› Gestión de la formación profesional

Amargós, Oscar (1998) La formación para el trabajo y la capacitación en República Dominicana: estudio sobre relaciones entre el sector público y privado. Santiago de Chile: CEPAL-GTZ (documento desarrollado en el marco del Proyecto "Políticas para mejorar la calidad, eficiencia y la relevancia del entrenamiento profesional en América Latina y el Caribe").

El objetivo de este documento es exponer las características principales de la formación para el trabajo en la República Dominicana. En sus cinco secciones, se presentan los lineamientos históricos de esta formación, los problemas que ha enfrentado y los esfuerzos actuales para hacer compatibles las competencias de la fuerza de trabajo dominicana con los requerimientos del aparato productivo nacional, en un contexto de apertura al exterior y necesidad de reforzar la competitividad de la industria y los servicios de exportación. El documento sigue en forma paralela las características de los dos componentes del subsistema de formación para el trabajo: la educación técnica (de nivel medio y superior) y la formación profesional (directamente articulada con el ámbito del trabajo).

La educación técnica media se organizó hasta la década del setenta fundamentalmente en torno a establecimientos educativos de propiedad estatal, aunque gestionados descentralizadamente por la Iglesia Católica. Este panorama se modificó a partir de esa década cuando, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se crearon o reconvirtieron más de 30 establecimientos de propiedad estatal, gestionados por la nueva Dirección General de Educación Técnico–Profesional. A pesar de su adecuado equipamiento inicial, estos liceos y politécnicos no pudieron sustraerse del proceso general de declive que afectó a la educación dominicana en la década del ochenta. Precisamente como reacción frente a ese proceso, diversos sectores impulsaron a partir de ese momento el Plan Decenal de Educación, de modernización de la educación general, mientras que en 1990 se implementó el Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Enseñanza Técnico–Vocacional, impulsado y financiado por el BID y la Fundación de Crédito Educativo (FUNDAPEC), una ONG del sector empresarial. Este programa está básicamente orientado a financiar la mejora y ampliación de las instalaciones de instituciones educativas de formación técnica (fundamentalmente privadas, aunque luego se incorporaron también establecimientos públicos), así como a otorgar créditos a estudiantes de escasos recursos en los niveles medio y superior. Una medida de los efectos de este programa, y de la reestructuración de la educación técnica media implementada en 1995, puede apreciarse en el hecho de que, entre 1991 y 1997, el número de bachilleratos técnicos ha pasado de 50 a 121, siendo los de propiedad privada y del tercer sector los que explican el 75 por ciento de ese incremento (no obstante, los institutos del sector público todavía concentran el 68% de la matricula, a pesar de representar sólo el 34% del número total de establecimientos). Entre las instituciones de educación superior, por su parte, la mayoría (95%) son de propiedad privada aunque, una vez más, la matrícula en esas instituciones no es proporcional al número de establecimientos (56% del total de estudiantes).

Con la excepción de un Politécnico y una Universidad (ambos de la Iglesia Católica), no existe en la actualidad una oferta de educación superior orientada a especialidades industriales y tecnologías duras, siendo predominante la rama comercial. Un panorama similar presenta la educación media, situación que se explica en ambos casos por las fuertes inversiones requeridas para equipar talleres y laboratorios con tecnologías acordes a los requerimientos de la industria. Hasta el momento, las únicas inversiones que se han hecho han sido viabilizadas gracias al Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Enseñanza Técnico–Vocacional (BID–FUNDAPEC), aunque la falta de avales por parte del sector privado (que constituyan la contraparte financiera exigida por el BID), se ha convertido en un obstáculo a la mayor difusión del programa. La iniciativa más reciente para romper la tendencia al estancamiento de la educación técnica la constituye el programa de "padrinazgo" de escuelas por parte de empresas privadas, impulsado por una ONG empresarial y apoyado por las autoridades gubernamentales. Este programa tiene el doble objetivo de que las empresas contribuyan financieramente con el funcionamiento de la escuela y de promover el acercamiento de la escuela a los requerimientos de los demandantes de fuerza de trabajo capacitada. Por su reciente implementación, no es posible todavía evaluar sus resultados, aunque la experiencia ya está en marcha en varios centros y escuelas.

