XV Reunión de Presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas
San José (Costa Rica) 7 y 8 de octubre de 2004

 

Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, reunidos en San José, los días 7 y 8 de octubre de 2004, adoptaron por unanimidad la presente Declaración, para su presentación en la XIVª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en San José (Costa Rica) los días 18 y 19 de noviembre de 2004.

DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
Agenda por la Democracia y el Desarrollo
Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas desean enviar un mensaje de esperanza y alerta a la vez: esperanza porque nuestros países gozan de regímenes democráticos y porque se proyecta que la economía de América Latina crecerá un 4,5% en el 2004. Con este mayor crecimiento se fortalece la tendencia expansiva que se inició en el 2003, luego de algunos años de bajo crecimiento. Pero de alerta también, porque algunas de nuestras democracias son aun frágiles y nuestras economías requieren de reformas macroeconómicas estructurales y de mercados que faciliten una mejor integración en los procesos de globalización. Esta Declaración traslada a los Jefes de Estado y Gobierno, las reflexiones del sector empresarial en torno a los grandes desafíos que deben enfrentarse para hacer de la región un área de progreso y prosperidad para toda la sociedad.

Es evidente que, pese al significativo avance de los últimos lustros, la consolidación del Estado democrático y de derecho sigue siendo un reto que exige mayor esfuerzo por parte de las sociedades de Iberoamérica. Algunas de las democracias de la región son aún frágiles y vulnerables, limitadas exclusivamente al ejercicio de derechos civiles y electorales básicos.
Es preciso llamar la atención sobre el peligro que entraña el descrédito que los sistemas democráticos han experimentado en algunos países, en los que determinados sectores de la población han creído ver la solución a sus innegables problemas en el cuestionamiento de las bases del sistema democrático.

El empresariado iberoamericano cree, por lo tanto, que es el momento de movilizar la sociedad iberoamericana para desterrar estos peligros a través de la adopción de una nueva “Agenda por la Democracia y el Desarrollo”.

La Agenda que se propone se basa en tres pilares fundamentales: el fortalecimiento de la democracia y los valores; el crecimiento económico y la integración; y la educación, y empleo.

El Fortalecimiento de la Democracia y de los Valores

Es urgente dotar al Estado del marco legal e institucional adecuado para el cumplimiento de las funciones socialmente deseables. La reforma del Estado de las últimas décadas consiguió eliminar muchas de las funciones innecesarias, sin embargo, no en todos los casos se logró desarrollar las estructuras necesarias para su eficiente desempeño.

A estos efectos, no sólo la actividad económica sino el progreso de la sociedad en general demanda un esfuerzo continuado para reforzar y conferir mayor solidez a las instituciones políticas, económicas y sociales. Al mismo tiempo, es necesario que los marcos jurídicos y regulatorios estén dotados de la mayor estabilidad y seguridad posible, al margen de coyunturas estrictamente políticas. Este es un factor de vital importancia, porque la competitividad internacional de cada economía tiende a incorporar de forma creciente la calidad y claridad en las reglas que gobiernan la actividad económica y social.

Combatir la corrupción en todas sus formas, debe convertirse en prioridad política en la región. La corrupción erosiona la confianza ciudadana en la democracia, cercena las bases institucionales del Estado de Derecho e impide el funcionamiento adecuado de la economía de mercado. Es indispensable establecer mecanismos que aseguren la oportuna y eficaz rendición de cuentas por parte de quienes ejerzan funciones públicas, para así hacer efectiva la responsabilidad impuesta en el marco constitucional y legal en protección del interés colectivo. La ética empresarial es también crucial para el fortalecimiento democrático.

La sociedad democrática ha de estar estructurada en base a responsabilidades y valores aceptados por todos sus actores. Estos deberán incluir el respeto integro de la ley, de los derechos humanos y laborales fundamentales, así como de la propiedad privada. En este ámbito, las organizaciones empresariales presentes en este encuentro se solidarizan con el empresariado venezolano y adoptan una resolución que figura en anexo y que forma parte de esta Declaración.

El Crecimiento Económico y la Integración

La empresa privada es la principal fuente de riqueza y empleo en la región, por tanto es fundamental estimular, desde la educación básica, el espíritu empresarial y crear condiciones apropiadas para su desarrollo. La cultura empresarial es la base del crecimiento. Los Gobiernos pueden y deben reforzar la iniciativa privada a través de políticas encaminadas a eliminar los obstáculos y barreras que impiden el pleno aprovechamiento del potencial emprendedor de las personas. Las elevadas tasas de informalidad son un claro indicador de las precarias condiciones existentes.

