Los sindicatos y el sector informal: en pos de una estrategia global
ACTRAV/OIT, 1999

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4.1.3. Política tributaria y normativa de las administraciones locales

Al estudiar el modo en que los sindicatos podrían tratar de influir en la evolución de las políticas públicas para el sector informal, es importante también recordar la extrema heterogeneidad del mismo, no sólo en cuanto a las funciones que cumple sino también al grado efectivo de su «informalidad». Los estudios realizados por la OIT han mostrado que el sector informal no es ni enteramente legal ni enteramente ilegal. Muchas empresas cumplen con algunas normas básicas a nivel local y obtienen licencias que constituyen una plataforma normativa mínima para su funcionamiento. De esta manera, los empresarios del sector informal minimizan los riesgos que implicaría el funcionar en una situación de total ilegalidad, que pondría en peligro la continuidad de la empresa. Además, estas mismas empresas no acatan las normas que consideran excesivamente gravosas y cuya aplicación suele ser de la competencia de los órganos centrales del Estado, como, por ejemplo, las disposiciones en materia tributaria y de legislación laboral.

Los estudios de la OIT confirman asimismo que, como cabía prever, el grado de cumplimiento de la legislación depende de la ubicación geográfica de las empresas, del tamaño de cada unidad y de su antigüedad (Maldonado, 1995). Por ejemplo, son mayores las probabilidades de que las empresas ubicadas en centros urbanos acaten la legislación y las reglamentaciones; en cambio, las empresas ubicadas en zonas rurales, menos visibles y más distantes de los mecanismos de inspección, tienden a ser más reacias al cumplimiento de las normativas.

Análogamente, cuanto mayor sea la plantilla de las empresas, mayores son las probabilidades de que se respete la legislación; por el contrario, las microempresas unipersonales o de gestión familiar tenderán a cumplir menos sus obligaciones legales.

Este tipo de datos concretos ha reforzado la opinión de muchos economistas que comparten los valores sociales y las preocupaciones básicas del mundo sindical con respecto a la pobreza, en el sentido de que deberíamos darnos por objetivo la reglamentación progresiva del sector informal y, en tal perspectiva, aplicar una metodología gradual de integración de este sector en el marco de la economía regular. De hecho, como se ha señalado al comienzo de este capítulo, tal ha sido la filosofía básica de la OIT durante los últimos dos decenios, la cual se ha traducido en particular en recomendaciones para emprender reformas en el nivel municipal, en el que muchas microempresas están aceptando y aplicando ya algunas normas y reglamentos. En cuanto a los impuestos y a otras normativas que se establecen a nivel regional y del gobierno central, su acatamiento debería extenderse también al sector informal en un proceso gradual y recurrente. Por ejemplo, algunos economistas de la OIT han propuesto moderar el régimen tributario que se aplica a las utilidades o al rendimiento de las microempresas o de los trabajadores independientes, o en su defecto aplicar otras formas de desgravación fiscal que tomen en consideración la solvencia de los actores económicos del sector informal. También se ha propuesto que los gobiernos estudien la posibilidad de transformar la naturaleza de los impuestos que normalmente deberían gravar los ingresos o las utilidades, convirtiéndolos en pago por los servicios que presta el Estado y que utilizan las unidades del sector informal.

También se han propuesto mecanismos para recortar los costos laborales no salariales mediante la reducción o la eliminación de los impuestos sobre las remuneraciones pagadas, los cuales, en el sector formal de la economía, corren normalmente a cargo de las empresas. La idea de reducir la «cuña tributaria» (que, en lo esencial, consiste en la diferencia entre la masa salarial y los costos laborales totales) como mecanismo para promover el empleo es una propuesta normativa que merece un examen detenido. Por lo menos teóricamente, sería posible introducir o aumentar gravámenes como los impuestos al valor añadido, a las utilidades del capital y a los ingresos u otros impuestos con el fin de compensar la pérdida de recursos que para el Estado significaría la eliminación de los impuestos sobre nóminas.

Los participantes tal vez deseen examinar con detenimiento las opciones en materia de políticas que se han señalado más arriba. El respaldo de las reformas de esta índole podría contribuir a demostrar que los sindicatos conocen bien los problemas que afrontan los trabajadores por cuenta propia y los microempresarios del sector informal y están preocupados por los mismos.

Además, es posible que los sindicatos acepten y apoyen este tipo de reformas, pero exigiendo que al mismo tiempo el Estado intervenga en forma más sistemática en el mercado de trabajo y tome medidas con respecto a los objetivos viables mencionados más arriba.

 

 

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