Sindicatos y formación
TRABAJO Y SALUD HACIA EL TERCER MILENIO
MUERTE EN LAS OBRAS
El gremio de la construcción y la peor muestra en cuanto a la salud laboral en el Uruguay de fin de siglo.
Como en casi todas las actividades laborales el número de trabajadores y su localización, es un dato estimativo proveniente de numerosas fuentes. Según los Censos de 1985 y 1996, en la construcción trabajan entre 85 y 92.000 ciudadanos en todo el país.
Por los datos del B.P.S., que registra para la administración de los beneficios (Aguinaldo, salario vacacional, licencia), a los trabajadores comprendidos por la Ley de Aporte Unificado (D.L. 14.411/76) la cifra varía mensualmente y se ha ubicado en los últimos 5 años entre 27 y 36.000 trabajadores, siendo los años de mayor registro el 93 y 94 con entre 50 y 67.000 trabajadores.
De acuerdo a los datos del estudio realizado en 1997, "Salud Laboral en la Construcción, octubre 93 a octubre 96" (Informe final del 20 de octubre de 1997, UCUDAL), con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.) y monitoreado por el Programa de Modernización de las Relaciones Laborales de la U.C.U.D.A.L., ejecutado por el SUNCA, una distribución aproximada sería la siguiente:
Incluidos en la Ley de Aporte Unificado-14.411:
38.000 en montaje de obras de arquitectura e ingeniería (edificios, rutas, puertos, instalaciones de agua, saneamiento, luz, telecomunicaciones, etc.);
Que tributan a la seguridad social en Industria y Comercio:
7.000 en fábricas de componentes (hormigón, ladrillos, cerámicas, etc.) y almacenamientos;
2.000 en extractivas ( canteras de piedras, areneras, caleras, etc.);
2.000 en transportes de materiales y otros servicios como hormigón premezclado, andamios e instalaciones y equipos, etc.
3.000 en diversas obras rurales, canalizaciones, baños de ganado, etc. que generalmente son contratados como "peones rurales" para el menor pago de salario y beneficios sociales;entre 33 y 40.000 trabajadores entre construcciones "informales" y desocupados o que pasan a otras actividades - rurales en el interior, forestación por ejemplo.
Por su parte el 70% se localiza en los departamentos del sur del país, predominantemente en Montevideo, Canelones y Maldonado, y el restante 30% en todo el resto del territorio.
El trabajador de la construcción tiene entonces un primer problema desde el punto de vista del sistema tradicional de la salud laboral, su continua movilidad en cuanto al lugar de trabajo, a lo que se suma que en numerosas obras -fundamentalmente las suburbanas y rurales- no existen referencias localizativas inmediatas. Al mismo tiempo, si bien las obras pueden durar entre uno o varios años, según el tipo de obra, el trabajador cambia su lugar de trabajo en el curso de la obra, y suele trabajar sólo durante una etapa determinada ( la estructura de hormigón, los carpinteros y herreros).
Vale decir que en el curso de la obra encontraremos distintos trabajadores, según las etapas. Esta movilidad tradicional, se ve agravada durante la década del 90, por dos motivos principales.
El cambio del promotor estatal de obras por la promoción privada, y la drástica reducción de la calidad constructiva operada a través de tipologías y morfologías precarias, sustitución de materiales nobles, introducción de equipos y sistemas diseñados para el "ahorro de mano de obra".
Estos cambios se operan mediante la implantación forzosa de sistemas de sub contratación que mediante las formas de responsabilidad comercial se destinan a ELUDIR LA RESPONSABILIDAD LABORAL, ESTO ES EVITAR EL PAGO Y LAS RESPONSABILIDADES DEL DERECHO LABORAL.
A pesar de los ingentes esfuerzos de autoridades de gobierno y empresarios, en cuanto a atribuir las abundantes muertes en el sector (16 en 1999) al alcoholismo o a la falta de conocimiento de los trabajadores, el estudio citado muestra que sobre 43 muertes ocurridas entre octubre del 93 y octubre del 96, en ninguna de ellas se pudo certificar la alcoholización del trabajador, y en cambio sí se comprueban notorios incumplimientos a las normas de procedimientos de trabajo, a la ausencia de protecciones colectivas de trabajo, a la rotura de equipos e instalaciones por obsolecencia o sobreuso, a la ausencia de los equipos personales de protección.
Al mismo tiempo, si bien las obras pueden durar entre uno o varios años, según el tipo de obra, el trabajador cambia su lugar de trabajo en el curso de la obra, y suele trabajar sólo durante una etapa determinada (la estructura de hormigón, los carpinteros y herreros).
