Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 - Costa Rica
Extraits
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006 se ha dedicado al benemérito de la patria Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, hombre visionario que abrazó la causa de los pobres y luchó por las garantías sociales, quien logró que se incluyeran los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica en el Código de Trabajo, contribuyendo así a la exitosa política social que hoy caracteriza a nuestro país por su alto desarrollo humano.
En cumplimiento de sus funciones el Ministerio de Planificación Nacional se abocó desde inicios de la Administración Pacheco de la Espriella a coordinar la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en un contexto marcado por la nueva Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Núm. 8131 de 18 de setiembre de 2001, que da a dicho Plan un carácter vinculante, en tanto es el sustento de los planes anuales operativos y de los presupuestos públicos. Por lo anterior, la característica principal y diferente de este Plan es su naturaleza, evaluable y dinámica, lo que permite y facilita la transparencia y rendición de cuentas.
El Ministerio de Planificación Nacional construyó una metodología para elaborar el PND como un instrumento fundamental de planificación gubernamental, que integra las políticas públicas estratégicas para alcanzar los objetivos de desarrollo de la Administración Pacheco de la Espriella, con una visión de largo plazo para el bienestar de los habitantes.
Con base en el Programa de Gobierno, el discurso de toma de posición del 8 de mayo de 2002 y diagnósticos de la realidad nacional, se elaboró un marco orientador de políticas, el que pusimos a disposición de todo el sector público en un evento realizado el 31 de mayo, con el propósito de iniciar un proceso en el cual los ministerios e instituciones elaboraran sus propuestas para incluirlas en el PND. Este marco serviría, además, como orientación para la formulación del presupuesto del 2003, ya que en virtud del sistema jurídico existente, dicho presupuesto debía ser formulado antes de la aprobación formal del PND.
Con la asesoría metodológica del Ministerio de Planificación Nacional, las instituciones del Sector Público desarrollaron un esfuerzo de planificación estratégica institucional y sectorial para definir las políticas y acciones, las cuales contenidas en matrices permitieron un proceso continuo, dinámico y proactivo.
Las propuestas institucionales presentadas fueron valoradas y analizadas críticamente por los profesionales del Ministerio de Planificación Nacional, frente a las necesidades que imponen los retos nacionales. En los casos en que las propuestas generaron dudas o no fueron suficientes, se realizaron reuniones de reflexión con jerarcas institucionales y sectoriales con el propósito de definir o redefinir objetivos, políticas, acciones y metas que respondieran a los retos nacionales. Concluida esa etapa, se procedió a la integración del PND.
El Plan Nacional de Desarrollo está estructurado en dos capítulos:
Comprende el panorama de la realidad actual, la visión de futuro del país, así como los grandes retos nacionales y las respuestas estratégicas.
Se presentan los cinco ejes de desarrollo que constituyen las respuestas estratégicas, reflejadas en acciones de Gobierno que nos permitan enrumbarnos a la Costa Rica que queremos.
Se presentan para cada eje de desarrollo las áreas temáticas que lo integran y se establecen para cada una de ellas: diagnóstico y retos específicos, objetivos, políticas y acciones estratégicas que incluyen programas, proyectos o actividades, y para cada una de ellas se especifica cobertura geográfica, objetivo, población objetivo, indicador, situación actual del indicador, metas para cada año, estimación presupuestaria según fuente de financiamiento y órgano administrativo responsable.
La conceptualización moderna del Plan nacional de desarrollo impuesta por la nueva legislación, constituye la gran partitura gubernamental que orienta a todos los actores de la vida pública, brindando a la sociedad una visión transparente de lo que se propone hacer la Administración Pacheco de la Espriella.
El Ministerio de Planificación Nacional ha sido el rector de un gran esfuerzo que integra las propuestas de los ministerios e instituciones públicas, tiene la responsabilidad de dar seguimiento y evaluar permanentemente la ejecución de las metas y objetivos que garanticen la acción congruente de la actual Administración y faciliten la rendición de cuentas, sin perjuicio del control de ejecución del gasto que compete al Ministerio de Hacienda, facilitando las funciones de la Contraloría General de la República y el control político que corresponde a la Asamblea Legislativa.
El esfuerzo conjunto que este Plan recoge elaborado en el corto período de cinco meses, debe continuar en toda la gestión de Gobierno para alcanzar los propósitos de superación de la pobreza que han de manifestarse en progresos reales de desarrollo humano
Danilo Chaverri Soto
Ministro de Planificación Nacional y Política Económica
31 de octubre de 2002
Creación y desarrollo de capacidades humanas
Objetivo
Asegurar una distribución equitativa de las oportunidades y el desarrollo de las capacidades humanas, en procura de una sociedad más justa y con una mejor calidad de vida.
Las nuevas tecnologías, como base del desarrollo, se imponen como retos en el mundo globalizado, estas conducen a la necesidad de invertir en la formación de capital humano, como elemento fundamental y determinante para elevar la competitividad y eficiencia del sector productivo nacional y para fortalecer los valores fundamentales de la sociedad y el desarrollo integral del individuo. La política educativa, por parte del Estado, debe cimentarse en objetivos a largo plazo, en aras de fomentar el desarrollo integral en un plano de igualdad de oportunidades y en procura de cerrar las brechas existentes en la calidad de la educación que reciben los estudiantes de las escuelas urbanas frente a las rurales y entre la educación pública y la privada.
En ese contexto, los esfuerzos nacionales han conducido a mejoras en el sistema educativo, visualizados por la evolución favorable de los principales indicadores. Sin embargo, persisten aspectos de la educación que requieren especial cuidado, por ejemplo, aumento del trabajo infantil, de la violencia en los centros educativos, la deserción y la repetición.
En Costa Rica1, las políticas en favor de la educación, ejecutadas a lo largo de los últimos años, han hecho que el nivel de instrucción de la población mayor de 5 años venga en aumento. Un 89.6% ha recibido algún tipo de educación primaria o superior y un 11.7% tiene educación universitaria. Esas cifras se comparan, en ese mismo orden con las de 86.2% y 6.8% que resultaron del Censo de Población del año 1984.
En términos generales, de acuerdo con el reciente Censo Nacional de Población, al finalizar el año 2000 poco menos de la cuarta parte de la población costarricense (23,6%) se encontraba desarrollando los programas de la educación formal en I, II, III Ciclo y Educación Diversificada. Esa participación se compara con la de 21,5% en 1990. Asimismo, la población estudiantil, al cierre del curso lectivo del año 2000, supera en 34% la existente a fines de 1990. Entonces, se observa una tendencia muy regular de crecimiento anual (tasa geométrica del 3,0%) mayor a la de la población nacional (2,25%) de la población2.
Por otro lado, de acuerdo con los datos del mismo Censo, la tasa de alfabetismo en el año 2000 fue del 95,2%, comparable con la de 93% del Censo de 1984. En esa evolución se reconocen los esfuerzos a nivel nacional para universalizar la educación mediante programas que favorezcan el aprendizaje de la lectura y escritura de la población adulta. A nivel de primer y segundo año de primaria, desde 1995, la población que accede a las instituciones educativas, con la edad oficial para cursar esos años, es prácticamente la población con edad entre siete y ocho años, situación que naturalmente repercute en la tasa de alfabetización.
Los esfuerzos por difundir los programas educativos en el territorio nacional se han reflejado en el hecho de que en solo 10 cantones la tasa de analfabetismo fue mayor del 10%, pero en todos existe fuerte tendencia a la baja, lo anterior respecto de los datos del Censo de Población de 1984. Tómese en cuenta que de cuerdo con ese Censo, los cantones con más de 10% de analfabetismo eran 32. Así las cosas, la problemática del alfabetismo y su mejora se explica, por un lado, mediante la mayor accesibilidad de la población con edad superior a los 5 años a los programas educativos, al extenderse continuamente a nivel nacional la preparatoria (de 5 años y medio a 6 y medio), el efecto de los programas de escuelas nocturnas y el de Aula Abierta en I y II Ciclos, este último en ejecución con mucho éxito desde el año 2001.
Considerando lo anterior y en el marco de las políticas estatales del corto, mediano y largo plazos, hay dos factores de carácter demográfico estratégicos por considerar. El primer factor se refiere a la existencia de un numeroso contingente demográfico que se encuentra hoy entre los 5 y los 20 años de edad. Como se señala en el Censo de Población del 2000, esta es la generación de relevo de los próximos 20 años, que constituye un bono demográfico que la sociedad costarricense debe aprovechar. (Estado de la Nación, Informe 7). Aunado a este factor, ha disminuido la importancia relativa de los menores de 30 años y ha aumentado el peso de los grupos por encima de esa edad.
Los cambios en la estructura etaria de la población, de acuerdo con los últimos datos censales, modifica la relación de dependencia, es decir, la relación entre las personas menores de 15 años y de 65 años y más en relación con la población comprendida entre los 15 y 64 años.
En el año 2000, por cada 100 personas en edad productiva hay 60 personas dependientes (en 1984 la relación era de 70 dependientes). En los próximos años esta relación será más favorable cuando ese importante contingente de población que constituye el denominado bono demográfico se incorpore a la fuerza de trabajo.
