Recomendación del
Consejo de 15 de
junio de 2001relativa a las orientaciones generales de las
políticas económicas de los estados miembros y la
comunidad (2001/483/CE)
Orientaciones generales de política económica
Introducción Prioridades y
requisitos principales
La coyuntura económica reciente y sus
perspectivas Principales desafíos
Recomendaciones
Asegurar la aplicación de políticas
macroeconómicas de crecimiento y estabilidad Mejorar la calidad y sostenibilidad de las
finanzas públicas Robustecer los mercados de trabajo Dotarse de mercados eficientes de productos
(bienes y servicios) Promover la eficiencia e integración del mercado
de servicios financieros de la UE Fomentar el espíritu empresarial Impulsar la economía del conocimiento Potenciar la sostenibilidad del medio ambiente
EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo
99,
Vista la recomendación de la Comisión,
Visto el
debate celebrado en el Consejo Europeo de 15 de junio en
Gotemburgo,
Considerando que el Parlamento Europeo ha
adoptado una Resolución sobre la recomendación de la
Comisión.
RECOMIENDA LO
SIGUIENTE:
I. ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA
ECONÓMICA
1. INTRODUCCIÓN
Hace un año, en Lisboa, la
Unión Europea se dio un nuevo objetivo estratégico para la
próxima década: "convertirse en la economía del conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos
y con mayor cohesión social". Las Orientaciones Generales de
Política Económica de 2000 (OGPE) establecieron una estrategia
política integral para cumplir esta ambición. Esta estrategia
comprende políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento
y a la estabilidad, y reformas económicas integrales de los
mercados de trabajo, productos y capitales. Estas políticas
deben sustentar un crecimiento económico robusto a corto
plazo, consolidar la base del futuro crecimiento a medio
plazo, y aumentar la capacidad de hacer frente con eficacia a
los cambios estructurales a largo plazo, entre ellos el
impacto del envejecimiento de la población.
Las OGPE de
2001 confirman esta estrategia política y la amplían a la luz
de los resultados del Consejo Europeo de Estocolmo (23-24 de
marzo de 2001), en el que se hizo hincapié en que la Unión y
los Estados miembros están plenamente comprometidos con el
objetivo del pleno empleo, que consideran un importante medio
para responder al reto del envejecimiento de la población.
También se resaltó en tal ocasión que la promoción del
desarrollo sostenible debería integrarse en las OGPE. Éstas se
han elaborado teniendo en cuenta el examen de la aplicación de
las OGPE 2000 y la evaluación de la situación y perspectivas
económicas formulada en las previsiones económicas de
primavera de 2001 de la Comisión.
La sección 2 se abre con
un comentario sobre el contexto económico de estas
Orientaciones y concluye con los principales retos políticos a
corto, medio y largo plazo. La sección 3 describe las
recomendaciones generales aplicables a todos los Estados
miembros y a la Comunidad. Dentro de la estrategia global, las
prioridades políticas difieren entre Estados miembros, debido
a sus diferencias en cuanto a resultados, perspectivas,
estructuras e instituciones de la economía. Teniéndolas
debidamente en cuenta, la Parte II presenta las orientaciones
económicas específicas por países. Las recomendaciones
presupuestarias se basan en los programas nacionales de
estabilidad o de convergencia, en las respectivas hipótesis
económicas subyacentes y en los dictámenes del Consejo al
respecto. La evaluación del modo en que se hayan seguido tales
recomendaciones, que se llevará a cabo en 2002, tendrá
asimismo en cuenta los principales cambios del entorno
económico general.
2. PRIORIDADES Y REQUISITOS
PRINCIPALES
2.1. La coyuntura económica reciente y sus
perspectivas
Un entorno económico exterior mucho menos
favorable - Desde el comienzo del verano de 2000, cuando el
Consejo adoptó las anteriores Orientaciones, el entorno
económico mundial ha evolucionado hacia una situación mucho
menos favorable, debido a toda una serie de fuerzas
interrelacionadas. Aunque hay consenso en que la
desaceleración mundial será relativamente efímera, los riesgos
de un resultado menos positivo son considerables.
En primer
lugar, durante el verano aumentaron los precios del petróleo,
culminando en otoño. Aunque han retrocedido desde su último
pico de 2000, y aunque la reducción de la demanda mundial
atenúa el riesgo de nuevas alzas de precios, estos se
mantienen relativamente altos y siguen exhibiendo un alto
grado de volatilidad. En segundo lugar, y lo que es más
importante, se ha producido una desaceleración inesperada y
abrupta de la actividad económica en los Estados Unidos y
Japón en los últimos meses. En los Estados Unidos cabía
esperar y desear cierto ajuste hacia una senda más sostenible
de crecimiento, que condujera a una corrección de los
importantes desequilibrios acumulados en la fase de expansión.
Las expectativas se centran en una recuperación en la segunda
mitad de 2001, basada, entre otras cosas, en un
aprovechamiento inteligente de los márgenes de maniobra de la
política económica. Sin embargo, las perspectivas siguen
presentando grandes incertidumbres. En Japón, la frágil
recuperación se agota y la economía sigue vulnerable a los
choques. El deteriorado entorno exterior afecta ya al
crecimiento en distintas economías de mercado emergentes,
principalmente a través de la desaceleración de las
exportaciones. En tercer lugar, la volatilidad de los mercados
de valores mundiales ha seguido siendo muy elevada, y se ha
producido una fuerte corrección, sobre todo en el sector de
los valores tecnológicos, reflejo de las menores expectativas
de crecimiento de las perspectivas de beneficio a largo
plazo.
En la zona euro el crecimiento se mantiene - El
segundo año de la Unión Económica y Monetaria ha sido
positivo. En la zona euro se registró el mayor crecimiento y
el más bajo desempleo en una década. La inflación se aceleró,
impulsada principalmente por factores temporales, como los
precios de la energía y un tipo de cambio débil, pero se
espera que se mantenga muy por debajo del 2 por ciento a medio
plazo. Sin embargo, el ímpetu del crecimiento ya no es el
mismo, en primer lugar por el choque negativo del aumento de
los precios del petróleo, y también por el descenso de la
demanda mundial.
