|
Pobreza, Crecimiento y
Formación en América Latina y el Caribe III. ¿Paradigmas en competencia? La historia de la discusión en torno a los modelos de arreglos institucionales en el campo de la formación profesional tiene ya, al menos, veinticinco años de antigüedad. Esto ha permitido que, lo que fue un debate por momentos álgido, tuviese la oportunidad de decantarse. Sin embargo, si aún hoy se intenta establecer una suerte de mapa de la realidad institucional de la formación profesional en América Latina y el Caribe, es posible encontrar una realidad que, si bien es heterógenea, aparece marcada todavía por la discusión entre dos enfoques. Dichos enfoques, no obstante, han evolucionado desde la forma que asumían, por ejemplo, hacia 1976 (la fecha de promulgación en Chile del Estatuto de Capacitación y Empleo, con la creación del SENCE, por un lado, y de privatización del INACAP, por otro, bien pueden tomarse como un punto de partida no arbitrario de esta discusión). De una parte, las antiguas IFP, en los países donde han logrado seguir existiendo, han encarado con ritmos diferentes profundos procesos de transformación institucional. Es así que se han ido abandonando los esquemas de gestión más centralistas, han "aplanado" su estructura organizativa, han realizado serios esfuerzos por hacer prevalecer el número de funcionarios directamente afectados a función formativa (sustantiva) por encima del personal de apoyo o administrativo, y han desarrollados innovadores mecanismos de acercamiento a la realidad productiva y social en la búsqueda de una mayor pertinencia de sus acciones. Por su lado, la nueva generación de programas cuenta ya con un largo camino recorrido, lo cual ha permitido considerar no sólo las ventajas que inicialmente permitieron su expansión, sino también una serie de área problemáticas donde la razón indica que es tiempo de pasar a una suerte de "tercer estado" en el cual se corrijan carencias y se rescate mucho del conocimiento y la experiencia de otras formas institucionales. Recuadro: Brasil: Fondo de Asistencia al Trabajador Específicamente en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, las nuevas políticas han tropezado con un problema secular de la política social: la desviación en la práctica de las acciones hacia grupos de población con mayor capacidad cultural y social de apropiarse de los beneficios de las mismas. Es así que determinado sectores de pobreza más "dura" o crónica han terminado estando por fuera de los efectos de estos programas. Otra área problemática, ha sido la atención a la micro y pequeña empresa, fundamentalmente del sector informal, donde éste mismo carácter las coloca por fuera de los circuitos que les permite acceder a la capacitación, o donde la escasez de capital no permite distraer recursos para una inversión de este tipo. Por otro lado, la delegación de la función ejecutora en agentes privados, sumado al supuesto de que el ajuste entre oferta y demanda es posible y eficiente de modo espontáneo, se ha revelado a la postre como sin validez. Se han producido así sesgos en la oferta de cursos que se vuelcan fundamentalmente al sector de los servicios, no tanto en una orientación por lo que es la transformación manifiesta de los mercados de trabajo y la estructura productiva, sino más bien por una razon de costos: siempre es más barato en términos de infraestructura y equipos implementar cursos de computación, secretariado o auxiliar contable, que cursos industriales. O cuando esto no es así, tiende a proliferar la oferta de reparación de electrodomésticos, reparación de calzado, corte y confección, etc., más parecidos a la generación de estrategias de subsistencia o, en el mejor de los casos, a modos de producción en franco declive, que a las nuevas formas de organización de la producción con sus requisitos de polivalencia, flexibilidad, iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, etc. El asunto de fondo, expuesto en forma quizas esquemática, sería el siguiente: ¿debemos necesariamente optar entre dos paradigmas de política social en materia formativa? ¿La disyuntiva es, por un lado, entre instituciones fuertes, hegemónicas, con oferta de cursos largos, rígidos y con tendencia a la desactualización y, por otro, programas focalizados en poblaciones específicas, con cursos de corta duración y a la medida? La extensión y complejidad del universo de la pobreza en América Latina y el Caribe indica, más bien, que las respuestas no pueden ser fáciles y, mucho menos, adoptadas con criterios taxativos como el anterior. Obviamente que determinadas situaciones exigen respuestas rápidas, ágiles. Los jóvenes que no logran insertarse en el mercado de trabajo, que han abandonado tempranamente sus estudios y que viven en una situación personal y familiar que les hace imperioso encontrarse con una fuente de ingresos, son un claro ejemplo de esto. En tal sentido, un programa que les brinde la oportunidad de hacerse rápidamente con cierto nivel de conocimientos técnicos y tener una primera experiencia laboral será, seguramente, de lo más oportuno. Recuadro: Honduras: Educación de adultos y formación profesional Pero es preciso mirar un poco más allá: ¿qué oportunidades tendrán esos mismos jóvenes de desarrollar un itinerario formativo que, tomando como base los conocimientos adquiridos en un programa tal, les permita acceder a niveles de calificación superiores, en una perspectiva de formación permanente? Si se toma por caso el sector de la micro y pequeña empresa, tanto del sector informal de la economía como del formal, resulta claro que las respuestas han de tener un carácter integrado. No sólo resulta insuficiente proponer un curso o una sucesión de éstos, la formación tanto de los trabajadores como de los propios empresarios necesita ser ubicada dentro de la globalidad de los requerimientos de la unidad productiva o de servicios. Las políticas a este respecto tienen, entonces, el imperativo de la intersinstitucionalidad, de modo tal que puedan ser atendidas de forma pertinente y adecuadamente priorizadas, las demandas en términos de capacitación, administración, mercadeo, gestión productiva, gestión tecnológica, acceso a información, políticas de crédito, entre otras. Aun más, el propio concepto de "sujeto de atención" pasa de ser el trabajador individual a centrase en la unidad productiva y, sobre todo, en la asistencia para la articulación con otras empresas o en cadenas productivas que pueden ser en sí mismas, y en este caso, la "población objetivo". Estamos hablando, entonces, de una forma de actuación que involucre, además de respuestas rápidas para situaciones urgentes, la inversión en investigación y desarrollo curricular, en formación de formadores, en un desarrollo metodológico e institucional que permita articular la oferta de formación para estos destinatarios con los modernos enfoques de gestión y organización del trabajo, en de innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, es claro que se necesita desarrollar alianzas que permitan articular y aprovechar los recursos y capacidades que existen en nuestras sociedades. Dicha comprobación tiene, obviamente, profundas implicaciones para cada uno de los actores que desarrollan acciones actualmente en el campo de las políticas públicas de formación profesional dirigidas a los sectores de pobreza, aspecto que se abordará seguidamente.
(Índice) (Introducción) (La formación profesional:entre las políticas productivas y la política social) (Los cambios en la geografía socioeconómica y su correlato en la institucionalidad de la formación profesional) (¿Paradigmas en competencia?) (Implicaciones de las transformaciones institucionales para los actores de la formación profesional) (Formación y pobreza: rasgos sobresalientes de las experiencias más innovadoras) (Lecciones aprendidas)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Centro Interamericano para
el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor) Copyright © 1996-2009 Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Descargo de responsabilidad |
||||||||||||||||||||||||||||