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De acuerdo con el Informe 7 de Estado de la Nación, el "bono demográfico" está constituido por un contingente demográfico que se encuentra hoy día entre los 5 y los 20 años de edad. Es la generación de relevo de los próximos veinte años y cuyo potencial debe aprovechar el país para capacitarla y crearle nuevas oportunidades de empleo. Este contingente poblacional, de acuerdo con el Censo de Población del 2000, lo conforman 1.306.800 niños y adolescentes, de los cuales un 56,4% están asentados en las zonas urbanas y el 43,5% se localiza en zonas rurales. De la población joven entre los 5 y 19 años de acuerdo a los datos censales del 2000, un 24,1% no asiste a la educación regular en tanto que el 75,9% si lo hace. |
Esta condición evidencia el gran reto educativo de potenciar la transformación de las capacidades y oportunidades en educación y capacitación laboral; asimismo, se deben crear nuevas oportunidades de desarrollo para la generación que se ubica entre los 5 y los 20 años.
Un segundo factor que debe retomar la política educativa estatal es la población de rezago, que en la década de los ochenta quedó excluida del sistema educativo. Esta población se ve reflejada en el grupo etario de 25 a 34 años que analiza el lX Censo de Población y forma un contingente demográfico de 592.490 personas, con un peso relativo de un 15,5% de la población de Costa Rica.
Un 24,5% de este segmento poblacional (145.190 personas) está asentada en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón.
Por condición de actividad, el 65,1% de esta población rezagada es población económicamente activa, (conformada en un 69,8% por población masculina y un 30,1% de población femenina). De este 65,1%, un 37,8% se encuentra en condiciones de desocupación. Del 34,8% que constituye la población inactiva en este grupo poblacional, un 88,8% es población femenina.
Dicho contingente poblacional no tuvo oportunidad de accesar opciones educativas de manera regular y continua, ni se ha constituido en objetivo directo de la gestión estatal. En estas circunstancias, ha sido una población que no alcanza una sostenibilidad laboral, situación que contribuye al peso de una mayor pobreza en el país.
Para la población que constituye el bono demográfico y la población adulta que quedó excluida de la gestión educativa estatal en la década de los ochenta y siguiente, se deben propiciar e impulsar nuevas alternativas educativas que les posibilite accesar empleos de calidad y mejores ingresos.
Por otro lado, si bien persisten brechas en la asistencia escolar entre las zonas rurales y urbanas, esta ha tiende a reducirse por el efecto de la expansión de programas a nivel nacional, al desarrollo de las comunicaciones y a los programas de construcción de aulas. De acuerdo con los datos del nuevo Censo la asistencia de la población de más de cinco años a los centros educativos llegó al 33.6% en el año 2000 (28.3% según el censo del año 1984). Esa mejora se extendió a lo largo de todos los grupos de edad, destacando el de 13 a 19 años, cuyo porcentaje subió del 41.2% al 61.3%.
El fortalecimiento del sistema de educación en áreas urbanas y rurales ha evitado que los porcentajes nacionales de repetición y deserción se deterioraran como resultado de la desmejora en la productividad económica en algunas zonas del país. En efecto, a pesar de los problemas que originó en el ingreso familiar la caída de los precios internacionales del café, la contracción del mercado internacional del banano y las consecuencias de la "marea roja" en la costa del Pacífico, los índices de deserción y repetición se mantuvieron muy parecidos a los del año 2000.
Mientras que para la primaria, en el año 2000, el porcentaje de aprobación fue del 85%, en la secundaria ascendió al 57%3. Precisamente, el comportamiento de este último es el que reduce el porcentaje global y equivale a una mayor acumulación en el número de aplazados y reprobados. Esta sensible disparidad en los rendimientos de primaria y secundaria puede obedecer, entre otras cosas, a factores socioeconómicos de las familias, las cuales requieren de mayor colaboración, conforme los estudiantes aumentan de edad. En esos términos, los jóvenes deben dedicar todo su o parte de su tiempo a actividades productivas.
Las tasas de cobertura muestran valores ascendentes en los últimos tres años y alcanzan al 87,8% de la población en edad preescolar. Ese ciclo, denominado "Transición", comprende a los niños con edad de cinco años y cinco meses, a seis años, cinco meses, y es obligatorio y vinculante para padres de familia y niños. La expectativa del 100% como meta a nivel nacional se está tratando de lograr, pero se reconoce que la limitación principal es el costo del programa, en vista de que en muchos sectores rurales del país, la población de niños con edad preescolar es muy reducida. En adición, en aras de mejorar esa cobertura preescolar, desde el año 2000 se ha desarrollado un programa en las escuelas públicas para niños de cuatro años y 5meses hasta cinco años y 5 meses, denominado ciclo "Materno Infantil", de esta manera, en el 2002, se logra una cobertura que asciende al 26,4%4.
