Sindicatos y formación
Los elementos externos que afectan los procesos de negociación
Los sindicatos son (como se mencionó) en los cinco países andinos las partes legitimadas para negociar en nombre de los trabajadores. Sin embargo, las recientes evoluciones en los distintos ámbitos en que éstos se desenvuelven hacen aparecer ante ellos numerosas cuestiones, dilemas y retos.
Así, las reformas en las legislaciones laborales, fuertemente vinculadas a una mayor apertura económica y al proceso de globalización -con los consecuentes avances en el terreno de la flexibilidad laboral, y la disminución del papel del estado como regulador y suministrador de bienes y servicios-, han tenido, sin duda, un gran impacto en su "modus operandi". A su vez, las transformaciones políticas, sociales y económicas han servido también para complicar su función y su papel en los distintos planos de acción. De forma paralela, las empresas han generado posturas fuertes fundadas en el ahorro y en el recorte de los costos (y en la continua espada de Damocles de la reducción de efectivos humanos) que han hecho muy difícil a los trabajadores maniobrar en condiciones de igualdad.
En la práctica, las consecuencias de dichas transformaciones se han hecho sentir, y el temor a hacer valer las reivindicaciones laborales en un mundo con altos índices de desempleo, se ha convertido en generalizado; el miedo a perder su medio de subsistencia ha impedido "de facto" que los trabajadores protesten contra los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. De hecho, con frecuencia se escucha que desde 1980 no se han conseguido grandes reivindicaciones obreras, lo que se debe en esencia, a dichos temores y a la falta de dinamismo de las organizaciones sindicales en este contexto adverso y de crisis.
(i) Cambios normativos
Los cinco estudios nacionales demuestran que la democracia política es indispensable para garantizar los derechos sindicales, pero que no es suficiente por sí misma. Dicho de otro modo, su advenimiento no significa el respeto automático de las normas del trabajo. Las violaciones de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva se cometen, de hecho, de manera más sutil y velada.
Así, si bien los países andinos son formalmente democracias, el Perú posee en la actualidad el mayor número de quejas en la región por violación a los convenios 87 y 98, relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva respectivamente. Por su parte, en Bolivia, el estado de sitio ha sido un recurso al cual se acude con frecuencia cada vez que la COB presenta su pliego de peticiones, confinando a sus irigentes a zonas inhóspitas. Más grave aún, en Colombia, los trabajadores son asesinados, constituyéndose en el país con más alto número de sindicalistas muertos y exiliados en otros países para proteger sus vidas.
La OIT ha llamado la atención sobre el hecho de que un clima de violencia, constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales y que tales actos exigen severas medidas por parte de las autoridades. Por ello, ha reiterado que los derechos sindicales solo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, y de presiones o de amenazas de toda índole contra sus organizaciones, y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio (61).
Como se mencionó en el capítulo I, con excepción de Bolivia, todos los países de la región andina han reformado desde 1990 sus legislaciones laborales con el objetivo declarado de adaptarlas a las transformaciones sociales y económicas. Sin embargo, la práctica muestra que lo que se pretende a menudo a través de dichas modificaciones es desarticular y limitar la capacidad de expresión del sindicalismo como actor social y reconocerle sólo el papel de interlocutor respecto a intereses particulares de carácter económico, ligados a la situación específica de cada empresa. Han sido precisamente algunos sectores próximos a la empresa los que han desatado una fuerte lucha política por modificar el marco institucional, argumentando que éste genera en su aplicación situaciones que dificultan la modernización productiva de las empresas, y promoviendo de forma paralela la promulgación de normas que limitan la posibilidad de intervención del sindicato en el proceso de modernización.
