Desde el año 1993, la formación
y el reciclaje profesional de los trabajadores ocupados se ha regulado
a través de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua,
suscritos entre las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, y entre éstas y el Gobierno. Se han firmado
tres acuerdos de formación continua (diciembre del año
1992, 1996 y 2000), dando lugar a un sistema que ha permitido, por una
parte, dotar al sistema de unos recursos financieros para las empresas
y sus trabajadores y, por otra, desarrollar un modelo de gestión
basado en la concertación social y en el desarrollo de instituciones
paritarias sectoriales y territoriales.
El modelo de gestión establecido en los
acuerdos se ha caracterizado por el protagonismo de los agentes sociales
en el diseño e implantación de la formación continua,
a la vez que se ha ido incrementando progresivamente la participación
de la Administración del Estado. Se han aunando esfuerzos en
un marco de permanente diálogo social con un fin común:
mejorar cada vez más el sistema de formación de
los trabajadores.
En 2003 se procede a la revisión del sistema de formación
continua, y a la introducción de determinados ajustes y mejoras
a través de lo establecido en el RD 1046/2003. La revisión
del sistema se hace necesaria por diversas circunstancias: