En Centroamérica, la formación profesional tuvo sus orígenes en tiempo de la colonia, a través de la acción desarrollada por las misiones de evangelización, en la enseñanza de las artes y los oficios a los aborígenes recién sometidos al control de la Corona. Con el traslado de diferentes artesanos europeos a las colonias, fueron estos gremios los encargados de transmitir los conocimientos a los aprendices.

Posteriormente la formación se dio en escuelas de artes y oficios y en los propios talleres artesanales, donde los aprendices, adquirían las destrezas necesarias para el desempeño de una ocupación a través de la calificación en el puesto de trabajo, recibiendo instrucción directa de los propios maestros o propietarios de los talleres.

Los sistemas institucionales de formación profesional nacieron en Centroamérica, por iniciativas impulsadas por los Estados, en períodos en los cuales asumieron una gran responsabilidad como impulsores del desarrollo del Mercado Común Centroamericano y de la industrialización substitutiva de importaciones, durante los años 60.

Para el caso Centroamericano, existió una gran coherencia entre los objetivos de las instituciones de formación profesional y el modelo de desarrollo que se impulsó.

El modelo de formación profesional utilizado en la subregión se caracterizó por la creación de instituciones de formación profesional nacionales que tenían responsabilidad en la formulación y ejecución de las políticas de formación y capacitación de mano de obra, financiadas a partir de impuestos de destinación específica, dedicadas a satisfacer la demanda de fuerza de trabajo calificada y semicalificada del sector industrial, comercial y agrícola y que buscaron la participación tripartita de los actores sociales, en esquemas de gestión y administración compartida.

Siguiendo el modelo de los servicios nacionales de aprendizaje de Latinoamérica, tales como el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, SENAI de Brasil creado en 1942, el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, SENAC en 1946, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA de Colombia en 1957, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE de Venezuela en 1959, se crearon en la subregión Centroamericana los diferentes institutos de formación profesional.

El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA de Costa Rica fue el que primero se creo en la subregión centroamericana en 1965; le siguieron el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP de Guatemala y el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP de Honduras ambos en 1972; el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEP de República Dominicana en 1980; el Instituto Nacional de Formación Profesional, INAFORP de Panamá en 1983; el Instituto Nacional Tecnológico, INATEC de Nicaragua en 1991 y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP de El Salvador en 1993.

La mayor parte de los Institutos Nacionales de formación profesional, tuvieron sus antecedentes en diferentes servicios, sistemas o instituciones públicas o privadas que motivaron su constitución, tal es el caso del INATEC, que tuvo sus antecedentes en el SINAFORP y el SINACAP; el INSAFORP tuvo sus antecedentes con el CTFP y su predecesor el INSAFORP; el INAFORP tuvo sus antecedentes con el SENAFORP, etc.

La creación y la eficiencia inicial de las instituciones de formación profesional en Centroamérica, se debió a la funcionalidad entre el modelo institucional y la estrategia de desarrollo que los países de la subregión adoptaron. Sus objetivos fundamentales fueron la formación de recursos humanos que respondieran a la incorporación de nuevas tecnologías productivas y nuevos procesos industriales.

La crisis de los 80, motivó una disminución de la oferta del empleo del sector formal y un incremento considerable de la oferta del mismo por parte del sector informal, lo que provocó un crecimiento explosivo de las instituciones de formación profesional privadas que atendían a este sector económico emergente. Las acciones formativas de las instituciones que atendían al sector formal se comprimieron, por sobreofertar cursos no demandados por el mercado de trabajo.

Durante el reordenamiento económico de los años 90 y la apertura de las econo-mías cerradas a mercados globalizados, las instituciones de formación profesional se constituyeron en apoyos para la reconversión productiva y el aumento de la productividad, a través del mejoramiento del factor humano.

Al final de los 90, algunas de ellas se constituyen en elemento fundamental para la empleabilidad y en fuente idónea para acceder al empleo. Modifican sus cursos en función de la pertinencia de los mismos para la obtención de empleo y articulan sus servicios de formación con los servicios de empleo.

En función de estas aperturas y de la globalización de la economía, algunas de las instituciones han variado su modelo institucional, generando una nueva institucionalidad, que busca ofertar mejores respuestas a las demandas actuales del mercado de trabajo.

En la subregión se inicia esta nueva institucionalidad, como consecuencia de la apertura de las economías hacia el nuevo modelo de globalización y de economía abierta.

La misma se manifiesta por el surgimiento de un nuevo rol dentro de los Ministerio de Trabajo respecto a la formación profesional, que se evidencia por la formulación de políticas de formación y la modernización de sus estructuras, a través de la creación de unidades que atiendan el tema, o bien el fortalecimiento de las unidades de empleo y la medición de estos fenómenos, ofertándolos como insumos para la FP.

La correlación entre el sistemas de empleo con la formación profesional, empieza a evidenciarse a través de una mayor coordinación entre las instituciones formativas y los Ministerios de Trabajo, para superar los problemas de desempleo o la precariedad del empleo.

Referente a la explosión de la oferta formativa y la privatización de los servicios de capacitación, se puede afirmar que las instituciones nacionales han perdido su hegemonía y en la actualidad trabajan en conjunto con este nuevo sector que surge en los años 80. En el área se evidencian reiterados intentos, para conformar sistemas nacionales de formación y capacitación.

Se ha evidenciado también, la creación de pequeñas unidades de colocación en las instituciones de formación profesional, que evidencie a través de la colocación de sus graduados, la pertinencia de los cursos formativos que se brindan en función de la demanda satisfecha para el empleo actual.

El desaparecimiento de las instituciones de formación tradicionales empieza a evidenciares en El Salvador y en Nicaragua, por la generación de modelos alternativos más eficientes.

Los elementos que presionan para esta nueva institucionalidad son el desempleo, el limitado crecimiento del PIB y los grandes contingentes poblacionales excluidos del empleo y de los sistemas formativos.

Las Instituciones del área atienden con limitación al sector informal y al sector agrícola tradicional, en función de no ser contribuyentes a las mismas y no entregar el estado recursos para su atención, no sobrepasando esta tarea, el 2% de sus recursos presupuestarios anuales.

Las IFPs de la subregión transitan de un esquema de formación de oferta rígida y poco flexible, hacia un esquema basado en la demanda de las empresas, a través de nuevos procesos metodológicos como la formación y certificación de competencias, dentro de una estrategia de formación continua.

