176) y la Recomendación (núm. 183) sobre seguridad y salud en las minas, que fueron adoptados en la 82.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1995 (véase el recuadro). Se proporcionaron también orientaciones con miras al establecimiento de mecanismos jurídicos, administrativos y prácticos para la notificación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales mediante la adopción del Repertorio de recomendaciones prácticas sobre el registro y la notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
El conjunto de las normas internacionales del trabajo existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo constituye la base en que se apoya la labor de la OIT para asistir a los Estados Miembros en la elaboración y aplicación de políticas nacionales dirigidas a prevenir las lesiones y enfermedades profesionales. En ese contexto, se prestó asistencia para la formulación de políticas nacionales en Botswana, China, Lesotho, Myanmar, Pakistán y Swazilandia, así como mediante programas subregionales en los países africanos de expresión francesa y en América Central. Estas actividades se complementaron con la organización de una serie de seminarios regionales y nacionales y la ejecución de dos programas interregionales para instituciones gubernamentales y organizaciones de empleadores y de trabajadores que versaron sobre el desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades en materia de seguridad y salud.
Asimismo, se prepararon guías de carácter práctico y material didáctico para apoyar las actividades de asistencia a los mandantes. Se elaboró una guía práctica para la creación y el fortalecimiento de comisiones de seguridad y salud, basada en las disposiciones estipuladas en el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). Se preparó también, en colaboración con la OMS, una guía técnica, publicada por esta misma Organización, sobre las pruebas de despistaje y la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al polvo de origen mineral y salió a luz un manual sobre seguridad, salud y bienestar en las obras de construcción(24). Asimismo, se comenzó a trabajar en la elaboración de una serie de módulos didácticos relativos a la seguridad en las tareas peligrosas, con inclusión del trabajo en espacios confinados, el trabajo en ambientes térmicos, y la seguridad de las instalaciones eléctricas y las máquinas.
Por otro lado, se elaboraron dos guías sobre la extensión de los servicios de salud en el trabajo a las poblaciones activas del sector agrícola y a las pequeñas empresas. En esas publicaciones se abordan cuestiones relativas a la evaluación de los riesgos para la salud, la participación de los
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Convenio sobre seguridad y salud en las minas La explotación minera es una actividad peligrosa de gran importancia económica en muchos países. Sin embargo, antes de 1995, las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, así como la legislación en un número considerable de países resultaban inadecuadas para abordar los problemas específicos de este sector en lo tocante a la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Esto motivó la adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 82.a reunión, celebrada en 1995, del Convenio sobre seguridad y salud en las minas (núm. 176) y de la Recomendación (núm. 183) que lo complementa. Esos instrumentos abarcan tanto los emplazamientos subterráneos como los de superficie donde se llevan a cabo actividades de exploración y extracción de minerales, y se aplican a todos los tipos de empresas mineras. Los Estados Miembros que ratifiquen el Convenio se comprometen a adoptar las disposiciones legislativas necesarias para su aplicación, incluidas disposiciones relativas a la inspección de las minas y la designación de la autoridad competente encargada de vigilar y regular los diversos aspectos de la seguridad y la salud en las minas. El Convenio dispone asimismo que se establezcan procedimientos para la notificación y la investigación de los desastres y los accidentes e incidentes peligrosos en relación con las minas, así como para la compilación de las estadísticas pertinentes. El Convenio prevé también exigencias en materia de salvamento en las minas, primeros auxilios y servicios médicos adecuados. Además, estipula la obligación de proporcionar respiradores de autosalvamento a quienes trabajan en minas subterráneas de carbón. La fabricación, el almacenamiento, el transporte y el uso de explosivos y detonadores en las minas también deben ser llevados a cabo por personal competente y autorizado. Además, la legislación nacional deberá contener igualmente disposiciones para el almacenamiento y la eliminación de los desechos en condiciones de seguridad y establecer medidas de protección para las explotaciones mineras abandonadas. De conformidad con el Convenio, los trabajadores de las minas tienen derecho a notificar los accidentes, solicitar que se efectúen inspecciones, obtener información y retirarse de cualquier lugar de la mina cuando haya motivos para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o su salud. Por su parte, los representantes de los trabajadores tienen derecho a celebrar consultas con el empleador acerca de cuestiones relativas a su seguridad y a participar en las inspecciones e investigaciones que se realicen en el lugar de trabajo. En una serie de artículos se exige a los empleadores que tomen todas las medidas necesarias para eliminar, controlar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud de los mineros. La adopción del Convenio y de la Recomendación tuvo una muy buena acogida, particularmente por parte de las organizaciones de trabajadores. La Federación Internacional de Mineros, por intermedio de las organizaciones nacionales afiliadas a ella, lleva adelante una campaña en favor de la ratificación del Convenio a medida que se avanza en el proceso de sumisión del instrumento a los parlamentos nacionales. |
La OIT siguió desempeñando un papel activo en la coordinación entre las organizaciones internacionales de la acción en el campo de la seguridad y la salud. En el marco de esa labor, siguió participando en el Comité Mixto OIT/OMS de Salud en el Trabajo, cuya duodécima sesión tuvo lugar en abril de 1995, y prosiguió también su colaboración con otros organismos internacionales. Desempeñó además un papel fundamental en la conducción de los trabajos preparatorios del decimocuarto Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tendrá lugar en Madrid en 1996.
Se siguió prestando particular atención a la prevención y reconocimiento de las enfermedades profesionales del pulmón, que constituyen una de las categorías más importantes de enfermedades de origen profesional en el mundo entero. En México, Perú, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela y Viet Nam se organizaron también talleres de formación sobre la prevención de las enfermedades pulmonares, basándose en la Clasificación Internacional de Radiografías de Neumoconiosis de la OIT. En esos talleres participaron en total 350 médicos, quienes están ahora capacitados para utilizar dicha Clasificación. Se preparó, asimismo, una serie de radiografías de referencia para ser presentadas en los talleres de formación.
Ante la evidente necesidad de contar con normas más estrictas para la protección contra la radiación, la OIT, junto con la FAO, el OIEA, la OMS/OPS y la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE, adoptó una versión revisada de las Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación (NBS). Se elaboró también una guía práctica sobre los principios básicos acerca de la protección radiológica y la seguridad de las fuentes de radiación, que figura en un documento anexo a las Normas básicas internacionales de seguridad antes citadas(25). Los gobiernos se basan en las normas establecidas en esas publicaciones para elaborar la legislación nacional relativa a la protección contra las radiaciones.