Vale decir que en el curso de la obra encontraremos distintos trabajadores, según las etapas. Esta movilidad tradicional, se ve agravada durante la década del 90, por dos motivos principales.
El cambio del promotor estatal de obras por la promoción privada y el crecimiento de la producción informal por un lado, y por otro y al mismo tiempo, la drástica reducción de la calidad constructiva operada a través de tipologías y morfologías precarias, sustitución de materiales nobles, introducción de equipos y sistemas diseñados para el "ahorro de mano de obra".
Estos cambios se operan mediante la implantación forzosa de sistemas de sub contratación que mediante las formas de responsabilidad comercial se destinan a ELUDIR LA RESPONSABILIDAD LABORAL, ESTO ES EVITAR EL PAGO Y LAS RESPONSABILIDADES DEL DERECHO LABORAL.
A pesar de los ingentes esfuerzos de autoridades de gobierno y empresarios, en cuanto a atribuir las abundantes muertes en el sector (16 en 1999) al alcoholismo o a la falta de conocimiento de los trabajadores, el estudio citado muestra que sobre 43 muertes ocurridas entre octubre del 93 y octubre del 96, en ninguna de ellas se pudo certificar la alcoholización del trabajador, y en cambio sí se comprueban notorios incumplimientos a las normas de procedimientos de trabajo, a la ausencia de protecciones colectivas de trabajo, a la rotura de equipos e instalaciones por obsolecencia o sobreuso, a la ausencia de los equipos personales de protección.
En buena parte de los casos, existía represión sindical, diversos grados de otras violaciones de derechos laborales (fuera de planilla, evasión de aportes a la seguridad social, etc.), con lo que la dialéctica "ahorro de costos"- "desregulación laboral", constituye la causa real de las muertes y multiplicidad de accidentes en el sector de construcciones.
Algunos datos importantes del estudio:
Página 33, EDAD de los fallecidos distribuidos por deciles etáreos:
Menores de 25 años - 6 - 13,8 %
De 26 a 35 años - 11 - 25,5 %
De 36 a 45 años - 18 - 41,8 %
Mayores de 46 años - 8 - 18,3 %Página 34, PROFESIÓN de los fallecidos: albañiles, electricistas, carpinteros, herreros, maquinistas, pintor, gruísta, ascensorista, 29 trabajadores, el 67,5 % de los fallecidos. Peones sin especialización , 14 trabajadores, el 32,5 %
Página 34, CATEGORÍA en la profesión :
Peones - 14 - 32,5 %
1/2 oficial - 2 - 4,6 %
Oficiales - 24 - 55,8 %
Encargado- 1 - 2,3 %
Capataz - 2 - 4,6 %Página 35 , ANTIGUEDAD en la industria :
Menos de 1 año - 1 - 2,3 %
Entre 1 y 3 años - 7 - 16,3 %
Entre 4 y 10 años - 15 - 39,94 %
Entre 10 y 15 años- 12 - 27,84 %
Más de 15 años - 8 - 18,6 %Estas primeras cuatro caracterizaciones de los trabajadores de la construcción fallecidos en accidentes de trabajo, permiten una primer síntesis que desmiente mucha teoría y falta de información.
El 67,3 % tenía una edad entre 26 y 45 años- esto es la plenitud biológica de las condiciones sico-físicas.
El 67,5 % eran trabajadores calificados (de los diversos oficios de la construcción) y el 32,5 % peones, esto es trabajadores sin oficio reconocido aunque ello no significa falta de experiencia.
El 55,8 % eran oficiales en su oficio y el 6,9 % encargados y capataces, y el 81,4 % tenían una antiguedad mayor a los 4 años en la industria.
Cuando el estudio profundiza el análisis de la información sobre los 43 accidentes, se constata que, páginas 44 y 45 del estudio: 16 trabajadores el 37,2 % de los fallecidos, cayeron desde alturas por rotura de las instalaciones de trabajo (andamios, balancines, grúas, etc.) o por estar ejecutando trabajos expuestos al vacío sin las protecciones correspondientes (barandas, cinto y cuerda de seguridad, etc.).
17 trabajadores, el 39,6 % de los casos estudiados, encontraron la muerte aplastados por derrumbes de maquinaria, apuntalamientos, construcciones preexistentes, y otros 10 trabajadores, el 23,3 %, encontraron la muerte por electrocutamiento con líneas de energía sin aislar en el espacio de trabajo o por maquinaria en cortocircuito.