Es prioritario renovar los esfuerzos de colaboración entre las Administraciones y el sector empresarial, de forma que pueda impulsarse un nuevo marco de promoción de la inversión, que considere tanto las necesidades de la inversión local, y especialmente su competitividad, como el fomento a la inversión extranjera directa, incidiendo en los factores regulatorios e institucionales antes mencionados.

El fortalecimiento de la competitividad demanda la existencia de servicios públicos de calidad a precios internacionalmente competitivos. Para ello es necesario que esta Agenda contemple un nuevo acuerdo entre el sector empresarial y las Administraciones públicas para abordar las carencias que persisten en áreas claves como transportes, energía y telecomunicaciones -entre otros-, deficiencias que continúan obstaculizando la modernización y el crecimiento económico de la región. Adicionalmente, es necesario articular e impulsar políticas que tengan como objetivo el refuerzo de la competitividad empresarial y del tejido productivo, a través del fomento de la investigación y desarrollo, formación y educación y promoción de la internacionalización.

Es imperativo promover una nueva fase de reformas estructurales y de mercados y la obtención del consenso de los agentes sociales para asegurar que el crecimiento económico y la integración sean comprendidos y apoyados como estrategia de desarrollo a largo plazo. Este capítulo apuntaría a la realización de las reformas en materia fiscal, financiera, laboral, regulación de los servicios públicos y todos aquellos aspectos que deben conferir mayor flexibilidad, transparencia y capacidad de adaptación a la globalización por parte de las economías locales.

Es precisamente en este aspecto, el relativo a la globalización, el que hace aún más necesario que el Estado moderno mejore su capacidad de inserción en los grandes flujos económicos mundiales. A estos efectos, la globalización supone un contexto incuestionable, una realidad que no puede ser rehuida por las naciones del mundo. No obstante, de la calidad del marco institucional, de la claridad de las reglas que gobiernan las relaciones sociales y económicas en cada país, depende que los mismos estén en condiciones de obtener el mayor beneficio de este contexto, y que mejoren su inserción en las relaciones económicas mundiales, y con ello, su capacidad de progresar como sociedades modernas.

Este argumento pone en evidencia la necesidad imperiosa de avanzar en la integración económica latinoamericana y mundial en igualdad de condiciones, eliminando las medidas que distorsionen los mercados (subsidios) y evitando el uso de parámetros laborales como barreras comerciales. La actual segmentación de mercados debe ceder paso a la creación de un espacio ampliado en el que la inversión y el comercio intra-regionales puedan jugar un papel similar al que han desempeñado en otras áreas del mundo. De esta forma se estarían sentando las bases de la transformación del modelo productivo latinoamericano, al favorecer la diversificación de los mercados de exportación. En este sentido, el sector empresarial esta de acuerdo en que un medio para lograrlo son los acuerdo de libre comercio.

Por otra parte, el empresariado iberoamericano reconoce la inversión privada como un mecanismo crucial para la generación de fuentes de empleo digno y perdurable. Para fomentar dicha inversión es fundamental establecer un Estado de Derecho efectivo en el cual se reconozca plenamente el respeto irrestricto a la propiedad privada. Los gobiernos deben fortalecer y hacer cumplir la legislación que garantice el respeto a la propiedad privada.

La Educación y el Empleo

El crecimiento económico sólido y duradero es indispensable y constituye el medio más eficaz para luchar contra la pobreza y las diferentes formas de marginación social. El empleo es sin duda un factor esencial en la integración del individuo en la sociedad. La comunidad empresarial Iberoamericana reitera sus recomendaciones sobre política de empleo que se encuentran en anexo.

Para hacer más equitativo el acceso a las oportunidades del progreso económico es indispensable disponer de una educación para prosperar. El objetivo debe ser dotar a los iberoamericanos del conocimiento y las destrezas necesarias para triunfar en un entorno altamente competitivo y cambiante como el actual. En este sentido los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas acogen con agrado la elección del lema “Educar para Progresar” de la XIVª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

También desean subrayar la importancia de los agentes sociales en relación a esta nueva “Agenda por la Democracia y el Desarrollo”. La paz y el diálogo social son instrumentos fundamentales para abordar las reformas pendientes de la región. Instrumentos además necesarios para asegurar el más amplio consenso social sobre los grandes desafíos de cada país y para asociar a empresarios y trabajadores en su desarrollo.