En el proceso que vive la subregión se encuentran cuatro tipos diferenciados de modelos de IFPs.

El inicial y más antiguo, que se tipifica como aquel en el cual existe una institución nacional hegemónica, financiada en su mayor parte por los empresarios y con poca participación estatal, con un rol conductor, planificador y coordinador de la formación profesional INA, INTECAP, INAFORP, INFOP.

Un segundo modelo en el otro extremo, caracterizado por una institución que ha transitado de unidad ejecutora a ser una unidad rectora de un sistema de formación profesional, en la cual asume un rol de asignación, planificación, conducción y contratación de centros colaboradores o subcontratación de servicios, tal el caso del INSAFORP, con el objetivo de garantizar la calidad y coordinar la oferta explosiva de las instituciones privadas de formación.

Un tercer modelo mixto, en el cual existe una institución nacional no sobredimensionada, con una ejecución estratégica y una gran red de centros colaboradores que subcontrata, regula y ejerce sobre ellos el liderazgo correspondiente que es el caso del INFOTEP.

Finalmente un cuarto modelo, una institución tecnológica que coordina y unifica en su interior la educación técnica de la educación formal y la Formación Profesional no formal que es el caso del INATEC.

Existen cuestionamientos para las instituciones de formación referentes a la falta de formulación de políticas de formación y priorización para la ejecución de acciones formativas; ineficiencia administrativa y politización; falta de aplicación real de los principios tripartitos en la conducción de las instituciones; calidad de la formación; rezago tecnológico; preparación de instructores; alta rotación de instructores, mandos medios y directivos de las instituciones; falta de apertura y mayor cobertura; ampliación de jornadas; aumento de programas de reconversión y complementación; falta de atención a excluidos como campesinos, trabajadores urbano marginales, subempleados; escasa representación de diversos grupos sociales dentro de los consejos directivos.

Las instituciones inciden paulatinamente sobre su problemática, mejoran su alejamiento de los mercados de trabajo, su excesiva inflexibilidad, su estática, su educación escolarizada, sus cursos centralizados y antiguos, y su poca internalización de las nuevas tendencias. Buscan mecanismos para la atención de los sectores excluidos, consideran que deben seguirse actualizando y que tienen la capacidad y habilidad de hacerlo.

Algunas de ellas han emprendido acciones de ajuste como el INA que ha iniciado un proceso de reestructura, enmarcando dentro de la modernización del Estado, flexibilizando y modernizando sus estructuras, reduciendo su burocracia y aplanando la estructura piramidal interna, con el objeto de volver a poner la institución al servicio del cliente. La nueva estructura busca aumentar la respuesta institucional, desconcentrando y descentralizando sus servicios, propiciando la participación de la instancia regional, pasando de un rol ejecutor a uno de gestión compartida con centros colaboradores y buscando a nivel metodológico, flexibilizar la enseñanza modular y la generación de centros de investigación y de tecnología.

El INSAFORP ha pasado de ser una instancia ejecutora a una instancia normativa, reguladora y asignadora de recursos con una planta administrativa reducida y eficiente. Busca operar con un sistema en el cual traslade como mínimo el 70% de sus recursos hacia acciones formativas con ejecución privada y no más de un 30% para la administración del sistema.

El INFOTEP a partir de 1990 ha asumido plenamente su rol de conductor del sistema nacional de formación profesional dominicano, ejecutando programas estratégicos y delegando en centros colaboradores la mayor parte de su ejecución.

Las otras instituciones de formación profesional buscan retomar su credibilidad en la calidad y oportunidad de sus servicios con el sector empresarial o bien fortalecer el mismo, con intentos de crear y consolidar sistemas nacionales de formación, apoyados por centros colaboradores y buscando articular ordenadamente los esfuerzos nacionales en función de la calidad y excelencia. Muchas de las instituciones de la región inician la incorporación de la formación en competencias y el establecimiento de normas nacionales y procesos de certificación de las mismas, en igual forma han entrando a dar asesoría técnica a las empresas, finalmente han pasado de la formación basada en la oferta de servicios a la formación basada en la demanda de servicios, de la rigidez de los cursos a la flexibilidad de contenidos, de la formación para puestos de trabajo fijos a la formación para puestos de trabajo inestables.

Las instituciones de formación de la subregión poseen una naturaleza jurídica que las caracteriza como organismos públicos, descentralizados, semiautónomos o autónomos, con una dependencia o vinculación con los Ministerios o Secretarías de Trabajo y en un solo caso vinculados a la Presidencia de la República (Costa Rica).

La mayoría de ellas posee una instancia directiva generalmente tripartita, aunque el número de representantes varía por sector de acuerdo al país, están representados el sector gubernamental (Ministerios de Trabajo, Ministerios de Educación , Ministerios de Economía, Secretarías de Planificación, Ministerios de Comercio e Industria, Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas), los representantes de Organizaciones de Empleadores, los representantes de Organizaciones de Trabajadores, los representantes de Artesanos Independientes y los representantes de los Productores Agropecuarios.

Las siete instituciones cubren los tres campos sectoriales de la economía, o sea el sector agrícola, el sector industrial y el sector de comercio y de servicios, en tal sentido forman recursos humanos calificados para los sectores primario, secundario y terciario.

El sector no estructurado es atendido por 5 de las 7 instituciones de formación, con las limitaciones señaladas anteriormente.

El rango de sus funciones se centra esencialmente en la ejecución de acciones formativas, sin embargo aparece como parte de la nueva institucionalidad un rol de rectoría de los sistemas en tres de ellas y la propiciación de este nuevo rol en el resto.

En cuanto a su personal las instituciones cuentan con plantas de trabajadores que oscilan en 1,200 personas, de las cuales un 40.5 % son instructores, un 14.5 % son técnicos y/o profesionales, un 5% son supervisores y coordinadores, un 4.5 % directivos y el resto un 35.5 % son administrativos y auxiliares con lo cual logran capacitar a mas de medio millón de personas anualmente, de los cuales un 15% son del sector primario, un 35% del sector secundario, un 43% del sector terciario y un 7% del sector no estructurado. Del total de participantes un 43% son mujeres y un 67% son hombres.

Las mujeres se inclinan mayoritariamente por el sector terciario o de comercio y servicios en un 60%, mientras que por el sector industrial lo hacen un 28%, por el sector agrícola un 9% y un 3% en el sector no estructurado.

