Sindicatos y formación
Proyecto OIT - Gobierno de España
Diálogo Social y Reconversión y Capacitación Laboral para los Países Andinos
Oficina Internacional del Trabajo - Cooperación Española
1.2. Programas especiales de capacitación y de reconversión laboral
En todos los países de la subregión existen programas especiales de capacitación y reconversión laboral que se están aplicando o se encuentran en etapa de diseño. Se orientan a grupos determinados de población -mujeres jefes de hogar, jóvenes provenientes de hogares pobres, desertores de la educación media, trabajadores cesantes, desplazados del sector público, microempresarios y trabajadores de microempresas, poblaciones rurales e indígenas, discapacitados, etc.- o tienen una definición relacionada con un objetivo más amplio: la reconversión laboral para mejorar la competitividad y productividad a través de la capacitación permanente de los trabajadores. Muchos de estos programas son ejecutados por las mismas instituciones oficiales de capacitación.
A. Programas para grupos poblacionales determinados
En Bolivia, la Fundación INFOCAL está ejecutando, en las principales ciudades del país y en algunas zonas mineras, el Programa para microempresas, como parte de un proyecto más amplio de asistencia y promoción de la pequeña iniciativa privada, con financiamiento de la Unión Europea. Otro programa especial es el Programa Nacional de la Mujer, cuya finalidad es facilitar su inserción en el mercado del trabajo, tanto en actividades dependientes como microempresariales. Incluye cursos de capacitación específicos o modulares; cursos de actualización para trabajadoras ocupadas en empresas; cursos para microempresarias; formación dual para mujeres aprendices y módulos de género en distintos niveles.
En Colombia, las políticas y programas específicos para grupos objetivo determinados tienen un ámbito extenso: El Plan Nacional para Microempresas incluye la formación profesional, con enfoque gerencial, la formación de formadores pertenecientes a ONG's y la capacitación técnica de trabajadores actuales y potenciales. La responsabilidad de ejecutar los programas se le encomienda al SENA.
La política referente a la participación y equidad para la mujer incluye la formación laboral; se están desarrollando programas con la Red de Solidaridad para mujeres pobres de entre 18 y 35 años, con educación secundaria incompleta y responsabilidades de hogar que no les permiten dedicación completa a labores productivas y mejor remuneradas. Igualmente, existen en la Red de Solidaridad políticas y programas para población joven y desempleados pobres.
Otros grupos de población para los cuales se han definido políticas y programas de capacitación son las comunidades indígenas y grupos étnicos, trabajadores agropecuarios, pesqueros y forestales, productores campesinos, reinsertados, menores infractores y población penitenciaria.
En Ecuador, existe un conjunto de programas sociales diseñados y supervisados por el Frente Social, una entidad interministerial constituida por los ministerios del área social, que tiene el apoyo técnico del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) y que se coordina con los ministerios del área económica. Varios de los programas del Frente Social en el ámbito de los distintos ministerios incorporan actividades de capacitación.
Un proyecto de particular relevancia es el PREDAFORP, Proyecto de Educación de Adultos y Formación Empresarial, iniciado en 1992, con financiamiento del Banco Mundial y ejecutado por el SECAP y el Ministerio de Educación. Tiene cuatro componentes, cada uno con sus propios objetivos y metas. El primero es el de apoyo integral a la pequeña empresa manufacturera, para incrementar sus niveles de productividad y calidad. Se orienta a la formación de capacitadores y asesores en gestión empresarial, a la disponibilidad de información técnica y económica para las empresas, y al establecimiento de sistemas de apoyo a sus exportaciones. El segundo componente es de capacitación al sector informal. Su objetivo es impulsar procesos formativos de educación básica de adultos y de capacitación popular, y fortalecer institucionalmente al SECAP y al Ministerio de Educación para capacitar grupos urbanos y rurales en talleres, cooperativas de producción y otros medios. Un tercer componente es específicamente de fortalecimiento institucional del SECAP. Comprende la capacitación de instructores en metodologías de formación profesional, la actualización de diseños curriculares, el mejoramiento de la infraestructura y de la organización administrativa del SECAP. El último componente apoya la ejecución del proyecto a través de la realización de una encuesta sobre condiciones de vida y un estudio de necesidades de formación del sector comercio. Los recursos totales asignados son 25.4 millones de dólares, incluido el préstamo del Banco Mundial y la contrapartida nacional.