En relación a la formación profesional directamente articulada con el ámbito del trabajo, la creación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en 1980 supuso un cambio radical en la concepción dominante en la República Dominicana. En efecto, hasta ese momento la creación de centros de formación profesional había estado motivada por razones de asistencia social a sectores de la población excluidos de la educación y con escasas oportunidades de realización laboral, lo que contribuyó a crear el estigma, socialmente arraigado, de que la formación profesional era un tipo de educación "para los pobres". Dentro de ese panorama, las escuelas vocacionales dependientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (once establecimientos en la actualidad) representaban la mayor parte de la oferta de formación. La creación del INFOTEP se debe al cambio en la concepción oficial de la formación profesional y es una respuesta a los nuevos requerimientos del aparato productivo dominicano a partir de los años setenta. Estos requerimientos se dieron en el marco del incipiente proceso de industrialización substitutiva de importaciones, iniciado tardíamente (en relación a las restantes experiencias latinoamericanas) a fines de la década del sesenta. La estructura productiva dominicana incorporó a partir de entonces innovaciones tecnológicas que modificaron profundamente las condiciones del empleo industrial, haciéndose evidente la insuficiencia e inadecuación de la formación profesional provista hasta entonces. Por otra parte, las condiciones volvieron a modificarse a partir de mediados de los ochenta, cuando la crisis de la deuda, y posteriormente la oleada aperturista, obligan a repensar las estrategias de competitividad nacional. Así, ya a partir de los ochenta se empieza a promover el sector de servicios de exportación (turismo y zonas francas), que han llegado en la actualidad a absorber un número de trabajadores equivalente al 41por ciento de los empleados por la industria. En este contexto, se ha asistido a un aumento de la cantidad de academias e institutos privados que, con fines de lucro comercial, complementan la oferta de formación para el trabajo. En efecto, de los 117 centros de formación profesional, 92 son privados con y sin fines de lucro, a los que deben sumarse los Centros Colaboradores que atienden los requerimientos de formación canalizados vía INFOTEP.

El panorama de la formación profesional se muestra mucho más dinámico que el de la educación técnica. En la actualidad los esfuerzos del INFOTEP están dirigidos a incrementar la oferta de capacitación a través de la promoción de instituciones privadas de modo de superar el número actual de 300 instituciones en condiciones de ofrecer educación técnica y cursos de capacitación. Entre las estrategias adoptadas por el INFOTEP en 1995 resulta fundamental la de delegar a los Centros Colaboradores (privados y públicos) la capacitación directa de la mano de obra, reservándose para sí mismo la formación de docentes y la supervisión de los cursos ofrecidos en el marco del Sistema Nacional de Formación Ocupacional. De este modo, el INFOTEP ha avanzado hacia un proceso de descentralización de segundo nivel, delegando en los Centros Colaboradores actividades que le habían sido transferidas por el estado en el momento de su creación (descentralización de primer nivel). Esta estrategia ha sido implementada a través de tres mecanismos básicos: contratación de cursos por concursos públicos (con delegación parcial o completa de responsabilidades), estímulo a la creación de centros de formación propios de las empresas y promoción del sistema de formación dual. Es este último sistema, a pesar de su alcance todavía limitado, el que ha mostrado los mayores avances en materia de definición conjunta tripartita (empresarios, trabajadores, expertos técnicos) de los contenidos impartidos y la certificación de las competencias adquiridas.

La financiación del INFOTEP depende de tres fuentes: el presupuesto público, un aporte de trabajadores y empleadores como porcentaje de la nómina salarial, y el pago de matrícula en los centros privados. Este diseño permite al INFOTEP resguardar su autonomía y operar verdaderamente como un agente descentralizado de supervisión y, en menor medida, de provisión de servicios de formación.

Finalmente, el autor se manifiesta en favor de permitir e incentivar la participación del sector privado en el diseño, financiación y provisión del servicio de formación, lo que no implica una toma de postura radical en favor de la mayor eficiencia de la gestión privada. Antes bien, se señala que el éxito de los programas no depende del carácter privado o estatal del agente que presta el servicio, sino de los procesos administrativos y las estructuras involucrados. En tal sentido, el INFOTEP es visto como una institución ejemplar para otros países latinoamericanos.

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