Para realizar sus acciones las instituciones cuentan con centros fijos, programas móviles, programas de formación a distancia, empresas escuelas, talleres públicos y centros colaboradores. La capacitación de adultos es 6 veces mayor que la capacitación para jóvenes, sin embargo el aprendizaje insume más recursos que la capacitación de adultos.

El INA de Costa Rica se financia a través del 2% de la nómina salarial, pagado por las empresas particulares con 5 o más trabajadores, así como el 0.5% sobre la nómina salarial pagado por las empresas agropecuarias con 10 o más trabajadores. El estado tributa el 2% sobre la nómina salarial de sus instituciones y empresas. Finalmente también percibe el 1% de los ingresos generales de la nación por impuesto de la renta.

El INFOTEP de República Dominicana, se financia a través del 1% de la nómina salarial, pagado por empresas públicas y privadas, así como por el 0.5% de las utilidades y bonificaciones recibidas por los trabajadores de las empresas públicas y privadas y las asignaciones del presupuesto del Estado.

El INSAFORP se financia a través del impuesto del 1% de la nómina salarial de las empresas públicas o privadas con 10 o más trabajadores, excepto los patronos del sector agropecuario que únicamente cotizan el 0.25% sobre la nomina salarial de sus trabajadores permanentes.

El INTECAP de Guatemala se financia a través del 1% sobre la nómina salarial, pagado por las empresas públicas y privadas, además de eventuales financiamientos por parte del Estado.

El INFOP de Honduras se financia a través del 1% sobre la nómina salarial pagado por empresas privadas con más de 5 trabajadores, así como por las empresas públicas autónomas o semiautónomas y con el 0.5% sobre la nómina salarial pagado por los poderes del Estado.

El INATEC de Nicaragua se financia con el 2% sobre la nomina salarial de sueldos brutos o fijos a cargo de todos los empleadores de la República, así como la cantidad de asignaciones presupuestarias que están asignadas anualmente en el Presupuesto General de Gastos de la Nación a cualquiera de los Sistemas Educativos que forman parte del Instituto.

El INAFORP de Panamá se financia con el 15% del fondo del seguro educativo del Estado, así como por asignaciones del presupuesto del Estado.

Para el año de 1994 los presupuestos de las instituciones de formación profesional de la subregión era el siguiente:

• Instituto Nacional de Aprendizaje,

INA (Costa Rica) 43.8

• Instituto Técnico de Capacitación y Productividad,

INTECAP (Guatemala) 9.5

• Instituto Nacional de Formación Profesional,

INFOP (Honduras) 5.2

• Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional,

INFOTEP (República Dominicana) 11.8

• Instituto Nacional de Formación Profesional,

INAFORP (Panamá) 8.5

• Instituto Nacional Tecnológico,

INATEC (Nicaragua) 11.2

• Instituto Salvadoreño de Formación Profesional,

INSAFORP (El Salvador) SIN DATOS

Total para 1994 U$9O Millones

Tal como se puntualizaba anteriormente la nueva institucionalidad de la formación profesional de la subregión, se gesta a partir de la crisis de los años 80, en la cual se da una explosión de la oferta formativa privada, como consecuencia del aparecimiento de muchas demandas insatisfechas, por parte de sectores excluidos de la formación profesional clásica.

La consolidación de un nuevo sector privado emergente que atiende problemas de capacitación y de formación profesional, en algunos casos, ha generado preocupación tanto en las empresas como en las instituciones formativas, ya que ambas consideran que mucha de la formación ofertada no cumple con los requerimientos mínimos de calidad que demanda el aparato productivo, en tal sentido, han planteado la necesidad de generar mecanismos que permitan garantizar la calidad de los egresados de estas instituciones privadas a través de normarlas por medio de un sistema nacional de formación y capacitación.

Para tales efectos se han generado iniciativas que propician la generación de sistemas de control, que permiten garantizar la calidad de la formación y la utilidad de la misma a través de la valuación de la pertinencia de los cursos para la consecución de empleos y para la integración de los egresados en el mundo del trabajo. La formación y certificación de competencias laborales dentro de una estrategia de educación continua y modular, han apoyado estos esfuerzos formativos.

Por su parte los Gobiernos han estimado pertinente la integración de estas unidades privadas de formación, en el esfuerzo nacional por ampliar las coberturas a más miembros de la sociedad, especialmente para integrar al grueso de la población excluida de estos procesos, que en la subregión pueden fácilmente llegar a ser más de un 60% de la PEA, que no ha sido integrada a los procesos educativos formales, así como sometida a procesos de capacitación o formación profesional.

Se puede afirmar a nivel cuantitativo que el sector de instituciones privadas de formación cubre un espacio que oscila entre un 30% y un 40% del total de acciones de capacitación y de formación que se realizan en el país. Esta cantidad guarda una correlación directa con el grado de fortaleza, hegemonía, monopolio y cantidad de recursos que poseen las Instituciones Nacionales de formación profesional, ya que a mayor fortaleza de las mismas, el desarrollo de este sector se minimiza y a menor fortaleza de las instituciones nacionales, se maximiza la respuesta de las instituciones privadas de formación profesional.

En buena parte de los países de la subregión, la oferta privada de formación sobrepasa con facilidad el promedio de 350 instituciones que ofertan servicios de entrenamiento, y en aquellos países donde se subcontrata y estimula la creación de sistemas nacionales de formación, son muchas más las instituciones privadas que ofertan y ejecutan acciones de capacitación, tal es el caso de República Dominicana y de El Salvador.

En países como Costa Rica, Guatemala y Honduras, se inicia con timidez el apoyo y motivación de este nuevo sector que oferta servicios privados de capacitación, en otros países como Panamá la discusión sobre el sistema nacional se encuentra en la agenda nacional.

En el caso de Panamá, Honduras y Guatemala, existen acciones propiciadas desde y por las instituciones nacionales de formación, para iniciar los procesos de consolidación de un sistema de formación y capacitación.

En Costa Rica se ha iniciado la conformación de un sistema de gestión compartida entre la institución nacional y sus centros colaboradores, que ha propiciado el aparecimiento y/o consolidación de unidades privadas que ofertan capacitación.

Antes de describir las demandas insatisfechas de formación y educación se deben formular algunos breves comentarios del contexto.

