Historia de la legislación chilena sobre drogas

El exámen de esta materia se remonta a nuestro Código Penal de fines de 1874.

Los delitos contra la salud pública fueron tratados por la Comisión Redactora del Código, por primera vez, en sesión celebrada el 8 de Noviembre de 1871. La discusión del tema descansó en el tratamiento que el Código Penal Español daba a la materia en esa época, aprobándose un artículo, el 305, que decía: "El que sin hallarse competentemente autorizado elaborare substancias nocivas a la salud o productos químicos que pudieran causar grandes estragos, para espenderlos, o las despachare o vendiere o comerciare con ellas, será castigado con reclusión menor o multa."(Sic)

Más tarde, durante la etapa de "revisación" que llevó a cabo la Comisión Redactora, en la sesión de 23 de Junio de 1873, se modificó el texto de la disposición y se lo sustituyó por el siguiente: "El que sin hallarse competentemente autorizado elaborare substancias o productos nocivos a la salud o trafique en ellos estando prohibida su fabricación o tráfico, será castigado con reclusión menor en su grado medio i multa de 100 a 500 pesos."

Sustituyéndose la palabra "trafique" por "traficare", la norma anterior dio origen al artículo 313 del Código Penal que comenzó a regir el 1° de Marzo de 1875.

Debe observarse la sanción corporal asignada al delito, que comienza en quinientos cuarenta y un días de privación de libertad y termina en tres años. Es una pena liviana, si así pudiera decirse, por cuanto a fines del siglo pasado no se conocía ni se esperaba el problema social derivado de la droga que actualmente daña a la salud pública.

El mismo Código contempló otro tipo de delitos contra la salud pública, además del recientemente señalado, a los que no nos referiremos, por cuanto - en esencia - el que acabamos de citar cubre dos extremos medulares de su represión jurídica: elaboración y tráfico propiamente tales.

Hubo de transcurrir un largo tiempo, aproximadamente un siglo, para que hiciera su aparición un nuevo cuerpo legal que se refiriera al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

El 11 de junio de 1969 se publicó la ley N°17.155 que se hizo cargo de la represión de estos delitos con mayor detalle y especificidad.

Se había comprendido y vislumbrado el problema que se avecinaba.

Esporádicos y aislados grupos de delincuentes eran sorprendidos con laboratorios clandestinos fabricando y produciendo, especialmente clorhidrato de cocaína.

Los estratos sociales altos de nuestro país comenzaron a consumirla con cierta notoriedad y desinhibición.

El problema era limitado y controlable. No había aún alarma pública, en los términos actuales.

No obstante lo anterior, las penas privativas de libertad se elevaron y se establecieron algunas figuras penales o delitos que se han conservado hasta el día de hoy.

Más adelante, el consumo abusivo de Cannabis sativa, particularmente en niveles socio-económicos de escasos recursos, alertó al legislador de la época y se dio comienzo a nuevos estudios legislativos sobre la materia.

Es posible señalar que la base de nuestra actual legislación sobre tráfico ilícito de drogas fue la ley 17.155, la que evolucinó hasta lograr conformar un cuerpo legislativo, como es el que hoy nos rige, que no obstante ser susceptible de mejoramiento, puede estimarse completo al abarcar todo el trayecto de la droga, desde que se la elabora o produce, hasta que es consumida.

Solo cuatro años más tarde, el 16 de Mayo de 1973, se promulgó la ley N° 17.934, que estableció normas para reprimir el tráfico ilegal de estupefacientes; modificó el Código Penal en lo que respecta a delitos contra la salud pública y amplió parcialmente la planta de abogados del Consejo de Defensa del Estado, atendida la importante labor acusadora que se le entregó en los procesos penales relativos a esta clase de delitos.

Los esfuerzos por perfeccionar estos cuerpos legales continuaron.

La droga se popularizaba. El consumo aumentaba día tras día.

El 4 de Marzo de 1985, se publicó en el Diario Oficial la ley N° 18.403 sobre esta materia. Si bien, en general, la penalidad se conservó, se aumentó la relativa al tráfico de drogas y sustancias estupefacientes que no son tan dañinas, como ocurre con la marihuana, debido a que en aquella época hacía estragos en nuestra juventud y en las poblaciones.

El problema de la droga se agudizaba. Se transformó en uno de carácter social grave, atendida la masividad de su consumo.

Los solventes, particularmente el "neoprén", se aspiraban por menores de escasos años de edad, estudiantes y jóvenes de sectores marginales consumían marihuana y pasta base, sustancia esta última de toxicidad y dependencia extremas que concluyó siendo de tan bajo costo que desplazó en un índice porcentual elevado a la propia marihuana.

Ante el fenómeno anterior, la preocupación política era intensa.

En el campo internacional, principalmente en las Naciones Unidas se formulaban propuestas con el fin de dar protección jurídica a la comunidad toda. La humanidad aparecía expuesta en su salud debido a la ramificación internacional del tráfico y el consumo. El 20 de Agosto de 1990 se publicó en Chile, con valor de ley de la República, la Convención de Viena de 19 de Diciembre de 1988, en virtud de la cual, Chile, al igual que todos los países que la suscribieron, la ratificaron y acataron como ley interna, se comprometió a adecuar y adaptar su legislación a los principios consagrados en dicha Convención tendientes a reprimir toda clase de conductas relacionadas con la producción, elaboración, tráfico y consumo de drogas y sustancias estupefacientes y con el aprovechamiento de los beneficios económicos producidos por esta actividad ilícita.

La delicada tarea de adecuar nuestra legislación a los principios internacionales aceptados en virtud de dicha Convención, correspondió al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, el que se avocó a tal tarea y al que nos referiremos en el capítulo siguiente.

Esta ley, como se ha expresado, se preocupó de hacer propios los principios consagrados en la Convención de Viena de 1988. Así, según puede leerse en algunas de sus disposiciones, además de castigarse la elaboración, plantación y el tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, se sanciona el desvío de precursores químicos y el consumo de drogas cuando éste se realiza en determinados lugares, como asimismo, el aprovechamiento de los beneficios que hacen los delincuentes del producto de su actividad ilícita relacionada con las drogas.

La ley actual, además, permite la infiltración y fiscalización de las organizaciones delictuales; un método de apoyo y colaboración policial y judicial de carácter internacional; un tratamiento al consumidor y, en general, todo el mecanismo necesario, de acuerdo con nuestra infraestructura, para encarar el problema socio penal de la droga.

Estimamos que para que la acción sostenida contra la droga tenga éxito en nuestro país, se requieren, entre otras, dos cosas fundamentales: un buen instrumento jurídico en permanente evolución y perfeccionamiento; y una conciencia social alerta que rechace desde lo más íntimo el tráfico y el consumo de drogas.

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