TRABAJO Y SALUD HACIA EL TERCER MILENIO

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EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN URUGUAYA A 1999

La normativa comete al M.T.S.S, el conocimiento de la salud laboral de la población trabajadora (Decreto 574/74 de 12/7/74, Decreto 680/77 de 6/12/77, que reglamenta los C.I.T 81 y 129, en el marco de sus cometidos y potestades, en particular la fijación de "política nacional acerca del trabajo" y "mejoramiento de las condiciones en que se realiza el trabajo y dignificación del trabajador", incisos 1º y 3º, art. 9º del Decreto 574, art. 6º, literal L del Decreto 680/77, Evaluación de resultados de aplicación de la legislación laboral).

Sin embargo, el M.T.S.S no posee estadísticas e investigaciones actualizadas sobre la salud laboral de la población. Al menos no son públicas.

El país cuenta entonces sólo con las publicaciones bianuales del B.S.E, que por otro lado solamente se hicieron hasta 1996. Después de esa fecha no hay datos, con lo que estamos frente a un primer problema para el conocimiento de la situación, las instituciones responsables de este conocimiento no cumplen sus cometidos.

En estas publicaciones del B.S.E, se da cuenta a través de un muestreo de datos, de la cantidad de siniestros atendidos por el Banco, distribución por rama de actividad, por lesiones y agentes causales agrupados de a 2 años.

Por lo tanto no se conoce, por ejemplo, la tasa de siniestralidad y frecuencia por actividad, que surge de comparar siniestros con trabajadores y horas de trabajo, evolución de mejora o deterioro en períodos cortos, lo que permitiría orientar con mayor eficacia las intervenciones, condiciones de los contratos de trabajo, cumplimiento de la normativa de seguridad, etc.

En tales condiciones la estadística existente como componente básico del conocimiento de la situación, su dinámica y evolución, es muy rudimentaria.

LAS ESTADÍSTICAS SOBRE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

El Uruguay carece de un sistema de información unificado sobre el trabajo. Existe una información del I.N.E acerca de la ocupación, otra de los trabajadores registrados por el B.P.S y la información existente en B.S.E sobre accidentes (reconocidos) y enfermedades profesionales (reconocidas por el BSE). No existen estadísticas del M.T.S.S a pesar de que esto es un cometido esencial de esta Cartera - Decreto 574/74. Este hecho además de constituir un flagrante incumplimiento institucional, resulta evidentemente una política destinada a ocultar la realidad que beneficia el clima desregulador exigido por el capital, lesionando al tiempo los derechos elementales a la información de los ciudadanos y como es lógico, la vigencia de los derechos de los trabajadores.

Este "estado de desinformación del sistema", no permite una evaluación del estado, funcionamiento y resultados del sistema de protección y promoción de la salud ciudadana en el trabajo; dificulta la programación y planificación de la incidencia (eficacia) del mismo sobre los accidentes y enfermedades profesionales.

Tampoco es posible dimensionar correctamente la situación y su desarrollo, los costos reales provocados por accidentes y enfermedades producidas por el trabajo.

Se debe considerar que buena parte de tales costos reales se distribuyen en el mutualismo y la salud pública, el B.P.S y especialmente en los individuos accidentados o enfermados a consecuencia de su trabajo, que quedan fuera de la cobertura del sistema. Esta situación suele ser un factor de empobrecimiento y marginación de personas y familias.

Buena parte de las "dolencias comunes", que aparecen en edades maduras, pueden estar originadas en los ambientes y procesos de trabajo. No hay estudios al respecto. Tal el caso de los tumores cancerígenos de origen químico que aparecen mucho tiempo después de la exposición a los contaminantes cancerígenos. Otros pueden ser la fibrosis pulmonar, neuropatías, enfermedades de la piel y osteoarticulares (reuma, lumbagia, artrosis), brucelosis, fiebre Q, y numerosas dolencias como los trastornos cardiovasculares entre cuyos factores causantes pueden estar los procesos y medios laborales.