Asimismo, las estructuras institucionales restringen cada vez más la acción de los sindicatos, ya que imponen demasiadas trabas o les obligan a organizarse en un sentido opuesto al de la estructura económica general. Por ejemplo, no cabe esperar que el movimiento sindical sea sólido cuando la legislación favorece ante todo la constitución de sindicatos en el ámbito de empresa con mas de 20 trabajadores, a pesar que la producción está estructurada fundamentalmente con base a pequeñas empresas con menos de 20. Así, la amplia mayoría de los trabajadores de los países andinos no pueden ejercer el derecho a organizarse y en consecuencia a negociar colectivamente, a pesar que ambos derechos están contemplados en las leyes y constituciones de los estados andinos.
Es evidente que ésta situación debe modificarse sustancialmente a medida que se profundicen las democracias en éstos países andinos. En este sentido son esperanzadores los actuales procesos de diálogo que se están desarrollando en Venezuela (acuerdo tripartito), Colombia (pacto social y comisión tripartita), Ecuador (mesas de concertación) y Bolivia (acuerdo tripartito de Santa Cruz). Perú, es la única excepción en este sentido, a pesar que existen incipientes esfuerzos para iniciar un diálogo entre organizaciones sindicales y empresarios.
(ii) Cambios económicos
La actuación de los sindicatos está fuertemente condicionada por la apertura que deben efectuar las economías de los países andinos para insertarse en el mercado internacional, colocándoles, por tanto, en un contexto que trasciende fronteras y que les obliga a adecuar permanentemente las condiciones internas a la evolución de las condiciones externas de producción y distribución. De otra parte, la reactivación del mercado común andino, los acuerdos de libre comercio y el surgimiento de otros mercados comunes en Latinoamérica (MERCOSUR, TLC) llevan a los sindicatos de cada país involucrado a ajustar sus propuestas y reivindicaciones a la marcha de los mismos.
Aspectos tales como el costo de la mano de obra, los niveles de protección social, la seguridad social y la salud y el bienestar de los trabajadores, ya no constituyen fines en sí mismos que puedan ser vistos, como en el pasado, en función de los logros internos de la industrialización. En la actualidad, según se afirma, el crecimiento depende de ser competitivos en el ámbito mundial y nacional, de captar inversión extranjera para suplir la falta de recursos internos para la inversión, así como de la manera en que sean incorporados por las empresas transnacionales en sus procesos de globalización económica; en suma, los países tienden a ser calibrados en función de cómo favorecen y promueven los procesos citados.
El nuevo modelo de desarrollo tiende a operar fuera de todo marco tradicional de relaciones políticas, por lo que aparentemente hay una debilidad en la unión de los procedimientos económicos y el sistema político. De hecho, la aplicación de medidas neoliberales (que conllevan un nuevo modelo económico y nuevas propuestas de organización del trabajo) ha aumentado el deterioro del nivel de vida de los trabajadores, ya que provocan una mayor dificultad para poder establecer la conexión entre el aumento de la productividad de las economías andinas con la distribución de los beneficios del crecimiento económico (62).
Todo ello va perfilando de manera nítida el nuevo ámbito en que se comienza a desarrollar la negociación, y que rebasa el esquema sindical tradicional de distribución de la riqueza social, sustentado en la articulación del crecimiento de la economía, con el nivel de salarios y la tasa de inflación registrada.
En este complejo contexto de cambios económicos, se hace cada vez más difícil para las organizaciones sindicales lograr aumentos salariales y nuevas y mejores condiciones de trabajo y de vida, no siendo así capaces de satisfacer las demandas de sus bases.
El resultado final es una progresiva baja en los niveles de afiliación y de representatividad; el surgimiento de grupos de trabajadores que negocian individualmente o corporativamente, al margen de los sindicatos; el descrédito del sindicato, cuando no el desarrollo de formas organizativas propiciadas por los mismos intereses patronales que fomentan el individualismo y el progresivo aumento de las relaciones personales, en desmedro de la organización laboral.
