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Síntesis introductoria

 

El impacto de los procesos y acuerdos de integración regional sobre las oportunidades laborales y las relaciones de trabajo, exige un análisis dinámico relativo al desarrollo de largo plazo de las sociedades nacionales que se integran. Conviene efectuar dicho examen en el contexto de la actual revolución técnológica y de la globalización de la economía mundial desde el ángulo de sus consecuencias específicas sobre los países en desarrollo y los latinoamericanos en particular.

En el norte desarrollado, la propagación de las tecnologías de la información reduce las oportunidades de empleo y de ingresos para los trabajadores de escasa calificación que desempeñan tareas repetitivas o rutinarias en la producción de bienes o servicios, y aumenta las de los altamente calificados, productores de bienes inmateriales o simbólicos intensivos en conocimiento. Los principales damnificados por estas tendencias son los trabajadores de menor educación de los países desarrollados, primero porque allí las tecnologías de la información se han propagado de manera más amplia, y segundo porque la globalización productiva traslada los procesos rutinarios de producción a las zonas procesadoras de exportaciones de los países en desarrollo. De esa manera las subsidiarias de las grandes firmas manufactureras obtienen ventajas competitivas combinando la alta productividad de sus avanzadas tecnologías con los bajos costos (laborales, ambientales, etc.) de las zonas en desarrollo donde localizan su producción. Se está gestando así en los países desarrollados un problema potencial (cuyos alcances son aún inciertos) que suscita reacciones de naturaleza social, sindical y política tendientes a proteger las oportunidades de empleo amenazadas por estas tendencias.

En el eje norte-sur las subsidiarias de empresas transnacionales se localizan en las zonas procesadoras de exportaciones para aprovechar costos (laborales, ambientales, etc.) más reducidos en la elaboración de manufacturas durables de uso final (microelectrónica, automotores, indumentaria, etc.), o explotar recursos naturales más accesibles y baratos en las fases primarias de los procesos de agregación de valor. Como acontece con las "maquiladoras" de México, Centroamérica y el Caribe, estas zonas procesadoras de exportaciones se localizan cercanamente a grandes mercados, como el estadounidense, para aprovechar al máximo los costos más reducidos de transporte.

La presencia transnacional en materia de capitales y de tecnología, se orienta masivamente a aprovechar los mercados emergentes de los países en desarrollo, con lo que su contribución al empleo y al producto domésticos en las actividades de servicios puede ser más amplia y sostenida en el tiempo. Al igual que en las actividades productoras de bienes es necesario, sin embargo, computar dos efectos. De un lado la creación de empleos derivada de la presencia transnacional, y del otro la eliminación eventual de empleos preexistentes en empresas locales especializadas en actividades similares.

En América Latina y el Caribe, la mayor contribución de la nueva estrategia de desarrollo en los años noventa ha radicado en su capacidad de generar nuevas dinámicas de crecimiento en un marco de estabilidad macroeconómica y de exitoso control de la inflación, reduciendo la pobreza absoluta e incrementando el ritmo de creación de empleo, aunque en ocupaciones de baja calidad, mientras se mantiene o empeora el nivel de desigualdad distributiva que ha caracterizado históricamente a la región.

La expresión "regionalismos abiertos" es utilizada fundamentalmente por los economistas para referirse a las modalidades económicas de la integración que son compatibles con las estrategias de desarrollo abierto al proceso de globalización mundial y con las reglas de juego del multilateralismo global. Pero el multilateralismo (no discriminación y trato nacional) y del regionalismo abierto (discriminación o "preferencialismo" compatible con la OMC) no son directamente aplicables a los mercados de trabajo por las profundas implicaciones políticas, económicas, y culturales en la organización de las sociedades nacionales que derivan de la operatoria de estos mercados.

A los efectos de analizar estos aspectos laborales conviene distinguir entre dos tipos (A y B) de acuerdos de integración. El tipo A son Acuerdos de Libre Comercio vale decir, orientados a suscribir compromisos de liberalización recíproca de los mercados de bienes , de servicios, de capitales, y de tecnología. Los de tipo B son aquellos que incluyen cláusulas sociales y se plantean como objetivo explícito avanzar, al menos, hacia la constitución de mercados comunes.

