Anexo IV: Educación y formación: declaración conjunta del BIAC y la TUAC

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Anexo IV: Educación y formación: declaración conjunta del BIAC y la TUAC1

Enero de 1991


Introducción

Los dos lados de la industria (empleadores y trabajadores) se reúnen y colaboran en numerosas circunstancias de la vida cotidiana del trabajo para: mejorar la producción, solucionar conflictos, concluir acuerdos, planificar, etc. Las organizaciones de los interlocutores sociales también colaboran a menudo, aunque las prácticas nacionales varíen de forma considerable.

A nivel internacional, los comités consultivos económicos e industriales y las organizaciones sindicales, respectivamente, participan en las deliberaciones de la OCDE. Estos comités - el BIAC y la TUAC - realizaron en 1986 una declaración conjunta que fue presentada ante el consejo ministerial de la OCDE sobre la manera en que concebían la interdependencia existente entre el crecimiento económico y el desarrollo, por una parte, y el pleno empleo y la dignidad social, por otra2. En 1988, el BIAC y la TUAC presentaron una declaración conjunta ante la Conferencia Intergubernamental sobre Educación y Economía de la OCDE3.

Actualmente se acepta de forma generalizada la idea de que la inversión en materia de educación y formación en «recursos humanos» constituye un elemento clave del éxito económico. No obstante, nuestra experiencia en el mundo del trabajo nos ha convencido de que los resultados de los sistemas de educación y formación, el volumen y campo de aplicación de la inversión en competencias y calidad de la fuerza laboral adulta, los niveles de competencia funcional alcanzados y mantenidos - y, por lo tanto, las condiciones previas a un crecimiento económico sostenido durante el decenio crítico de 1990 - dejan mucho que desear.

El BIAC4 y la TUAC tienen un interés común en presentar a los gobiernos de la OCDE una nueva declaración conjunta, centrada esta vez en la importancia vital de la educación y la formación. Resulta esencial que se adopte un enfoque dirigido a la «calidad total» de la formación profesional y la educación. No podemos ser complacientes por más tiempo con los sistemas que producen gran número de abandonos. Del 80 al 85 por ciento de los trabajadores del año 2000 ya forma parte de la población activa, y debemos lograr el desarrollo continuo de las calificaciones y las competencias de todos los adultos a lo largo de su vida.

Retos a que se enfrentan los países de la OCDE

Los Estados miembros de la OCDE, a medida que avanzan hacia el nuevo milenio y entran en él, deben reforzar sus economías de cara a los siguientes retos:

La respuesta que se impone

Para permitir a los recursos humanos de los países de la OCDE hacer frente a estos retos se requiere una acción a tres niveles:

  1. Inversión en educación y formación. Los países y las empresas que obtengan los mejores resultados en este clima de competencia internacional serán aquellos que habrán abordado la cuestión de la educación y la formación de las generaciones jóvenes, así como el desarrollo de las competencias de los adultos que ya forman parte de la fuerza laboral, como una inversión y no como un costo. No obstante, hay que precisar que si bien la inversión en educación y formación es una condición necesaria para el éxito, no es la panacea que pueda corregir otros fallos en materia de política económica o social. Además, la educación básica debe proporcionar a los jóvenes las competencias y la comprensión necesarias para su desarrollo individual, su integración y responsabilidad social, así como su empleabilidad por parte de los empleadores. Como condición fundamental para lograrlo, hay que dar a los jóvenes los medios de adaptarse de manera satisfactoria a los cambios rápidos del mercado de trabajo y de la sociedad. La reforma continua de los programas y la igualdad de oportunidades para ambos sexos son elementos esenciales. El sistema educativo puede ser un cimiento para la cohesión social en los países de la OCDE, cohesión que en sí misma es un factor clave para el desarrollo económico.
    Las empresas dependen enormemente de los resultados del sistema educativo. Es el caso sobre todo de las empresas más pequeñas que tienen relativamente menos posibilidades de formar y readaptar ellas mismas a su personal y que de forma general no pueden permitirse invertir tanto en mejorar el nivel de competencia de sus trabajadores. Este último hecho se debe principalmente a la diferencia de tiempo necesaria para percibir la rentabilidad de tal inversión. Con objeto de lograr que estas empresas más pequeñas sean más competitivas y aumenten las posibilidades ofrecidas a su personal, hay que buscar y examinar programas de incentivación y otros sistemas de apoyo «exteriores» atractivos para ambas partes.
  2. Actuación de los sistemas públicos de educación y formación de los jóvenes. Se han obtenido diversos progresos en los últimos diez años. No obstante, para los interlocutores sociales es inaceptable que no se consiga alcanzar un mejor nivel de educación posible. La mayoría de los sistemas consiguen alcanzar, en el mejor de los casos, menos del 80 por ciento del nivel deseado de cada cohorte (a excepción del Japón). Aunque la medición de los niveles pueda inducir a error, esta situación priva a importantes grupos de jóvenes y a la economía de las condiciones previas necesarias a una participación activa de todos en el desarrollo de nuestras sociedades. Nuestra estrategia común exige una educación de base de «calidad total» para todos los jóvenes, de la que deben hacerse cargo nuestros gobiernos y cuyos sistemas escolares respectivos deben rendir cuentas. Los gobiernos deben proporcionar las fuentes de financiación necesarias (cuando se despliegan con eficacia) que permitan una educación de «calidad total». La OCDE desempeña una función importante a la hora de contribuir a desarrollar la buena práctica en este ámbito.
  3. Necesidad de educación y readaptación profesional de la fuerza laboral adulta. Más del 80 por ciento de la fuerza laboral del año 2000 ya está trabajando, y esta población adulta formará pues una parte creciente de la fuerza laboral disponible en el curso del próximo siglo. En muchos países de la OCDE, una parte importante de esta población dejó la escuela con sólo el mínimo de calificaciones escolares y la gran mayoría no recibe sistemáticamente educación o la readaptación profesional para adultos. A estas lagunas hay que añadir otros problemas a los que nos enfrentamos. Esta situación no se puede tolerar por más tiempo y hay que corregirla durante el decenio de 1990. La educación y la readaptación profesional continuas deben ser accesibles a los trabajadores adultos, y de forma atractiva. Los gobiernos de la OCDE tienen la responsabilidad inicial de dar la vuelta a esta situación, y los empleadores y los sindicatos se comprometen a aportar su apoyo a la realización de este objetivo.