Mirando hacia adelante, y a
pesar del descenso de la actividad económica mundial, la zona
euro parece en camino de seguir disfrutando en 2001/02 de un
crecimiento económico (en torno al 2, 75 por ciento) y una
creación de empleo relativamente sólidos, mientras que han
disminuido los riesgos para la estabilidad de los precios en
origen. Los fundamentos macroeconómicos -que han mejorado
sustancialmente, manteniéndose la moderación salarial- y las
políticas saneadas han fomentado un clima favorable para la
inversión y la creación de empleo. Se ha creado un círculo
virtuoso de crecimiento firmemente arraigado en la demanda
interna. Aunque en descenso, la confianza de las empresas y,
en especial, de los consumidores se mantiene muy por encima de
sus promedios a largo plazo, impulsada por un dinamismo cada
vez mayor de la economía. La elevada tasa de capacidad
utilizada, las favorables condiciones de financiación y la
fuerte rentabilidad sostienen la demanda de inversión, al
tiempo que el aumento de la renta disponible -merced al
aumento de la productividad y del empleo y a las reformas
tributarias- sigue sosteniendo la demanda de los
consumidores.
Por otra parte, el gran
mercado interior y la moneda única proporcionan una base firme
y estable para el crecimiento interno, menos expuesto a las
fluctuaciones del tipo de cambio. La próxima introducción de
los billetes y monedas en euros, el 1 de enero de 2002, dará
nuevo ímpetu a la integración económica y hará del euro una
realidad cotidiana, en una unión monetaria más visible. Por
otra parte, gracias al avance de las reformas económicas, se
ha fortalecido la resistencia de la zona euro frente a las
turbulencias externas. Por consiguiente, incluso si se
concretaran los riesgos de desaceleración en el exterior -y en
especial si la economía de EEUU no recuperará rápidamente un
sólido crecimiento- los factores mencionados contribuirán a
mitigar su impacto en la zona euro.
Los Estados miembros
que no participan en el euro - Si en 2000 registraron un
fuerte crecimiento de la economía y del empleo, Dinamarca,
Suecia, y el Reino Unido se están viendo afectados, al igual
que la zona euro, por la adversa evolución de la economía
mundial. Se espera, por tanto, que su crecimiento económico se
desacelere. Los considerables progresos que han realizado en
el ámbito de las reformas estructurales y el mantenimiento de
la saludable demanda interna les permitirán sortear el
deterioro del entorno exterior. La inflación se mantiene en
estos países a un nivel igual o inferior al de la zona
euro.
2.2. Principales desafíos
De cara al futuro, la UE
y la zona euro se enfrentan a varios retos fundamentales a
corto, medio y largo plazo. Para responder con eficacia a
estos desafíos se necesitan desde ahora mismo medidas
políticas adecuadas.
El reto a corto plazo: preservar la
expansión del crecimiento y el empleo - La tarea inmediata es
mantener un comportamiento vigoroso de la economía en un
contexto económico mundial menos propicio. La UE y la zona
euro deberán contar cada vez más con sus propias
fuerzas.
Las políticas macroeconómicas orientadas al
crecimiento y a la estabilidad y las reformas estructurales
integrales resultan fundamentales para mantener y potenciar la
dinámica del crecimiento interno, afianzando así la confianza
de las empresas y los consumidores. En este contexto, las
políticas presupuestarias deben contribuir a evitar el exceso
de demanda y las presiones inflacionistas, y debe mantenerse
la moderación salarial. Con ello se apoya la estabilidad de
los precios y pueden propiciarse las condiciones monetarias
conducentes al crecimiento económico y el mantenimiento de la
creación de empleo.
En especial, las políticas
presupuestarias deben seguir orientadas a alcanzar situaciones
presupuestarias cercanas al equilibrio o con superávit. Es
fundamental preservar la estabilidad macroeconómica tan
duramente conquistada y proyectarla hacia el futuro. Las
presiones para aumentar el gasto público y recortar impuestos
podrían poner en peligro las situaciones presupuestarias.
Además, han aparecido presiones sobre los salarios en
determinados Estados miembros, debido a que empiezan a
aparecer restricciones en el mercado de trabajo y demandas de
compensación del reciente aumento de la inflación y de la
moderación de años anteriores.
La Unión Económica y
Monetaria ha significado un importante cambio de régimen, cuyo
éxito exige responsabilidades adicionales de todos los actores
políticos importantes. La política monetaria común se ha
establecido para el conjunto de la zona euro, y el tipo de
cambio ya no puede utilizarse para restaurar la competitividad
perdida a consecuencia de retrasos en el cambio estructural o
de una mala política macroeconómica.
Los Gobiernos y los
interlocutores sociales tienen, por tanto, responsabilidades
en la conformación de una política macroeconómica equilibrada,
tanto a nivel de los Estados como en la eurozona. Se apela a
los interlocutores sociales para que sigan actuando de manera
responsable, incrementando así las perspectivas de aumento del
crecimiento y del empleo.
En términos más generales, es
preciso aumentar en mayor grado la resistencia de la economía
a través de una correcta combinación de reformas
estructurales. Unos mercados más flexibles y abiertos
aumentarán la capacidad de adaptación al cambio y contribuirán
a absorber el impacto de los choques. Además, darán lugar a
una interacción positiva entre las mejoras estructurales de la
economía, y aportarán beneficios en términos de resultados
macroeconómicos. Por otra parte, las reformas estructurales
pueden tener un impacto positivo a corto plazo, atenuando
expectativas de incremento de los precios.
El reto a medio
plazo: mejorar los fundamentos del crecimiento y el empleo -
Los resultados de crecimiento desde 1997 deben contemplarse en
un contexto de recuperación cíclica, en el que se podían
aprovechar las capacidades no utilizadas. Aunque es muy
posible que el potencial de crecimiento de la producción haya
mejorado en los últimos años merced a los aumentos de
productividad propiciados por un mejor funcionamiento del
mercado y por las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, no se considera aún suficiente para sostener a
largo plazo tasas de crecimiento en torno al 3 por ciento. El
sostenimiento de la expansión dependerá, por tanto, del
aumento permanente del potencial de crecimiento.
La
política económica debería centrarse en la creación de buenas
condiciones para el uso eficiente y la mejora de los recursos
productivos y naturales a largo plazo. Debe contribuir, en
particular, a mejorar el funcionamiento del mercado,
corrigiendo imperfecciones o carencias debidas a la presencia
de externalidades, poder de mercado, información imperfecta, o
al entorno normativo.
