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Una de las innovaciones de mayor importancia
ocurridas en la formación profesional durante los últimos
años, ha sido su progresiva vinculación con el mundo
del trabajo, y por ende, con los sistemas de relaciones laborales.
En América Latina ha sido tradicional la puesta en práctica
de modelos que - con variantes y matices en las experiencias concretas
nacionales - atribuyó a instituciones públicas la
formación y capacitación de recursos humanos para
la pujante industria de los decenios de 1940 y 1950. En la mayoría
de los casos, la institucionalidad naciente de estos procesos comportó
la participación de las organizaciones de trabajadores y
empleadores en la dirección de esos organismos (tripartismo);
en tanto se situaba a nivel de la negociación colectiva por
empresa o sector de actividad el reflejo que la formación
podía tener en el salario y en las políticas de promoción
en el empleo.
Los cambios generados a partir de las formas
de inserción de las economías en el comercio internacional,
el peso creciente del conocimiento y las tecnologías de la
comunicación y la información han determinado que
esta realidad (de alta previsibilidad y estabilidad) se viera profundamente
modificada. En consonancia con los referidos cambios, la formación
y el desarrollo de los recursos humanos han dejado de ser una función
delegada en y arrogada por el Estado.
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de los sindicatos
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Administración
del trabajo
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Asimismo, y cada vez con mayor contundencia, la
formación se constituye en una herramienta esencial para
la promoción de mejores oportunidades de varones y mujeres
y, por ende, para la promoción de la equidad en el mundo
del trabajo.
Por ello, a través de sus organizaciones
representativas, tanto empresarios como trabajadores se acercan
al tema de la formación, proponiendo iniciativas al Estado
y a las instituciones de formación, así como organizando
sus propias estructuras de formación, comprometiéndose
en el diseño y ejecución de las políticas.
En resumen: por su creciente centralidad, sus aportes para la potenciación
de las personas y el fortalecimiento de la capacidad competitiva
de las empresas y por promover la equidad y la inserción
social, la formación comienza a ubicarse en un lugar principal
dentro de las negociaciones y relaciones laborales, aunque sin sustituir
totalmente el modelo preexistente.
En la Resolución del Consejo de Administración,
OIT año 2000, se expresan las potencialidades que la formación
profesional tiene en orden a constituir un contenido de relevancia
de la negociación colectiva. Dice, en concreto, que "particularmente
en los ámbitos del sector y de la empresa, la negociación
colectiva puede ofrecer buenas condiciones para organizar e impartir
la formación. Esta negociación colectiva podría
comprender cuestiones tales como:
- las calificaciones que precisan la empresa y
la economía;
- la formación que precisan los trabajadores;
- la evaluación de las calificaciones básicas
y otras adquiridas en el lugar de trabajo o en el desempeño
de actividades asociativas o individuales;
- el establecimiento de pautas de carrera para
los trabajadores;
- la implementación de políticas
y programas para asegurar la igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y varones y eliminar la segmentación ocupacional
que afecta el trabajo femenino;
- el establecimiento de planes de desarrollo y
de formación profesional para los trabajadores;
- la estructura necesaria para conseguir beneficios
óptimos de la formación;
- los regímenes de reconocimiento y gratificación,
incluida una estructura de remuneraciones."
No resulta ajeno a estos procesos, la asunción
del tema de la formación profesional por los Ministerios
de Trabajo (Administración del trabajo y formación
profesional) en razón que la formación se constituyó
en una política activa de empleo, quizá la de mayor
relevancia. Los planes de empleo implementados por muchos ministerios,
tuvieron en algunos casos un componente fundamental de capacitación,
o significaron al menos algún grado de participación
de esos organismos en la dirección de esas acciones, gestionadas
y ejecutadas por los interlocutores sociales o una multiplicidad
de actores del mundo del trabajo y la capacitación.
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