En este mismo contexto, desde 1990, los países andinos han privatizado sus principales y mayores empresas afectando directamente el desarrollo de las organizaciones sindicales. El carácter estratégico de muchas empresas públicas (siderúrgica, petroquímica, ferrocarriles, teléfonos, etc.) y la fortaleza de sus sindicatos permitió en otras décadas negociar importantes beneficios económicos y de servicio, que incrementaban indirectamente el poder adquisitivo. Por la magnitud de los logros alcanzados, esos términos de contratación sirvieron de referencia tanto a empresas como a sindicatos de otros sectores productivos para sentar las bases o la plataforma mínima de negociación.
Los procesos de privatización, por el contrario, coadyuvaron en los países andinos a la "precarización" del empleo (condiciones económicas, contratos, etc.), convirtiéndose en un factor importante para la modificación del marco institucional de las relaciones laborales, en especial si se considera que las empresas del estado reflejaban de manera nítida la política laboral que el mismo impulsaba. Así, tan pronto como se privatiza una empresa estatal, desaparece el parámetro de evaluación de los compromisos que este estaba dispuesto asumir con los sindicatos. Asimismo, como consecuencia de las privatizaciones y de los despidos provocados por la reestructuración, se ha ido contrayendo el sector público, espacio en que los sindicatos eran poderosos. El caso de PETROPERU resulta revelador, ya que en 1990 contaba con 11.300 trabajadores, siendo en la actualidad, luego de la privatización, sólo 1.600.
La tendencia, en fin, es evitar a toda costa que el sindicalismo continúe siendo un actor político para confinarlo a un papel de agente micro económico, que únicamente gestione acuerdos de empresa, o que sea un mero "tramitador" de compromisos en función de cuestiones específicas y particulares.
(iii) Cambios en la empresa (nueva cultura productiva)
Pero no solamente los cambios y diversificación de la estructura económica son procesos en curso que afectan a la naturaleza de las organizaciones sindicales y a sus demandas. También hay que considerar las innovaciones tecnológicas que se incorporan en la industria, los servicios y la agroexportación, entre otras actividades económicas. Es impresionante la extrema rapidez con que se producen los bienes y, por tanto, los tiempos breves en que quedan obsoletos. De la misma manera, la invención y la reinvención de nuevas maquinarias producen un impacto significativo en la forma de organización del trabajo, lo que afecta al nivel y la naturaleza del empleo.
En este contexto, los sectores económicos y empresariales conciben de forma muy diversa el papel del sindicato. Así, mientras algunos consideran al trabajador como un mero factor productivo que puede ser utilizado o desechado según convenga únicamente a los intereses de la empresa, otros piensan que el avance productivo es impensable sin sindicatos fuertes que puedan protagonizar un papel importante dentro del proceso de modernización. De forma más residual, algunos aún se aferran a métodos tradicionales de producción (salarios bajos o materias primas baratas) y evitan cualquier posición o dialogo con los trabajadores, en aras a una mejora productiva.
La propuesta de una nueva relación entre empresa y sindicato, que comienza en la planta, y que debiera reflejarse al nivel de los nuevos pactos políticos y de los nuevos mecanismos de relación consecuentes, se ve cuestionada por muy diversos factores, que van desde, por un lado, los costos sociales que los trabajadores tienen que asumir en términos de pérdida de empleos, proceso de desindicalización, caída de poder adquisitivo y recorte de instituciones públicas que apoyaban el salario, la educación y la salud del trabajador y su familia, hasta la cultura de confrontación que aún persiste dentro de la empresa, debido a que éstas insisten en obtener la cooperación incondicional de los trabajadores, sin comprometerse a cubrir expectativas relacionadas con la participación en la gestión, la estabilidad en el empleo, la formación profesional del trabajador, o la salud laboral.
A ello se suma la disminución del papel del estado tanto en la tutela de los derechos de los trabajadores, como en su papel de mediador del desarrollo de las relaciones laborales, las cuales según la "moda" pasan a definirse empresa por empresa, sin propiciar paralelamente el establecimiento de verdaderas formas autónomas de regulación.