Debe reducirse la actual
infrautilización de los recursos humanos. El desempleo
registrado en la UE es aún intolerablemente alto, y las tasas
de ocupación y de empleo son bajas, sobre todo entre los
trabajadores de más edad y las mujeres, y se encuentran en
muchos Estados miembros lejos de las metas acordadas en Lisboa
y Estocolmo. El refuerzo mutuo de las políticas económicas y
sociales conduce, a través de la mejora de las oportunidades
de empleo, a un mejor uso del potencial de recursos humanos de
la UE. Ello requiere revisar la normativa y las instituciones
del mercado de trabajo, a fin de reducir los obstáculos que
pueden plantear en relación con la oferta y la demanda de
trabajo. El aumento de la tasa de ocupación, especialmente de
los grupos infrarrepresentados o desfavorecidos, es clave
además para la inclusión social.
Para promover el aumento
de la oferta de mano de obra, es preciso asegurar que el marco
regulador anime a la población a entrar en el mercado de
trabajo o a permanecer en él. En particular, los regímenes
tributarios y sociales deben reformarse todavía más,
reforzando los incentivos financieros a la entrada o
permanencia en el trabajo. Para aumentar las oportunidades de
las personas en paro o inactivas, es preciso un giro hacia
políticas activas bien diseñadas. Las políticas activas del
mercado de trabajo promueven además la inclusión social. Esta
mayor eficiencia de la mano de obra europea debería lograrse
también a través de la reducción de obstáculos a la movilidad
laboral en el interior de los Estados miembros y entre ellos,
en particular con miras a remediar la carencia de personal
cualificado. Por otra parte, es preciso fomentar la educación
permanente para facilitar la participación en la actividad
laboral e incrementar la flexibilidad y capacidad de
adaptación de la mano de obra.
El aumento de la oferta de
mano de obra deberá ir acompañado normalmente de un aumento de
la inversión en capacidad. Esto incluye la creación de un
entorno empresarial propicio para la inversión, respaldado por
una buena infraestructura pública y una Administración moderna
y eficiente. Unos mercados de productos y de capitales
fiables, competitivos e integrados aseguran el mejor uso
posible de los recursos. En este contexto, es preciso mejorar
la competencia en los mercados de productos y de servicios, y
en especial en los servicios públicos y en los servicios
financieros. En este sentido, la acción comunitaria debería
centrarse en la plena realización del mercado interior,
especialmente en el ámbito de los servicios, incluidos el
sector financiero y las redes industriales. Los Estados
miembros, a su vez, deberían velar por la aplicación efectiva,
y sobre todo rápida, de la legislación del mercado interior y
fomentar la competencia.
Un aspecto central de la
estrategia de Lisboa es el reconocimiento de la necesidad de
estimular el espíritu empresarial y la innovación en la UE,
condiciones fundamentales para aumentar el potencial de
crecimiento de Europa y, en consecuencia, la competitividad,
la riqueza y el empleo. El espíritu empresarial y la
innovación constituyen retos esenciales para todos los Estados
miembros.
El fomento de la competencia en el mercado
interior tiene su complemento lógico en una mayor competencia
a escala mundial. Esto añadiría importantes efectos positivos
al incrementar el potencial productivo europeo.
La Unión Europea
debería, por tanto, perseverar en una política comercial común
que favorezca la apertura del comercio mundial e impulse una
nueva ronda comercial multilateral en el contexto de la
OMC.
Un fuerte crecimiento de la productividad y de la
competitividad en un contexto mundial exigirá la prosecución
de los cambios estructurales. Avanza en Europa la transición
hacia una economía del conocimiento, pero subsisten carencias
en la relación entre la industria y la ciencia y en el volumen
de inversión privada en I+D, por lo que la comercialización
del esfuerzo de investigación sigue siendo precaria. Además,
falta personal cualificado en TIC y faltan investigadores. Por
otra parte, el aumento de la inversión en la UE resulta
crucial para la rápida difusión de la innovación (en
particular las TIC) en todos los sectores de la economía y,
por consiguiente, para que aumente a medio plazo el potencial
de crecimiento.
El reto a largo plazo: prepararse para el
impacto del envejecimiento de la población - La necesidad de
políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la
estabilidad y de reformas económicas integrales, especialmente
enfocadas al incremento de la oferta de mano de obra se ve
amplificada por el reto que plantea el envejecimiento de la
población que se vislumbra en el horizonte. De mantenerse las
tendencias actuales, la población activa de la UE se reducirá
en unos0 millones de personas entre 2015 y 2050, y el
coeficiente de dependencia de la tercera edad se duplicará, en
líneas generales, a lo largo de las cinco próximas décadas.
Determinados Estados miembros están empezando a notar ya las
correspondientes repercusiones en la hacienda
pública.
Estimaciones provisionales
indican que el gasto en pensiones públicas aumentará del orden
del 3-5 por ciento del PIB en el período comprendido entre
2010 y 2050. Además, el gasto en asistencia sanitaria y
atención a los ancianos aumentará sustancialmente. Así, el
envejecimiento de la población tendrá considerables
consecuencias para la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas, pues será necesario facilitar pensiones
universales. Puesto que este impacto está empezando a
manifestarse, es preciso que los Gobiernos actúen ya para
asegurar la calidad, adecuación y sostenibilidad fiscal de las
pensiones y de la asistencia sanitaria proporcionada a los
ancianos, así como para mejorar los incentivos con miras al
incremento del empleo. En este sentido, será preciso revisar
los regímenes y políticas actuales, y reformarlos cuando
proceda. Es preciso lograr mejoras estructurales de las
finanzas públicas, y prepararse así para las cargas
financieras que impondrá el envejecimiento de la
población.
Más allá del impacto financiero inmediato, el
envejecimiento de la población tiene otras implicaciones para
el crecimiento económico, por la reducción de la población
potencialmente activa, y efectos potencialmente importantes
sobre el nivel de ahorro. La elevación del nivel de vida habrá
de basarse cada vez más en el aumento de la productividad del
trabajo y en el aumento de la tasa de ocupación. El fomento de
la inversión y el proceso de intensificación de capital
contribuyen, mediante el incremento de la productividad
laboral, a remediar las repercusiones negativas del
envejecimiento de la población. Además, la menor incorporación
de jóvenes recién formados a la población activa puede ser un
impedimento para la renovación de cualificaciones y, por
tanto, para la absorción de nuevas tecnologías. La mejora de
la formación de los jóvenes en nuevas tecnologías y el fomento
de la educación permanente podrían contribuir a contrarrestar
los efectos del envejecimiento en los niveles de
cualificación.
