4. LA FORMACIÓN
POR COMPETENCIAS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y
FORMACIÓN. EL PAPEL DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO Y EDUCACIÓN
Paulatinamente, la preocupación por mejorar las
condiciones de empleabilidad del talento humano y crear marcos nacionales
en los que se reconozcan las competencias adquiridas en el trabajo,
ha propiciado una mayor intervención de los Ministerios del Trabajo
y de Educación en la implementación de modelos de formación
que respondan a las necesidades en el marco de las políticas
activas de empleo.
La preocupación pública por la generación
de acciones de formación con una alta pertinencia para el empleo
y la inserción en una vida laboral productiva tuvo un alto punto
de desarrollo en la región hacia los últimos años
de la década pasada. En ese período se vieron iniciativas
en varios países tendientes no solo a incrementar la oferta formativa
sino también a organizar marcos o sistemas nacionales basados
en la normalización, formación y certificación
de competencias.
De un interés fundamentalmente cuantitativo,
centrado en paliar la situación de grupos vulnerables al desempleo,
se analizó otra perspectiva que, sin descartar el primer enfoque,
incorpora un ingrediente cualitativo más orientado a lograr cualificaciones
útiles en la vida productiva, competencias certificables y transferibles,
más que cursos cortos y fragmentados de pequeña duración
y difícil seguimiento.
Por su parte, la educación de nivel medio está
siendo llamada a resolver en buena medida el viejo tema de la disociación
entre formación académica y formación para el trabajo.
Cada vez son más los países que, en sus reformas educativas,
abordan el enfoque de una educación media centrada en la generación
de competencias de amplio espectro y por tanto, de baja obsolescencia
y mayor aplicabilidad en la vida laboral.
La educación tecnológica está generando una conexión
entre educación y capacitación. Estos conceptos, ante
las nuevas realidades de la organización en el mundo del trabajo,
plantean diferencias cada vez más difusas. Las bases de formación
teórica, de base científica, son requeridas en mayor proporción
por las nuevas tecnologías y procesos productivos que han incorporado
masivamente instrumentos y equipos cuyo manejo sobrepasa la manipulación
y exige la programación, la calibración, el análisis
de parámetros y el pensamiento abstracto.
El debate entre una educación técnica
enfocada a la formación de trabajadores en estrechos títulos
ocupacionales y otra, de carácter más genérico,
dirigida a la formación en competencias de base científica
y tecnológica y sin la odiosa característica de excluir
el paso al nivel superior, parece estar siendo ganado por esta última.
Es así como se impone cada vez con más fuerza la idea
de abrir una línea de educación a lo largo de la vida
que diluya la diferenciación entre tipos de educación
y reconozca que se van adquiriendo competencias de diferentes formas
pero siempre construyendo más para el activo intelectual del
trabajador.
Los Ministerios del Trabajo en Brasil, Chile y Uruguay
brindan un conjunto de experiencias sobre lo antedicho. En Brasil, entre
1998 y 2001 un proyecto de la Secretaría
de Formación Profesional (en ese entonces SEFOR) del Ministerio
del Trabajo y Empleo (www.mte.gov.br),
con el apoyo técnico de la OIT, apuntó a estudiar las
experiencias mundiales en materia de certificación, aportar elementos
para una discusión nacional en el marco de un grupo de referencia
conformado por representantes de las cámaras empresariales, sindicatos,
entidades de formación públicas y privadas, y establecer
conjuntamente un sistema que previera mecanismos de certificación
tendientes a mejorar la pertinencia de la capacitación y elevar
el nivel de desempeño y la empleabilidad de la fuerza de trabajo.
El proyecto logró realizar un importante avance
conceptual y permitió entre otras cosas hacer un levantamiento
de las más significativas experiencias de formación y
certificación por competencias, elaborar un manual metodológico
sobre análisis del trabajo y competencia laboral10.
En Uruguay, actores referentes
de instituciones públicas -nacionales y municipales-, organizaciones
no gubernamentales, instituciones de capacitación y organizaciones
sindicales, junto con el apoyo de la Fundación AVINA, iniciaron
un proceso de reflexión sobre la formación profesional
y el marco jurídico vigente en el país.
Las sugerencias que surgen de este proceso son:
* la construcción de un sistema integrado, coherente, flexible
de formación profesional, en el que se articulen los temas de
educación y trabajo, los servicios estatales y los programas
no gubernamentales, los sistemas de evaluación y certificación,
tal como lo indica el convenio 142 de OIT;
* la incorporación de contenidos de formación profesional
y del modelo de capacitación y acreditación por competencias
en la propuesta pedagógica de todo el sistema educativo dirigido
a adolescentes, jóvenes y adultos
* la certificación de la formación profesional, para garantizar
la calidad de las propuestas, disipar posibles desconfianzas y permitir
a los jóvenes desarrollar adecuadamente sus competencias;
* el mejoramiento de los marcos jurídicos que regulan las modalidades
de educación y trabajo; y,
* la promoción del aprendizaje permanente, como lo destaca la
Recomendación 195 de la OIT, dando así un salto cualitativo:
pasar de la formación profesional para los jóvenes al
aprendizaje permanente de todas las personas11.

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10. Se trata de la publicación:
Análisis Cualitativo del Trabajo, Evaluación y Certificación
de Competencias. Referencias Metodológicas. Ministerio del Trabajo
y Empleo. Brasilia. 2002.
11.
Resultados del proceso de reflexión sobre formación profesional
y el marco jurídico vigente en Uruguay, en el período
setiembre 2003- marzo 2005, entre los diversos actores sociales involucrados
en la temática. Marzo, 2005.