Según las más recientes estimaciones de la OIT, hay en todo el
mundo unos 450 millones de personas empleadas en el sector público,
lo que supone un 30% del empleo total. De esta cifra, unos 200
millones, por lo menos, trabajan en la administración pública.
Aunque la masa salarial total de todas estas personas dedicadas
al servicio público constituye un capítulo muy importante del
gasto público –y es a menudo el objetivo de las políticas
de redimensionamiento–, la reducción de los servicios públicos
supondrá poco en términos de cualidad y de eficacia si no se presta
atención al desarrollo de los recursos humanos. Las cuestiones
de género juegan un papel vital en estos procesos de reforma,
porque el personal dedicado al servicio público está integrado
por hombres y por mujeres, que a su vez son usuarios o clientes
de esos servicios públicos.
Los problemas
Las cuestiones de género en el sector de servicios público surgen
de la distinta participación de los hombres y de las mujeres en
los trabajos, de sus respectivas posiciones en la estructura jerárquica
y de sus diferentes oportunidades de progresar en sus carreras,
acuerdos contractuales y remuneración. Todos estos aspectos están
relacionados unos con otros. En la mayoría de los países, el sector
público es el principal empleador de mujeres y, como tal, les
ofrece importantes oportunidades de empleo. En ciertos servicios
públicos, como la sanidad y la educación, las mujeres constituyen
la mayor parte de la mano de obra. Y en algunos países esto es
cierto también para la administración pública. Pero, en cambio,
la participación correspondiente a las mujeres en el empleo en
empresas de utilidad pública, como las de agua, electricidad y
gas, es baja en la mayoría de los países, puesto que va del 1%
al 2%.
Las mujeres tienden a ocupar los empleos que requieren menor
capacitación, están peor remunerados y se sitúan en los niveles
inferiores del escalafón. Dentro de la administración, pero también
en las empresas de utilidad pública, la mayoría de ellas desempeñan
trabajos de oficina. Pocas mujeres alcanzan puestos de dirección
intermedios y todavía son menos las que acceden a puestos de alta
dirección. Durante muchos años, la promoción en el servicio público
ha dependido principalmente de la antigüedad en el puesto, en
detrimento de las mujeres con responsabilidades familiares, ya
que éstas interrumpen a manudo sus carreras para cuidar a sus
hijos y, consiguientemente, no pueden alcanzar la misma antigüedad
que los hombres. Puesto que el servicio público fue el primer
sector que introdujo en algunos países la posibilidad de que también
los hombres interrumpieran sus carreras por razones familiares,
hoy pueden aplicárseles pautas similares, pero en medida muchísimo
menor.
Los obstáculos con que se encuentran las mujeres en sus carreras
dentro del sector público no vienen sólo del sistema de promoción.
Los procedimientos de contratación, los criterios de selección
y la apreciación del rendimiento también están sesgados por desigualdades
de género. La formación en el servicio a menudo no se corresponde
con las necesidades de las mujeres y no es lo suficientemente
accesible para ellas. Más aún, puesto que en algunos países el
nivel de educación general de las mujeres suele ser bajo, éstas
necesitan una formación ulterior, a la que sin embargo no pueden
acceder fácilmente; en particular las trabajadoras a tiempo parcial
o temporales, modalidades de empleo en las que son mayoritarias
las mujeres.
En los países donde las remuneraciones en el sector de servicios
público no son competitivas con las del sector privado, el número
de mujeres que alcanzan puestos de dirección a menudo es más alto.
Sin embargo, los sueldos de las mujeres suelen ser, en general,
inferiores a los de sus colegas hombres, particularmente en servicios
(por ejemplo, en los sanitarios) donde tienen un papel importante
las ayudas y existen componentes salariales discrecionales.
Abordar los problemas
Abordar las cuestiones de género en el servicio público contribuye
significativamente a las políticas para mejorar la calidad y la
eficiencia de los servicios proporcionados y los hace más sensibles
a los clientes. Estas políticas conducen de ordinario a reestructurarlos
y descentralizarlos para acercarlos más a los usuarios. Un análisis
muestra que muchos, si no la mayoría, de los servicios públicos
tienen una considerable proporción de mujeres usuarias y clientes.
El equilibrio de géneros entre los empleados que prestan y dirigen
estos servicios podría garantizar una respuesta más eficaz a sus
demandas.
En la mayoría de los países existen leyes que imponen la igualdad
de oportunidades y de trato. Muchos han abolido leyes sesgadas
con respecto al género y han creado servicios para controlar la
puesta en marcha de las nuevas leyes y garantizar su buena práctica.
Los obstáculos que se oponen al avance de las mujeres en el servicio
público radican principalmente en la rigidez de los escalafones
y la escasa flexibilidad existente en las normas del servicio
civil en lo concerniente a horarios de trabajo y a una organización
laboral adaptada a las necesidades de los trabajadores con responsabilidades
familiares. A esto hay que sumar el que las mujeres, a causa de
su nivel de educación, a menudo inferior al de los hombres, y
de sus limitadas oportunidades de recibir formación profesional,
se encuentran en desventaja porque el proceso de reestructuración
que está teniendo lugar en muchos países requiere mayor formación
en los trabajadores.
Para mejorar las posiciones de las mujeres en la estructura de
empleo de los servicios públicos se han elaborado documentos que
definen políticas, planes de acción positiva y otros sistemas
de apoyo, tales como el de cuotas. El estado, principal empleador
en la mayoría de los países y tradicionalmente considerado un
modelo de buenas prácticas en la dirección de su personal, busca
también con estas medidas convencer a los empleadores privados
de la utilidad de que aborden las cuestiones de género en la dirección
de sus propios recursos humanos. La gama de medidas posibles es
muy amplia y diversa, y la mejor forma de elegir entre ellas es
a través del diálogo con los interesados.
Tendencias emergentes
El redimensionamiento a la baja y la reestructuración de los
servicios públicos caracterizan la realidad actual del sector
público en muchos países del mundo. Esto ha llevado a situaciones
dramáticas para los trabajadores de este sector, que incluyen
el recorte, la demora e inclusive el impago de sus salarios. Puesto
que las mujeres se concentran predominantemente en los puestos
de menor capacitación y peor remunerados, con frecuencia son el
grupo más castigado por la reestructuración o el recorte.
Para mejorar la eficiencia de los servicios públicos hay que
introducir en ellos mayor flexibilidad en lo relativo al empleo
y a la organización del trabajo. Esto pudiera ser beneficioso
para las necesidades de las mujeres y, en general, de todos aquellos
trabajadores con responsabilidades familiares. Sin embargo, una
flexibilidad introducida en detrimento de la igualdad de oportunidades
y de trato podría perjudicar las perspectivas profesionales de
las mujeres en el caso de las trabajadoras temporales o a tiempo
parcial. Una remuneración relacionada con el rendimiento suele
verse como medio para lograr calidad y servicios realmente orientados
por los usuarios, que es la meta buscada por las reformas del
servicio público en todo el mundo. Pero los desarrollos en este
sector aún tienen que ser analizados desde el punto de vista de
su impacto en materia de género.