Mejora de la educación básica

Ante los cambios de carácter organizativo y estructural, la naturaleza del trabajo está cambiando a un ritmo acelerado. La producción en masa y los sistemas de producción basados en el taylorismo están dejando paso en algunas industrias a nuevas formas de organización del trabajo. Si las nuevas tecnologías se explotan a fondo, tanto en el plano económico como en el social, este proceso de cambio de la organización del trabajo se extenderá y ampliará. Al mismo tiempo, los cambios estructurales situarán a los trabajadores frente a cambios fundamentales a lo largo de su vida profesional. Esta evolución en el mundo del trabajo introduce modificaciones en los requisitos que se exigen a nuestros sistemas educativos. La necesidad creciente de poder tratar la información, tener nociones de cálculo aritmético, trabajar en grupo, poder comunicarse, saber leer, y disponer de otras calificaciones necesarias para las relaciones entre las personas y orientadas a la demanda, todo ello implica que los sistemas y programas educativos reflejen la necesidad de los jóvenes de aprender, y no sólo de absorber conocimientos, y de poder adaptarse a los cambios futuros y beneficiarse de los mismos. El sistema de educación básica debe proporcionar cada vez más la capacidad para participar y volver a participar en este mismo proceso educativo. Ello ejercerá mayor presión en los sistemas escolares para que se adapten y se les considere cada vez más a la vanguardia del cambio. Los indicadores de resultados inadecuados, como el aumento del analfabetismo funcional y la persistencia de altos índices de abandono, muestran que en muchos países de la OCDE la situación es muy grave. Se impone una utilización mejor de los recursos y, en algunos casos, de recursos públicos suplementarios, pero al mismo tiempo, se necesita una cooperación activa entre los establecimientos escolares, el mundo del trabajo y las autoridades públicas, tanto para asegurar que se produzca la adaptación de los sistemas como que se realice un mejor uso de la capacidad y del interés de las empresas para ayudar a los establecimientos escolares a crear motivación y generar posibilidades de estudios. Los establecimientos escolares no son fábricas y los entornos del aprendizaje no deben imponerse, sino edificarse progresivamente. Si la educación prepara el acceso al empleo, la escuela también debe garantizar que la educación permita la superación personal y la responsabilidad social.

Las sociedades y economías futuras no podrán cumplir sus funciones si la enseñanza de alta calidad se centra únicamente en un pequeño grupo. Por esta razón es necesario garantizar un enfoque de «calidad total» de la educación. Nos hemos fijado como meta eliminar el fenómeno del abandono, así como aumentar globalmente el nivel de las normas.

La clave de estas mejoras se encuentra en la calidad y la moral de la profesión docente. Nosotros apoyamos las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre condiciones de la enseñanza, titulado «El enseñante hoy en día», en las que se observa que en numerosos casos la mejora de las condiciones y las primas inherentes a la profesión docente deben ser una prioridad urgente, y que las posibilidades de readaptación periódica deben ofrecerse a los docentes para que mejoren la calidad de la enseñanza.