• El proceso de desarrollo de Latinoamérica y de la subregión, se ha caracterizado por ser un proceso concentrador y excluyente, en el cual los beneficios del desarrollo han recaído históricamente sobre unos pocos y marginado a las grandes mayorías de la población, dentro de una dinámica de dependencia y de concentración de capital, a lo largo de su vida colonial e independiente.
• Los grupos privilegiados han estado vinculados con los procesos de dominación, primero de la Metrópoli hacia la Colonia y posteriormente conformado las oligarquías generadas por los primeros procesos de acumulación de capital, proceso en el cual las grandes mayorías fueron marginadas y sometidas por la fuerza en la conquista y posteriormente a través de la dominación política.
• A pesar del enorme esfuerzo que realizó la subregión para formar RRHH adecuados a las demandas del aparato productivo, en estos veinticinco años, dichos esfuerzos se vieron limitados por razones estructurales, debido a un analfabetismo que llega en algunos países hasta el 40% o más, con un promedio regional de analfabetismo de un 24%, en donde apenas un 30% de la población accede a la secundaria, y un promedio de un 70% de la población no accede ni a la formación profesional, ni a la educación secundaria y/o universitaria.

Lo anteriormente expresado en cifras, se observa en los siguientes indicadores regionales de exclusión:

De una población de 41. 13 millones de personas (BID 1996):

9.87 millones son analfabetas,

28.8 millones no supera la primaria,

28.8 millones están mal alimentadas,

20.6 millones están sin atención médica.

"De lo anterior se puede inferir que existen casi 29 millones de personas excluidas de la educación secundaria y universitaria y de la FP clásica y que solamente 12 millones de personas de la subregión pueden tener acceso a la formación profesional, a la educación secundaria, y a la universitaria".

Referente a la evolución del empleo, se ha determinado que el sector moderno urbano y rural absorbe una reducida proporción de la fuerza de trabajo bien calificada o con mucha experiencia, lo que obliga al remanente a encontrar empleos de baja productividad en el sector informal y en el agrícola tradicional. Al inicio de los 90 los sectores modernos aportaban más del 85% de la producción nacional de países con economías heterogéneas y generaban solamente un 32.4% del empleo.

A la mitad de la década de los noventa se observa que del total de nuevos puestos de trabajo de la región latinoamericana el 83% de los mismos fueron creados por el sector informal, o sea que de 13.4 millones de puestos de trabajo, 11.1 millones fueron generados por dicho sector, mientras que el sector moderno generó 2.3 millones de puestos de trabajo, de los cuales el área urbana insumió el 90% de los mismos. El sector público se contrajo en 200.000 puestos de trabajo.

La participación del sector informal en el empleo total de la región creció de un 52.1% en 1990 a un 55.7% en 1994, disminuyendo la del sector público de un 15.4% a un 13.6% y la del sector moderno de un 32.4% a un 30.7% en el mismo período.

La subregión necesita recuperar las tasas de crecimiento superiores al 5%, para reducir el desempleo y la informalidad; que el crecimiento sea sostenido, que mantenga los equilibrios macroeconómicos y que abarque aquellos sectores con capacidad de generación de empleo sostenido y de buena calidad; que se genere una mayor competitividad y mayores niveles de productividad. Se debe buscar reducir la brecha de productividad existente entre el sector moderno y el informal.

Referente a la PEA, en una medición realizada en 1994 por SIAL/OIT, en Honduras, Costa Rica y Panamá, se concluye que un 10% de la misma no posee ningún grado de educación, un 50%, posee estudios primarios o bien supero los primeros 6 años de estudio, un 30% posee estudios de secundaria o bien concluyó los siguientes 5 años y solamente un 10% posee estudios universitarios o superó los mismos.

Los anteriores datos demuestran la exclusión de un sector significativo de la PEA de los procesos formativos, llegando a ser un 60% de la misma quien no tiene acceso a la capacitación ni a la formación y mucho menos a la educación secundaria o universitaria. Estos datos pueden magnificarse y aumentarse si se integran los datos del resto de países de la subregión, en los cuales los indicadores son peores que los países seleccionados para el muestreo.

Los datos anteriores demuestran que solo un 40% de la PEA posee una calificación adecuada y que se articula con la demanda de trabajadores que hace el sector productivo.

En algunos casos como el de Guatemala, los esfuerzos de capacitación que realiza la institución nacional, sobrepasan levemente el crecimiento vegetativo de la población que se incorpora anualmente a la misma, en tal sentido la cobertura anual de la misma es de un 5% de la PEA por año, lo que implica que cada trabajador podrá recalificarse cada 20 años.

Costa Rica que presenta cuadro más optimistas posee una cobertura de un 10% de la PEA por parte de la institución nacional, en tal sentido logra calificar y recalificar a los trabajadores una vez cada 10 años.

Sin embargo y a pesar de ser ciertos los datos señalados, únicamente un 40% de la PEA posee los requisitos necesarios para poder acceder a los servicios de formación profesional, en tal sentido son los trabajadores que se incluyen en el 40% de la PEA, los que realmente pueden ser sujetos de calificación y recalificación por parte del sistema formal y no formal de la educación.

Los datos descritos llevaron a profundas transformaciones en los sistemas institucionales de FP debido a que el modelo que se impulso no generó equidad y nuevas oportunidades a los aprendices, generando una exclusión de contingentes mayoritarios de la PEA de los procesos formativos.

La presión social que estos contingentes excluidos propiciaron, la generación de una oferta privada social de FP, así como la generación de nuevos sistemas de FP propiciados y conducidos por los Ministerios de Trabajo o por las IFPs.

Se puede finalmente señalar algunas estrategias o retos viables de ser aplicadas por los países y que pueden dar respuesta al conjunto de la problemática que se vive en la subregión en el tema de la formación profesional.

Es incuestionable que la formación es un elemento determinante, para propiciar el incremento de la productividad nacional y la reducción de las brechas diferenciales entre las productividades de los estratos modernos, con el informal y el agrícola tradicional, lo que implica dotar a los sectores modernos de recursos humanos para ser más productivos y competir en los mercados globalizados y en paralelo generar una nueva formación profesional que se aparte de la corriente clásica y que permita aumentar la productividad cualitativa y cuantitativamente, al sector informal y del agrícola tradicional.

Es indudable que si se quiere reducir la brecha o bien aumentar la productividad nacional, se deberán hacer grandes esfuerzos para atender al sector informal, ya que los encadenamientos productivos de las empresas, junto con los procesos de globalización y competitividad externa, imponen una atención global a las demandas de todos los sectores económicos, dicha atención sobrepasa el esfuerzo de la formación profesional y son los Estados en sus conjuntos que deben proveer los servicios básicos para competir en los mercados globalizados.