En el campo de la ergonomía, se preparó, en colaboración con la Asociación Internacional de Ergonomía, un manual que contiene 128 puntos de verificación ergonómica que ilustran soluciones ergonómicas prácticas y fáciles de aplicar para mejorar la seguridad, la salud, las condiciones de trabajo y la eficiencia. Este manual es particularmente apropiado para atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas(26). Se ha comenzado también a trabajar para formular líneas directrices y elaborar material didáctico sobre soluciones prácticas para prevenir las lesiones y los trastornos de salud tales como el dolor lumbar, los problemas en el cuello y los miembros superiores y las enfermedades relacionadas con el estrés.
Uno de los aspectos claves para la prevención de los riesgos relacionados con el trabajo es el acceso a la información. Se tiene cada vez mayor conciencia, en efecto, de que las políticas para la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se basan sobre todo en los aspectos reglamentarios necesitan ser complementadas, o incluso sustituidas, por estrategias basadas en la información. Las actividades desplegadas por la OIT en este campo siguieron centrándose en la prestación de asistencia para formular y aplicar estrategias nacionales de información sobre seguridad y salud. En el marco de estas actividades se prestó particular importancia al establecimiento de redes de instituciones nacionales y al fomento de la libre circulación de informaciones entre los servicios nacionales y entre los interlocutores sociales. Un elemento funda-mental para estas actividades es el Centro Internacional de Informaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS), que coordina las actividades de 88 centros nacionales y 23 centros asociados (75 y 10, respectivamente, a finales del bienio anterior).
Con el apoyo de estos centros, se divulgaron informaciones sobre seguridad y salud presentadas de diversas formas. Se publicaron 12 números del Boletín Bibliográfico de la Prevención, Seguridad y Salud en el Trabajo, en español, francés e inglés. El boletín contiene informaciones sobre una amplia gama de cuestiones relativas a la seguridad y la salud, así como sobre seminarios y conferencias, leyes, reglamentos y directrices, fichas de datos sobre seguridad en la utilización de los productos químicos, material didáctico y materiales audiovisuales, e incluso también selecciones de los últimos libros publicados, artículos de prensa, estadísticas, normas y repertorios de recomendaciones prácticas. Los temas abordados incluyeron la seguridad en la construcción y las minas, los riesgos industriales mayores, cuestiones de ergonomía, seguridad en la utilización de los productos químicos, protección de las máquinas, asbestos, higiene industrial, enfermedades profesionales y enfermedades de origen profesional. Esta información se incluyó también en dos discos compactos (CD-ROM), de los cuales se produjeron y distribuyeron unos 6.000 ejemplares. Se divulgó también información mediante varios centros conectados directamente a la red y situados en distintas partes del mundo. Durante el bienio se prepararon y se pusieron a disposición de los usuarios de Internet 500 páginas de la red mundial World Wide Web con informaciones sobre seguridad y salud. Se agregaron también unas 4.400 nuevas microfichas a la colección del CIS, gracias a las cuales las bibliotecas de los centros nacionales del CIS disponen ahora del texto completo de todos los documentos que contiene la base de datos del CIS.
Desde la publicación de su primera edición en el decenio de 1930, la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo ha constituido una de las principales obras de referencia en materia de informaciones sobre seguridad y salud. La Enciclopedia se centra fundamentalmente en el reconocimiento, la prevención y el control de los riesgos, y aborda casi todos los principales riesgos que puede haber en los lugares de trabajo en todos los sectores de la economía, así como muchas cuestiones de índole social y política. Se ha completado ya la mayor parte de los trabajos preparatorios para la cuarta edición inglesa de la Enciclopedia, cuya publicación está prevista para el bienio 1996-1997. La preparación de la Enciclopedia ha requerido la colaboración de prácticamente todas las instituciones importantes en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo, tanto públicas como privadas o no gubernamentales del mundo entero. Contribuyeron a los trabajos casi 1.000 expertos internacionales en más de 60 países.
Sigue siendo esencial para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores contar con informaciones fiables presentadas de forma tal que resulten fácilmente accesibles. Durante el bienio de que se trata se siguieron produciendo y divulgando las fichas de datos, que reúnen precisamente esas condiciones. La serie comprende ahora 367 títulos en inglés, la mayoría de los cuales han sido publicados también en francés y en muchos casos se han traducido en otras lenguas. Las fichas internacionales sobre la seguridad en el uso de los productos químicos siguieron siendo objeto de revisión y difusión en el marco del Programa Internacional PNUMA/OIT/OMS de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), y se preparó también una serie de módulos didácticos sobre seguridad de las sustancias químicas para ser utilizados en Africa.
Además, se llevaron a cabo actividades de cooperación técnica para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas e instituciones nacionales de seguridad y salud en el trabajo en Europa central y oriental, los países andinos y 40 países de Africa y Asia. Una evaluación externa de las actividades llevadas a cabo en Africa y Asia mostró que habían contribuido de manera muy significativa a mejorar las condiciones de trabajo y el medio ambiente en los países destinatarios. Como resultado de esa labor, hay una proliferación de material sobre seguridad y salud de producción local, así como de boletines y fichas de datos técnicos, ergonómicos y químicos.
La CNUMAD solicitó a los gobiernos que considerasen la ratificación y aplicación de los instrumentos existentes relativos al medio ambiente, incluidas las normas de la OIT sobre el medio ambiente de trabajo. Con el fin de asistir a los mandantes de la OIT a concebir medidas prácticas para aplicar los convenios relativos al medio ambiente de trabajo y encontrar nuevos medios y vías para su ratificación, se enviaron misiones de asesoramiento a la Argentina, China, Estonia, Ghana, Guyana, República Arabe Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tabago y Túnez. Se dio sobre todo prioridad al Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170); al Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174), y al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). En cada uno de esos países se celebraron diversos cursos prácticos de carácter nacional, que arrojaron algunos resultados inmediatos y útiles. Por ejemplo, en Estonia, Ghana y Sri Lanka se organizaron cursos prácticos en los que se recomendó la ratificación de los Convenios núms. 170 y 174. En la República Arabe Siria, Trinidad y Tabago y Túnez se crearon o se propuso la creación de comités tripartitos y multiministeriales de coordinación para facilitar las actividades de seguimiento. En cada país se determinaron las acciones prioritarias en relación con la aplicación de los convenios y se establecieron plazos y programas de trabajo detallados para llevarlas a cabo.