La incorporación de la historia ocupacional (tipo y puestos de trabajo desempeñados) en la historia laboral de los individuos y en su historia clínica, seguramente además de ayudar a un mejor desempeño médico, detectaría factores de trabajo a corregir en los procesos laborales.

Otro aspecto de la información estadística que induce a errores y puede hacer suponer que la falta de conocimiento del trabajo es una causal de accidentes, es la información sobre "antigüedad en la empresa" del accidentado.

Esto se verifica especialmente en la construcción (ver estudio) donde el trabajador es contratado por una nueva empresa en cada obra, y donde las obras no duran más de dos años, por lo que, por este criterio estadístico resulta claro que aunque tenga veinte años en la industria, en caso de accidente siempre aparecerá con menos de dos años en la empresa.

Por medios como este se sostiene una ideología falsa de la salud laboral, la inexperiencia y el error de la víctima, que culpabiliza a la víctima.

El agudo aumento de la movilidad y rotatividad de los trabajadores en los últimos años, la terciarización en microempresas, generaliza situaciones similares a la constatada en la construcción.

Otro problema está constituído en que desde 1995 el B.S.E no incluye en sus estadísticas a aquellos casos de muertos en accidentes laborales que "no cumplen" con los requisitos legales, por ejemplo los cuenta-propistas que son considerados "empresas unipersonales" con los que la empresa "asegurada" (la empresa en serio) hace un contrato de obra o de servicio de tipo comercial, en el que el trabajador accidentado o enfermo es considerado empresa y no trabajador, perdiendo así los derechos tanto el trabajador como su familia.

La situación de carencias en la información , es reconocida ya en los estudios auspiciados por O.I.T en el marco de su "Programa de mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo", realizados en la Construcción, Pesca e industria de Curtiembres en los años 87 y 89.

En 1993, luego de los trabajos del Grupo de Coordinación sobre Salud Laboral (creado por Decreto 357/92), constituido por el M.T.S.S, M.S.P, B.S.E, B.P.S, PRO.NA.D.E, la Universidad, y representantes de empleadores y trabajadores, se llega a un conjunto de 24 directivas a implementar por el Estado, entre las que la tercera hace expresa mención a una urgente resolución sobre las estadísticas y alude a la necesidad de estudios e investigaciones acerca de la salud laboral.

Todo esto sin embargo no ha logrado cambiar la situación.

Al analizar la información existente, es necesario tener en cuenta las serias limitaciones que ella tiene.En primera instancia la intención es leer comentando los datos aportados por el Dpto. de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del B.S.E.

Las principales limitaciones de la información disponible son:

1-Existe un fuerte subregistro en la medida que muchos accidentes no se denuncian como accidentes de trabajo.

2-Segun O.I.T. por cada accidente denunciado cinco no lo son, o sea que la realidad es aún peor que lo que indican estas estadísticas.

Una lectura de estas características para ser completa requeriría de los datos de la población trabajadora, para efectuar la necesaria comparación.

 Se consideran 37 años; 1960 a 1996.

Realizamos una división en grupos de años que puede parecer arbitraria, pero que refleja las distintas etapas por las que pasamos como país.

Es así que estudiamos una década de 1960 a 1969, en la cual observamos el definitivo derrumbe del Uruguay neo-batllista, del Estado de bienestar, el avance de los sectores más reaccionarios, de las primeras Cartas de Intención del F.M.I.

Luego cuatro años: de 1970 a 1973, en los cuales se imponen las recetas fondomonetaristas; el Gobierno violando las garantías constitucionales, aplicando la receta que ya se comenzaba a delinear en la década anterior y cuya máxima expresión será la dictadura cívico-militar.

Una década de dictadura, 1974 - 1983; una década de 1984 a 1993 de democracia, y los años 1994, 1995 y 1996.

Analizando los 37 años vemos un total de 2717 muertos, un promedio de 73 muertos anuales.

Esto nos marca que cuando algunos sectores gubernamentales nos hablan de media histórica de 55 muertos anuales, están hablando de antes del período considerado (1960-1996), donde es curioso no se llevaban estadísticas.