La formación profesional debe generar una apertura hacia toda aquella población en desventaja que no tiene acceso, por diversas circunstancias, a los sistemas de formación y de educación técnica, a través de flexibilizar las formas y metodologías de enseñanza, propiciando mecanismos de certificación de competencias adquiridos a través de la experiencia, los estudios sistemáticos, la práctica laboral, etc.

La formación profesional en el sector moderno debe dar respuesta a la formación de recursos humanos estratégicos, de acuerdo con las nuevas demandas de los mercados laborales y con los nuevos perfiles requeridos, que permitan enfrentar con éxito la competitividad y productividad de las empresas dentro de los actuales mercados globalizados a nivel internacional.

En igual forma debe apoyar el desarrollo tecnológico y la incorporación de tecnología adecuada de todos los sectores con diferentes intensidades y prioridades, para elevar la productividad media del país.

La formación profesional debe incidir sobre la empleabilidad, buscando ofertar la capacitación que se demanda en los mercados laborales, para incidir sobre el desempleo, privilegiando las modalidades de habilitación y complementación sistemática y continua; programas de autoempleo y de creación de empresas de propiedad individual o asociativas (habilitación profesional acelerada, talleres públicos, desarrollo y creación de empresas para la autoconstrucción de viviendas o instalaciones comunitarias), orientándolas preferencialmente hacia jóvenes o mujeres, ofertándoles conocimientos sobre el funcionamiento empresarial; impulsando la creación de empresas, a través de la promoción del espíritu empresarial, impartiendo asistencia técnica, legal, administrativa y tecnológica, complementadas con líneas de crédito.

La formación profesional debe intentar estabilizar el empleo y los puestos de trabajo que se generan en el sector informal, a través de mejorar los conocimiento que se le brindan a los trabajadores del sector. La formación recibida debe posibilitar a los recursos formados transferirse hacia las empresas del sector formal y dar el apoyo técnico y administrativo a las unidades productivas del sector informal, que presentan un potencial favorable para pasar hacia el sector formal.

La formación profesional deberá desarrollar, programas de atención a la micro y pequeña empresa, que tiendan al aumento de la calidad, productividad y competitividad de las mismas, debiendo entrar en esquemas de cooperación con entidades financieras para apoyar las actividades de fomento y mejoramiento.

La formación profesional debe atender preferentemente a los sectores excluidos por tradición y revertir las cifras de su desatención, tal es el caso del sector agrícola tradicional el cual recibe una escasa atención por parte de las instituciones de formación, ya que no sobrepasa el 10% de la matrícula de las mismas, debiendo cubrir la capacitación y la asesoría empresarial.

Impulsar y ejecutar programas para la mujer, jóvenes, niños y ancianos trabajadores, indígenas, negros, limitados físicos y mentales, drogadictos, delincuentes, refugiados y afectados por fenómenos naturales.

Debe motivar a las empresas para realizar la acción formativa, propiciando que su rol sea mas gravitante pero menos determinante que en épocas pasadas; desarrollar acciones en el campo normativo y coordinar la acción nacional, cubriendo las demandas y ausencias formativas existentes en los países.

Se pueden percibir diferentes retos, que permitan integrar las diferentes acciones señaladas anteriormente, en cursos de acción más estructurados, en todo caso las estrategias particulares dependerán de los problemas específicos.

8.1.1. El reto de la transformación de las Instituciones Nacionales de formación profesional:

Dentro de los retos de la formación profesional se pueden definir aquellas vinculadas con el nuevo rol de las instituciones de formación profesional, las cuales podrán adaptar parte de estos planteamientos a sus acciones formativas específicas, reconociendo que las instituciones nacionales de formación profesional poseen grados de rigidez que se suavizan en la medida que el Estado concertadamente con empleadores y trabajadores, participa más fuertemente en su conducción y financiación y que esta circunstancia posibilita la atención de grandes sectores sociales excluidos de los procesos formativos.

Este primer planteamiento presupone una estrategia de inducción a los Estados, para que su participación en las instituciones nacionales de formación profesional sea mayor, a nivel del financiamiento de programas estratégicos y masivos.

Será necesario readecuar la misión de las instituciones nacionales de formación profesional, sus métodos de trabajo, sus prioridades, sus estrategias, sus políticas, sus estructuras administrativas y su cultura organizacional, propiciando su transformación y readecuación a los contextos en los cuales están inmersas, así como las respuestas que deben ofertar a la modernidad de la globalización y a la realidad social de los países.

Se deberá continuar entrenando para el sector estructurado, quien tributa para el sostenimiento de las instituciones y conducen las mismas en sus consejos directivos; estas instituciones deben estar "puestas a punto" para la formación de recursos humanos estratégicos, que permitan enfrentar con éxito las exigencias de competitividad y productividad de las empresas.

Apoyar un proyecto que solo de respuesta a la demanda del sector moderno, significa profundizar la brecha de productividad entre los sectores, no apoyarlo significaría condenar a los países a no poder dar respuesta a la competitividad de los mercados internacionales y marginarlos de la globalización económica.

En contraposición se encuentra la opción de apoyar al sector informal y al agrícola tradicional, tratando de incidir en su productividad a través de la formación y el entrenamiento de los RRHH de estos sectores, integrando a los excluidos en programas de entrenamiento.

Algunas instituciones nacionales de formación profesional han apoyado a ambos sectores con diferentes intensidades, para reducir en cierta medida las brechas de productividad, buscando elevar la productividad media del país, pareciera ser esta estrategia un camino que ayuda a superar la disyuntiva, a la cual se ven sometidas las instituciones de entrenamiento en la actualidad.

La nueva estrategia respecto a las instituciones nacionales de formación profesional debería de descubrir las aperturas que poseen las mismas, que permitan mejorar la atención de los sectores sociales, propiciando el acuerdo tripartito para el desarrollo y financiamiento de estas actividades. Además se debería de presionar para que la atención a ambos sectores guarde equilibrios funcionales, que eviten la polarización en la respuesta para uno u otro sector.

En igual forma la nueva estrategia, deberá apoyar las acciones de transformación de las instituciones de formación profesional, que tiendan a mejorar su respuesta al aparato productivo y su respuesta social.

Algunas instituciones nacionales de formación profesional han entrando en el campo de la creación de empresas, dirigidas a la promoción del espíritu empresarial y a la generación de empleo, impartiendo asistencia técnica, legal, administrativa y tecnológica, complementadas con líneas de crédito.

