3. Evaluación del período 1990-1995
A comienzos de 1990, con la asunción del nuevo gobierno, se procurará
reestructurar las políticas sociales desde un enfoque que atienda no solo las necesarias
respuestas coyunturales, sino procurando también un fortalecimiento institucional que
permitiera encarar un desarrollo autosostenido de mediano y largo plazo. En este sentido,
se definió a la política social como "un conjunto de decisiones surgidas del
sistema político, mediante el ordenamiento institucionalizado del poder estatal, en tanto
que asigna imperativamente valores en relación al logro de la igualdad de oportunidades
que debería ofrecer una propuesta democrática a los miembros de la sociedad"
(CT/OPP-BID, 1992).
Dicho enfoque, se basaría en ciertos principios básicos, entre los
que se destacan:
La consideración de la política social como un factor de desarrollo
La igualdad de oportunidades como un problema permanente
La necesidad de encarar resueltamente la reducción de las desigualdades
sociales (a través de la focalización y la subsidiariedad)
La necesidad de ampliar los mecanismos de participación ciudadana
La acción integral del sector público
La implementación de un efectivo "sistema" de políticas
sociales
Para concretar dichos planteos, se pusieron en práctica algunos
instrumentos específicos, entre los que se destacan:
La creación del Programa de Inversión Social (PRIS), como un mecanismo
ordenador, planificador, evaluador y catalizador (no ejecutor) en el ámbito de las
políticas sociales.
La creación del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) como un
mecanismo para responder con rapidez y eficacia a las necesidades más apremiantes,
resultantes del proceso de ajuste puesto en práctica.
Al mismo tiempo, se comenzó a orquestar el denominado "sistema de
políticas sociales", como un modelo de coordinación de las políticas públicas en
la esfera del desarrollo social, con algunos objetivos centrales: fijación de grandes
metas, implementación de políticas globales, coordinación macroestructural, y
seguimiento y evaluación de programas específicos. El mecanismo puesto en práctica para
la efectivización de dichos planteos, fue la denominada Comisión Interministerial del
Area Social, que funcionó como un "Gabinete Social" en la medida que estaba
compuesto por los Ministros del ramo y delegados alternos para el desarrollo de sus
funciones específicas. Si bien su creación permitió alentar esperanzas, por cuanto
podía permitir el encare efectivo de los principales "cuellos de botella" de
las políticas sociales actuales: sectorialización, inespecificidad, burocratización y
asistencialidad como normas rectoras; esta comisión tuvo una escasa operatividad en el
período.
En lo que respecta al PRIS (ahora Programa de Fortalecimiento del Area
Social) funcionó como Secretaría Técnica de la Comisión, con el cometido de realizar
todos aquellos estudios y evaluaciones necesarias, conjuntamente con la formulación de
programas y presupuestos necesarios para una mayor integración de esfuerzos y una mayor
eficiencia en la labor de la administración pública al respecto. Además de esta
"unidad central de programación", se montaron unidades sectoriales, tratando de
fortalecer el aparato institucional vinculado con el desarrollo social, mejorando los
sistemas informativos, los mecanismos de seguimiento y control, las técnicas de
evaluación y programación, la reorganización técnico-administrativa y la capacitación
de recursos humanos. Un aspecto destacado de todos estos esfuerzos, tiene que ver con el
imprescindible proceso de descentralización, procurando fortalecer las instancias
municipales. Para ello, se dieron pasos en la instalación de "unidades especiales de
programación" en casi todas las Intendencias Municipales (o fortaleciendo aquellas
ya existentes), con la intención de poder llegar con mayor celeridad y eficacia a los
destinatarios efectivos de los programas a implementarse. Aunque los resultados logrados
son muy heterogéneos, en varios casos se lograron resultados importantes, y se comenzaron
a abrir brechas en la anquilosada estructura preexistente.
El apoyo de la cooperación internacional en este sentido, fue
importante, por cuanto el ajuste fiscal impidió el financiamiento efectivo de este tipo
de iniciativas con recursos locales. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) han jugado un importante papel en el desarrollo del sector social en nuestro país,
y seguramente lo seguirán haciendo, habida cuenta de las condiciones actuales. En lo que
respecta al Fondo Social de Emergencia (FISE) su creación en el mes de marzo de 1990
respondió a la necesidad de contar con una vía expedita para atender las situaciones de
emergencia social provocadas por la política de ajuste (cuestión planteada por el
gobierno en la justificación de su creación). Tuvo su inspiración -al igual que la
mayoría de los Fondos de Emergencia de la región- en la creación del Fondo de
Emergencia Social de Bolivia. Los ejes sobre los que cuales se planteaba la acción del
FISE fueron la integralidad, focalización, y el desarrollo productivo. El FISE dividió
su accionar en los siguientes aspectos:
* Apoyo Coyuntural a Programas del Estado
* Ayudas Puntuales.