Estas cifras tienen que ver con las condiciones técnicas precarias (como lo anotábamos al principio) en que se realiza la producción.
Otro aspecto analizado en el citado estudio, es el que refiere al campo de las relaciones sociales en que se realiza la producción en que se registran los 43 casos. Al respecto tres variables son relevantes: situación sindical en el centro de trabajo, agremiación del empresario y propietario de la obra.
Según la situación sindical en el centro de trabajo, encontramos en la página 47, que en el 60,5 % ( 26 casos) no existía organización sindical de los trabajadores y los mismos declararon un clima de represión encubierta.
En el 25,5 % ( 11 casos), preexistieron al accidente del caso, formas explícitas de represión sindical (despidos, sanciones, etc.).
Sólo en 6 casos 13,9 % del total, existía organización sindical normal.
Por otro lado, en cuanto a la agremiación del empresario del centro en que ocurre el caso, en la página 40 encontramos:
Cámara de la Construcción - 18 fallecidos - 41,8 %; en el que el empresario estaba agremiado en la Asociación de Promotores Privados, 11 casos (25,6 %) y de la Liga de la Construcción,1 caso, el 2,3 %.
Vale decir que, un 69,7 % de los accidentes mortales se registraron en obras de empresarios agremiados a las principales cámaras empresariales. Por otro lado, 9 casos (20,9 %), correspondieron al sector informal y 4 (el 9,3%) a empresas no agremiadas.
En cuanto a los propietarios de obra- página 42 del estudio- se registran 14 casos (32,6%) en obras licitadas por el sector público (MTOP, UTE, ANTEL, Intendencias) y el restante 67,4 % en obras de propietarios privados.
Estas cifras están entonces mostrando algunas cosas bastante claras.
La mayor cantidad de accidentes mortales se registra en obras con represión sindical, de empresarios agremiados en las cámaras empresariales y no en organizaciones informales y en obras de propietarios privados (inversores inmobiliarios, sector industrial y comercial).
En este último aspecto, no es poco importante la incidencia del sector público y si consideramos que los trabajos que hoy realizan las empresas constructoras no son otra cosa que la terciarización de actividades desde 1975 de las empresas e instituciones públicas, constatamos aquí una forma específica de precarización por terciarización.
La lucha de los trabajadores de la construcción, histórica si las hay, (en 1899 el periódico La Voz de orientación socialista, comienza a publicar mensualmente las muertes ocurridas en la Construcción),
las muertes y accidentes en la última década, principalmente entre los años 93 y 96, lleva a que por primera y única vez en Uruguay se aplique el Convenio Internacional de Trabajo N° 155.A través del decreto 53/96 del 1° de marzo de 1996, que determina el Delegado Obrero de Seguridad en la obra, su capacitación en el horario de trabajo sin pérdida de salario, y su potestad de- a través del Libro de Obra (registro oficial) de la marcha de los trabajos- asentar los reclamos en una forma oficial, válida para las instituciones del Estado y para la Justicia.
A pesar de que este decreto fue seguido por otro a los 15 días, de carácter limitativo, ya que exige condiciones mínimas para ser elegido Delegado de Seguridad (dos años en la industria, tres meses en la obra y la categoría de oficial) con lo que la posibilidad de elegir delegado se restringe al 20% de los trabajadores, la elección y capacitación de más de 350 delegados entre mayo de 1996 y julio de 1997, seguramente es uno de los factores que inciden para que los números de accidentes mortales disminuyan - al menos por un tiempo.
Las cifras indican en el estudio anualizado entre el 1° de octubre y el 31 de octubre desde 1993 a 1997, página 59:
Período Horas trabajadas Casos Indice de frecuencia Algunas explicaciones. De forma: las horas trabajadas son millones (157 millones). El índice de frecuencia expresa la tasa entre los casos sucedidos, medidos en determinado período sobre la cantidad de horas trabajadas por todos los trabajadores expuestos al tipo de accidente o riesgo en ese período, por cada millón de horas trabajadas por la fuerza laboral afectada.
Como vemos, a pesar de que los casos se reducen a la tercera parte entre el primer y cuarto período, en realidad la cantidad de casos tiene un distinto significado respecto a las horas trabajadas o tiempo de exposición de la fuerza de trabajo, cuestión que muestra el Indice de Frecuencia.