Otras han desarrollado programas de generación de empleo y mejora de ingresos dirigidos a grupos en desventaja (marginales o de pobreza crítica), habilitación profesional acelerada, talleres públicos, desarrollo y creación de empresas para la autoconstrucción de viviendas o instalaciones comunitarias.

Las instituciones nacionales de formación profesional desarrollan programas para la micro y pequeña empresa, complementados con esquemas de cooperación financieras. Han asumido en algunos países la conducción de los procesos nacionales de atención al sector, desarrollando metodologías de autodiagnóstico, formación gerencial y asesoría técnica. Han intentado estabilizar el empleo, mejorar las condiciones de trabajo y de producción, así como los ingresos de los trabajadores del sector y han propiciado la transferencia de la mano de obra del SIU al sector formal y el apoyo a las unidades productivas que presentan un potencial desarrollable.

A pesar de esta diversidad, son pocas las instituciones nacionales de formación profesional de la subregión que realizan acciones sociales, no sobrepasando el 30% de las mismas, las que lo realizan tienen fuerte influencia estatal y son utilizadas para la aplicación de políticas de atención social. Las instituciones de formación no utilizan más del 2% de sus presupuestos en programas sociales.

El nuevo reto es que las instituciones nacionales de formación profesional asuman su responsabilidad social, frente a fenómenos estructurales de larga duración y persistentes en el tiempo. En igual forma deben asumir, la responsabilidad de modernizar y hacer competitivas a las empresas de sus países para poder competir adecuadamente en los mercados internacionales.

8.1.2. El reto de la creación de los Sistemas de Formación Privados y los Sistemas Nacionales de Formación:

En América latina la institucionalidad de la formación Profesional ha tendido a enriquecerse en los últimos diez años, ya que el tema de la formación profesional en si mismo ha dejado de ser patrimonio exclusivo de las instituciones nacionales de formación profesional, que por más de cuarenta años, detentaron la hegemonía respecto a las acciones de formación profesional que se desarrollaban en los países.

El surgimiento de un fuerte y cada vez más estructurado sector privado que oferta formación profesional y capacitación, así como una presencia cada vez más significativa de los Ministerios de Trabajo, en la conducción de los Sistema Nacionales de formación profesional, han propiciado una nueva institucionalidad, que ha roto con la tradicional institucionalidad de las instituciones nacionales de formación.

La insuficiente cobertura ha generado la proliferación de fundaciones privadas que buscan atender estas falencias, lo que ha provocado una merma sensible en la calidad del entrenamiento, debido a la inexistencia de controles que garanticen la calidad de la formación, en tal sentido, parte del nuevo rol de las instituciones deberá garantizar la calidad de la formación y ser rector de la política de formación profesional, así como de los sistemas nacionales de formación profesional, cuando el Estado le delegue esta función.

El nuevo reto es propiciar un apoyo a las iniciativas privadas de capacitación para la atención a los sectores excluidos, proporcionándoles a través de las instituciones nacionales de formación profesional los elementos de calidad que les permitan metodológica y prácticamente mejorar el entrenamiento que ofertan.

En forma análoga debería de propiciarse la conformación de sistemas o redes de formación y capacitación que unifiquen y potencien el accionar de las instituciones privadas de formación profesional y les permita mejorar su calidad, su capacidad de respuesta y de atención. Un nuevo reto deberá propender a encontrar fuentes de financiamiento, que permitan implementar los mecanismos de formación masiva.

En el marco de la conformación de redes o sistemas privados, se debe propiciar también, la conformación de los mismos, coordinados y conducidos por los Ministerios de Trabajo o por las instituciones de formación profesional, siendo parte de este reto, el apoyo a las iniciativas que surjan en ambas instancias para la conformación de sistemas.

Los sistemas deberán de incluir a la mayor parte de instituciones de formación profesional Privadas y Públicas que realicen acciones de capacitación y/o formación. La inclusión deberá ser motivada por beneficios a obtener, así como por la legitimidad de sus subproductos.

Los nuevos retos demandan la formulación de políticas nacionales de formación y capacitación, elaboradas desde los Ministerios de Trabajo o bien desde las instituciones nacionales de formación profesional, según sea el caso, políticas que deberán considerar e incidir sobre la población excluida o marginada de la capacitación y/o formación.

8.1.3. El reto de la implementación de Programas de Educación Para el Trabajo:

La exclusión de grandes mayorías de los procesos de formación obedece a la limitada educación de estos sectores por causas estructurales, que les imposibilita trabajar como obreros calificados o semicalificados, ya que dichas calificaciones requieren de conocimientos básicos, que se adquieren con una educación formal no menor de seis años de estudio ni mayor de nueve años de estudio. El nuevo reto es romper con el círculo educación - pobreza, con programas innovadores como los de educación para el trabajo.

El surgimiento de esquemas de educación para el trabajo que unifican la educación formal con la formación profesional, ha permitido hacer participar a los grupos de mayor pobreza de los países, en programas que les forman en lecto - escritura y cálculos básicos, así como en técnicas productivas, vinculadas con las tareas de producción que tradicionalmente ejecutan, que les permiten aumentar sus ingresos, incrementar sus cosechas o su producción, estabilizar su empleo, evitar el subempleo de las personas y la migración de las mismas, propiciar el uso del crédito y la utilización de las líneas financieras convencionales, así como ser sujetos de capacitación y de entrenamiento adecuado a sus características personales de baja escolaridad o de analfabetismo.

Esta nueva opción de capacitación para los más excluidos dentro de los excluidos, puede aportar resultados significativos que les permita romper con el circulo vicioso de "pobreza - educación" en el cual se ven inmersos y del cual les es muy difícil salir.

Otro retos debería de corresponder a la implantación en los países de programas experimentales de educación para el trabajo, dirigidos a los sectores en extrema pobreza especialmente para campesinos del sector agrícola tradicional o para aquellos trabajadores del sector informal que se encuentran en los estadios más deprimidos del mismo. La estrategia debe estar dirigida a crear experiencias prácticas en los países que les permitan formular programas o bien crear unidades administrativas dentro de la estructura administrativa del Estado, responsables del impulso de este tipo de respuesta formativa y productiva.

Dentro de esta estrategia se debería apoyar las iniciativas de las entidades del Estado que impulsen estos proyectos, así como la conformación de redes nacionales responsables de la ejecución de los proyectos de educación para el trabajo. La red de EPT deberá constituirse por todos aquellos que acciona en la aplicación de los conceptos de la educación para el trabajo, sean entidades públicas o privadas.