Durante el decenio de 1990, la preocupación por la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo dio lugar a la adopción de los antedichos Convenios núms. 170 y 174. Además, en el capítulo 19 del Programa 21 se señala la importancia de promover la gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos a escala mundial como uno de los factores claves para lograr un desarrollo sostenible. En respuesta a las recomendaciones que allí se formulan, la OIT ha seguido participando en el Programa Internacional PNUMA/OIT/OMS de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento del Programa Interorganismos para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas (IOMC) y del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (FISQ). Se le ha asignado también una responsabilidad fundamental en la coordinación de la armonización mundial para el año 2000 de los sistemas de clasificación y etiquetado de los productos químicos, en los que se incluyen también las fichas de datos sobre seguridad y los símbolos de fácil comprensión.
El objetivo inmediato era ayudar a los países a determinar sus necesidades y prioridades en materia de recursos humanos y fortalecimiento de la capacidad nacional para alcanzar esos fines. Eso se llevó a cabo a título experimental en tres países, la República Checa, Brasil y Malasia(28), mediante la elaboración de estudios nacionales en materia de seguridad química que fueron completados y aprobados en cursos prácticos tripartitos. En el curso realizado en la República Checa se prestó particular atención a la necesidad de establecer programas apropiados de educación y de formación para especialistas, trabajadores y el público en general, incluyendo la preparación de manuales de formación y otras publicaciones y la creación de bases adecuadas de datos relativos a las sustancias químicas, así como su traducción al idioma checo. En el caso de Malasia, se señaló como necesidad prioritaria la formulación de una política global en materia de seguridad de los productos químicos a nivel nacional y la armonización de los sistemas de clasificación y etiquetado de los productos químicos a efectos de su transporte y de su utilización en los lugares de trabajo. Los participantes en el curso práctico tripartito que se llevó a cabo en el Brasil solicitaron al Ministerio de Trabajo que estableciera una comisión nacional tripartita para elaborar y poner en práctica un programa nacional sobre seguridad de los productos químicos, centrado en la clasificación y el etiquetado de esos productos. Entre las tareas que debería llevar a cabo dicha comisión se incluyen el examen de la aplicación del Convenio núm. 170, ratificado por el Brasil en mayo de 1995. También se efectuó un análisis de los tres casos piloto, así como de otras informaciones disponibles sobre las necesidades en materia de capacidad institucional en relación con la introducción de sistemas armonizados para la clasificación y el etiquetado de productos químicos(29).
Se pusieron en práctica una serie de iniciativas piloto en Chile, Filipinas y Zimbabwe para ayudar a esos países a abordar las incidencias en el empleo, la formación y la mitigación de la pobreza de las cuestiones relativas al medio ambiente y al mundo laboral. El objetivo de las mismas era asegurar que en la aplicación a nivel nacional del Programa 21 y de las estrategias, planes y programas destinados a lograr un desarrollo sostenible en estos tres países se incluyeran también las cuestiones fundamentales del mundo del trabajo, tales como las condiciones de trabajo, el empleo, la formación y la mitigación de la pobreza. Se consideró prioritario promover un proceso basado en la demanda impulsado por los mandantes, así como por organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, ministerios e instituciones gubernamentales y autoridades locales interesados, en el marco del denominado método de <<tripartismo ampliado>>. De acuerdo con ese método, se organizaron reuniones nacionales en forma de mesas redondas sobre el medio ambiente y el mundo del trabajo en Filipinas y Zimbabwe en febrero de 1995 y noviembre de 1994, respectivamente(30).
En Filipinas, la mesa redonda nacional celebrada conforme a la modalidad del <<tripartismo ampliado>> determinó 13 proyectos centrados en el medio ambiente de trabajo, la participación en el lugar de trabajo y los mecanismos para la gestión del medio ambiente. Además de la contribución que este proceso ha supuesto para la mejora de la comunicación y la consulta entre los mandantes tripartitos de la OIT y en cada uno de ellos con respecto al medio ambiente y el mundo del trabajo, la ejecución de estos proyectos ha tenido también numerosos resultados concretos, entre los que se incluyen los siguientes: la publicación de un manual sobre armonización del lugar de trabajo con el medio ambiente; la organización de cursos de formación basados en tres módulos básicos de educación ambiental dirigidos a los trabajadores y los empleadores de los sectores de servicios, manufactura y recuperación de recursos; la formulación de una disposición modelo en materia de medio ambiente que puede incorporarse en los acuerdos concluidos mediante la negociación colectiva; el desarrollo de actividades de formación para la evaluación de los efectos en el medio ambiente a nivel local, y la creación de un centro de información sobre el medio ambiente para los trabajadores y el sector industrial en general.
En Chile se llevaron a cabo seis proyectos sobre diversas cuestiones, entre ellas: educación obrera, seguridad y salud y medio ambiente, gestión del medio ambiente, identificación de los riesgos ambientales y profesionales, utilización de plaguicidas, y un repertorio de recomendaciones prácticas para el sector de la silvicultura. Además de haber tenido resultados útiles en Chile, dos de estos proyectos podrían ser aplicados también en otros países. En el sector de las minas, la federación sindical correspondiente, así como los servicios estatales de salud y de inspección y una importante empresa colaboraron en la ampliación y adopción del procedimiento para identificar los riesgos profesionales de modo que abarcasen también los factores ambientales. Como resultado de ello, se efectuaron una identificación y evaluación sistemáticas de los riesgos profesionales y ambientales y se fijó un orden de prioridades para las medidas correctivas. Esta experiencia será divulgada como un nuevo medio para abordar los riesgos para la seguridad y la salud y el medio ambiente en otros sectores y países. Asimismo, la elaboración de un repertorio de recomendaciones prácticas para las actividades forestales puso en evidencia la estrecha relación entre la productividad forestal, el impacto ambiental y la seguridad en el trabajo. La reglamentación en materia laboral y la relativa al medio ambiente son a menudo demasiado específicas para poder ser aplicadas útilmente en el sector de la silvicultura. Los repertorios especializados de recomendaciones prácticas elaborados por los propios copartícipes sociales de ese sector permiten subsanar esta carencia en la medida en que responden a las necesidades particulares de esta actividad. Los copartícipes sociales del sector de la silvicultura en otros países han solicitado asistencia a la OIT para elaborar repertorios similares adaptados a sus necesidades específicas.