El resultado, es un panorama confuso, de desorientación y en el que las organizaciones sindicales han perdido su verdadera capacidad de decisión.
(iv) Cambios en la composición de la mano de obra
En estrecha relación con lo anterior están los efectos sobre la composición de la mano de obra. La expansión de sectores como servicios y comercio ha dado lugar al surgimiento de grupos de trabajadores formados por jóvenes y mujeres, en general con escasa calificación técnica pero con escolaridad relativamente alta. Se ha conformado así una cierta clase media laboral en el sector privado que viene a reemplazar, en parte, a la predominante antigua clase media educada de servidores y oficinistas públicos, reducida drásticamente por la contracción del empleo y la privatización en el sector estatal.
No obstante, hay que mencionar también que parte de este grupo de trabajadores corresponde a generaciones de jóvenes tecnócratas, calificados en la administración de negocios o en las tecnologías de la informática. Esto dualiza el estrato al que nos estamos refiriendo entre una élite mejor pagada y tecnificada y una masa de empleados que en su mayoría no está organizada, no negocia colectivamente y, a menudo, no disfruta de los beneficios y las protecciones que otorgaba el empleo en la burocracia pública, que se desempeñan en microempresas de servicios (63), del todo diferentes a las complejas instituciones de la administración del estado.
De otra parte, la reducción de los mercados de trabajo formal, ha hecho más prominente el trabajador informal, en sus múltiples versiones de cuentapropista, temporero, a tiempo parcial, a domicilio, etc. El número creciente de trabajadores que ha pasado a formar parte de este «nuevo» sector económico, y que no pueden ejercer el derecho de negociación colectiva, no constituye un terreno fácil para la actividad sindical resultando una situación especialmente compleja para los trabajadores. Por ejemplo, en Venezuela, de cada diez nuevos empleos generados durante los noventa, algo más de siete correspondieron al sector informal, en Perú algo más de seis y medio, y en Colombia un poco más de tres y medio.
La expansión del sector informal debilita enormemente los esfuerzos de los sindicatos para movilizar y organizar a sus bases, y por tanto la posibilidad de cumplir su función en la sociedad. El crecimiento del empleo temporal y del sector no estructurado de la economía supone la reducción del número de trabajadores que pueden organizarse, lo que entraña problemas de representatividad. También supone la fragmentación de la mano de obra, pues coexisten, en el mismo lugar trabajadores con diferentes condiciones de empleo, reduciendo así la fuerza sindical en la negociación colectiva.
De otra parte, la manufactura en la actualidad se caracteriza por dos tipos de trabajadores: (i) aquéllos que por necesidades de la empresa forman una especie de centro nuclear de trabajo, que necesita de elevados índices de formación técnico profesional, y (ii) otros trabajadores, quienes por el carácter sencillo de sus funciones tienden a considerarse como un grupo que puede ser manejado, contratándolo y despidiéndolo en manera elástica de acuerdo al nivel de la demanda, grupo que por las prácticas de la empresa y por su formación parece ser condenado al "analfabetismo tecnológico" quedando aún más vulnerable dentro del mercado de trabajo.
Se añade, además, el crecimiento del sector servicios, que comienza a ocupar una cantidad importante de trabajadores, con condiciones salariales y derechos laborales menores a los de los obreros industriales, o al del empleado del sector público. Así se expande un sector en el cual sus trabajadores se caracterizan por un «nivel inferior» a la del sector industrial y público, y con escasa experiencia sindical, lo que significa todo un reto para organizarlos y hacer converger sus intereses con los de los trabajadores sindicalizados.
El debilitamiento del área tradicional sindical, es así palpable y el nuevo panorama obliga a las organizaciones sindicales a establecer parámetros de negociación diferenciados, de acuerdo a las distintas situaciones y tipos de asalariados que se mueven en el mercado de trabajo.