También deben introducirse cambios en los sistemas de educación superior. Debemos ofrecer mayores oportunidades de educación superior a los jóvenes, así como aumentar la flexibilización de estas instituciones para que apoyen la progresión continua de los adultos, en todas las vías de su vida profesional. Debería alentarse a las instituciones de enseñanza superior a examinar el potencial de formación profesional de los adultos en sus programas «universitarios» tradicionales a fin de aumentar su accesibilidad a los adultos.

Modernización de la formación básica

Muchos Estados miembros de la OCDE deben mejorar sus sistemas de enseñanza profesional con objeto de ofrecer a los jóvenes que terminan la escolaridad obligatoria la posibilidad de seguir ya sea una educación superior ya sea una formación que les ofrezca calificaciones válidas. No existe un modelo único que refleje el equilibrio deseado o el tipo de sistema que sería preferible. En cambio, una estrecha colaboración entre los tres interlocutores - autoridades gubernamentales, empleadores y sindicatos - es esencial. Habría que utilizar de forma más sistemática las informaciones disponibles sobre las experiencias positivas, ya sean del sector industrial o de la colectividad.

En algunos casos existen desequilibrios entre los establecimientos de «educación» y de «formación» que deben corregirse. En otros países, los sistemas de formación profesional inicial y de aprendizaje se han venido abajo hasta llegar a niveles inquietantes. No obstante, en todos los países, aparecen problemas de: niveles insuficientes de formación básica, desequilibrios entre las calificaciones disponibles y las solicitadas, y falta creciente de oportunidades. Aunque la prestación exacta de los sistemas de formación profesional pueda variar, incumbe a las autoridades públicas asegurarse el estudio y funcionamiento del sistema, ya que todos los jóvenes tienen derecho a beneficiarse de esta formación. Las autoridades públicas, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, también tienen el deber de velar por que la formación profesional dé lugar a una serie de competencias y calificaciones que puedan ser validadas.

Readaptación durante la vida profesional

Debe realizarse, no obstante, un esfuerzo sostenido para readaptar a la fuerza laboral adulta y éste, en gran medida, debe realizarse a nivel de empresa. Actualmente, esta práctica es a menudo insuficiente por dos razones: el entorno cambiante del decenio de 1990 y la tendencia permanente de las empresas a no invertir lo suficiente en formación por temor a que los otros empleadores les «roben» los trabajadores calificados. Este temor conduce también a centrar la formación en empleos demasiado específicos en vez de centrar la atención en un abanico amplio de competencias transferibles y utilizables por diferentes empleadores. El objetivo último debe ser aumentar el nivel de competencia del adulto.

En especial las empresas más pequeñas, y por razones evidentes, tienen dificultades para invertir suficientemente en formación y proporcionar planes de formación lo bastante completos. Estas empresas necesitan un mayor apoyo exterior, tanto de sus propias organizaciones como de las escuelas y las universidades, de los gobiernos y los bancos, para superar estas dificultades y limitaciones.

En la mayoría de los Estados miembros, la rápida expansión de la educación y la formación en los últimos decenios ha aumentado involuntariamente las desigualdades entre generaciones en lo que respecta a la enseñanza dispensada, ya que la mayoría de los trabajadores más jóvenes ha recibido un nivel casi dos veces más alto de enseñanza que sus colegas mayores. Esta situación se acentúa todavía más cuando las prioridades de la producción hacen que se asignen más recursos complementarios a la formación y la readaptación continuas que beneficien a los trabajadores que han recibido un nivel superior de educación. Asimismo, empleos diferentes requieren niveles diferentes de perfeccionamiento. No obstante, para compensar estas circunstancias no se puede considerar que sea responsabilidad únicamente de los empleadores; la respuesta debe ser tripartita.

En este proceso hay intereses que incumben a toda la comunidad y, por lo tanto, el gobierno debe asumir su responsabilidad tanto en materia de orientación de los programas como de financiación. La responsabilidad de la financiación debe depender de los objetivos respectivos de la formación: sus objetivos inmediatos del empleo, sus grandes necesidades sociales o su superación individual. No obstante, el campo de la formación y la readaptación profesional basada en la empresa representa un ámbito perfecto para una estrategia de colaboración doblemente beneficiosa entre los interlocutores sociales y el gobierno, que tenga en cuenta las circunstancias nacionales, y donde todas las partes resulten beneficiadas y los conflictos puedan resolverse.