En Zimbabwe, la mesa redonda organizada con arreglo al método denominado <<tripartismo ampliado>> determinó que una de las prioridades más importantes por lo que respecta al medio ambiente y el mundo del trabajo era la vivienda, a saber, la relación directa que existe entre las limitaciones sanitarias y ambientales relativas a la vivienda (por ejemplo, falta de agua salubre, saneamiento, transporte y espacio vital sumamente restringido) y la calidad de trabajo y de vida de los trabajadores. Uno de los proyectos emprendidos consistió en una evaluación detallada de las necesidades actuales en materia de vivienda(31), así como una encuesta sobre las empresas de trabajo a domicilio en Harare(32). Entre los otros proyectos llevados a cabo se incluyen: un programa de formación sobre cuestiones relativas a la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo dirigido a representantes de los empleadores en el sector minero; una reseña de publicaciones y consultas según la modalidad de <<tripartismo ampliado>> sobre cuestiones de seguridad, salud y medio ambiente relacionadas con las zonas francas de exportación; cursos prácticos de formación sobre salud, seguridad y medio ambiente y sobre relaciones laborales y medio ambiente para trabajadores y funcionarios de comunidades locales.
En los casos en que se celebraron reuniones a nivel nacional con arreglo al método del <<tripartismo ampliado>>, éstas constituyeron un foro excepcional para la discusión de una gran variedad de temas relativos al medio ambiente y el mundo del trabajo, a las actividades en curso y a las prioridades futuras. Estos tres programas por país constituyeron una oportunidad para aplicar la política de asociación activa de la OIT y el sistema de los equipos consultivos multidisciplinarios como un elemento catalizador de apoyo al establecimiento de nuevas relaciones y alianzas tanto a nivel de las empresas como en los planos local y nacional.
Una serie de estudios de referencia(33) que abarcan varios países ilustra algunos de los nuevos enfoques adoptados en materia de medio ambiente y el mundo del trabajo de conformidad con el Programa 21. Estos estudios ofrecen una perspectiva única e innovadora de los esfuerzos y las prioridades nacionales relacionados con el seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD). Muestran también que las cuestiones relativas al mundo del trabajo y el medio ambiente han despertado un interés creciente durante el pasado decenio, aunque siguen considerándose con frecuencia como cuestiones que no tienen relación entre sí. En muchos países se hicieron ingentes esfuerzos por fomentar y establecer vínculos entre la calidad del medio ambiente y las condiciones de trabajo, mientras que en otros, en cambio, las cuestiones relativas al medio ambiente siguen considerándose como un <<lujo>>. Esos estudios prueban también que la mayoría de los países consideran el tripartismo como una condición previa importante para lograr un desarrollo duradero y luchar contra la pobreza. Muchos estudios monográficos presentan ejemplos de las mejores prácticas de trabajo en los que se tienen en cuenta consideraciones relativas al medio ambiente, incluidos los esfuerzos conjuntos por crear nuevos empleos <<ecológicos>>. Muestran, asimismo, que se están tomando medidas para mejorar las condiciones de trabajo mediante la formación de los trabajadores y su participación en programas de desarrollo. Además, reúnen datos sobre la adopción y el apoyo de iniciativas locales conformes al Programa 21 y encaminadas a mejorar las condiciones sociales, económicas y medioambientales en las comunidades locales.
Se incrementaron las actividades de elaboración de normas y orientaciones para proteger a los trabajadores que se dedican a lo que, a veces, se califica de relaciones de empleo <<atípicas>>. En 1994, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio (núm. 175) y la Recomendación (núm. 182) sobre el trabajo a tiempo parcial, que eran las primeras normas totalmente consagradas a la protección de los trabajadores que no desempeñaban una ocupación en régimen de tiempo completo (véase el recuadro). En la 82.a reunión de la Conferencia, celebrada en 1995, tuvo lugar una primera discusión de las normas propuestas sobre el trabajo a domicilio con miras a la adopción de nuevos instrumentos en la 83.a reunión de la Conferencia, en 1996. También se elaboraron dos estudios sobre el trabajo a domicilio, uno de los cuales contenía ejemplos procedentes de ocho países sobre programas de acción para proteger a los trabajadores a domicilio(34) y el otro sobre sus condiciones de empleo y de trabajo, que presenta en especial ejemplos de <<prácticas óptimas>>(35).
De resultas del número cada vez mayor de mujeres que ingresan en el mercado de trabajo, hay una presión creciente a favor de la adopción de políticas y de medidas prácticas para ayudar tanto a los hombres como a las mujeres a encontrar un equilibrio entre sus obligaciones profesionales y el cuidado de los niños y de sus familiares enfermos y de edad avanzada. Las actividades se centraron en la promoción del Convenio (núm. 156) y de la Recomendación (núm. 165) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981. Se celebró en Brisbane (Australia) un seminario regional asiático de carácter tripartito sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, en que los representantes de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos de ocho países discutieron la manera de concebir y poner en práctica políticas nacionales para ayudar a los trabajadores con responsabilidades familiares. En un documento en el que se esbozan los problemas que se plantean en las empresas se recopilaron ejemplos prácticos de las