Es necesario que los Estados miembros
desarrollen estrategias integrales para hacer frente a los
retos económicos y presupuestarios que plantea el
envejecimiento de la población. Las medidas de carácter
estratégico podrían incluir la reforma de los sistemas de
pensiones y de atención sanitaria y de los sistemas de cuidado
de los ancianos, el aumento de la edad efectiva de jubilación,
la incentivación del incremento de la ocupación, en especial
por lo que respecta a los trabajadores de mayor edad, la
creación y el incremento de reservas destinadas a fondos
públicos de pensiones, y el posible estímulo a la extensión de
planes complementarios de pensión con financiación privada
(pilares 2 y 3). Estas estrategias deberán presentarse junto
con los programas de estabilidad y convergencia para su examen
en el contexto de la supervisión multilateral, teniendo en
cuenta debidamente el principio de subsidiariedad.
Asegurar
una estrecha coordinación de las políticas económicas - La
estrecha coordinación entre los actores políticos y un diálogo
permanente y fructífero entre el Consejo, el Eurogrupo y el
BCE, en el que participe la Comisión y que respete todos los
aspectos de la independencia del SEBC resulta esencial para
propiciar una evolución económica armoniosa. Esto incluye
asimismo el intercambio precoz de información y la mejora de
las estadísticas comunes. La eficacia de las actuaciones en el
ámbito de estas políticas aumentará si se tienen en cuenta los
efectos de su influencia mutua, cada vez más importante a
medida que se intensifica la integración.
Esto vale sobre
todo para los Estados miembros de la zona euro. Para responder
a estos retos y aprovechar de lleno el potencial de la UEM,
las autoridades de estos Estados están coordinando
estrechamente sus políticas económicas en el seno del
Eurogrupo. De conformidad con las conclusiones del Consejo
Europeo de Niza, el Eurogrupo ha empezado a ampliar la gama de
asuntos esencialmente estructurales de los que se ocupa, a fin
de contribuir al refuerzo del potencial de crecimiento de la
zona euro.
La estrategia macroeconómica y microeconómica
para hacer frente con eficacia a estos retos fundamentales
será objeto de la siguiente sección. Sus componentes
principales son:
asegurar la aplicación de políticas
macroeconómicas de crecimiento y estabilidad;
mejorar
la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas;
robustecer los mercados de trabajo;
dotarse de
mercados eficientes de productos (bienes y servicios);
promover la eficiencia e integración del mercado de servicios
financieros de la UE;
fomentar el espíritu
empresarial
impulsar la economía del conocimiento;
y
potenciar la sostenibilidad del medio
ambiente.
3. RECOMENDACIONES
3.1.
Asegurar la aplicación
de políticas macroeconómicas de crecimiento y
estabilidad
La política macroeconómica desempeña un papel
fundamental en el fomento del crecimiento y el empleo y el
mantenimiento de la estabilidad de los precios. A corto plazo,
debe orientarse a la prolongación de una expansión económica
equilibrada y la plena realización del potencial de
crecimiento actual. A medio plazo, debe contribuir al
establecimiento de un marco que propicie niveles adecuados de
ahorro e inversión a fin de situar a la economía en una senda
de crecimiento y empleo estable, elevado y no
inflacionista.
En la zona euro, tras la boyante actividad
económica de 2000, el crecimiento debería ralentizarse en
2001-2002, pero será razonablemente robusto, por encima del
potencial, y con menor inflación. Una política macroeconómica
apropiada y libre de tensiones debe presentar los elementos
que siguen.
El objetivo primordial de la política monetaria
única es mantener la estabilidad de los precios en la zona
euro. Sin perjuicio de este objetivo, apoya las políticas
económicas generales de la Comunidad.
Las situaciones
presupuestarias sanas, conformes con el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, proporcionan el margen necesario para el pleno
funcionamiento de los estabilizadores automáticos sin peligro
de superar el 3 por ciento del PIB establecido como límite
para el déficit de las administraciones públicas. Además
tienen efectos favorables para los tipos de interés y
contribuyen a la afluencia de la inversión privada, y a
reducir la deuda estatal en porcentaje del PIB, con lo que
contribuyen a preparar la reacción frente a los costes de los
cambios demográficos y, al aumentar la credibilidad del marco
presupuestario de la UEM, a reforzar la confianza de los
inversores.
Como principio general, es importante que las
políticas presupuestarias estén presididas por la necesidad de
evitar posturas procíclicas, que conducen a oscilaciones
exacerbadas de la actividad económica y a resultados
estructurales insostenibles y gravan la política monetaria
única. La mayoría de los Estados miembros ha alcanzado una
situación presupuestaria mínima que les permite dejar que
funcionen los estabilizadores automáticos sin que se supere el
límite de déficit excesivo. Este importante resultado debe
afianzarse. En la mayor parte de los casos resulta necesario
un mayor grado de consolidación fiscal.
En cumplimiento del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, todos los Estados miembros
han de garantizar que las posiciones presupuestarias ajustadas
al ciclo mantengan o alcancen un equilibrio o un superávit en
los próximos años. Esto creará margen de maniobra adicional
para la estabilización cíclica, para hacer frente a
acontecimientos presupuestarios imprevistos, para poner la
deuda estatal en una senda de descenso más rápida, y para
prepararse ante los desafíos presupuestarios inherentes al
envejecimiento de la población. Partiendo de las últimas
actualizaciones (2000-2001) de los programas de estabilidad, y
tras un ligero deterioro en 2001, la situación presupuestaria
agregada de la zona euro debe mejorar gradualmente y llegar al
equilibrio en 2003.