8.1.4. El Reto de transformar las Administraciones del Trabajo y el rol del Estado:

El otro gran reto es transformar el rol del Estado, a través de apoyar los esfuerzos de modernización de las administraciones de trabajo, en cuanto al rol que están llamadas a cubrir en la conducción de los sistemas de Formación Profesional, así como en la consecución de recursos que les permita, abarcar más cantidad de personas y atender a los grupos vulnerables y a las poblaciones excluidas.

Lo anterior demanda la conformación de unidades de formación al interior de los propios ministerios, que desarrollen funciones de formulación de políticas, coordinación, planificación, conducción y asignación, así como la creación de subsistemas de financiamiento que permitan generar licitaciones públicas a nivel nacional de cursos formativos y propiciar el desarrollo de un sector privado organizado, que oferte formación profesional, con niveles de calidad aceptables por las propias empresas, así como inducir el surgimiento de empresas privadas que puedan competir en un mercado más perfecto en el campo de la formación.

La conformación de alianzas estratégicas entre las instituciones de formación profesional, Ministerios de Trabajo, Ministerios de Educación, Universidades, entidades gremiales, cámaras, asociaciones, fundaciones, ONGs, etc. ha permitido ofertar una formación más eficiente y más plural, entregando al aparato productivo nuevos recursos formados con altas tecnologías, o bien con tecnología básica de producción. En tal sentido el apoyo y promoción de estas alianzas estratégicas es fundamental para las futuras estrategias de desarrollo de la formación profesional en la subregión.

Apoyar las iniciativas que tiendan a la conformación de unidades especializadas de atención a los sectores excluidos, sean estas del sector privado o del sector público, a través de ofertarles el soporte teórico y técnico, que les permita sobrevivir en los mercados formativos, es parte central de la nueva estrategia de formación profesional, que permitirá en alguna medida superar las disyuntivas planteadas.

Llevar a la discusión nacional el tema de la formación profesional será otra estrategia necesaria e importante, así como permeabilizar a la Sociedad y específicamente al Estado, para aumentar los volúmenes de aporte financiero, para enfrentar esta gran demanda social acumulada, a través de la implantación de programas masivos de formación, financiados por la cooperación internacional, que permitan evidenciar los beneficios de sus resultados y presionen por obtener mejores niveles de apoyo financiero a nivel del Estado, en los cursos normales de formación.

8.1.5. El reto de propiciar las iniciativas privadas:

Una estrategia dejaría de ser completa si no se articulan todos los esfuerzos nacionales para impulsarla, en tal sentido el papel de los actores privados es determinante para la consecución de metas y estrategias nacionales. La estrategia debe apoyar las iniciativas privadas que se desarrollen en la formación profesional, en la tecnología y en la productividad.

Anteriormente se hablaba de impulsar los sistemas nacionales de formación profesional, así como de las iniciativas privadas para la formación de empresas privadas que ofertaran formación y capacitación, sin embargo esta estrategia no agota el accionar privado, debe de impulsarse y propiciarse el accionar del sector privado, de sus gremiales y cámaras a efecto de que las mismas asuman un rol más desarrollista y más protagónico en la creación de instancias privadas que permitan aumentar la productividad nacional y atender a todos los sectores a través de las mismas.

Iniciativas de creación de centros nacionales de productividad, o bien fundaciones tecnológicas, bolsas electrónicas de empleo, escuelas gremiales de formación, en fin se podrían describir exhaustivamente diferentes instancias en las cuales el accionar del sector privado, podría traducirse en impactos significativos a nivel nacional, en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, o tecnologías apropiadas, así como centros de estudio para el incremento de la productividad de las empresas, no importando su dimensión, o centros nacionales de aseguramiento de la calidad, especialmente de la calidad de los cursos formativos, o bien centros privados de competitividad, o fundaciones que propendan a mejorar la relación entre capital y trabajo.

8.1.6. El reto de la creación de programas de capacitación y empleo para jóvenes:

Otro reto determinante en las acciones que realizan las Administraciones del Trabajo en Latinoamérica, son el diseño y la implementación de programas masivos de capacitación y de empleo para jóvenes, dichos programas han posibilitado capacitar a fuertes contingentes de la PEA joven, con resultados de alta colocación en los mercados laborales.

Los mismos han debido de ser concertados a nivel nacional y financiados a través de préstamos de los organismos financieros internacionales. En función de los resultados que se han obtenido, posteriormente los propios Estados han generado programas similares con fondos propios de los presupuestos nacionales, experiencias como la Chilena, la Argentina, la Uruguaya, la Peruana, la de Trinidad y Tobago, han propiciado que países como Venezuela, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Panamá, se encuentren ejecutando o planificando proyectos de este tipo.

El resultado positivo que genera la implantación nacional de una unidad ejecutora para desarrollar este tipo de proyectos, ha generado cambios en las Administraciones de Trabajo, así como propiciado la nueva institucionalidad que se ha señalado en párrafos anteriores.

8.1.7. El reto de formar para el empleo:

Debemos de partir que la evolución del empleo en el mundo sigue siendo desalentadora, el desempleo se mantiene en altos niveles y se percibe un aumento de las desigualdades salariales, agudizándose los problemas de exclusión a causa del número creciente de trabajadores empobrecidos. Existe una gran preocupación por que la globalización agrave el desempleo y la tecnología engendre un crecimiento sin creación de empleos.

Es criterio de la OIT que el incremento del desempleo a nivel mundial, se debe a una disminución en las tasas de crecimiento económico, que a un repentino aumento de la falta de empleo. Considera también que la globalización no es la causal del desempleo, sino que más bien trata de incidir sobre el mismo a través del aumento de la productividad y el comercio, pudiendo servir de incentivo para el crecimiento económico.

La creación de empleo durante los últimos 35 años ha sido casi constante en el mundo, sin embargo el empleo ha tenido un ritmo de crecimiento bastante inferior al crecimiento de la fuerza de trabajo.

La tecnología tampoco es un causal de la pérdida de empleos ya que los horarios de trabajo, aumentaron en los últimos 30 años a pesar de los niveles elevados de innovación tecnológica de los países desarrollados. La evolución tecnológica si explica la desigualdad salarial, en función de retribuirse en mejor forma a los más calificados en el uso de las nuevas tecnologías. Se puede afirmar que en los últimos 20 años la desigualdad de los ingresos ha aumentado.

