Volumen 116, núm.2 - Revista Internacional del Trabajo

REVISTA
INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

VOLUMEN 116, NUMERO 2 1997/2

INTRODUCCION

Contrariamente a los argumentos de moda en favor del relativismo cultural, existen algunas normas universales en virtud de las cuales la situación actual en muchísimos países, ricos y pobres, ha de considerarse inadmisible. Demasiadas personas viven «por debajo del mínimo» en países de todas las latitudes. En el mundo industrializado de ambas orillas del Atlántico no todo marcha bien, no hay motivos para estar satisfechos del actual estado de cosas. En muchos países hay niños sometidos a trabajo forzoso o a tareas peligrosas que les causan sufrimientos y comprometen su futuro. La libertad de sindicación, la no discriminación y otras normas laborales fundamentales se conculcan con excesiva frecuencia. A estos «males» básicos, que la sociedad civilizada no tiene por qué tolerar, se refieren los artículos que componen este número de la Revista Internacional del Trabajo.
Amartya Sen reflexiona sobre la dificultad de escoger entre distintos objetivos sociales. Rara vez se busca la desigualdad y, en rigor, cabe considerarla «simplemente inhumana»; pero se plantea un verdadero dilema cuando entran en colisión las políticas destinadas a reducir los diferentes tipos de desigualdad que la sociedad repudia. Las metas fundamentales del ser humano son el bienestar, la libertad y la calidad de vida. En estas páginas, Sen argumenta que hay que dar prioridad a la lucha contra el desempleo masivo que aqueja a muchos países europeos, pues acarrea múltiples perjuicios que obstaculizan la consecución de todos los objetivos antedichos.
El desempleo masivo causa una profunda privación a las personas que lo padecen y constituye un enorme dispendio para la sociedad. Los gobernantes tal vez piensen que es un remedio suficiente asegurar unos ingresos mínimos vitales a la población y evitar grados excesivos de disparidad de rentas, como se hace ya en casi toda Europa. Pero la desigualdad económica es mucho más que desigualdad de ingresos. Y otras desigualdades - por ejemplo, muchos ciudadanos de los Estados Unidos y de Rusia carecen de una atención sanitaria decente - pueden ser todavía más dañinas. Hay consideraciones éticas fundamentales que se desdeñan con demasiada frecuencia. El desempleo altera la identidad personal y la autoestima. Resulta cínico proclamarse en contra de la exclusión social si no se pone entre los objetivos primordiales el empleo, que es el instrumento esencial de engarce con la sociedad.
Los desempleados europeos quizá estén mejor que los estadounidenses en lo que a ingresos se refiere, pero - argumenta Sen - cuando también se toman en cuenta el bienestar general y la participación en la vida colectiva no hay por qué presumir en Europa. La expansión del desempleo exacerba las tensiones étnicas y las divisiones entre hombres y mujeres. La escasez aguda de puestos vacantes propicia, además, el conservadurismo tecnológico, pues los trabajadores oponen resistencia a las innovaciones que podrían dejarlos sin trabajo, y, de ese modo, se desalientan inversiones que favorecerían el crecimiento económico y acrecentarían el bienestar general. El aumento del número de puestos de trabajo reduciría el porcentaje de población dependiente y contribuiría a dar ocupación no sólo a los jóvenes desempleados, sino también a las personas maduras, pero capaces, forzadas a jubilarse prematuramente. Al mostrar la relación que guardan muchos problemas sociales europeos con el desempleo masivo y develar los costos ocultos de éste, Sen allana el camino para la resolución simultánea de muchos males sociales. La sociedad está pagando un precio enorme e innecesario por tolerar el desempleo.
Eddy Lee señala que, aun cuando las razones primitivas de prudencia que llevaron a la adopción de las normas internacionales del trabajo hayan quedado debilitadas a raíz del hundimiento del comunismo, la repulsa humanitaria de las condiciones de trabajo que causan penalidades y privaciones a gran número de personas sigue siendo tan fuerte como cuando se fundó la OIT. Persiste a la vez el viejo problema de los efectos transfronterizos negativos causados por los países que no respetan unas condiciones de trabajo dignas.
El progreso económico general conseguido desde el tiempo en que se fundó la OIT ha elevado los umbrales mínimos, pero ahora se ponen en duda la función y el valor de las normas del trabajo. En esta época de flujos financieros mundializados y competencia intensificada a escala internacional, la necesidad de alcanzar los mayores grados de eficiencia y de contener los costos empresariales se ha esgrimido como argumento para desmantelar sistemas de protección social de larga tradición y como excusa para que el desarrollo social no vaya a la par del rendimiento económico. Las diferencias culturales son un pretexto sobreañadido en algunos países para postergar la libertad de sindicación, el derecho a la negociación colectiva, la lucha contra la discriminación e incluso la erradicación del trabajo infantil. En los países industrializados, los trabajadores presa del desasosiego y los desempleados tienden a culpar de su situación a las importaciones de países con menores ingresos, a despecho de pruebas de lo contrario. Se observa, pues, una profunda desconfianza entre los países industrializados y los países en desarrollo. Los razonamientos populares de ambos lados, a menudo erróneos, obstaculizan la adopción de medidas oportunas y obligan a los trabajadores a soportar una parte todavía mayor del esfuerzo de ajuste a la liberalización comercial. Así y todo, en estos momentos existe, como explica Lee, un consenso implícito entre los gobiernos acerca de las normas laborales fundamentales, de suerte que lo que debe discutirse ya no es si hay que cumplirlas, sino la manera de hacerlo.
