Sindicatos y formación
Los sindicatos y el sector informal:
en pos de una estrategia global
ACTRAV/OIT, 1999
2.2. La función de las normas del trabajo y de la legislación laboral en el sector informal
La importancia de las normas del trabajo y de la legislación laboral para el sector informal puede examinarse desde una perspectiva económica y desde el ángulo de los derechos sociales y humanos. Este último tiene una importancia fundamental, pero empezaremos por el examen del primero, puesto que está íntimamente relacionado con la discusión que acabamos de mencionar.
2.2.1. Las repercusiones de las normas del trabajo en la productividad
Como se ha dicho antes, el modelo neoclásico de desarrollo económico puede cuestionarse desde diversos frentes. Por ejemplo, otros modelos de desarrollo económico que reconocen las ineficiencias del mercado y que aprecian también las ventajas económicas a largo plazo que se derivan de mantener y fomentar el entramado social de la sociedad, han conducido a unas conclusiones muy distintas sobre la importancia de las normas del trabajo y de las instituciones del mercado de trabajo, como los sindicatos. Según el modelo institucional o estructuralista de desarrollo económico, deberíamos preocuparnos de las repercusiones que la competencia desleal del mercado de trabajo informal puede tener en la productividad de ese sector, y también de cómo podría afectar la viabilidad económica a largo plazo de la economía del sector formal (Sengenberger, 1994; Lee, 1997, 1998 y 1999). Tradicionalmente, los sindicatos han estado preocupados por el hecho de que si no hay unas normas del trabajo mínimas se produciría una «carrera hacia atrás» de las condiciones de trabajo, lo cual tendría consecuencias económicas y sociales negativas. Sobre todo en los países que tienen mucho excedente de mano de obra, el incumplimiento de normas del trabajo tales como la libertad sindical, los salarios mínimos, el número máximo de horas de trabajo y las disposiciones reglamentarias sobre salud y seguridad en el trabajo, incitarán a los empresarios a competir entre sí a través de una reducción de los costos laborales. Ello reduciría o eliminaría igualmente los incentivos que hubiesen tenido de otro modo para competir por medio de productos de mejor calidad, tecnología y estrategias comerciales. El resultado final es una mayor competencia en el mercado de trabajo, más explotación de los trabajadores, menos productividad, una asignación poco eficaz de los escasos recursos disponibles, un crecimiento económico más lento y menos prosperidad para todos. Por consiguiente, serían erróneos los argumentos que esgrimen los economistas neoclásicos en el sentido de que la desreglamentación liberaría el potencial creativo del sector informal y favorecería la innovación, una mayor competencia en los mercados de productos y la producción de bienes de mayor valor.
Para responder a las cuestiones antes mencionadas, un economista de corte neoclásico tal vez argumentase que si tuviera interés económico para los empresarios poner en práctica las normas del trabajo, ya lo harían por sí mismos, sin necesidad de apremio por parte del Estado.
Además, los economistas de este tipo señalarían probablemente las encuestas de los operadores del sector informal, que muestran que muchos empresarios piensan que las repercusiones financieras de tener que cumplir la legislación laboral los pondría fuera de combate, y ésta es precisamente la razón por la cual escogen actuar fuera del sector formal. Pero el hecho de que los microempresarios puedan desear minimizar los costos laborales a corto plazo, a pesar de las repercusiones negativas que ello tiene en la productividad, no significa necesariamente que éste sea un planteamiento económicamente racional: no hace más que reflejar el hecho de que la mayor parte de los operadores del sector informal se ven forzados, por las circunstancias económicas, a adoptar una perspectiva a muy corto plazo. Para ellos, las prioridades son la supervivencia de cada día y los problemas inmediatos de activo líquido, puesto que el acceso al crédito les está muy limitado: en su mundo no existe una perspectiva «a largo plazo» y por lo tanto no pueden permitirse el lujo de pensar que el cumplimiento de las normas del trabajo, como las condiciones de salud y seguridad, tendrá como resultado menos accidentes profesionales, que se traducirán en un aumento de la producción, menos costos laborales por unidad y beneficios más elevados.