Respecto a la inestabilidad laboral, se percibe en los países industrializados que las tasas de separación del servicio no reflejan incrementos significativos y más bien tienden a permanecer constantes.

"Se puede concluir que a nivel mundial las principales causales del desempleo actual son: Las menores tasas de crecimiento económico registradas desde 1973; La lenta adaptación de los salarios a la menor progresión de la productividad laboral; La aparición de la inflación de origen salarial; La eliminación progresiva del mundo del trabajo de que son objeto los desempleados de larga duración".

A nivel de Latinoamérica pocos países han experimentado un crecimiento durante los últimos 20 años, salvo Chile el resto de países no ha satisfecho el aumento y creación de puestos de trabajo más productivos y mejor remunerados. La limitante de creación de empleo en el sector moderno ha provocado un desplazamiento masivo hacia empleos de escasa productividad en el sector no estructurado urbano y rural, con la consiguiente reducción de los ingresos y el aumento de la pobreza. La imposibilidad de recuperarse de la crisis de la deuda externa, se señala como la causa fundamental del deterioro de las condiciones de empleo en muchas regiones del mundo en desarrollo.

El rápido crecimiento logrado en algunos países en desarrollo se sustentó en un apoyo decidido a la educación, en elevadas tasa de inversión y en el aprovechamiento eficaz del capital disponible, en la estabilidad política, social y macroeconómica, así como en instituciones jurídicas y financieras que ejerzan sus funciones.

El reto de las administraciones de trabajo es que la formación que ofertan los sistemas de formación profesional nacionales incidan en la empleabilidad, formando personas que respondan a la demanda específica de los empleadores y de las empresas, a través de una formación en competencias laborales.

No basta con formar adecuadamente para superar este reto, se requiere contar con una base sólida de educación formal, ya que los empleadores demandan mayores calificaciones, para la incorporación de nuevo personal. Es práctica común exigir el noveno año de estudios o la secundaria completa, para acceder en la actualidad a los puestos de trabajo.

La globalización ha desplazado de sus trabajos ha todos aquellos trabajadores con baja calificación, o sin ninguna calificación. Las empresas por sus costos operativos, prefieren recalificar a sus técnicos que incorporar nuevo personal, en tal sentido aquellos que poseen una base sólida de conocimientos y que conocen la operación de la empresa, son recalificados y actualizados en nuevas tecnologías puntuales, o bien son desplazados horizontal y verticalmente dentro de las empresas. El reto entonces es calificar mejor y ofertar la recalificación y actualización demandada por las empresas.

El reto actual es qué hacer con aquellos que no han cursado más de dos años de educación o con los analfabetas, quienes encuentran empleo únicamente, dentro del sector informal de la economía o en tareas del sector moderno agrícola que no demandan excesiva calificación, lo que de hecho los ubicaría en el reservorio de pobreza urbana o rural, en donde perciben bajos salarios, que no les permiten cubrir sus necesidades básicas de alimentación y las de su familia.

Las reformas a pesar de ser indispensables no bastan para mitigar la pobreza, en tal sentido deberían ir acompañadas por programas encaminados a potenciar la capacidad productiva de los pobres o grupos más vulnerables y a las explotaciones agrícolas pequeñas y marginales. Dichos programa deberían promover el desarrollo de la infraestructura rural, el establecimiento de planes crediticios y mejorar el acceso a la educación y a los servicios de salud.

Se debe propiciar también que el sector no estructurado se oriente hacia el desarrollo tradicional, buscando que el mismo genere nuevas y mejores fuentes de trabajo, a través de ofertarle igualdad de acceso a los recursos, tales como insumos, tierra, créditos, mercados, conocimientos técnicos especializados, información e infraestructura.

El principal recurso de que dispone el pobre es su trabajo. Aumentar la productividad de ese trabajo a través de una mejor capacitación, constituye una de las claves para conseguir empleo, aumentar las ganancias y reducir las disparidades de la distribución de la renta. La capacitación y la educación incrementan la capacidad de un individuo de responder a las oportunidades que brinda el mercado y le abre una vía hacia la obtención de trabajos más calificados y mejor remunerados.

No obstante los desempleados y los subempleados pobres de las ciudades y del campo, no tienen acceso fácil a estos servicios, por la ausencia de suficiente infraestructura de cobertura y por el hecho de que la capacitación, se encuentra articulada al sector moderno, a través de instituciones cuyo interés es la atención del mismo y de sus demandas.

La revolución de la informática, considerada por algunos como más significativa que la propia revolución industrial, ha modificado patrones de comportamiento, la estructura del empleo y del trabajo, a tal punto que la propia geografía quedará supeditada a los avances tecnológicos y la misma no se constituirá en barrera para desarrollar el trabajo o para comunicarse. Este cambio tecnológico elimina ciertos puestos de trabajo y demanda otros puestos de trabajo, y como lo demuestra la historia de las grandes revoluciones tecnológicas, las mismas crearon más puestos de trabajo que los que destruyeron.

Los procesos computarizados han revolucionado a todos los sectores y los seguirá impactando, en igual forma la educación, la capacitación y la formación han sido impactadas por el uso de nuevas tecnologías de estudio, nuevas formas de acreditación, comunicación satelital y otras que provocan profundos cambios en el entrenamiento, eliminando las barreras físicas de tiempo y espacio.

La inferencia de lo que se ha venido desarrollando es obvio, debemos preparar y abrir las economías de los países para competir en mercados globalizados, dotando a los países de una base sólida de recursos humanos que posean una formación y una educación general amplia, elevando la media de estudios de los futuros trabajadores, que les permita ser flexibles, autodirigidos y autocontrolados, calificándolos con conocimientos que les permitan movilizarse en un mundo externo, altamente competitivo, de mucha calidad, de gran exigencia y que demanda de grandes conocimientos de informática y de uso adecuado de la misma.

Quedan sin embargo preguntas significativas a ser planteadas, ¿la mundialización conllevará un desarrollo mayor del sector no estructurado? ¿Hasta donde el desarrollo del sector no estructurado repercutirá en el crecimiento económico? ¿ Se tenderán puentes entre el sector formal e informal.

Los retos aún no han sido resueltos, y faltan muchas acciones por ser desarrolladas por las administraciones de trabajo y los sistemas de formación y capacitación, así como por el Estado y el conjunto de la Sociedad. La tarea es aún muy grande y se demandan esfuerzos sistemáticos para poder superar el subdesarrollo y la inserción en un mundo globalizado.