Así en un proceso pronunciado de desocupación como el ocurrido entre mediados del 95 y 96, el descenso de 13 a 12 casos es sólo aparente como mejoría. En realidad, hubo un empeoramiento en cuanto que a menos horas trabajadas, se registran la misma cantidad de accidentes mortales.
Recién en el período final (oct. 96 a oct.97) -cuando está operando la nueva correlación que produce el reconocimiento del delegado obrero de seguridad- es que el índice realmente se reduce respecto a todos los períodos anteriores.
Finalmente cabe agregar otra enseñanza según la experiencia del sector.
A pesar de las conquistas obtenidas y los cambios producidos, por ser la producción un constante "recomenzar", no es suficiente la existencia de las normas sino fundamentalmente el funcionamiento de los mecanismos para su estricto cumplimiento. Ha alcanzado un aflojamiento del contralor del MTSS, sumado a una mayor inestabilidad y recesión del sector, para que la cifra de muertes vuelva a aumentar a 14 en 1998 y 16 en 1999.
Se ha suspendido la formación de delegados y en los dos últimos años la presión antisindical obstaculiza la posibilidad de la instalación y desempeño de acuerdo a la norma, de los delegados de seguridad, a lo que hay que agregar que el propio decreto deja abierta la posibilidad que esta representación sea ejercida por el capataz, cargo que generalmente está subordinado estrechamente con los intereses de la empresa.
En 1994, al tiempo de las denuncias ante el Parlamento y la opinión pública, el SUNCA por medio de la central encaminó ante la OIT un reclamo por incumplimiento del gobierno, de los Convenios ratificados, incumplimientos que radican esencialmente en las normas internacionales de seguridad del sector y en la protección de los derechos sindicales- soporte de la defensa adecuada por los trabajadores de un medio de trabajo seguro.
Aún tomando en cuenta los avances realizados desde 1994, en 1998 en el Informe Anual de la OIT -en el que se registran las observaciones internacionales a los países por fallas al cumplimiento de los convenios, y que constituye la "sanción moral internacional" - Uruguay es observado por "las inconsistencias y carencias" en la aplicación del CIT 155, base del decreto de los delegados obreros de seguridad.
En cuanto al CIT 161 ( en particular los "servicios técnicos de seguridad industrial", no así los servicios de salud) se logra en la reforma de la reglamentación sectorial de febrero de 1995 (norma 89/95) establecer la obligatoriedad para las obras con más de cinco obreros y más de ocho metros de altura o uno cincuenta de profundidad, la obligatoriedad de la empresa de tener "servicio técnico de seguridad industrial", con lo que estamos en un caso de aplicación parcial del convenio internacional de trabajo. Más tarde en 1996, se establece por el decreto 283/96, la obligatoriedad de presentación previa al comienzo de la obra y como parte de la documentación (planos y memorias), el "plan de seguridad" en la ejecución a realizar.
En cuanto a la protección de los sindicalistas, y las medidas contra los efectos de la represión, ante la derogación del decreto 93/68 que establecía la intervención del MTSS ante los despidos arbitrarios en cumplimiento de lo estipulado en el CIT 98, derogación establecida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (del Poder Judicial), en el Parlamento se presentaron en 1994 y 1996 (las dos legislaturas de la década) proyectos de amparo y protección a los delegados despedidos.
Estos proyectos presentados por el Partido Frente Amplio, no contaron con apoyo de los demás partidos. En este sentido entonces desde 1993- fecha de la derogación - cuando un delegado es despedido, si no se logra reincorporarlo con la lucha de sus compañeros, el despedido puede aspirar a cobrar una indemnización luego de 2 años de trámites ante los Juzgados Laborales.
Por esta situación, las empresas suelen optar por deshacerse de la "participación" de los trabajadores, sin que ello afecte sus "costos".
Resulta evidente que en tales condiciones las muertes y accidentes en el sector de construcciones, continuarán siendo uno de los elementos característicos de la construcción de Uruguay.
LOS TRABAJADORES DE LA PESCA
EL SECTOR DE MAYOR ACCIDENTABILIDAD
Un caso que suele ocultar la falta de información y estudios.
Este sector, clave en el futuro de la producción de alimentos según FAO (la organización de Naciones Unidas para la alimentación), tiene en Uruguay una antigua historia de avances y retrocesos. En la década del 40 se crea el Servicio Oceanográfico y de Pesca, (SOYP), que entre sus fines apuntó a regular y desarrollar la captura, industrialización y comercialización de la pesca y demás productos del mar.