Existe también el problema de los «aprovechados»: los empresarios del sector informal se mostrarán reticentes a emprender una estrategia que pudiera suponer unos costos laborales algo más elevados a corto plazo (con vistas a obtener una mayor productividad y unos menores costos unitarios a largo plazo) porque temen que otros empresarios no quieran seguir la misma estrategia. El empresario que no cumple las normas del trabajo puede permitirse precios más bajos que los que las cumplen, y los pone fuera de combate antes de que tengan la oportunidad de conseguir los beneficios de productividad que se derivan de cumplir las normas del trabajo.
Este es otro ejemplo de ineficiencia del mercado y una justificación económica para la intervención estatal en forma de legislación laboral, inspección del trabajo y aplicación de las normas laborales mínimas en toda la economía.
En los últimos años, la OIT ha emprendido una considerable labor analítica, y varios países han llevado a cabo estudios para examinar el «costo de la legalidad» para el sector informal, en un intento de evaluar las tesis contradictorias de los modelos neoclásico y estructuralista de la teoría económica. Por ejemplo, Vargha (1992) ofrece un interesante resumen de las condiciones de trabajo que las microempresas respetuosas de la ley de la República Unida de Tanzanía tendrían que aplicar a sus empleados (sin contar a los trabajadores ocasionales): no deberían tener menos de 15 años de edad, ni trabajar más de nueve horas al día ni de 45 horas por semana; no deberían percibir una retribución inferior al salario mínimo y deberían cobrar regularmente su paga, en dinero circulante; deberían tener libre un día de cada siete y 28 días de vacaciones pagadas al año; deberían recibir ropas protectoras adecuadas y estar en un medio ambiente de trabajo seguro; el empleador y el empleado tendrían que contribuir al fondo nacional de pensiones (NPF) por un monto equivalente al 10 por ciento de los salarios, y los empleados tendrían que tener un seguro de accidentes, ayuda médica y enfermedades profesionales.
Los costos de todos los requisitos legales antes mencionados fueron evaluados de manera aproximada y se llegó a la conclusión de que la principal razón por la cual los empresarios no respetaban los requisitos legales giraba en torno de los costos elevados, las vacaciones anuales pagadas, el seguro de indemnización de los trabajadores y las contribuciones al NPF.
La autora concluía que la empresa no podría seguir siendo viable si tuviera que absorber todos estos costos, pero señalaba que ciertos costos podrían absorberse simplemente con una mejor organización del trabajo y del proceso de producción. Por ejemplo, si la organización de la producción se reajustase, probablemente podrían reducirse las horas de trabajo y respetarse el descanso semanal sin incurrir en gastos adicionales. Esto mejoraría también la eficacia de los trabajadores. Además, según la autora, era evidente que los trabajadores estarían mejor protegidos contra accidentes y enfermedades si se les suministrasen ropas adecuadas de protección. Ello tendría una doble ventaja para los empresarios. En primer lugar, disminuiría el monto de los gastos médicos y el número de días de trabajo perdidos y, en segundo lugar, se produciría una mejora en la productividad de los trabajadores.
Para ilustrar esto, Vargha presenta el ejemplo de los trabajadores de una pequeña empresa de la República Unida de Tanzanía que producía aceite de cocina. Las semillas de las que se extraía este aceite producían mucho polvo y en los locales no había ventilación adecuada. Los trabajadores inhalaban el polvo, puesto que no se les suministraban máscaras protectoras, y ello perjudicaba sus pulmones y los hacía propensos a enfermedades. El propietario de la empresa era consciente de que tenía un entorno de trabajo muy deficiente, pero no estaba preparado para adoptar ninguna acción correctora. Pero, como la autora señala, si el propietario hubiese tenido acceso al crédito y hubiese podido ofrecer un entorno laboral más saludable, los beneficios que se hubiesen podido obtener por medio de esta inversión hubiesen sido superiores a los costos de los gastos médicos a que hubo que someter a los trabajadores, y la productividad laboral hubiese aumentado. No obstante, aun en un ejemplo como este, considerando la precariedad financiera de las pequeñas empresas, podría examinarse el modo de disminuir los costos de ciertos requisitos de seguridad y salud. Se podría exigir a los pequeños empresarios que adoptaran equipos más baratos y/o el costo de tales equipos podría considerarse como un costo de inversión que desgravase los impuestos.
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