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Normas sobre el trabajo a tiempo parcial El trabajo a tiempo parcial representa ahora una parte importante del mercado de trabajo en un número cada vez mayor de países. Esta modalidad laboral es particularmente frecuente entre las mujeres. Ahora bien, la legislación nacional del trabajo y los sistemas de protección social se han concebido en la mayoría de los casos pensando en los trabajadores a tiempo completo, por lo que la protección concedida a los trabajadores a tiempo parcial puede ser en algunas esferas inferior a la de sus colegas que cumplen un régimen laboral a tiempo completo. Las tasas de remuneración de los trabajadores a tiempo parcial también tienden por término medio a ser inferiores a las de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable. Con el fin de tomar en consideración las necesidades específicas de esos trabajadores y la importancia creciente del trabajo a tiempo parcial, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en su 81.a reunión, celebrada en 1994, el Convenio (núm. 175) y la Recomendación (núm. 182) sobre el trabajo a tiempo parcial. Esos instrumentos suponen un progreso importante al establecer una definición estándar para los trabajadores a tiempo parcial, que se consideran como personas empleadas <<cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable>>. Las principales disposiciones del Convenio se ocupan de la cuestión de cómo debe aplicarse la igualdad de trato a los trabajadores a tiempo parcial. El Convenio estipula que deben adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección de que gozan los trabajadores a tiempo completo en lo relativo al derecho de sindicación, a la seguridad y la salud en el trabajo y a la discriminación en materia de empleo y ocupación. La condición de equivalencia, que incluye el cálculo de las prestaciones monetarias en proporción a las horas de trabajo, se aplica en otras esferas, en esencial en los regímenes de seguridad social establecidos por ley que están ligados al ejercicio de una actividad profesional, en la protección de la maternidad, en la terminación de la relación de trabajo, en la licencia de enfermedad, en las vacaciones anuales remuneradas y en los días feriados remunerados. De acuerdo con el Convenio, también deberán adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial no perciban, por el solo hecho de cumplir ese régimen laboral, un salario básico que, calculado proporcionalmente, sea inferior al de los trabajadores a tiempo completo que se hallen en una situación comparable. Habida cuenta de que muchas mujeres trabajan en régimen de tiempo parcial, estos instrumentos complementan de forma importante las normas de la OIT relativas a la igualdad de trato. Los principios establecidos en el Convenio se tomaron en consideración en la Plataforma de Acción adoptada por la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. |
El envejecimiento de la población se considera cada vez más como un fenómeno que está cambiando la estructura de las sociedades y composición de la fuerza de trabajo. Ahora bien, las políticas relativas al mercado de trabajo aplicadas en los países industrializados durante los dos últimos decenios han tendido a excluir prematuramente de la población activa a los trabajadores de edad, con lo cual se ha multiplicado la carga que representan esas personas para los demás trabajadores y los regímenes de seguridad social. Las contradicciones resultantes de esos dos hechos y los posibles enfoques que podrían adoptarse para invertir la tendencia a la jubilación anticipada se analizan en un estudio comparativo que se basa en anteriores investigaciones sobre los trabajadores de edad. Los medios de información de todo el mundo se interesaron por dicho estudio que se publicó en la serie El trabajo en el mundo 1995. Periódicos de gran tirada publicaron más de 200 artículos sobre ese estudio y las agencias de prensa y muchos programas de televisión y de radio destacaron sus aspectos más notables.
Los progresos realizados en el campo de la informática hacen que los trabajadores estén cada vez más expuestos a los métodos ultramodernos de acopio y control de datos. Son pocas las circunstancias en que se procesa tanta información de carácter personal durante un período tan largo como se hace en la relación de empleo. Para proteger eficazmente a los trabajadores, las disposiciones generales sobre la protección de los datos deben ir complementadas por normas que cubran sus necesidades específicas. Se redactó y se sometió a los Estados Miembros para que hicieran comentarios un proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas sobre la protección de los datos personales de los trabajadores. Como consecuencia de la situación financiera de la Oficina, se aplazó hasta 1996 la Reunión tripartita de expertos que debía examinar dicho proyecto.
Están produciéndose cambios importantes en el número de horas que los trabajadores deben permanecer en su trabajo, así como en la organización de sus horarios. La creciente presión a favor de una mayor flexibilidad en las empresas y los esfuerzos por adaptar el horario de trabajo a las necesidades y expectativas de los trabajadores están redundando en una diversificación de la programación del tiempo de trabajo y en la reconsideración de los límites y reglamentaciones relativos al tiempo de trabajo. En el contexto general actual en que existen altos niveles de desempleo y de subempleo, la necesidad de encontrar la manera de proteger los empleos y de crear otros nuevos está suscitando un renovado interés por la relación existente entre el tiempo de trabajo y los niveles y modalidades de empleo. Con el fin de actualizar y de ampliar los conocimientos sobre las reglamentaciones y prácticas en materia de tiempo de trabajo, se recopiló y difundió información acerca de los enfoques y tendencias actuales. Se preparó un número de Conditions of work digest sobre los aspectos básicos de las horas de trabajo, a saber, las horas normales de trabajo, las horas extraordinarias, los períodos de descanso y las vacaciones anuales. En ese documento se recaban datos básicos respecto de un gran número de países industrializados y en desarrollo, así como sobre las normas internacionales pertinentes. Asimismo, se pasa revista a la legislación y la práctica de varios países y se presenta un examen general de las tendencias observadas y de los problemas que se plantean(38).
El estrés profesional ya no se puede considerar como un problema aislado, puesto que afecta a todas las categorías de trabajadores de cualquier lugar de trabajo o país. De ahí que esté provocando un aumento de los costos que deben soportar las personas, las empresas y la sociedad en general. Hoy en día hay una mayor conciencia de la necesidad de adoptar medidas eficaces e innovadoras para ocuparse de este problema. Los programas de lucha contra el estrés que se aplican actualmente en las empresas constituyen una prueba de la tendencia prometedora a adoptar medidas que permitan eliminar las causas de ese problema más que tratar sus efectos. Con el fin de facilitar la difusión de este enfoque, se elaboraron manuales sobre la prevención del estrés para el personal de enfermería, la mano de obra que trabaja en el mar, los controladores aéreos, los trabajadores de cadenas de montaje y los conductores de autobuses(39). En los manuales se recomiendan algunas medidas prácticas de carácter preventivo que podrían aplicarse en las empresas para eliminar las causas de estrés y mejorar la salud y la productividad de los trabajadores de que se trate.