A estos efectos, las organizaciones empresariales iberoamericanas acuerdan profundizar el diálogo entre ellas en materia de:

Diálogo social, como mecanismo para abordar los cambios estructurales que exige la globalización; Desarrollo e integración que considere entre otros: los aspectos económicos, sociales, tecnológicos, comerciales, empresariales, del desarrollo que faciliten una progresiva integración regional y fortalezcan las relaciones con la Unión Europea.

Para ello, han decidido crear, en el marco de la Organización Internacional de Empleadores / Asociación de Cooperación Empresarial Unión Europea – América Latina, una Comisión Permanente, que presentará a la próxima Cumbre Empresarial, un informe sobre sus objetivos, estructura orgánica y funcionamiento.

Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas expresan con esta Declaración, su confianza en el futuro de estas Cumbres Empresariales y el deseo de que la XIVª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en la ciudad de San José dé un nuevo y decidido impulso a la consolidación de los vínculos entre las naciones iberoamericanas y se comprometen, desde su ámbito de acción, a apoyar y reforzar la misma.

Unión Industrial Argentina (UIA) - Argentina
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) - Bolivia
Confederaçâo Nacional da Industria (CNI)-Brasil
Asociación Nacional de Industriales (ANDI)-Colombia
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) – Costa Rica
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)-Chile
Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (FNCI) - Ecuador
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) – El Salvador
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) - España
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF) - Guatemala
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) - Honduras
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) – México
Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)- Nicaragua
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)-Panamá
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)-Perú
Associação Industrial Portuguesa (AIP) - Portugal
Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) – República Dominicana
Cámara de Industria del Uruguay (CIU) - Uruguay
Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay (CNC) - Uruguay
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) – Venezuela

RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO
De los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas

Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas reunidos en San José Costa Rica los días 7 y 8 de octubre de 2004 reiteran las siguientes recomendaciones sobre políticas de empleo.

CONSIDERANDO:

• Los severos efectos de la inestabilidad social, política y económica en varios de nuestros países que impactan negativamente directa o indirectamente a la región Iberoamericana en su conjunto;

• Que la creación de empleo es esencial para la reducción de la pobreza ya que una tasa de desempleo elevada y persistente es un elemento importante en la inestabilidad social y política;

• Que los Gobiernos son responsables de implementar una política macroeconómica propicia a la creación de empresas, que a su vez generan oportunidades de empleo productivo;

• Que el populismo, tanto de derecha como de izquierda, afecta la confianza de los agentes económicos, atenta contra la institucionalidad democrática y a la larga ahonda los problemas de pobreza e inestabilidad.

Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales de la Región Iberoamericana adoptan las siguientes:

RECOMENDACIONES

El tema de la generación de "empleo productivo" debería ser tratado de manera prioritaria en los ámbitos nacionales iberoamericanos con miras a incorporarlo como un componente esencial en los principales debates relativos al diseño, implementación, y evaluación de las políticas macroeconómicas.

Los Gobiernos deberían emprender un proceso de reflexión en los ámbitos nacionales con las organizaciones empresariales y de trabajadores más representativas del país para revisar, o en su caso crear, una política nacional de empleo que complemente otras áreas clave de la economía nacional.

Algunos objetivos que deberá perseguir esa política de empleo son: (i) crear empleo productivo y sostenible; (ii) velar por la adopción y aplicación de un marco jurídico y político propicio a la puesta en marcha de negocios y la creación y fortalecimiento de las empresas; (iii) promover las inversiones en educación y capacitación de la población; (iv) elevar el nivel de vida a través de políticas que generen empleos más productivos y de mejor calidad así como que mejoren la distribución de ingresos en la economía; (v) estimular la reincorporación de los desempleados al mercado laboral y del sector informal al sector formal; (vi) orientar las inversiones públicas y privadas, así como la ayuda internacional, hacia las áreas más productivas de la economía.

La formulación de una política de empleo debería ir precedida de un análisis de los obstáculos a la creación de empleo en el país.

El marco jurídico y político nacional debería propiciar la puesta en marcha de negocios, la creación y el crecimiento de empresas, y el desarrollo de ventajas comparativas a través de empresas competitivas capaces de proporcionar bienes y servicios que puedan comercializarse en los mercados nacionales e internacionales. Un entorno propicio que facilita la expansión empresarial requiere:

• Buen gobierno, que incluye un compromiso decidido para luchar contra la corrupción y para garantizar la honradez y transparencia en la toma de decisiones por el gobierno; un sistema de leyes y judicial que funcione de manera clara y transparente, y un sistema de relaciones de propiedad oficiales que proteja la propiedad privada y garantice que el capital nacional se utilizará para el desarrollo de las empresas, el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo;
• Inversiones adecuadas en infraestructuras, salud, educación y desarrollo de los conocimientos técnicos especializados – los cuales deberían contemplar el desarrollo y el apoyo a la educación y a los sistemas de capacitación que promuevan el espíritu empresarial – y la seguridad interna;
• La promoción de una estrategia de crecimiento de las exportaciones – en el caso de los países en desarrollo, especialmente en el sector manufacturero y, en su caso, desplazándose hacia industrias y servicios basados en los conocimientos y que requieren más alta tecnología;
• La creación de un entorno propicio que atraiga y garantice la seguridad de la inversión nacional y extranjera directa;
• El apoyo al desarrollo de las PYME;
• Políticas que promuevan la empresarialidad, la productividad y la competitividad, ya que revisten gran importancia a efectos de la creación de empleo;
• Políticas de mercado de trabajo que sean lo suficientemente flexibles como para permitir el crecimiento del empleo.

Un área fundamental es la que se refiere a las características que ha de reunir la inversión pública para que fomente el crecimiento del empleo y prepare la población para las exigencias de un mercado de trabajo un permanente cambio. El gasto público debería orientarse en políticas que tengan como objetivo el desarrollo socioeconómico y la elevación del nivel de vida de la población. Cabe señalar tres áreas importantes a este respecto:

• El desarrollo, donde fuera necesario, de infraestructuras tales como el transporte, la electricidad, el suministro de agua y las comunicaciones, que responden a las necesidades humanas, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo.
• El desarrollo de los recursos humanos a través de las inversiones en la educación, la capacitación y la salud.
• Los programas de desarrollo del espíritu empresarial, así como las instituciones que los conciban e impartan.

Una política de empleo también tiene que centrarse en la creación y el desarrollo de instituciones democráticas para apoyar y fortalecer el mercado, necesarias para que pueda funcionar una economía de mercado. La falta de estas instituciones es inherente al fracaso de la expansión empresarial y del empleo, así como a la ampliación de la economía informal.

Un mercado de trabajo demasiado reglamentado supone un obstáculo para la creación de empleo, especialmente cuando dicha reglamentación conlleva costos laborales excesivos. La cuestión no radica en la existencia o la ausencia de reglamentación. Se trata de equilibrar objetivos sociales distintos (como son la protección social, por una parte, y , por otra, la creación de empleo). Esto exige determinar el nivel óptimo de reglamentación, el cual rebasado es probable que la creación de empleo se vea afectada de manera negativa. De ser necesario, al formular una política de empleo, debería abordarse la reglamentación del mercado de trabajo desde la perspectiva de sus repercusiones sobre la competitividad de las empresas y por tanto sobre la creación de empleo.

Toda política de empleo que pretenda mantener su eficacia en el tiempo debe además considerar, no sólo la dimensión puramente doméstica de los factores que inciden en la creación de empleo, sino igualmente la influencia que tiene en este punto la relación de cada país con otros a través de sus flujos comerciales y de inversión.

RESOLUCIÓN SOBRE VENEZUELA

Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, reunidas en San José los días 7 y 8 de octubre de 2004, expresan con esta resolución, su especial preocupación ante la realidad política que se observa en Venezuela, donde se están desarrollando sistemáticamente acciones que, atentando contra la propiedad privada y la libre empresa, afectan la vigencia plena del Estado de Derecho y de los derechos humanos fundamentales.
En tal sentido, no ha habido hasta ahora una respuesta estatal transparente y satisfactoria frente a la llamada permanente al diálogo y al respeto de los derechos fundamentales del empresariado venezolano, cuya organización Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) es la máxima representación del empresariado privado del país.
Fue por ello que la Organización Internacional de Empleadores reunida en junio pasado en Ginebra (Suiza) promovió una queja presentada por la comunidad empresarial mundial ante la Conferencia Internacional del Trabajo por la violación de los derechos constitucionales de los empresarios venezolanos por parte del Gobierno de Venezuela, así como de los derechos fundamentales consagrados en la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Venezuela. Se espera que la inminente misión de contactos directos de la OIT abra una nueva etapa en el camino del diálogo social entre el Gobierno con los actores sociales más representativos (la Confederación de Trabajadores de Venezuela y FEDECAMARAS) para la solución de los numerosos problemas acumulados.
Por ello y para ello, los Presidentes de las Organizaciones Empresariales de Iberoamérica expresan con esta Resolución su plena solidaridad con FEDECAMARAS para la prevalencia del Estado de Derecho, en el marco del respeto a los principios constitucionales, a los derechos humanos y laborales fundamentales, a la libertad de empresa y a la libre iniciativa, así como a la libertad de expresión.

 

 

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