Esta iniciativa se inscribía en la política de desarrollo y autosustento nacional, conocida comúnmente como de "sustitución de importaciones". Los intereses del sector agroindustrial cárnico, expresados en los gobiernos posteriores, trabaron entre otros, la posibilidad del desarrollo de una flota pesquera nacional (adjunta a una flota mercante), reivindicaciones programáticas de los trabajadores de la pesca y la marina, expresados en el Congreso del Pueblo de 1964 y en el Programa de la CNT de 1966.
En los años 70, el SOYP "largamente desmantelado", se convierte en el eufemístico ILPE (Instituto lobero y pesquero del Estado). A su sombra, en los años de la dictadura, prosperan las empresas privadas vía suculentos créditos del Banco República para la compra de flota e instalación de plantas frigoríficas, créditos de largo plazo que a la larga no fueron devueltos, y la depredación del lobo marino hasta que este negocio se vió frustrado por los ecologistas europeos, hasta entonces nuestros compradores.
Algunos empresarios como Aznárez, luego de ordeñar riqueza y créditos durante años a través de Astra de La Paloma, clausuraron la actividad dejando "un pozo" en el crédito estatal, estimado en 40 millones de dólares.
En noviembre de 1977 se produce la muerte de siete trabajadoras en la planta de Decano S.A. a raíz del escape de gas amoníaco del sistema de frío.
En los años siguientes el BSE registra anualmente intoxicaciones por este motivo; 1978, 11 intoxicados, 1979, 24 , 80, 3, 81, 14, y en 1986, 43 intoxicados.
Luego de la nebulosa experiencia del ILPE, éste "vuelve a transformarse", quedando el actual Instituto Nacional de Pesca desde 1985, en un papel esencialmente de "alquiler de aguas" para la pesca de los privados, especialmente vinculados a ex marinos militares y compañías extranjeras.
En la presente década, han quedado al descubierto, maniobras con el otorgamiento de patentes de pesca, en particular de especies raras. El cangrejo rojo, por ejemplo.
Este manejo absolutamente depredador y oportunista de la riqueza nacional, ha afectado a los trabajadores del sector, y constituye uno de los elementos centrales en relación con sus condiciones de trabajo y la alta accidentabilidad.
En diciembre de 1987 se dió a conocer por el MTSS en el marco del protocolo de cooperación del programa PIACT (mejoramiento de las condiciones de trabajo), un documento de diagnóstico y recomendaciones, producto de la investigación y estudios realizados por la IGTSS durante 1986 y 87.
Este estudio sin embargo, sólo abarcó las plantas procesadoras de pescado y de harina "sin la profundidad que el tema merece", dejando por falta de tiempo de lado, las actividades de captura. En los años de este estudio, se verifica una ocupación sólo en el sector de plantas, de 7.500 trabajadores. Hoy no sobrepasan los 1.500 en este sector.
La Comisión de Salud Laboral del Sindicato del sector (SUNTMA) , nos informa para el presente trabajo:
"En las plantas procesadoras: El proceso es muy particular, las distintas especies de peces vienen encajonadas desde el barco en cajas de plástico, con un peso promedio de 25 Kg. estivadas en camiones por lo general con sistema de frío. Se descargan en las plantas, donde se deriva a estiva manual en las cámaras (- 30°c), o a la línea de procesado.
El fileteado, (limpieza y corte en bifes) se realiza de dos formas: con máquinas que descabezan y abren por el medio la pieza, (también hay máquinas de descamar) para finalmente pasar a una sección de "retoques".
La otra forma usada es las mismas operaciones pero en forma manual. En este caso los trabajadores son remunerados "a destajo".
En cualquiera de las dos formas hay una constante: el esfuerzo físico de la manipulación de las bandejas y la velocidad con que se les exige se realice, el continuo contacto con agua y moldes de pescado congelado y los pinchazos de las espinas con lo que se producen infecciones, hongos y cortes.
A ello se agrega la constante humedad, el frío, el trabajo monótono, su consecuencia de sobrecarga sico-física aumentada por un entorno poco higiénico (no se "desperdicia" fuerza de trabajo en limpieza del medio de trabajo), y por un sistema jerárquico en que el trabajador debe pedir permiso para ir al baño y es controlado en minutos por la o el jefe de sección.
Baños sin ducheros y vestuarios inadecuados en la mayoría de las plantas, ropa inadecuada provista por la empresa".
" Todas las tareas se organizan en forma competitiva, cada turno tiene en sus diferentes áreas objetivos de tiempo y volumen de producción, generalmente inalcanzables, estimulándose la competencia entre secciones y trabajadores con lo que se aumenta entre otros, los accidentes.