Los
Estados miembros de la zona euro deben asegurar que sus
políticas presupuestarias respalden el objetivo de la
estabilidad de los precios de la política monetaria común. En
este contexto, deben estar preparados para utilizar las
políticas presupuestarias y estructurales con el fin de
contribuir a la estabilidad de los precios internos y tener en
cuenta, en sus políticas presupuestarias, tanto la dimensión
eurozona como las implicaciones nacionales de la política
monetaria común. En líneas generales, los Estados miembros
deberán:
alcanzar, de acuerdo con el compromiso del
pasado año, posiciones presupuestarias próximas al equilibrio
o con superávit en 2001, a fin de obtener un margen suficiente
para hacer frente al impacto de fluctuaciones cíclicas
adversas; asegurar una ejecución rigurosa de sus presupuestos
para no vulnerar los objetivos del programa de estabilidad;
elaborar los presupuestos de 2002 teniendo en cuenta
la necesidad de mantener o alcanzar posiciones presupuestarias
próximas al equilibrio o con superávit y de evitar políticas
fiscales procíclicas; donde proceda, consolidar aún más las
finanzas públicas, especialmente con objeto de garantizar su
sostenibilidad a largo plazo; y
estar preparados, en
aquellos Estados miembros donde se registren riesgos de
recalentamiento y presiones inflacionistas, para proseguir por
la senda de la moderación salarial y adelantar otras reformas
presupuestarias que tengan por objetivo reducir la inflación,
contribuyendo así a una correcta combinación de políticas
macroeconómicas a nivel nacional.
Por lo que atañe a los
Estados miembros que no participan en el euro, en Dinamarca la
política monetaria se reserva para la política de tipo de
cambio fijo con el euro, en el marco del MTC2, que se
considera un instrumento para conseguir la estabilidad de los
precios. En Suecia y el Reino Unido, las políticas monetarias
están orientadas a la estabilidad de los precios a través del
objetivo de la inflación. Su acertada aplicación contribuirá a
crear condiciones para la estabilidad del tipo de
cambio.
Estos Estados miembros también deben mantener
posiciones presupuestarias saneadas, acordes con el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. En líneas generales deberán:
mantener el superávit presupuestario en 2001, y por tanto un
margen suficiente para hacer frente al impacto de
fluctuaciones cíclicas adversas; asegurar una ejecución
rigurosa de sus presupuestos para no vulnerar los objetivos
del programa de convergencia; y
preparar los
presupuestos de 2002 teniendo en cuenta la necesidad de
mantener posiciones presupuestarias en equilibrio o con
superávit y de evitar políticas fiscales procíclicas; donde
proceda, consolidar aún más las finanzas públicas,
especialmente con objeto de garantizar su sostenibilidad a
largo plazo.
Las evoluciones salariales en los Estados
miembros deberían reflejar las diferentes situaciones
económicas y de empleo. Los Gobiernos deberían propiciar el
marco de condiciones adecuado para que los interlocutores
sociales lleven a cabo negociaciones salariales. Para que la
evolución salarial contribuya a una combinación de políticas
favorable al empleo, los interlocutores sociales deberían
seguir manteniendo una actitud responsable y celebrar acuerdos
salariales en los Estados miembros en consonancia con los
principios generales expuestos en las orientaciones generales
de política económica. Es necesario que:
el incremento
de los salarios nominales sea coherente con la estabilidad de
los precios;
el incremento de los salarios reales no
supere el crecimiento de la productividad laboral, habida
cuenta de la necesidad de reforzar, y ulteriormente mantener,
la rentabilidad de la inversión propiciadora de capacidad
productiva y creadora de empleo;
se estimulen
procesos de formación salarial que tengan en cuenta las
diferencias de productividad (entre otras cosas en función de
la capacidad, la cualificación o la zona geográfica).
3.2.
Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas
públicas
Los Estados miembros deben mantener posiciones
presupuestarias sanas, mejorando al mismo tiempo la calidad y
sostenibilidad de las finanzas públicas, en línea con el
informe aprobado por el Consejo Europeo de Estocolmo. De esta
forma se optimizará la contribución de las finanzas públicas
al crecimiento y al empleo y a la realización de los objetivos
acordados en Lisboa y Estocolmo, entre ellos la cohesión
social. Es preciso establecer un buen equilibrio y un ritmo
adecuado entre la reducción de la deuda pública, los recortes
de impuestos y la financiación de la inversión pública en
sectores básicos. Para ello, los Estados miembros
deberán:
esforzarse por que los regímenes fiscales y de
prestaciones sociales sean más favorables para el empleo,
incluso, si procede, mediante una reducción de la carga fiscal
global, mediante reformas específicamente orientadas de los
regímenes fiscales y de prestaciones sociales, especialmente
por lo que respecta a los empleos peor remunerados,
manteniendo la consolidación fiscal y mejorando la eficiencia
de los regímenes tributarios (véase también la sección 3.3);
mejorar la calidad del gasto público reorientándolo
hacia la acumulación de capital físico y humano, así como
hacia la investigación y el desarrollo a fin de garantizar un
incremento anual sustancial de la inversión per cápita en
recursos humanos;
aumentar la eficiencia del gasto
público mediante reformas institucionales y estructurales; en
especial, introducir o mejorar mecanismos que contribuyan al
control del gasto, incluidos procedimientos presupuestarios;
mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas a través de una triple estrategia global:
acciones destinadas a aumentar las tasas de empleo; una
reducción rápida de la deuda; y nuevas reformas del sistema de
pensiones y de asistencia sanitaria. A fin de dotar de una
base más sólida al sistema de pensiones también deberían
considerarse medidas encaminadas a incrementar la fiabilidad
de su financiación; y
mejorar la coordinación fiscal
para evitar una competencia fiscal dañina, y aplicar
efectivamente el acuerdo del Consejo de noviembre de 2000
sobre el paquete fiscal.
Al igual que los Estados miembros,
la Comunidad debería aplicar una disciplina presupuestaria
estricta. Ésta deberá aplicarse a todas las categorías de las
perspectivas financieras, respetando al mismo tiempo el
Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria
y la mejora del procedimiento presupuestario; debería
aprovecharse la asignación flexible de los recursos de la
Comunidad para mejorar las repercusiones económicas del
presupuesto de la UE.
3.3. Robustecer los mercados de
trabajo
La fuerte creación de empleo de los últimos años se
prolongó en 2000. Este avance se debe en gran parte a la buena
situación macroeconómica, pero además apunta claramente a una
reducción del desempleo estructural merced a las reformas y
políticas de mejora del funcionamiento de los mercados
laborales aplicadas en la última década, en particular en el
marco de la Estrategia Europea para el Empleo. El crecimiento
de los salarios ha sido relativamente moderado a pesar de la
fuerte caída del desempleo, y el paro de larga duración ha
caído aún más que el índice general. Sin embargo, hay amplio
margen para nuevos avances. La UE se enfrenta a cuatro
desafíos. En primer lugar, han aparecido en distintos Estados
miembros signos de dificultades para la contratación de
personal y lagunas de formación, lo que indicaría que la UE
puede estarse acercando a los límites de un rápido crecimiento
cíclico del empleo.