En la mayoría de los sectores económicos de los diferentes países las empresas pequeñas son muy dinámicas y aportan una contribución sumamente importante al desarrollo nacional. Ahora bien, con frecuencia podría mejorarse mucho su productividad, lo mismo que la calidad de vida de sus trabajadores, si se resolviese el problema general de las condiciones de trabajo deficientes que hay en tales empresas. Este problema, cuya solución requiere la adopción de medidas de carácter voluntario por los empresarios junto con sus trabajadores para mejorar las condiciones laborales y la productividad, se trató de resolver por medio del programa sobre las mejoras del trabajo en las pequeñas empresas, más conocido como programa WISE. Con arreglo al mismo se llevaron a cabo durante el bienio varias actividades de cooperación técnica, por ejemplo en un proyecto trienal puesto en marcha en Filipinas en donde también se organizó un curso práctico sobre la industria del vestido en pequeña escala. Se celebraron seminarios en Nepal e Indonesia, así como un curso de formación en Manila para monitores de ocho países asiáticos. En Bolivia se organizó un curso de formación a escala subregional para instructores procedentes de organizaciones de empleadores y de institutos de formación de cinco países, y en Bolivia, Costa Rica y México se celebraron cursos prácticos para empresarios. Después de traducir al portugués el material didáctico del programa WISE, se emprendió en el Brasil un programa de alcance nacional y se celebró en São Paulo un seminario para la industria del vestido en pequeña escala. En Africa se pusieron en marcha proyectos en cuyo marco se aplicó la técnica del programa WISE en Zimbabwe y Swazilandia. En la República Unida de Tanzanía se celebraron dos cursos prácticos para la industria del vestido en pequeña escala y en Sudáfrica se incluyeron actividades didácticas basadas en la técnica WISE en un proyecto de desarrollo de empresas. Durante el bienio se preparó una serie de estudios por casos de la aplicación exitosa del programa WISE y de la posibilidad de reproducirlo(40). Uno de estos estudios demostró que, un año después de que el gerente de una pequeña empresa de fabricación de aparatos telefónicos del Uruguay hubiera recibido formación, las mejoras introducidas en su empresa habían desempeñado un papel decisivo en la triplicación de la productividad. Este éxito permitió ampliar el número de trabajadores de la empresa de 25 a 38. En Chile, los participantes en un curso organizado en el manejo del programa WISE constituyeron una asociación para intercambiar ideas y experiencias con el fin de mantener el impulso recibido para mejorar la productividad y las condiciones de trabajo. En el caso del Brasil, después de celebrar tres seminarios con arreglo a dicho programa se observó que los empresarios de 66 empresas habían descubierto la posibilidad de introducir más de 1.000 mejoras en las condiciones de trabajo y las habían puesto en práctica.
Las empresas modernas que se desenvuelven en un mercado libre tienen que mantener su competitividad por medio del perfeccionamiento continuo de la organización de su trabajo, del aumento de la calidad de sus productos, de un emplazamiento más eficiente y una mejor utilización de la maquinaria, de la reducción del tiempo de inactividad en la producción y del aumento de las calificaciones, la calidad del trabajo y el empeño de sus trabajadores. Como instrumento práctico, se elaboró un manual sobre la organización del trabajo y la ergonomía en el que se proponen soluciones rápidas, simples y de bajo costo para las empresas grandes y medianas(41). Ese manual trata de situaciones operativas más complejas que el manual anterior que llevaba por título Mayor productividad y un mejor lugar de trabajo, y está destinado a los empresarios, las instituciones docentes y las organizaciones de empleadores de todas las regiones del mundo.
Lo que se proponía con esas actividades era brindar orientación y asistencia de carácter global, así como de carácter específico para cada país. La orientación general se suministró por medio de la elaboración de un manual sobre la planificación y financiación de la atención de salud con el fin de ayudar a las autoridades, los planificadores y el personal consultivo de la OIT(42). Ese manual es la continuación de una guía conjunta OIT/OMS sobre el fomento del seguro de enfermedad, publicada en 1994(43). Estos instrumentos metodológicos para los planificadores de los servicios de salud iban complementados por un modelo genérico microcomputadorizado para el análisis financiero de los sistemas reglamentarios de la asistencia sanitaria. También siguió proporcionándose información y orientación valiosas para las autoridades nacionales, los planificadores y los expertos internacionales por medio de la encuesta estadística sobre el costo de la seguridad social en el mundo entero. La decimocuarta encuesta se ha completado y actualmente está efectuándose la decimoquinta(44). Estas encuestas son únicas en cuanto al alcance de su cobertura y, en vista del debate mundial acerca de la capacidad de hacer frente al costo de la protección social, adquirirán aún mayor importancia como información básica para la formulación de políticas.
La mayoría de las actividades de la OIT en la esfera de la seguridad social consistieron en suministrar a los Estados Miembros servicios consultivos y de cooperación técnica para la expansión o reestructuración de sus regímenes de seguridad social. En el desempeño de esta labor, muy a menudo se consideró necesario recomendar la elaboración de un estudio global sobre las disposiciones nacionales en materia de protección social a modo de base para la reforma y la definición de un marco estratégico a largo plazo, más que la adopción de una serie de medidas poco sistemáticas. A este respecto, prácticamente en todo el mundo se reconoce el vínculo existente entre la reestructuración económica y la reforma de la protección social. Como consecuencia de ello, las actividades de cooperación técnica de la OIT en la esfera de la seguridad social se han llevado a cabo no sólo con los homólogos tradicionales, es decir, los ministerios de trabajo y los interlocutores sociales, sino también con los ministerios responsables de la salud y la previsión social y, en particular, con los ministerios de hacienda y de planificación. Constituye una señal alentadora el hecho de que como resultado de esas actividades los Estados Miembros han mostrado una mayor tendencia a solicitar la ayuda especializada de la OIT para que colabore en la elaboración de sus programas de reforma de la seguridad social.
En algunos países, entre los que figuran Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Filipinas, Letonia, Marruecos, México, Tailandia, Ucrania, Uruguay y Zambia, se llevaron a cabo estudios exhaustivos de los sistemas de protección social. Las solicitudes de asistencia están motivadas en gran parte por el reconocimiento generalizado del vínculo existente entre la reforma económica y la reestructuración del sistema de la seguridad social. Ese reconocimiento ha hecho posible una colaboración más estrecha entre la OIT y el Banco Mundial, por ejemplo en Zambia, en donde una misión conjunta OIT/Banco Mundial formuló una serie de recomendaciones que están en plena consonancia con los objetivos y las normas de la OIT. Esas recomendaciones fueron aceptadas por el Gobierno y ahora están siendo llevadas a la práctica. La OIT también colaboró con el Banco Mundial en la elaboración de recomendaciones para la introducción de reformas en los sistemas de seguridad social de la República Democrática Popular Lao, Madagascar, Turquía y Ucrania. En otros países, tales como Bulgaria y Eslovaquia, la OIT colaboró estrechamente con la Unión Europea. También se proporcionaron servicios consultivos técnicos a varios países, entre los que cabe citar a Letonia, México, Turquía y Uganda, para ayudarles a concebir y desarrollar amplios programas de asistencia sanitaria.
Durante el bienio se observó, en lo tocante a las actividades de cooperación técnica en materia de la seguridad social, la tendencia a sustituir los proyectos a largo plazo ejecutados directamente por la OIT (si bien ahora están aplicándose tales proyectos en Uganda y en la República Unida de Tanzanía) por proyectos en que el papel de la OIT se limita a llevar a cabo una revisión de las políticas de los Estados Miembros o a proporcionarles asistencia especializada en la fase de puesta en marcha. Para facilitar la transferencia de conocimientos especializados y conseguir que los resultados de los proyectos tengan un carácter más duradero, los Estados Miembros asumen la entera responsabilidad respecto de su ejecución por medio del establecimiento de comités ministeriales. Esta situación se pone de manifiesto en los proyectos de cooperación técnica sobre la reforma de la seguridad social emprendidos en China, Eslovaquia, Filipinas y Turquía.
Las disposiciones relativas a la financiación de los sistemas de seguridad social, en particular los planes de pensiones, constituyen la causa principal de muchos de los problemas experimentados por los Estados Miembros en la esfera de la seguridad social. Para atender las muchas solicitudes que se presentaron, se llevó a cabo un número considerable de actividades financieras y actuariales. En varios países, entre ellos Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Samoa, Togo, Túnez y Zimbabwe, se suministraron servicios consultivos, se llevaron a cabo evaluaciones actuariales y financieras sobre los planes existentes y se realizaron estudios para determinar la viabilidad financiera de nuevos planes o de los programas importantes de reforma. Estas actividades se complementaron mediante la elaboración de programas nacionales de formación y el suministro de asistencia para la creación de modelos cuantitativos a escala nacional como medio de reforzar la capacidad de gestión. También se desarrollaron importantes técnicas informatizadas para la gestión financiera de los sistemas nacionales de protección social (véase el recuadro).
La administración de los regímenes de la seguridad social es otra esfera en la que muy a menudo se presentan solicitudes de asistencia técnica de la Oficina. Muchos regímenes adolecen de deficiencias de carácter práctico en relación con el mantenimiento de los registros, el cobro de contribuciones y el pago puntual de las prestaciones. Otros problemas se deben a que hay una coordinación insuficiente, a la falta de claridad en cuanto a los papeles institucionales y las responsabilidades o a las dificultades con que se tropieza para conseguir poner en práctica el régimen autónomo atribuido a las instituciones por la ley. Se proporcionó asistencia en diferentes países por medio de proyectos de cooperación técnica y del suministro de servicios consultivos técnicos. Entre los países beneficiarios figuraban Uganda y Zambia, en donde la existencia se centró en el mejoramiento de
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Modelo contable de protección social: un instrumento para los responsables nacionales Los sistemas de protección social redistribuyen entre el 10 y el 25 por ciento del producto interno bruto, según el nivel de desarrollo del país. Por consiguiente, el sistema de protección social es en sí mismo un importante factor económico. Ahora bien, aparte de la Unión Europea y de la OCDE, apenas hay países que posean instrumentos que faciliten la macrogestión financiera y económica de sus sistemas de protección social. Bajo el impulso de los complejos procesos de reforma económica y social que se están llevando a cabo en los países en transición de Europa central y oriental, se elaboró un modelo de contabilidad nacional para permitir que los responsables nacionales hicieran proyecciones y simulaciones de las repercusiones de decisiones de sustitución en materia de política en los diferentes regímenes de protección social y en el nivel y la estructura del gasto social nacional y en el impacto de este gasto en el presupuesto del Estado. El modelo consta de una hoja de análisis compleja, pero de uso fácil, que puede ser utilizada en la mayoría de las computadoras personales. Se compone de módulos que abarcan factores tales como las previsiones demográficas, las condiciones macroeconómicas y la situación del mercado de trabajo, por medio de los cuales los supuestos sobre crecimiento y productividad pueden traducirse en cifras específicas sobre el empleo desglosado por edades y sexos. Con base en estas previsiones, dicho modelo evalúa los gastos de los diversos tipos de prestaciones sociales, los ingresos totales asegurables de las personas empleadas y las contribuciones sociales resultantes en las diversas ramas de la seguridad social, así como la contribución financiera aportada por el Gobierno o por otras fuentes presupuestarias públicas para el pago de las prestaciones. También estima de forma aproximada la repercusión de la protección social en la evolución del déficit público. A petición de la Unión Europea, el modelo se aplicó en primer lugar en Eslovaquia, en donde demostró a los responsables nacionales la estrecha relación inversa que existe entre el crecimiento económico y el gasto social total. También puso de manifiesto cómo el nivel y la estructura del gasto público podían verse influenciados por diversas decisiones de carácter normativo, incluso dentro de un plazo relativamente breve. Este modelo también se está utilizando ahora en Turquía y Tailandia. |
Uno de los objetivos de la AISS consiste en mejorar la formación del personal directivo de categoría intermedia en las instituciones de la seguridad social. Los participantes en sus cursos reciben formación sobre la utilización de manuales didácticos especialmente preparados para esos efectos y de otros elementos de instrucción que después pueden utilizar para dar capacitación a sus colegas.
Con el fin de proporcionar a las instituciones afiliadas una mayor asistencia en la esfera de las estadísticas de la seguridad social y de los estudios actuariales, la AISS estableció una red mundial de actuarios y estadísticos de la seguridad social. También se congregaron cerca de 200 actuarios y estadísticos para intercambiar experiencias e ideas durante la Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos de la Seguridad Social que se celebró en Grecia en junio de 1995. Los participantes en esa Conferencia establecieron una comisión ejecutiva para coordinar y perfeccionar las actividades de la AISS sobre el particular.
Durante el bienio, la AISS celebró, asimismo, algunas reuniones y publicó documentos sobre las cuestiones de mayor actualidad que afectan a sus instituciones afiliadas, tales como la repercusión de los programas de ajuste estructural en la seguridad social en Africa(46), la migración y la seguridad social(47), el papel de la seguridad social en el mundo del futuro(48) y los acontecimientos en la esfera de la seguridad social en Europa central y oriental(49).
A efectos de mejorar la difusión de informaciones sobre seguridad social, la AISS comenzó la preparación, en coordinación con la OIT, de un sistema internacional integrado de informaciones sobre seguridad social en el que figurarán datos sobre regímenes de la seguridad social de todo el mundo, descripciones de esos regímenes y datos cuantitativos sobre la protección social a escala nacional.
Notas
(1)Gender equality at work: Strategies towards the 21st century, 1995.
(2)Women workers: An annotated bibliography, 1983-94, 1995.
(3)Women workers and gender equality: Turning vision into reality for the 21st century (de próxima aparición).