Otros programas sociales con componentes de capacitación se ejecutan en el ámbito de los Ministerios de Trabajo y Recursos Humanos; de Educación y Cultural; y de Bienestar Social.
En Perú, la política de capacitación está enmarcada principalmente en la Ley de Fomento del Empleo, que establece que la capacitación y formación laboral de los trabajadores es un instrumento fundamental para mejorar sus ingresos y la productividad del trabajo. Contiene normas para promover la incorporación de aprendices en las empresas y la formación de profesionales en práctica. Incluye además disposiciones orientadas a incorporar en la negociación colectiva acuerdos relativos a la productividad del trabajo, que tienen la posibilidad de incluir acciones de formación, calificación y reconversión laboral.
Con base en las disposiciones de la Ley de Fomento del Empleo está en ejecución el programa de prácticas pre-profesionales que coordina el Ministerio del Trabajo en los centros laborales. Su objetivo es brindar orientación y capacitación técnica y profesional a estudiantes y egresados de universidades y otras instituciones de educación superior, en áreas de su especialidad.
El Programa de Formación Laboral Juvenil, también se basa en las disposiciones de la Ley de Fomento del Empleo y su finalidad es proporcionar conocimientos técnicos y prácticos a jóvenes para ayudarlos a incorporarse a un empleo. Opera mediante convenios autorizados por el Ministerio de Trabajo entre las empresas y los jóvenes; su impacto ha sido relativamente poco significativo. Actualmente está en marcha un programa más ambicioso de capacitación de jóvenes, Pro-Joven, orientado a los provenientes de hogares pobres, que cuenta con el apoyo de la OIT y financiamiento del BID. Ofrece cursos cortos y prácticos de capacitación inicial, de no más de docientas horas de fase lectiva, seguidos de un período de práctica laboral en empresas, de similar duración. Las instituciones de capacitadoras y los cursos se seleccionan mediante un sistema de licitaciones abiertas y competitivas a las que pueden presentarse entidades públicas y privadas en igualdad de condiciones.
El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales dirige un programa de apoyo a microempresarios en zonas urbano marginales. Está constituido por un subprograma de crédito y un subprograma de capacitación técnica y gerencial para microempresarios, jóvenes y profesores de Institutos Superiores Tecnológicos. Se ejecuta en 14 ciudades desde 1993, mediante un convenio entre la Unión Europea y el Gobierno.
En Venezuela, la mayor parte de los programas específicos es ejecutada o coordinada por el INCE, o éste tiene una importante participación en ellos. Tiene dos programas de apoyo a la gestión de pequeñas y microempresas que ejecuta directamente, el Programa de Asesoría Empresarial y el Programa de Gerencia para la Pequeña y Mediana Empresa. Otros programas son coordinados por el INCE y ejecutados con la participación de empresas o comunidades: el Programa Nacional de Aprendizaje, que incluye en sus diferentes modalidades, formación teórica y práctica en los centros de la institución, y práctica en las empresas; el Programa de Deducciones, que reduce los cobros a los empresarios que han apoyado el programa anterior, para que éstos inviertan dichos ahorros en cursos especialmente solicitados al Instituto.
Diversos programas son resultados de convenios del INCE con otras instituciones: con la iglesia (INVECAPI), con el Ejército (INCE-Militar), con el Instituto de Estudios Sindicales (INCE-INAESIN), y con la Cooperación Venezolana de Guayana (INCE-CVG).
Por último, el INCE participa en dos programas extraordinarios encomendados en la Agenda Venezuela: el Programa Juventud Desocupada, para contribuir a su empleo mediante la capacitación en un oficio. Tiene diferentes componentes, según se trate de juventud urbana, agrícola, penitenciaria y otros. En 1995 participaron cerca de 30 mil jóvenes en el componente para la juventud urbana. El otro programa es el llamado Beca-Salario, que consiste básicamente en un subsidio con recursos del INCE, a la contratación de jóvenes por empresas. Este programa prácticamente no ha sido ejecutado, esencialmente por falta de demanda de las empresas.
Además de los anteriores, hay otros programas de capacitación y empleo juvenil que son coordinados por el Ministerio de la Familia y el Ministerio de la Juventud. Se orientan a jóvenes pobres y su objetivo es facilitar su empleo o autoempleo entregándoles semi-calificación en oficios y formación para su integración social y comunitaria. Además, apoyan a ONG's oferentes de estos servicios. La OIT está colaborando a la ampliación y perfeccionamiento de estos programas.
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