Los trabajadores vienen dando desde tiempo inmemorial la batalla contra la implantación de nuevas tecnologías, pese a lo cual es obvio que los progresos que han conquistado, colectiva e individualmente, han sido resultado de tales avances técnicos. Con todo, lo cierto es que el miedo a quedarse sin empleo, aun allí donde se conceda máxima importancia al pleno empleo y al respeto de las normas laborales fundamentales, puede alentar cierta resistencia a las innovaciones tecnológicas que ahorran puestos de trabajo.
Samanta Padalino y Marco Vivarelli refutan el pesimismo tecnológico con armas teóricas y empíricas. Sus argumentos y datos quizá no apacigüen del todo el desasosiego de los trabajadores, pero el hecho es que la innovación tecnológica impulsa muchas reacciones en cadena que contrarrestan sus efectos directos de ahorro de mano de obra, a través de los eslabones de la producción, los precios al consumo, el ajuste de los salarios relativos y el desarrollo de productos nuevos. Lo que es más importante para el debate en curso, los autores muestran que el cambio tecnológico no ha reducido el coeficiente de empleo del crecimiento económico en los países del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). Mucha de la retórica popular que ha atizado los temores tiene su origen en datos parciales de tendencias a largo plazo sólo en el sector manufacturero. Pero, a corto plazo y en el conjunto del sistema económico, no hay tal reducción. Por lo tanto, el mensaje es claro: nada se gana con combatir el cambio tecnológico, y las razones que pueden hacer que los trabajadores no cosechen una porción justa de los beneficios de la innovación hay que buscarlas en otra parte, como afirman en este número Amartya Sen y Eddy Lee.
Las razones contundentes que aconsejan hacer del empleo para todos, productivo y libremente elegido, el objetivo primordial de la política estatal no pueden extenderse, lógicamente, al trabajo infantil. Sin duda, la explotación de los niños no puede formar parte de una vida, una comunidad, una sociedad y un mundo sanos. El trabajo infantil, que destruye tanto la infancia del niño como sus posibilidades de realización futura en la edad adulta, está condenado por la ética. A estas alturas ya no es necesario dar razones para su erradicación. Lo que ahora se discute son los instrumentos más convenientes y sus efectos directos e indirectos sobre el resultado que se persigue.
Uno de los instrumentos que pueden servir para combatir el trabajo infantil es la apelación a la conciencia moral de los consumidores, valiéndose del etiquetado de determinados productos. En este número, Janet Hilowitz explica someramente la función de las «etiquetas sociales». Un ejemplo temprano es la que se utilizó en los Estados Unidos hace ya casi un siglo para certificar a los consumidores que las prendas que compraban estaban hechas por trabajadores sindicados y en condiciones de trabajo dignas; durante muchos años, prácticamente toda prenda vendida en ese país llevaba dicha etiqueta sindical. Han sido organizaciones no gubernamentales bien intencio nadas las que durante mucho tiempo han sostenido ésta y casi todas las demás iniciativas de etiquetado social. En parte gracias a la revolución de la información y las telecomunicaciones, ahora los ciudadanos tienen vívida noticia de muchos abusos, y una vez que los conocen desearían no contribuir a perpetuarlos. Ello ha reavivado el interés por el etiquetado social, no sólo entre los sindicatos y las instituciones benéficas, sino también entre aquellos productores, exportadores, importadores y minoristas que descubren ventajas comerciales en proclamar que no ha intervenido mano de obra explotada en los productos con que comercian. Las circunstancias de producción a que se refieren las etiquetas sociales no se limitan al trabajo infantil; pueden también indicar unas condiciones de trabajo dignas, la asignación de una proporción justa del precio mundial del artículo para el pequeño productor, o incluso el empleo de técnicas de producción no perjudiciales para el medio ambiente. Su creciente popularidad plantea toda una serie de interrogantes, que es preciso desenmarañar si se quiere que desempeñen un papel significativo y duradero en la lucha contra el trabajo infantil.