En segundo lugar, el desempleo
es aún inaceptablemente alto, con grandes diferencias entre
Estados miembros y entre regiones. En tercer lugar, se
necesitarán aún grandes reducciones del desempleo y un aumento
sustancial de la oferta de mano de obra para alcanzar los
objetivos de la UE del 70 por ciento de tasa global de
ocupación (60 por ciento para las mujeres) en 2010, según se
acordó en el Consejo Europeo de Lisboa, con objetivos
intermedios del 67 por ciento y el 57 por ciento,
respectivamente, para enero de 2005, además del objetivo del
50 por ciento para los trabajadores mayores antes de 2010
acordado por el Consejo Europeo de Estocolmo. En cuarto lugar,
y así lo reafirmó este mismo Consejo, el objetivo es crear no
sólo más empleo sino mejor empleo, especialmente
perfeccionando la educación y la formación continua y buscando
un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida
personal.
Para hacer frente a estos desafíos, los Estados
miembros deben aprovechar las buenas condiciones
macroeconómicas para llevar a cabo las mejoras estructurales
necesarias de los mercados laborales y avanzar hacia el
objetivo del pleno empleo.
El 19 de enero de 2001, el
Consejo adoptó unas Directrices detalladas para las políticas
de empleo en el año 2001, coherentes con las prioridades
establecidas en las Orientaciones generales de política
económica de 2000, así como con las correspondientes
recomendaciones específicas a los Estados miembros. Al
proseguir las reformas de los mercados de trabajo, los Estados
miembros deberían aplicar firmemente las Directrices para el
empleo y las recomendaciones que se les
dirigieron.
Deberán, en particular, adoptar las siguientes
medidas:
Promover, en diálogo con los interlocutores
sociales, una mayor participación en el mercado laboral,
especialmente de las mujeres y los trabajadores de mayor edad,
fomentando la igualdad de oportunidades, garantizando la
prestación adecuada de servicios de cuidado de niños y
personas a cargo, reformando los sistemas de jubilación
anticipada y mediante la formación continua. Deberán promover
además la participación de las personas con discapacidades, de
las minorías étnicas y de los inmigrantes. Otras medidas en
este sentido, como la reforma de las pensiones, figuran en la
sección consagrada a las finanzas públicas;
garantizar
que los regímenes fiscales y de prestaciones sociales
incentiven la incorporación al trabajo. Las reformas deberían
reducir las cargas laborales y los elevados tipos impositivos
efectivos marginales, especialmente para los trabajadores con
sueldos más bajos, y abordar los efectos de incentivo, la
duración, la elegibilidad y la aplicación de los regímenes de
prestaciones sociales con el objetivo de que sean más
propiciadores de empleo;
suprimir obstáculos a la
movilidad laboral en y entre los Estados miembros, a través
del reconocimiento mutuo de las cualificaciones, la adopción y
aplicación de la Directiva sobre los fondos de pensiones
profesionales, la mejora de la transferencia de pensiones, la
mejora del acceso a la información europea sobre posibilidades
de empleo y formación en otros Estados miembros, en el
contexto del desarrollo de nuevos mercados de trabajo
europeos;
facilitar la movilidad laboral, mejorando,
en diálogo con los interlocutores sociales, la educación, la
formación y la formación continua, reduciendo la deserción
escolar y preparando una buena transición a la economía del
conocimiento y mejorar la calidad de los puestos de trabajo;
seguir mejorando la eficiencia de las políticas activas
del mercado de trabajo, dando prioridad a las personas más
expuestas al paro de larga duración; asegurar que los sistemas
de prestaciones vayan unidos a una ayuda efectiva a las
personas que buscan empleo, que les permita mejorar su
empleabilidad y sus oportunidades;
promover, en
diálogo con los interlocutores sociales, una organización más
flexible del trabajo, adaptando la jornada laboral, y reformar
el marco regulador, contractual y jurídico actual, entre
otras, las normas que puedan obstaculizar el acceso al empleo,
con objeto de combinar mayor flexibilidad y seguridad;
asegurar que la reducción de la jornada laboral no genere
aumentos de los costes unitarios de la mano de obra y tenga
bien en cuenta las futuras necesidades de mano de obra;
y
aplicar una política de reducción de las diferencias
salariales de género debidas a una discriminación de
hecho.
3.4.
Dotarse de mercados eficientes de productos (bienes y
servicios)
La creación del mercado interior y el
lanzamiento del euro han estimulado la competencia en los
mercados de productos de la UE. Han tenido un efecto de
moderación de los tipos de inflación y han sido un factor de
convergencia de precios entre Estados miembros, con beneficios
claros para los consumidores. La competencia ha inducido
asimismo una racionalización de la producción, que ha
contribuido a mejorar el vigor competitivo de las empresas
europeas. Sin embargo, el mercado interior de servicios sigue
obstaculizado por barreras que frenan las actividades
transfronterizas. La liberalización ya ha generado una
disminución de precios en el sector de las telecomunicaciones,
y se han registrado efectos positivos en aquellos países que
han abierto sus mercados de la energía. El Consejo estudiará
en cuanto sea posible la propuesta de la Comisión de
liberalizar plenamente la electricidad y el gas para todos los
consumidores. Del mismo modo, la apertura de la economía
europea al comercio mundial ha expuesto a las empresas
europeas a la competencia internacional, lo que ha contribuido
a aumentar la eficiencia de los mercados europeos de
productos. La Unión Europea sigue comprometida con la
liberalización comercial y con la apertura de una nueva ronda
comercial en la OMC. A pesar de estos significativos avances
en el funcionamiento de los mercados europeos de productos,
sigue habiendo sectores que exigen nuevos esfuerzos. Los
Estados miembros deberán:
aplicar íntegramente el
mercado interior:
reducir las lagunas de transposición de
la legislación del mercado interior a menos del 1, 5 por ciento
antes del Consejo Europeo de primavera de 2002;
eliminar
barreras técnicas al comercio mediante, entre otras cosas, una
utilización más eficaz de la normalización europea y la
aplicación del principio de reconocimiento mutuo;
crear
un mercado interior de servicios eficaz, suprimiendo trabas,
normativas y otras, a las actividades transfronterizas entre
Estados miembros y a la entrada en el mercado; y
abrir
más el mercado de los contratos públicos, estableciendo un
mercado electrónico en línea antes de 2003.