El Trabajo en la Comunidad se asentaba en favorecer la implementación
de Programas Sociales y el Desarrollo Productivo a través de la coordinación
intergubernamental y con las ONGs. En síntesis, la estrategia de acción pasaba por el
apoyo y la implementación de programas sociales y apoyo al desarrollo productivo, a
través de la canalización de fondos de la cooperación internacional, jugando un papel
de coordinador entre el resto de las instancias estatales y las ONGs, y apoyando
cuestiones puntuales. Para la consecución de esos fines, el FISE se dio un
funcionamiento basado en una estructura burocrática mínima, con personal de dirección
honorario. Por otra parte, el Decreto de su creación incluía también el momento de
finalización de su actividad junto con el período del gobierno, no sólo como forma de
evitar la tendencia a la institucionalización, sino también porque la filosofía de su
creación fue paliar en el corto plazo los efectos de un ajuste cuyos frutos positivos se
tendrían en un plazo más largo. En lo que refiere al financiamiento, el mismo
provendría exclusivamente de lo obtenido a través de la cooperación internacional. Las
actividades desarrolladas por este organismo fueron las siguientes:
Apoyo a Programas del Estado:
Se apoyó el programa Verano Solidario, consistente en mantener
abiertos los Comedores Escolares durante el cierre de cursos, en aquellas escuelas con
niños procedentes de hogares en condición de pobreza o emergencia social. El mismo fue
financiado por el FISE en el primero de los tres años de implementación. Se
desarrollaron actividades con el Ministerio de Salud Pública.
Trabajos en la Comunidad:
Se llevó adelante un relevamiento de asentamientos marginales en
Montevideo.
Atención a familias con carencia de viviendas en una zona de
Montevideo.
Otras acciones desarrolladas:
Se firmaron convenios bilaterales con Brasil, Paraguay, Argentina y
Chile, pero que no tuvieron traducción práctica.
Coordinación Interinstitucional a nivel estatal
Se efectuaron coordinaciones con varias reparticiones del Estado
mediante firmas de convenios pero que no tuvieron en general una mayor traducción
práctica, según la evaluación efectuada en el Taller Nacional por el Director
Coordinación con las ONGs
La coordinación con las ONGs estaba planteada entre los objetivos
iniciales, pero esta no se llevó a la práctica y por lo tanto no arrojó ningún tipo de
resultados. Fueron contadas las situaciones en que participaron ONGs en la implementación
de algunas de las actividades realizadas por el FISE. En los casos que sí sucedió, no
existieron mecanismos de selección o llamados a las ONGs del medio, desconociéndose los
criterios por los cuales las ONGs que participaron accedieron a la implementación de los
proyectos - que según la información disponible no excedieron el número de 4 o 5.
Financiamiento
La posibilidad de acceso a fondos de la cooperación internacional fue
casi inexistente. Esfuerzos realizados ante la CE no dieron sus frutos, como tampoco otros
efectuados con el gobierno canadiense que preveían la venta de producción nacional. En
definitiva, los objetivos que se persiguieron la creación del FISE conllevan un
diagnóstico implícito de los problemas existentes en los mecanismos institucionales
encargados de ejecutar las Políticas Sociales en la órbita del Estado:
* Flexibilidad frente a la burocratización.
* Integralidad frente a la sectorialización histórica de las
Políticas Sociales en Uruguay.
* Focalización y selectividad frente a lo indiscriminado de las
acciones estatales tradicionales.
En síntesis: a pesar que se definen objetivos de corto plazo, existe
una deseo de perdurabilidad y de servir de efecto de demostración para la reformulación
de políticas sociales. La pregunta a hacerse es la siguiente: ¿es posible que el
Estado se de mecanismos institucionales para contrarrestar con éxito los problemas
implícitos en su propio modo de operar, y al margen de los mecanismos ya existentes?
Todo parece indicar que la clave está en una profunda reforma del sistema de políticas
sociales uruguayos, considerada como una de las caras ineludibles del proceso de reforma
del Estado. Sin duda alguna, una reforma que apunte a la definición de la política
social tomando como punto de partida los beneficiarios, y no los servicios existentes, es
de vital importancia como marco de referencia a políticas integrales de juventud, tal
cual se explicitará en las páginas que siguen. Para finalizar, es necesario dar cuenta
de un dato significativo: el aumento del gasto público en algunas de las áreas de
desarrollo social, facilitado por el ya señalado crecimiento económico de esta etapa.