Con este propósito, Janet Hilowitz explica las características típicas de las etiquetas, cómo se pretende que funcionen, el destino que se da a las cuotas que se cobran por su uso, quiénes son sus partidarios y sus detractores, y, en fin, qué relación guardan con los códigos de conducta de las empresas. Los partidarios de este medio «procuran impulsar cambios empezando por el consumidor y remontando la cadena de comercialización hasta alcanzar a los modos de producción y mejorar la suerte de los niños trabajadores». Pero en ese camino no faltan escollos. Los consumidores quieren garantías absolutas, y, si se ven defraudados, pueden reaccionar contra el producto. La vigilancia se hace difícil para los comerciantes, y hasta para los propios productores, pues suele ser costoso ejercerla y el fraude puede ser muy rentable. Las descripciones que hace la autora de los actuales programas de etiquetado centrados en el trabajo infantil (Rugmark, Care & Fair, STEP, DIP, Abrinq y otros) son instructivas: ayudan a comprender el valor y las limitaciones de estos esfuerzos modestos y espontáneos, a la vez que esclarecen puntos tan importantes como son la vigilancia, la inspección y el porvenir de los niños afectados. Pero lo principal, en su opinión, es que para lograr avances netos en la lucha contra el trabajo infantil hay que hacer uso de un amplio espectro de actuaciones y medidas, «tales como la debida legislación y vigilancia en el mercado de trabajo y la provisión de alternativas educacionales y de otro tipo para los niños trabajadores». Las iniciativas de etiquetado social pueden ayudar a algunos niños, y también contribuir a una mayor sensibilización del público, lo cual, a su vez, consolidará el respaldo popular necesario para impulsar la vasta gama de medidas que debe adoptarse.
La crónica de la sección «Perspectivas» (elaborada por Mark Lansky, uno de los redactores de la Revista) hace un repaso internacional de la lucha contra el trabajo infantil que abarca sus aspectos jurídicos, las intervenciones directas y las medidas por el lado del consumo y el comercio. Este problema, que se arrastra por lo menos desde la revolución industrial, no podrá resolverse sin propocionar a los adultos un empleo adecuado y remunerador; pero también se pueden adoptar acciones inmediatas y directas para, en tanto no se erradique totalmente el trabajo de los niños, al menos reducir sus formas más censurables.
La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el primero de sus muchos convenios alusivos al trabajo infantil ya en su primera reunión de 1919, si bien aquél y los que le siguieron hasta 1971 se referían a sectores u ocupaciones específicos. En 1973 se adoptó el Convenio sobre la edad mínima (núm. 138), que sigue siendo la declaración de referencia sobre el trabajo infantil, y cuyas disposiciones se explican brevemente. En 1999 se prevé adoptar nuevos instrumentos, a fin de reforzar «los medios legales de lucha contra las prácticas análogas a la esclavitud y la prostitución infantil» y, al mismo tiempo, «impulsar el compromiso práctico de asegurar que los niños estén protegidos al menos frente a muchas formas de trabajo peligroso, durante la etapa de transición a la eliminación del trabajo infantil a que insta el Convenio núm. 138». Pero existen también otros instrumentos jurídicos de rango internacional: la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en Ginebra en 1924; la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1959, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Se presenta lo más destacado de esos y otros instrumentos conexos, y se exponen los matices que se han dado a la definición del trabajo infantil. A renglón seguido, y tomando como base un informe de la OIT sobre la legislación y la práctica en los distintos países, se expone el grado de aplicación de las normas junto con algunas estadísticas sobre la magnitud del trabajo infantil. También se analiza el difícil problema de delimitar qué es lo peligroso y lo intolerable en este terreno.
Por lo que atañe a la acción directa, desde 1992 la OIT viene coordinando el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), que ha recibido unos 87 millones de dólares de catorce donantes y la participación directa de veintisiete gobiernos de países en desarrollo. Se exponen en el texto los puntos más destacados del IPEC.
Las iniciativas por el lado del consumo y el comercio, principalmente las etiquetas sociales y los códigos de conducta de las empresas, movilizan otros recursos y pueden ejercer una presión eficaz contra el empleo de niños en ciertos sectores económicos. En algunos casos contribuyen a elevar los salarios de los adultos, de suerte que el trabajo de los niños deje de ser indispensable para el sustento familiar. Pero todas esas iniciativas tienen unas dimensiones muy modestas. Su importancia reside sobre todo en sensibilizar a la opinión pública, y de ese modo conseguir un mayor respaldo de los ciudadanos para la acción nacional e internacional en un amplio frente, con miras a asegurar el acceso de todos a la enseñanza y unas condiciones de empleo dignas para los adultos.
Este número de la Revista se cierra con una extensa sección «Libros», que reúne recensiones y notas sobre publicaciones referentes a las formas de cooperación internacional, las nuevas pautas del derecho del trabajo en Europa central, la exclusión social en el Reino Unido, la equidad en el derecho internacional, los servicios públicos en Europa, el futuro del trabajo, el sector informal, el diálogo social en la Unión Europea, las relaciones laborales y otros temas, así como nuevos informes de la OIT destinados a la Conferencia Internacional del Trabajo. Para algunos lectores será de especial interés un libro nuevo acerca de Albert Thomas, que fue el primer Director General de la OIT. Ampliamente basado en su correspondencia, permite descubrir nuevas facetas de la personalidad y las actividades de un hombre cuyo empuje hizo posible que la nueva Organización, de composición tripartita, estableciera en seguida su preeminencia en la esfera de los derechos de los trabajadores.

Creada por MCN. Aprobada por MFL. Ultima actualización: 8 de Julio 1998.