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Índice

Resumen

I. Introducción
II. Críticas al enfoque de las reformas: Género, derecho y macroeconomía
III. Seguridad social y mercado de trabajo
IV. Sistemas de seguridad social: Crisis y reforma
      A. Crisis de la seguridad social
      B. Propuestas de los organismos internacionales
      C. Reformas: Los nuevos sistemas previsionales en América Latina
V. Análisis de los sistemas previsionales de Argentina, Bolivia y Colombia
      A. Argentina: Un caso paradigmático
      B. Bolivia: Sistema único de capitalización
      C. Colombia: El régimen paralelo
VI. Conclusiones: ¿Género en la reforma o reforma sin género?
Bibliografía

Resumen

Las reformas previsionales en América Latina significaron un cambio de paradigma y no una mera intervención técnica.

En los años setenta, los sistemas de seguridad social de los países pioneros comenzaron a mostrar signos de déficit actuarial y financiero porque sus gastos superaban los ingresos, lo que obligó al Estado a realizar crecientes transferencias fiscales. En los ochenta, la crisis de la deuda agravó el déficit latente y la reforma se planteó como un imperativo.

La solución planteada fue la privatización de los programas de pensiones (vejez, invalidez y muerte) y del seguro por enfermedad y maternidad. Se constituyó un mercado de capitales, pero no se logró solucionar los déficit del sistema y tampoco el estímulo del ahorro personal disminuyó   significativamente la evasión.

Por otra parte, la privatización no alivió la responsabilidad del Estado, que asumió el financiamiento de los entes encargados de la supervisión y fiscalización del sistema (superintendencias en la mayoría de los países), así como el triple costo de la transición (déficit del sistema anterior, pensión mínima bajo el  nuevo sistema y bono de reconocimiento), además de garantizar el rendimiento mínimo de los fondos invertidos y el monto de la prestación (pensiones) en caso de quiebra de las administradoras.

Al implementar la reforma previsional en los tres países considerados (Argentina, Bolivia y Colombia), se optó por sustituir los sistemas públicos por sistemas de ahorros capitalizados individualmente, cedidos a la administración privada con garantías estatales.

El género estuvo ausente en el diseño de las reformas, lo que acusa la concepción económica que las sustentó. Este estudio busca examinar las implicaciones de las relaciones y desigualdades de género para los análisis macroeconómicos y las opciones de política resultantes.

Las brechas de género difieren según se trate de sistemas de reparto o de capitalización individual. Estos últimos, al vincular el beneficio al aporte (ahorro individual), afectan de manera especial a las mujeres, ya que una de las características de su vida laboral es que su participación en el mercado de trabajo es más precaria, discontinua e intermitente. El sistema de capitalización de aportes se asocia a la acumulación de ahorros y al aumento de la propensión a ahorrar de los afiliados (fuerza de trabajo). Estos aportes están subvaluados porque no se contempla la contribución específica del trabajo doméstico no remunerado.

En los sistemas de reparto, los beneficios llegan principalmente a los más favorecidos en la distribución del ingreso. Además, han sido cuestionados por adolecer de una especie de inequidad generacional, ya que la primera generación de afiliados goza de beneficios generosos, mientras que las últimas tendrían que asumir la carga de la caída de la tasa de sostenimiento y de los beneficios.

En el sistema de reparto, las brechas de género derivan de las diferencias salariales y del numero de años de participación laboral (sin tener en cuenta la esperanza de vida diferenciada).

En otros términos, en los sistemas de capitalización las brechas de género se originan a causa de: i) factores que inciden negativamente en la acumulación de fondos de pensión durante los años de trabajo; ii) factores que afectan a los fondos de retiro durante el proceso para acceder al beneficio (cálculo de la pensión). Se considera que el sistema de reparto es más neutral en términos de género debido a que: i) las mujeres se benefician con el retiro anticipado, previsto a menor edad que en los regímenes de capitalización, si bien parcialmente, ya que en muchos casos significa recibir una jubilación menor; ii) el beneficio se calcula con tablas actuariales únicas para ambos sexos; iii) el cálculo del haber previsional (monto de la jubilación) se realiza sobre la base de los últimos salarios, lo que beneficia más a los hombres porque aunque ingresen con bajos salarios, al momento del retiro están gozando de los niveles de remuneración más altos de su carrera laboral, lo que implica mayores haberes en su retiro.

Debido a que el financiamiento de la seguridad social proviene del impuesto al salario, quedan sin ningún tipo de cobertura los trabajadores informales, los agrícolas no asalariados, los desempleados y los trabajadores del servicio doméstico, entre los cuales predominan las mujeres.

Las reformas tienen un claro impacto en términos de género, ya que las mujeres participan mayoritariamente en el mercado de trabajo informal, y las trabajadoras por cuenta propia (autónomas) en general destinan su potencial aporte a la economía doméstica, lo cual las imposibilita para acceder al sistema. En la mayoría de los países latinoamericanos, la afiliación al sistema previsional constituye un fenómeno más ligado a los varones que a las mujeres y esto tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de las mujeres adultas mayores.

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