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Martínez Espinoza, Eduardo (1998) Alianzas estratégicas Estado-empresas para la formación profesional. Bogotá: Seminario sobre lo público y lo privado en la formación para el trabajo, FES / Fundación Corona / Fundación A. Restrepo Barco / Consejo Gremial Nacional / Misión de Educación Técnica, Tecnológica y Formación Profesional.

Se trata de un análisis sobre diversas experiencias de alianzas entre el Estado y las empresas en el ámbito de la formación profesional, efectuado con el propósito de extraer lecciones de utilidad para los países interesados en promover una cooperación más amplia en esta área. Las principales fuentes de información fueron los estudios de caso realizados por el Servicio de Políticas y Sistemas de Formación de la OIT, un conjunto de ponencias por países preparadas con ocasión del Seminario sobre "Alianzas estratégicas entre el Estado y las empresas para la formación" celebrado en Japón en 1995 y el documento de discusión aportado por la OIT a dicho seminario.

El primer capítulo se ocupa del contexto actual de la sociedad y la formación, partiendo de la descripción del cambio de escenario en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil como consecuencia de la globalización económica y cultural, el avance tecnológico y la ampliación de las libertades políticas de los pueblos. Estas transformaciones acarrean ciertos fenómenos, por ejemplo la movilidad internacional del capital y la tecnología, la liberalización de la economía, la difusión de la informática y, asimismo, lo que se ha llamado la "paradoja global", algunos de cuyos rasgos son: el crecimiento de las PYMEs, las múltiples formas de alianzas estratégicas entre las empresas, y el desplazamiento del poder del Estado hacia los individuos y la sociedad civil. El tradicional Estado benefactor y productor está siendo reemplazado por un Estado más pequeño ocupado en corregir los desequilibrios sociales y económicos.

A continuación, el capítulo se ocupa de los desafíos que esos cambios plantean a los sistemas nacionales de formación profesional. Se señala en primer lugar que la educación resulta clave para adaptarse a transformaciones que están afectando profundamente a grandes masas de trabajadores, generando problemas de desempleo para unos y oportunidades de progreso para los más calificados. Por otra parte, se enumeran las limitaciones del mercado para el desarrollo del capital humano, en especial su tendencia a mantener una situación crónica de subinversión privada, a excluir a los grupos de menores recursos, o a incentivar una formación que no guarda relación con las reales oportunidades de trabajo.

Termina el capítulo afirmando que, como consecuencia, se registran, en el ámbito de la formación profesional, nuevas formas de relacionamiento entre gobierno y sociedad civil construidas sobre ciertos ejes: separación y autonomía de los organismos que regulan, financian y ejecutan las acciones; aumento de competencia entre las instituciones proveedoras de formación; fortalecimiento de la demanda del sector productivo; rol subsidiario del Estado con miras a corregir las limitaciones del mercado; participación de empleadores y trabajadores en las instancias de decisión; y descentralización de los sistemas nacionales.

En el segundo capítulo el autor analiza 26 experiencias relevantes recogidas en 17 países, agrupándolas en cinco categorías.

- Financiamiento público para la formación en las empresas. Esta modalidad conduce a invertir en formación de manera que ésta contribuya efectivamente al crecimiento económico nacional y a la equidad social. Abarca tres tipos de mecanismos. Los subsidios y exenciones contra impuestos específicos aseguran un flujo sostenido de recursos al sistema, aunque introducen rigideces en las finanzas públicas y pueden tener un impacto negativo sobre el empleo y los salarios; se presentan como ejemplos el sistema de Formación Profesional Continua en Francia, el Fondo de Promoción de la Formación Profesional en la República de Corea, el programa de Valorización de los Recursos Humanos en Costa de Marfil, el Fondo de Desarrollo de Calificaciones en Singapur, los programas de Formación Autorizados en Japón y el Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos en Malasia. Los incentivos tributarios y subsidios con cargo a recursos generales del Estado premian a las empresas que invierten voluntariamente en la formación de sus trabajadores, logrando que ésta se adapte a las necesidades de la producción, pero pueden ser de difícil acceso para los microemprendimientos; en este grupo se describe el Aprendizaje Dual en Alemania, los Incentivos Tributarios para la Formación en Malasia, el Estatuto de Capacitación y Empleo en Chile y los Proveedores de Formación Subsidiados en Australia. Por último, en los esquemas de costos compartidos el Estado ayuda con subsidios a las firmas que cumplen determinadas obligaciones legales en materia de formación, tales como admitir una cierta cuota de aprendices; es el caso del Esquema de Aprendizaje en India.

- Unión de recursos públicos y privados para la formación. Se trata de iniciativas administradas por el sector empresarial, las cuales atienden las necesidades de personal calificado de un sector especializado, trascendiendo el interés de una empresa aislada. Por lo general este tipo de alianzas se sustenta en convenios voluntarios entre las partes, lo que posibilita la adecuación a las circunstancias. Se incluye en este grupo a los Centros Comunitarios de Formación Profesional en Japón, las Redes Locales de Formación en Estados Unidos y el Centro de Desarrollo de Oficios de Penang en Malasia.

- Organizaciones privadas intermedias de apoyo a la formación profesional. La finalidad es descentralizar el financiamiento público de las instituciones de formación por medio de la actuación de las organizaciones empresariales, las cuales, además, proponen políticas conformes a las necesidades sectoriales o regionales, monitorean la ejecución de los programas, asesoran a las instituciones de formación y proveen información a los usuarios, especialmente a las PYMEs. Es la estrategia desplegada por los Consejos de Formación y Empresa – TEC en el Reino Unido, el sistema de Formación de la Industria de la Construcción en Sudáfrica y los Consejos Regionales de Educación para el Trabajo en Chile.

- Participación de las empresas en la formulación de las políticas nacionales de formación profesional. El autor sostiene que la contribución de la sociedad civil aporta una visión más amplia de la realidad para establecer metas estratégicas, fijar estándares curriculares, definir la normativa de certificación de los aprendizajes y de acreditación de las instituciones, y evaluar los resultados de los programas públicos. En este caso se analiza el Sistema Nacional de Calificaciones Vocacionales en el Reino Unido, el Acuerdo Nacional de Formación Continua en España, el programa de Competitividad y Trabajo en Irlanda, la Autoridad Nacional Australiana de Formación Profesional en Australia y el Consejo Nacional de Formación Profesional y la Estrategia Nacional de Formación Profesional en Sudáfrica.

- Participación de las empresas en las instituciones y programas públicos de formación profesional. Se afirma que dicha contribución puede ser fundamental en áreas clave para la eficiencia y eficacia de la capacitación pública, como la planificación de acuerdo con las necesidades de los mercados de trabajo, el correcto manejo de los recursos y la consecución de aportes privados complementarios. La participación se concreta a través de órganos directivos y asesores de las instituciones oficiales de la formación profesional, como sucede con el Tripartismo en la Formación Continua en Dinamarca, las Alianzas de Extensión para la Industria Manufacturera en los Estados Unidos y las Instituciones Nacionales de Formación Profesional en América Latina. Más recientemente, han surgido en esta línea las alianzas operativas destinadas a implementar programas de capacitación y empleo para jóvenes, como el programa Chile Joven.

En las conclusiones de la ponencia, el autor pone de relieve la diversidad de las experiencias analizadas, a pesar de lo cual es posible distinguir un par de factores que condicionan fuertemente su éxito: la cultura y la tradición de participación de la sociedad civil en las tareas públicas y el clima del gobierno a favor de los mecanismos de mercado destinados a proveer servicios de educación para el trabajo. Entre los efectos positivos de los casos enfocados, señala que el Estado comparte con las empresas el manejo de recursos públicos o el poder de decisión sobre aspectos de políticas de formación profesional tales como: definición de estándares de acreditación para los proveedores de servicios, organización de los contenidos curriculares, certificación de aprendizajes y competencias de los trabajadores, así como la fijación de prioridades nacionales, sectoriales o regionales. A través de las alianzas se pretende obtener beneficios para todos los actores sociales: para el Estado, menos gastos y burocracia; para las empresas, incluidos los trabajadores, formación ajustada a las necesidades; y para la sociedad, mejor uso de los recursos nacionales y el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social.

Por último, el autor acota que las alianzas Estado – empresas para la formación tienden a ser funcionales cuando se trata de promover la flexibilidad y la eficiencia operacional de la oferta de formación, mejorar la calidad de los servicios y el aprovechamiento de los recursos para los programas. Por el contrario, parecen menos eficaces cuando se trata de satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas o las demandas sociales de grupos vulnerables (desempleados, jóvenes, trabajadores informales), casos donde es más difícil que el Estado pueda renunciar a sus responsabilidades.

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