reforzar la
competencia, asegurando de esta manera beneficios concretos
para los consumidores:
acelerar la liberalización de las
industrias de red (energía, ferrocarriles, transporte aéreo y
servicios de correos), teniendo en cuenta las obligaciones de
servicio universal existentes y la exigencia de seguridad de
los servicios;
dotar de auténtica independencia,
capacidad y eficacia adecuadas a las autoridades de
competencia y reguladoras y mejorar la cooperación entre
dichas autoridades tanto a nivel comunitario como de los
Estados miembros; y
reducir el volumen total de las
ayudas estatales en relación con el PIB antes de 2003 y evitar
las ayudas ad hoc y sectoriales; aumentar la transparencia de
las políticas de ayuda estatal.
3.5. Promover la eficiencia
e integración del mercado de servicios financieros de la
UE
El sistema financiero de la UE se integra
progresivamente bajo la influencia de la globalización, la
desregulación, los avances tecnológicos y la introducción del
euro. Los aumentos de eficiencia generados por la integración
financiera se reflejarán en la mejor asignación y menor coste
del capital, con efectos favorables para el crecimiento y la
creación de empleo. Sin embargo, los obstáculos que aún traban
esta integración impiden que se cosechen todos los beneficios
potenciales. Entre los más importantes destaca la ausencia de
un marco regulador claro y de aplicación coherente en la Unión
en numerosos ámbitos de los servicios financieros. Se ha
avanzado en el desarrollo de este marco mediante una serie de
medidas adoptadas en cumplimiento del Plan de Acción de los
Servicios Financieros (PASF). La aplicación del Plan de Acción
del Capital de Riesgo (PACR) aumentará la disponibilidad de
oportunidades adecuadas de financiación para las PYME
innovadoras, cuyo potencial de flexibilidad y crecimiento hace
de ellas importantes palancas de crecimiento económico y de
empleo. Sin embargo, el avance hacia un mercado verdaderamente
único de servicios financieros es, actualmente, demasiado
lento. En este sentido, será necesario:
asegurar que el
nuevo enfoque de la legislación en materia de mercados de
valores propuesto por el Comité de Sabios sobre Regulación de
los Mercados de Valores europeos y respaldado por la
Resolución del Consejo Europeo de Estocolmo entre en vigor a
principios de 2002;
intensificar los esfuerzos de
todas las partes -Consejo, Parlamento y Comisión- para
asegurar la plena ejecución del PASF en 2005 a más tardar, y
en especial poner las bases de un mercado de valores integrado
antes de finales de 2003, incluyendo en particular las
prioridades establecidas en el informe del Comité de Sabios
sobre Regulación de los Mercados de Valores europeos;
además de aplicar el PASF, y por lo que se refiere a los
mercados de capital de riesgo, esforzarse por establecer un
mercado operativo de capital de riesgo antes de 2003, mediante
la ejecución del PACR, en particular en materia de barreras
cuantitativas a la inversión institucional en acciones
ordinarias, de flexibilidad del derecho de quiebras y de
desarrollo de un marco fiscal más favorable a la inversión y
al espíritu empresarial; y
ocuparse eficazmente de los
desafíos planteados en materia de supervisión prudencial a
consecuencia de las crecientes vinculaciones transfronterizas
e intersectoriales entre mercados financieros e
intermediarios; en este sentido, las autoridades competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para seguir mejorando
las medidas de supervisión intersectoriales y
transfronterizas, a fin de garantizar que se vayan
actualizando en función de la evolución del sistema
financiero.
3.6. Fomentar el espíritu empresarial
El
fortalecimiento del espíritu empresarial aumentará el
potencial de crecimiento, la competitividad y la creación de
empleo de la UE. Es preciso crear en Europa un entorno más
favorable para las necesidades de las empresas. Las empresas y
los ciudadanos necesitan un entorno regulador y fiscal claro,
sencillo, eficaz y práctico, en un mercado mundial que cambia
aceleradamente. Se han introducido medidas para mejorar la
eficiencia del sector público y reducir trámites, con el fin
de aminorar la carga administrativa de las empresas. Pero es
mucho lo que queda por hacer. Las PYME europeas siguen
considerando que la falta de acceso al financiamiento frena la
creación de nuevas empresas y limita el potencial de
crecimiento de las sociedades. Los Estados miembros
deberán:
crear un entorno favorable para las
empresas:
seguir reduciendo la cargas y barreras
administrativas de las empresas, introduciendo procedimientos
más sencillos y transparentes, estableciendo ventanillas
únicas para las nuevas empresas y simplificando la
reglamentación de los sistemas tributarios;
aumentar la
eficiencia de los servicios públicos, a través, entre otras
medidas, de la evaluación comparativa (benchmarking) y de un
mayor recurso a la licitación, asegurando al mismo tiempo que
las entidades públicas y privadas compitan en plano de
igualdad; y
modernizar, simplificar y aplicar de manera
más uniforme los sistemas del IVA.
fomentar la toma de
riesgos, mediante la mejora del acceso a la financiación, en
especial para las PYME en sus primeras fases. Para las PYME
reviste especial importancia el suministro de capitales
acompañado de conocimientos en materia de gestión (véase
también la sección 3.5.).
3.7. Impulsar la economía del
conocimiento
La transición de la Unión Europea a la
economía del conocimiento avanza, pero debe acelerarse si se
desea alcanzar el objetivo estratégico de Lisboa. Es preciso
animar a las empresas y a los ciudadanos a aprovechar las
oportunidades que brinda la economía del conocimiento. A pesar
de los últimos avances en la difusión de las TIC, la UE sigue
por detrás de los Estados Unidos en aspectos tales como
investigación y desarrollo, inversión en nuevas tecnologías y
penetración de Internet.