En este contexto cabe formularse el siguiente interrogante: de qué manera la integración regional de las economías de América Latina puede acrecentar las oportunidades de empleo con productividad, calificación e ingresos superiores al promedio nacional de los países que se integran?

No debe olvidarse, en primer lugar, que el porcentaje de empleos respecto del empleo total generados por las exportaciones, no puede ser en promedio muy superior a la proporción de las exportaciones en el producto total. El intercambio que se verifica en el marco de los acuerdos de integración es a su vez una proporción todavía pequeña del comercio total. En consecuencia los empleos directamente atribuibles a las exportaciones recíprocas en cada acuerdo constituyen un porcentaje muy exiguo, aún suponiendo que la productividad media del empleo utilizado en las exportaciones fuera igual a la productividad media de la economía. Este supuesto puede ser cierto para las pymes y las microempresas pero no lo es para las empresas de gran escala que desarrollan la mayor parte de la exportación de bienes cuya productividad es muy superior a la media de la economía. Lo anterior, permite sugerir que el principal impacto en materia de empleos no se verifica en el ámbito del comercio internacional y mucho menos por el intercambio entre países miembros de acuerdos de integración.

Quizá resulte más fructífero examinar el "efecto empleo" atribuible a las inversiones originadas en los procesos de globalización, asumiendo que los acuerdos de integración de ambos tipos son parte constitutiva de esos procesos.

El tema así planteado parece instalarse en el ámbito de la globalización y desechar los efectos o impactos de la integración propiamente dicha. Sin embargo no es así, pues una cuota significativa de las inversiones provenientes de las grandes empresas transnacionales se explica por las oportunidades económicas que abren los acuerdos.

Las tendencias examinadas en la sección II parecen sugerir que la escala y el mayor dinamismo de los mercados integrados, no se ha manifestado positivamente en materia de empleo y distribución del ingreso. Esto es atribuible a que la composición del crecimiento de la inversión favorece más que proporcionalmente a las actividades de gran escala y productividad directamente estimuladas por el proceso de globalización, y perjudica relativamente a las pymes y microempresas que generan la mayor proporción de empleos en la región.

En resumen, la integración regional de las economías latinoamericanas favorece de dos maneras principales el crecimiento del producto y del empleo. Primero posibilita la creación de áreas naturales de integración estimulando la rentabilidad de las inversiones allí localizadas que se dirigen al mercado interior, cuya expansión permite un mejor aprovechamiento de las reducciones de costos unitarios derivados tanto de economías de escala y especialización, como de la combinación de productividades "desarrolladas" con salarios "subdesarrollados". Y segundo, al crear condiciones para expandir el mercado interno (sobre bases totalmente compatibles con el estilo abierto del desarrollo actual) favorece las oportunidades económicas de las empresas medianas y pequeñas (nacionales y extranjeras) y de las microempresas (fundamentalmente nacionales) cuya contribución al empleo total especialmente en el área de los servicios es decisiva.

La línea "divisoria de aguas" que marca una fuerte irrupción de los temas "sociales" en el proceso de integración regional, se alcanza cuando se asumen compromisos, y se implementan iniciativas orientadas a avanzar hacia la constitución de mercados comunes (o de acuerdos aún más profundos) que garanticen la plena libertad migratoria en los espacios económicos ampliados. Este grupo de acuerdos es lo que en este trabajo hemos denominado por razones de brevedad, acuerdos de tipo B.

En el marco de las consideraciones anteriores, la constitución de mercados comunes plantea desafíos a tres conjuntos de regímenes y políticas cuya convergencia se requiere para integrar gradualmente los mercados de trabajo: a) la de los regímenes y políticas migratorios; b) la de los regímenes y políticas sociales cuya vigencia contribuye a efectivizar el derecho a trabajar en otro país miembro c) la de los regímenes y políticas relacionados con la formación de recursos humanos.

 

 

 

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