Lo anteriormente mencionado indica una progresiva transformación del tipo de estructura y composición del empleo sobre el cual operó históricamente el sindicalismo. Por tanto, la imagen típica del sindicalizado: trabajador manual de la industria, hombre, a tiempo completo y con cierta estabilidad en el empleo, no es actualmente la predominante. Este nuevo perfil de la base laboral implica complejos tipos de situaciones de trabajo y de esquemas de relaciones laborales, que el sindicato deberá tener en cuenta.
(v) Cambios en las actitudes y conductas de los trabajadores
También los estudios dejan entrever los cambios de actitudes y conductas de los trabajadores, como un factor que influye en la negociación colectiva y que está cambiando la base social de los sindicatos. La experiencia y la lectura de las acciones sindicales en estos últimos años, nos indican que el peso del sindicalismo no solo depende en la actualidad de su número, de su extensión o de su versatilidad programática, sino que muy especialmente de su capacidad para adaptarse a la evolución de las mentalidades, nuevas actitudes y conductas de los trabajadores.
La diversidad de situaciones estructurales está creando también sicologías específicas frente al trabajo, a la vida social y política. La experiencia en los países andinos de autoritarismo, de exacerbación del individualismo y la introducción de criterios fuertemente mercantiles en la economía están dando lugar a orientaciones de comportamiento –de resistencia o adaptación- que deben ser considerados, a la hora de replantear las acciones.
A pesar de todo, la óptica colectiva de la acción social reside esencialmente en los trabajadores, en especial los que están organizados. Sin embargo, no cabe duda que las «tradiciones obreras» enfrentan nuevos retos culturales, provenientes de la juventud que no vivió la aspiración industrial, la participación política, ni la cultura de la promoción social. Estos retos pueden ser de signo positivo, como por ejemplo, los que se relacionan con la apropiación de nuevos valores de modernidad, secularización ideológica o con una cultura antiautoritaria.
Por ejemplo, en Venezuela en mayo de 1995, se comenzó a desarrollar una experiencia inédita en América Latina, mientras la CTV organizaba el XI Congreso en medio de una crisis estructural, decidió organizar una «ronda» de diálogos con diversos sectores de la sociedad civil, como del ámbito político. Así se desarrollaron diálogos con representantes del Gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, partidos políticos, estudiantes, asociaciones de vecinos, etc., sobre los más diversos temas, con espíritu democrático y plural, para buscar respuestas adecuadas y razonadas. Esta experiencia permitió al movimiento sindical responder y presentar propuestas alternativas concretas para enfrentar la crisis. Hoy día se vive un proceso de diálogo a través del cual se han logrado obtener acuerdos tripartitos para reformar el marco normativo. Esto también ha implicado que Venezuela sea el país en la subregión donde existe una mayor cobertura de la negociación colectiva.
El sindicato tiene por ello, y en cuanto estandarte de una visión colectiva de la acción social, un papel central que jugar, y es consciente de que sólo una acción cooperativa y organizada puede superar las tendencias individualistas de las nuevas generaciones, basadas en un contexto económico, político y social muy diferente de aquel que hizo nacer al sindicato tradicional.
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61. 297 Informe del Comité de Libertad Sindical. Caso núm. 1787.
62. Las propuestas en materia laboral, en un escenario dominado por el neoliberalismo, evitan los compromisos con las organizaciones sindicales en materia de distribución de la riqueza, que en el período de sustitución de importaciones se había sustentado en acuerdos nacionales.
63. En lo referido a la protección social, otro estudio reciente (OIT/PNUD, 1997) muestra que los trabajadores en microempresas prácticamente carecen de protección tanto para la vejez como en salud. En Perú el 81% de los trabajadores no están cubiertos por el sistema de pensiones, en Colombia es el 75%. En cuanto a la salud, la seguridad social no cubre los requerimientos de atención del 83% de los trabajadores en Colombia y del 78% en Perú.
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