Es de máxima importancia que
las directrices del Consejo Europeo de Estocolmo para la
aceleración de las reformas económicas se concreten en los
plazos convenidos. Se requieren inversiones cada vez mayores
en capital humano, en I+D y en TIC para robustecer la
competitividad europea. El establecimiento de mercados
competitivos de productos (véase la sección 3.4) y de mercados
de capitales operativos (véase la sección 3.5) contribuyen a
un clima empresarial de apoyo a la innovación y a la toma de
riesgos que animará la inversión. En materia de I+D, el
principal desafío es elevar la participación del sector
privado, lo que contribuirá a una mejor comercialización de
los resultados de la I+D, y crear el Espacio Europeo de la
Investigación. Para facilitar la transición a la economía del
conocimiento, será preciso:
fomentar la I+D y la
innovación:
ofrecer condiciones marco adecuadas a las
empresas para que inviertan en I+D, por ejemplo reforzando los
derechos de propiedad intelectual y logrando un acuerdo sobre
las formas de expedición de la patente comunitaria antes de
finales de 2001;
mejorar los vínculos entre
universidades y empresas para facilitar la transferencia de
conocimientos y una mejor comercialización de los resultados
de la I+D;
aumentar la colaboración europea en el campo
de la investigación y la innovación, por ejemplo impulsando la
creación de redes de centros de excelencia universidad-empresa
y promoviendo la movilidad de los investigadores, y mediante
una mejor coordinación entre los programas y políticas
nacionales de investigación e innovación; y
asegurar una
buena financiación de la I+D, especialmente la investigación
fundamental, y establecer prioridades claras y coherentes para
la investigación pública.
promover el acceso y el uso
de las TIC:
liberar el "bucle local" para contribuir a la
reducción sustancial de los costes de uso de Internet;
asegurar una mayor y mejor utilización de Internet en las
escuelas, y dar la necesaria formación a todos los profesores
antes de finales de 2002;
reforzar el marco regulador
del comercio electrónico (aplicación de la Directiva sobre la
firma electrónica y adopción en 2001 de las propuestas sobre
derechos de autor, venta a distancia, IVA y facturación
electrónica); y
fomentar el uso de Internet en las
administraciones públicas, y
desarrollar y aplicar una
estrategia en materia de TIC.
reforzar los esfuerzos
en materia de educación y formación:
tanto privadas como
públicas, para aumentar el número de investigadores y de
personas altamente cualificadas en TIC, y mejorar las
capacidades básicas de la población en estas tecnologías, en
particular capacidades en materia de TIC.
mejorar las
capacidades de los sistemas educativos para responder
adecuadamente a la evolución de la demanda de
cualificaciones.
3.8. Potenciar la
sostenibilidad del medio ambiente
Los retos tales como el
cambio climático, el empobrecimiento de la capa de ozono o la
conservación de la biodiversidad demuestran la necesidad de
establecer una política ambiental activa que garantice una
utilización responsable de los recursos naturales escasos y un
desarrollo económico sostenible a largo plazo tanto económica
como socialmente. Los compromisos contraídos a escala
internacional también exigen medidas políticas.
EL CONSEJO
Europeo de Estocolmo pidió que se integrara la promoción del
desarrollo sostenible en las Orientaciones Generales de
Política Económica. El desarrollo sostenible es un concepto
que va más allá de una evaluación puramente económica y
persigue mejorar la calidad de vida promoviendo acciones
políticas coherentes basadas en una evaluación global de sus
dimensiones económicas, sociales y ambientales. De este modo,
su perspectiva es de largo plazo, pues vela por el bienestar
de las generaciones presentes y futuras. Esta sección se
centra en la integración de los aspectos ambientales en la
política económica, especialmente en el uso de instrumentos de
mercado para la promoción del desarrollo sostenible.
La
acción gubernamental sufre frecuentes retrasos debido a
preocupaciones sobre las posibles consecuencias a corto plazo
de las políticas de protección ambiental sobre el crecimiento
económico, el empleo y la competitividad de las empresas, los
sectores y los Estados miembros. En este contexto, los Estados
miembros deben acudir cada vez más a instrumentos de mercado
para alcanzar objetivos ambientales, pues proporcionan a la
industria un método flexible para reducir la contaminación de
forma rentable y fomentan la innovación tecnológica. Además,
son a menudo los medios más eficaces para frenar la
contaminación, ya que conducen a internalizar los costes
exteriores en los precios. Son, por tanto, una manera de
aplicar de forma más sistemática el principio "el que
contamina paga". A este respecto es importante disponer de
mejor información y análisis coste-beneficio. Invertir en
nuevas tecnologías compatibles con el medio ambiente también
puede ser una importante fuente de progreso.
Los Estados
miembros deben fijar objetivos y calendarios claros para las
políticas medioambientales de forma que las empresas y los
consumidores puedan ir ajustándose a ellas gradualmente. Un
cambio gradual, pero constante y creíble, en el nivel y la
estructura de los tipos impositivos hasta lograr que los
costes exteriores se reflejen íntegramente en los precios,
minimizaría los problemas de ajuste estructural y contribuiría
a la adaptación y la innovación en las empresas. Este
planteamiento minimizaría además la necesidad de exenciones
para las empresas o sectores más afectados. Las exenciones
reducen la eficacia ambiental de las medidas, distorsionan la
estructura fiscal y son a menudo difíciles de anular con
posterioridad. El establecimiento de un marco comunitario para
el uso de instrumentos de mercado podría contribuir a evitar
estas distorsiones y a afianzar el mercado interior.
Por
tanto, será necesario:
comprometerse a aplicar
efectivamente la Estrategia Europea en materia de Desarrollo
Sostenible acordada por el Consejo Europeo de Gotemburgo;
introducir y reforzar políticas de mercado, como, por
ejemplo, tasas, cargas por uso y por contaminación, sistemas
de seguros/responsabilidad y compraventa de derechos de
emisión;
reducir exenciones fiscales y subvenciones
sectoriales y demás medidas que tienen consecuencias negativas
para el medio ambiente;
intensificar el uso de
instrumentos económicos para frenar las emisiones de gases de
efecto invernadero y cumplir las exigencias del Protocolo de
Kioto, y ayudar a desasociar el crecimiento económico de una
serie de presiones medioambientales; y
acordar un marco
europeo adecuado para los impuestos a la energía y la creación
de un mercado interior único de la energía.
Hecho en Gotemburgo, el 15 de junio de
2001.
Por el Consejo
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