Por otro lado, contradictoriamente con estos métodos, el trabajo depende de la captura y en consecuencia de sus altibajos, con lo que en las mermas de captura - normales en las zafras - los trabajadores de planta quedan sin trabajo, produciéndose la migración a plantas clandestinas con condiciones aún más precarias de trabajo y salario, o la desocupación temporal.
A esto se agrega que ocasionalmente parte de la captura es llevada por los barcos o por camiones frigoríficos para procesar en plantas de Brasil (depende del mejor precio de la materia bruta). La atención de "servicios de salud" en las plantas en que éste existe, se reduce a una "enfermería" donde emparchan heridas y se dan recomendaciones, generalmente para evadir el B.S.E. y las inspecciones del MTSS.
El método más común de capacitación en seguridad e higiene, es la transmisión oral o por carteles entre los compañeros. El accidente es siempre causado "por ser distraído o nuevo".
En las plantas continúa produciéndose entre los trabajadores del fileteo manual a destajo, las enfermedades profesionales causadas por los microtraumatismos constantes y repetidos que sufren músculos y tendones de manos y brazo, conocidas como lesiones por esfuerzo repetitivo, la Tendosinovitis, el Síndrome del Túnel Carpiano y los Quistes Sinoviales de los Extensores, (popularmente "reumas de muñecas").
Dicho sea de paso el BSE se niega a reconocerlas como enfermedades profesionales por que no están en el listado del Decreto 167/81, aunque desde hace años están estudiadas, y comprobadas como dolencias provocadas por las condiciones de trabajo.
Estos casos son también comunes en las trabajadoras de la vestimenta, textiles, construcción y de avícolas.
En cuanto al sector naval o de captura, informa la comisión del SUNTMA:
"Actualmente hay aproximadamente 2.000 trabajadores en actividad como tripulación de los pesqueros, distribuidos de la siguiente manera: 200 patrones de pesca, 350 maquinistas, 1.200 marineros, 100 cocineros y 150 grumetes.
Por su parte en actividades de infraestructura y anexos, con múltiples fluctuaciones, se estiman unos 2.670, distribuidos de la siguiente manera: 100 en empresas administradoras, 150 rederos, 1.000 en cuadrillas de carga y descarga y en diques y varaderos, 1.000 en la pesca artesanal, 120 serenos y 300 en talleres de apoyo. La alta informalidad de estas actividades, hace inciertos cálculos más precisos.
La pesca tradicional (corvina y merluza) es concentrada por cuatro grupos empresariales que manejan su procesamiento: Fripur, Settin-Obirey S.A (y terciarizados), Kaphammel-Shelli (actualmente en riesgo de quiebra), y Piñeyro y otros.
La pesca no tradicional (róbalo, atún, calamar) se limita a la captura y es realizada por barcos de empresas radicadas en el exterior en los que se embarca a su vez, numerosos trabajadores extranjeros (asiáticos, peruanos, etc.)".
En cuanto a la situación de sindicalización de los trabajadores, afirma el informe:
"Hasta el año 1990 la sindicalización era casi del 100% tanto en Montevideo como en La Paloma.
Cuando Fripur rompió la huelga en 1993, indujo una represión generalizada en el sector, a lo que se sumó el cierre de Astra de La Paloma con el gran impacto en la ocupación pesquera en Rocha y la emigración de trabajadores hacia Montevideo.
En la época comienza la "reconversión" del sector floreciendo las "falsas cooperativas" , cuadrillas terciarizadas que compiten en base a la pérdida de derechos laborales establecidos en los convenios.
En 1999, el conflicto de 130 días es esencialmente un Lock Out patronal, que ante la situación generada por Brasil, pretende nuevas prerrogativas para proteger "su rentabilidad". Entre otros argumentos esgrimen las "pesadas primas" que les cobra el Banco de Seguros, y apuntan a una drástica reducción de las condiciones de trabajo, entre ellas reducción del personal de tripulación.
Actualmente el sindicato viene imponiendo diversas reivindicaciones relativas al cumplimiento de las normas de seguridad, entre ellas principalmente en los buques extranjeros, salvavidas adecuados, se reglamentan balsas, extintores, etc. Se implementan cursos conjuntamente con la JUNAE, se estudia por el sindicato las nuevas condiciones especialmente en el sector de "barcos factoría", y se impulsan los estudios para la implementación de la formación profesional.
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