(4)P. González y M. Watts: Measuring gender wage differentials in job segregation, IDP Women/WP-24.
(5)Gender issues in the world of work: Briefing kit, INT/93/M09/NET, y Gender issues in the world of work: A gender training package (de próxima aparición).
(6)R. Anker: Occupational segregation of men and women in the world (manuscrito).
(7)S. Tomoda: Women workers in manufacturing, 1971-1991 (Working Papers No. 91 del Programa de Actividades Sectoriales).
(8)D. Marsden (director de la publicación): Remuneration and nursing personnel: An international perspective, 1994, y Trends and perspectives in the nursing profession (cuatro estudios) (Working Papers No. 73 del Programa de Actividades Sectoriales).
(9)J. Lauffer: Egalité des chances entre les hommes et les femmes des catégories cadres et professionnelles (de próxima aparición).
(10)Enhancing women's employment: A labour market policies manual, 1996.
(11)Productive employment and equity in the rural and informal sectors in Kenya (informe relativo al curso práctico sobre la adopción de políticas a escala nacional respecto de las formas óptimas de asistencia para el empleo de las mujeres en los sectores rural y no estructurado, 1994).
(12)Action to assist rural women: Back home action plans and training workshops (en manuscrito).
(13)Los países en que se aplica el proyecto son: Argentina, Belarús, República de Corea, Côte d'Ivoire, República Dominicana, Estados Unidos, Gabón, Indonesia, Jamaica, Japón, Kuwait, Líbano, Marruecos, Pakistán, Polonia, Portugal, Federación de Rusia, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza y Tailandia.
(14)R. Böhning: Employing foreign workers (de próxima aparición), y M. Abella: Sending workers abroad (en manuscrito).
(15)A.S. Oberai, R.E. Bilsborrow, G. Hugo y H. Zlotnik: International migration: Guidelines for improving data collection systems (de próxima aparición).
(16)Inventory of national legislation concerning migrant workers, vols. I y II, 1995.
(17)Conventions internationales du travail et législations nationales sur les travailleurs migrants: Convergences et divergences (existe únicamente en francés).
(18)Social security for migrant workers (en manuscrito).
(19)Protecting the least protected: Rights of migrant workers and the role of trade unions: Guidelines for trade unions, 1996.
(20)A. Goldberg, D. Mourinho y U. Kulke: Arbeitsmarkt-Diskriminierung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern in Deutschland (International migrations papers No. 7); F. Bovenkerk, M.J.I. Gras y D. Ramsoedh: Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands (International migrations papers No. 4), y M.A. de Prada, W. Actis, C. Pereda y R. Pérez Molina: La discriminación laboral a los trabajadores inmigrantes en España (Estudios sobre migraciones interna-cionales núm. 9).
(22)P. Stalker: The work of strangers: A survey of international labour migration, 1994.
(23)Migrantes, refugiados y cooperación internacional, aportación conjunta de la OIT, la OIM y el ACNUR a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994.
(23)Employment prospects for disabled persons in transition countries, 1995.
(24)Safety, health and welfare on construction sites: A training manual, 1995.
(25)Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación, Viena, 1994, y Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, publicada en la Colección Seguridad: Nociones fundamentales de seguridad, OIEA GOV/2798.
(26)Ergonomic checkpoints, 1996.
(27)Véase el informe de la Reunión consultiva tripartita sobre el medio ambiente y el mundo del trabajo (Ginebra, 1992) (documento GB.254/5/6).
(28)Para cada uno de los tres países piloto hay un estudio y un informe sobre la seguridad química elaborados en el curso práctico nacional tripartito.
(29)A preliminary assessment of the capacity building needs related to the introduction of harmonized systems of classification and labelling of chemicals, 1996.
(30)Véanse los documentos titulados: Report of the Interdepartamental project on environment and the world of work, informe de la mesa redonda celebrada con arreglo al método del <<tripartismo ampliado>>, Harare, y Environment and the World of Work, Actas de la mesa redonda celebrada con arreglo al método del <<tripartismo ampliado>>, Manila, 1995. Pueden solicitarse ejemplares de esos documentos.
(31)Entre los documentos preparados en el marco del proyecto se incluyen: Preliminary literature review of housing needs and supply issues, Harare, 1995, y Preliminary reports of interviews with consumer/supply finance groups, Harare, 1995.
(32)Pueden solicitarse ejemplares de los resultados de la evaluación y del análisis de la encuesta.
(33)Se prepararon estudios de referencia con relación a los siguientes países: Australia, Burkina Faso, China, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, Italia, Japón, Kenya, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, República Unida de Tanzanía, Trinidad y Tabago y Zimbabwe, de los cuales pueden solicitarse ejemplares.
(34)U. Huws (directora de la publicación): Action programmes for the protection of homeworkers: Ten case studies from around the world, 1995.
(35)U. Huws y S. Podro: Employment of homeworkers: examples of good practice, CONDI/T/WP.5/1995.
(36)L. Wirth: Balancing work and family: Enterprise examples (en manuscrito).
(37)J. Hoskins (directora de la publicación): Combining work and elder care: A dialogue for now and the future (en manuscrito).
(38)Conditions of Work Digest: Trends in working time, vol. 14, 1995.
(39)Profesor G. Costa: Occupational stress and stress prevention in air traffic control, CONDI/T/WP.6/1995. Los documentos de trabajo sobre los otros cuatro temas están en preparación.
(40)Cuando la pequeña empresa quiere: Doce iniciativas para mejorar condiciones de trabajo y productividad (de próxima aparición).
(41)Manual of work organization and ergonomics (en manuscrito).
(42)Practical guidance for social health insurance (en manuscrito).
(43)C. Normand y A. Weber: Social health insurance: A guidebook for planning (OMS/OIT), 1994.
(44)El costo de la seguridad social: Decimocuarta encuesta internacional, 1987-1989. Cuadros comparativos.
(45)OIT/Ministerio de Trabajo de Chipre: Making social protection work; The challenge of tripartism in social protection governance for countries in transition, 1995.
(46)The impact of structural adjustment programmes on social security in African countries, Social Security Documentation, African Series, No. 15.
(47)Migration: A worldwide challenge for social security, Studies and Research No. 35.
(48)La seguridad social del futuro: Vigencia y transformaciones, Estudios e investigaciones núm. 36.
(49)Restructuring social security in Central and Eastern Europe: A guide to recent developments, policy issues and options, 1994.
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