Un pico alto en 1977 (105 muertos) y dos bajos, en 1960 (50 muertos) y 1989 (49 muertos) el más bajo del período estudiado.

1960-1969 : 665 muertos (66 de promedio)

1970-1973: 348 muertos (87 de promedio)

1974-1983: 834 muertos (83 de promedio)

1984-1993: 638 muertos (64 de promedio)

1994 : 64 muertos - mantiene el promedio de la década anterior.

1995-1996: 168 muertos (84 de promedio)

Hasta aquí las cifras. Parecería a simple vista que existe una lógica que explica las variaciones entre los períodos considerados.

Cuando la vigencia de los derechos constitucionales, según los historiadores, era bastante plena, había menos muertes en el trabajo; cuando estos derechos se limitaron o desaparecieron, más muertes.

Lógica que funciona parcialmente. Durante el período de dictadura considerado, 1974-1983, 83 muertos; durante el período de resquebrajamiento democrático, 1970-1973, 87 muertos.

Al volver a "regir las garantías constitucionales", 1984-1993, 64 muertos; al año siguiente, 64. Un pico altísimo de 105 en 1977 y uno bajísimo de 49 en 1989.

Pero sucede que la lógica se rompe cuando llegamos a 1995-1996: 84 muertos de promedio, cifra igual a los años negros.

Aclaremos la comparación. Ningún sindicalista - a quienes está esto dirigido- necesita que se le resuma cómo fue la dictadura; pero en 1995-1996, parece que hubo disfrute de las garantías constitucionales. Los trabajadores en general teníamos más garantías que las que existían en la dictadura.

El análisis podría cerrarse si "culpamos" a los muertos de la construcción, pero si afinamos vemos que esas lamentables cifras son sólo un incremento de siete muertos, frente a las cifras históricas de muertos en la construcción, lo cual nos deja 78 muertos, más cerca de los 83 de la dictadura que de los 66 de 1960-1969 y de los 64 de 1984-1993.

En 1995-1996 tenemos desocupación, con máximos históricos y pérdida de fuentes de trabajo.

Estas cifras de muertos parecerían ilógicas si no obedecieran a la lógica de hierro de la desregulación y flexibilización del trabajo. Se pierden derechos y en el caso considerado el mismísimo "derecho a la vida". Se trabaja de cualquier forma y en cualquier condición; esto se refleja en las estadísticas.

No sólo las muertes, sino las incapacidades permanentes constituyen una consecuencia grave pues, además de inhabilitar a muchos trabajadores para continuar su vida laboral, suponen un costo que pesa en forma individual sobre cada trabajador que queda con incapacidades permanentes. En los últimos treinta años, cerca de 22.000 trabajadores han sufrido incapacidades permanentes a raíz de accidentes o enfermedades profesionales, lo que supone la existencia de un promedio anual cercano a 745.

Otro aspecto no considerado en las estadísticas es la relación entre accidentes y trabajadores involucrados por rama de actividad. Esto lleva a nociones en que el sector rural y la construcción son los de mayor accidentabilidad; en realidad son los que registran más accidentes, en particular mortales. Sin embargo, si se compara número de accidentes con número de trabajadores de la actividad, la accidentabilidad de los sectores varía.

 Ejemplo: 1993 - 94 - Publicación B.S.E

Sector Nº trabajadores(aprox.) Nº accidentes (anual) Tasa

Extractivas

+ Construcción 90.000 6.578 0.073

 Ganadería, Agricultura, Silvicultura 140.000 6.487 0.046

 Pesca y Frig. Pesqueros 4.000 628 0.157

 De los tres sectores considerados en el ejemplo, resulta evidente que la pesca y sus frigoríficos duplican la accidentabilidad de la construcción y triplican al trabajo rural.

Esta precariedad de la información oculta fenómenos de grave distorsión de la realidad acerca de las condiciones de trabajo en diversas ramas de producción.

 

 

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