La formación en la empresa debe, por lo tanto:

Estas demandas sobre lo que debe conseguir la formación en la empresa dan lugar a la necesidad de elaborar un modelo tridimensional que explique a la vez cómo desarrollar la competencia personal, la competencia social y la competencia profesional, y cómo repartir y equilibrar las responsabilidades correspondientes a estas ambiciones, en parte convergentes en parte divergentes. El proceso exige igualmente la adopción de nuevos métodos de colaboración, más variados, entre todos los «actores», como la aplicación de incentivos y el acceso bajo ciertas condiciones específicas a diversas opciones fiscales y financieras.

En algunos países también se han firmado convenios colectivos por los que se establecen buenas prácticas en la formación en las empresas. A veces, la licencia de formación remunerada se ha convertido en una práctica establecida. La licencia con fines de formación puede ser cada vez más importante en el futuro. Debería combinarse con mecanismos que rijan de forma constructiva su utilización en función del período de tiempo y los objetivos que sean también beneficiosos para los otros «actores». Los sistemas de «cuentas» personales para la formación (o derechos de emisión) combinados con otros incentivos deberían ser examinados.

No obstante, en casi todos los países existen lagunas en relación con la formación proporcionada por las pequeñas y medianas empresas. Otras áreas que requieren programas gubernamentales específicos son los grupos especialmente desfavorecidos, que pueden necesitar programas adaptados para ellos, como, por ejemplo, quienes se encuentran atrapados en empleos mediocres sin calificaciones o los desempleados de larga duración. Otra área tiene que ver con las industrias o sectores que se enfrentan a una reestructuración masiva, y donde los programas de previsión de la readaptación pueden facilitar la adaptación y el cambio.

Realización de los esfuerzos

El BIAC y la TUAC están dispuestos a participar en un esfuerzo conjunto con la OCDE para alentar a los gobiernos a que aumenten la conciencia general en todos los círculos interesados sobre la importancia decisiva que tiene la calidad de la fuerza laboral en el desarrollo y los resultados económicos. Esperamos aumentar las posibilidades individuales de los trabajadores mediante incentivos y nuevas responsabilidades para continuar desarrollando sus competencias. Los objetivos perseguidos son los siguientes:

Nuestro objetivo es aumentar las opciones disponibles para las personas a lo largo de sus vidas, así como hacer frente a los desafíos económicos y sociales. Deben ofrecerse oportunidades de desarrollo de las competencias, deben existir incentivos para motivar a las personas, y, por lo tanto, los cambios que se produzcan también tendrán repercusiones en la negociación colectiva y los sistemas salariales.

Una nueva estrategia de cooperación que beneficie a todo el mundo debe desarrollarse entre todas las partes implicadas - gobiernos, interlocutores sociales, y sobre todo las personas interesadas - en materia de educación y formación de los jóvenes y de desarrollo del potencial de la fuerza laboral adulta.

Se ha reconocido que existen límites absolutos a los recursos financieros y al tiempo disponible. Del mismo modo que los objetivos de formación y readaptación son diferentes para el empleador, la sociedad en general y las personas, las responsabilidades financieras también deben reflejar objetivos diferentes, individuales, de las empresas y de la colectividad. Igualmente, las oportunidades para utilizar el tiempo de trabajo en cuestiones de readaptación, licencia de formación y reducción general del tiempo de trabajo constituyen elementos que deben equilibrarse.

Por último, la financiación y utilización del tiempo de trabajo con fines de formación debe tratarse, no obstante, como una inversión. Una iniciativa gubernamental tomada en el momento oportuno puede garantizar que se obtenga la inversión necesaria. Es cierto que para muchas personas y pequeñas empresas, la acción gubernamental es la clave que les va a permitir participar en este proceso de alguna forma, ya que sus perspectivas inmediatas y su potencial raramente les permiten albergar ambiciones a más largo plazo o de mayor envergadura.

El perfil de las necesidades de formación debe plantearse a la vez a nivel de junta administrativa y de lugares de trabajo. En muchos casos, se trata de una cuestión que ha sido abordada en el orden del día de las negociaciones colectivas y, al mismo tiempo, ha sido un tema apropiado en el marco de consultas y acuerdos de cooperación. El objetivo último es aumentar las oportunidades individuales, evitar la exclusión y compaginar las necesidades económicas con las sociales.

Las sugerencias y reflexiones formuladas en esta declaración son un llamamiento a la OCDE y a sus gobiernos miembros para que la educación y la formación figuren en el centro de sus prioridades. El BIAC y la TUAC colaborarán con este fin y velarán igualmente por que se produzca una estrecha interacción de las políticas de educación y formación con otras prioridades, por ejemplo, en materia económica, de mano de obra y de asuntos sociales y en otras políticas. Estamos dispuestos a continuar y, de ser necesario, aumentar nuestra colaboración con la OCDE, su secretaría y el CERI 5, en las formas presentes y futuras.

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