Sindicatos y formación
Los sindicatos y el sector informal:
en pos de una estrategia global
ACTRAV/OIT, 1999
4.1.2. Fomento de una buena gestión pública y de una administración del trabajo idónea
En las secciones anteriores de este documento se ha hecho hincapié en la importancia que reviste, tanto desde el punto de vista económico como social, la existencia de un cuerpo legislativo laboral adecuado. Con todo, ello no significa que la legislación sea siempre perfecta o que la aplicación de las normativas no adolezca de deficiencias. De hecho, un motivo frecuentemente citado por los actores del sector informal para justificar el incumplimiento de las normas y reglamentos es su convicción de que estos requerimientos conllevan costos de los que no pueden sacar beneficio alguno. Por lo tanto, los sindicatos podrían interesarse en ejercer presión sobre las autoridades para que racionalicen la aplicación de normativas costosas y conciban medios más baratos para realizar los objetivos sociales propuestos. Por ejemplo, en lo que atañe a las exigencias sobre seguridad y salud, se podría proponer que las pequeñas empresas se doten de otros equipos más baratos, opción que debería figurar en la legislación (véase más abajo una explicación más detallada). Otro problema significativo es la ambigüedad en la aplicación de las normativas y la corrupción que suele ir asociada con la recaudación de impuestos y la aplicación de normas. Naturalmente, esto refuerza la imagen que se tiene del gobierno como de un parásito que se alimenta del sector privado, y la idea de que toda forma de reglamentación es una carga injustificada para las empresas. En tales circunstancias, a mucha gente le parece moralmente legítimo y en general aceptable sustraerse al pago de los impuestos y al cumplimiento de la legislación laboral o de otras reglamentaciones.
Se podría concluir, pues, que en vez de restringir el papel que el Estado desempeña en la economía, los encargados de la elaboración de políticas deberían concentrarse en mejorar la eficacia de las intervenciones del Estado. Durante el último decenio, mucho se ha escrito y dicho acerca del «buen gobierno». La mayoría de la gente asocia este concepto con políticas de gran resonancia, como la promoción de la democracia, el imperio de la ley y la búsqueda de una mayor apertura en las relaciones entre el gobierno, el sector bancario y la industria. En realidad, la necesidad de un buen gobierno es también pertinente por lo que se refiere al sector informal. Los estudios que la OIT ha llevado a cabo en este sector indican claramente que toda medida encaminada a hacer más transparente y sistemática la aplicación de las normas y reglamentos sobre permisos de construcción, disposiciones sanitarias, licencias de explotación y registro ante las autoridades tributarias locales y nacionales, así como ante las instituciones competentes en materia de contratos de trabajo y asuntos de seguridad social, contribuye a mejorar la imagen de los organismos estatales responsables de tales funciones, lo que a su vez puede estimular el cumplimiento de este tipo de reglamentaciones.
Los trabajadores del sector informal se ven confrontados también a los problemas derivados de la existencia de estructuras de poder y de organizaciones de tipo mafioso que controlan el acceso a los mercados. Estas suelen funcionar como agrupaciones criminales, ante las cuales los trabajadores del sector informal se encuentran desprotegidos dado que su condición jurídica marginal les impide recurrir a la policía o a otras autoridades públicas. La intervención de las autoridades y la aplicación de medidas para erradicar la criminalidad del sector, o por lo menos para reducir al mínimo las prácticas de corrupción menores y los sobornos, contribuirían de manera significativa a aliviar la situación de la mayoría de las personas que trabajan en el sector informal. Ahora bien, si las autoridades pretenden encontrar soluciones de fondo al problema, deben estar dispuestas a retribuir adecuadamente a los funcionarios encargados de aplicar las normas pertinentes, asegurándoles sueldos y salarios justos que les permitan mantener un nivel de vida decoroso, eliminando así un factor que lleva a los trabajadores del sector público a corromperse para asegurar la subsistencia de sus familias. Esas medidas deben combinarse con actividades de perfeccionamiento profesional de los funcionarios públicos, a fin de mejorar su eficiencia y de poner fin a las prácticas de acoso y corrupción. Al mismo tiempo, el Estado tiene que asumir nuevas responsabilidades con respecto a la protección de los derechos de propiedad y a las transacciones contractuales.
En el pasado, el movimiento sindical internacional ha dado su pleno respaldo a las campañas encaminadas a mejorar la gestión de los asuntos públicos y a eliminar la corrupción en los niveles más elevados del aparato de Gobierno. Los participantes en esta reunión tal vez estimen conveniente analizar la manera de promover estos mismos principios, aplicándolos en los niveles inferiores del Estado. Así, el movimiento sindical estará demostrando un mayor interés por los problemas que se plantean cotidianamente a los trabajadores del sector informal.
En muchos países en desarrollo, los servicios de administración del trabajo están insuficientemente dotados en personal y equipo. El aumento de los recursos y el personal capacitado que se requieren para estas funciones es una hipótesis evidente en materia de políticas que los gobiernos deberían poner en práctica si pretenden verdaderamente tratar de integrar al sector informal en el marco de la economía formal. Sin embargo, limitarse a tal medida sería una solución excesivamente simplista para los complejos problemas que deben resolver los inspectores del trabajo cuando tratan de conseguir que las microempresas respeten la legislación. Estos funcionarios suelen conocer la precariedad de las condiciones en que funcionan estas pequeñas unidades y ser conscientes de que las microempresas carecen de los medios necesarios para sufragar todos los costos que supone la aplicación de las medidas previstas por la legislación. Es lógico, pues, que en algunos países los servicios de inspección del trabajo actúen con flexibilidad al aplicar la ley, decidiendo, caso por caso, cuál será el nivel de cumplimiento que exigirán a cada empresario. Cuando consideren que el empresario dispone de medios financieros para dotar a su personal con todo el equipo de seguridad necesario o para mejorar las condiciones de trabajo, aplicarán plenamente la legislación en la empresa de que se trate. Cuando no sea así, pedirán al empresario que haga algunas mejoras progresivas.
Algunos inspectores del trabajo dan también asesoramiento sobre soluciones técnicas más baratas, como, por ejemplo, utilizar arena en lugar de extinguidores de incendio. Se podría prestar una mayor atención al examen de este tipo de soluciones. Los sindicatos tal vez deseen examinar la posibilidad de fomentar la idea de que los inspectores del trabajo establezcan una lista de otros materiales de seguridad más baratos que podrían utilizar las microempresas en espera de que éstas alcancen un nivel suficiente de viabilidad económica. Sin embargo, no hay cabida para la flexibilidad en lo que atañe a cuestiones como la libertad sindical, la discriminación y la explotación de los trabajadores, y los sindicatos deberían instar encarecidamente a los gobiernos a velar por que los inspectores del trabajo reciban una formación adecuada y actúen con rigor profesional al aplicar estos componentes esenciales de la legislación del trabajo.
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