Del mismo modo, aunque son jefas de una quinta parte de los hogares rurales y, en algunas regiones, de más de un tercio de los mismos, ellas sólo son propietarias de alrededor del 1% de las tierras. Así, a pesar de los avances jurídicos alcanzados en los últimos años, el acceso y control sobre la propiedad de la tierra sigue estando recortado y limitado para la mayor parte de las mujeres rurales, lo que agudiza sus dificultades y limitaciones de acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la participación, esenciales para el desarrollo. Menos aún son valoradas las tareas reproductivas diarias (provisión de combustible, agua y comida para el consumo de la casa y para la venta) que están casi exclusivamente a su cargo y que ejercen conjuntamente con la actividad productiva. Al ser las principales responsables del trabajo doméstico, las mujeres desempeñan un rol primordial en la economía de los hogares rurales y se constituyen en las principales garantes de su subsistencia. Pero este aporte, que implica sistemáticamente una "doble jornada de trabajo", cualquiera sea la región geográfica de la que se trate, queda normalmente invisibilizado. Así, un diagnóstico del IICA y del BID (1995) muestra que el volumen de la población femenina económicamente activa en el sector agropecuario, es hasta cinco veces mayor al que ofrecen los datos de encuestas y censos oficiales.

Desde ya que en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentación esta inequidad es aún más notoria y determina una clara asociación entre mujer y pobreza, que adquiere proporciones dramáticas en el medio rural. Las estadísticas demuestran que casi el 70% de las mujeres económicamente activas trabajan en el sector agrícola en las regiones emergentes y que las campesinas constituyen hoy la mayoría de los 1.500 millones de personas que viven en la pobreza absoluta. Cuando el acceso a los medios de producción de las campesinas disminuye, el número de personas que sufre de pobreza y de sus efectos directos (hambre, desnutrición y enfermedad), aumenta ineludiblemente. Asimismo, la sobrecarga de trabajo de las mujeres se refleja en un fuerte incremento del trabajo infantil con el consiguiente aumento de la deserción escolar; en la ausencia de acceso a la tecnología; así como de organismos públicos de seguridad social y de apoyo durante la vejez.

La no consideración de estas cuestiones en las políticas incide fuertemente en los resultados esperados e incluso puede aumentar la carga de trabajo femenina, afectar su salud y, desde ya, implica un desaprovechamiento notorio de sus aportes y de sus capacidades. Por ello, la incorporación de una sistemática lectura de género de los procesos de desarrollo es imprescindible y debe estar presente desde el diagnóstico de la situación de partida y en cada instancia y modalidad de intervención para poder asegurar la efectividad, calidad y sostenibilidad de las acciones emprendidas.