Además, se fortalecieron los programas que diversifican la oferta educativa en la educación general básica. Se impulsó la enseñanza del inglés, la informática educativa, la telesecundaria y se renovaron los planes de estudio en educación técnica. A las escuelas unidocentes, con matrícula superior a los 35 estudiantes, se les asignó un segundo docente, lo que hace posible que en muchas de estas instituciones aumente la jornada diaria escolar. También, mejoraron los índices de rendimiento en las pruebas nacionales, tanto de noveno año como de bachillerato. Asimismo, se reestableció la nota de conducta.
El porcentaje de matrícula en primaria con acceso a segunda lengua llegó al 52,10% en el año 2002. Congruente con el crecimiento de la población estudiantil, el número de instituciones y servicios educativos en educación regular se incrementó en un 53,5% en los últimos diez años. También, se impulsaron los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) y los Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA). Se introdujo la Educación Cívica como asignatura en todos los niveles.
Respecto al número de docentes, se ha registrado un importante aumento, lo que ha permitido iniciar el reacomodo del número de estudiantes en las aulas con el fin de mejorar la atención y eficiencia en la instrucción. La proporción de docentes titulados ha aumentado. En 1995 era del 73% y en el año 2001 del 85%.
Articulación de subsistemas de educación técnica
Sobre este tema, y específicamente en el área de la educación técnica, se creó el Sistema Nacional de Educación Técnica para la Competitividad (SINETEC), como un órgano de desconcentración máxima adscrito al MEP y conformado por un conjunto de instituciones y órganos del Sector Público y privado, en coordinación con el sector productivo.
Este sistema impulsa acciones para la eficiencia en la formación de recursos humanos técnico profesionales y promover el incremento de recursos y la capacidad científica y tecnológica vinculada al componente productivo.
Además, destaca la importante labor de instituciones como el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Aprendizaje en materia de capacitación y formación técnica laboral. El INA en los últimos cuatro años atendió un total de 454.075 personas en diversas acciones formativas a nivel de los sectores industrial, comercio, servicios y agropecuario.
El Ministerio de Educación ha fortalecido e impulsado la oferta técnica que brindan los colegios técnicos profesionales en todo el país vinculando su quehacer a las demandas del sector productivo costarricense. Se promovieron convenios de cooperación entre ambas instituciones y de éstas con los Colegios Parauniversitarios Estatales y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
A nivel de la educación superior universitaria, un logro muy importante es la creación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), en un marco del acuerdo con las universidades y representantes de las privadas, a fin de establecer un proceso gradual de reconocimiento de los planes curriculares que imparten esas instituciones. Asimismo, se acordó un renovado sistema de financiamiento de la educación superior estatal universitaria, que incorpora en su metodología de cálculo el índice de precios al consumidor, la variación de la tasa de crecimiento de la población y un factor de gradualidad al crecimiento en la producción nacional interna.
En materia de crédito educativo, el Consejo Nacional de Préstamos para la Educación ha beneficiado a aproximadamente 39.000 estudiantes costarricenses en 25 años de labores, ubicados en las áreas académicas más importantes para el desarrollo del país. El 85% de esta población corresponde a estudiantes provenientes de universidades privadas; un 14% proviene de universidades públicas y un 1% del sector parauniversitario5 y del INA. Los estudiantes matriculados en universidades privadas, amparados por el programa de crédito educativo de CONAPE, provienen de familias de ingresos económicos medios y bajos; presentan un rendimiento académico satisfactorio y, en su mayoría, residen en los distritos de menos desarrollo relativo.
El 85% de la población estudiantil beneficiada por el crédito educativo de CONAPE, matriculada en el sistema privado de educación superior es parte del conglomerado de estudiantes costarricenses que no han sido absorbidos por la educación superior estatal; puesto que estos estudiantes no gozan de los subsidios que brinda el Estado, mediante las universidades públicas, requieren un apoyo colateral, en este caso el crédito educativo por CONAPE.
A pesar de los progresos en materia educativa, aún prevalecen deficiencias, limitaciones y problemas que limitan el acceso de los niños y jóvenes al sistema, así como su permanencia y éxito escolar. Entre estas se citan:
Educación técnica y formación de capital humano para el trabajo
Retos y resumen de políticas y acciones estratégicas
En el marco de la problemática educativa diagnosticada por diferentes fuentes. En resumen, se pueden establecer los grandes retos que el Estado debe atender en los próximos años y que el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2002–2006 retoma, a saber:
Resumen de políticas y acciones estratégicas
Ante los grandes desafíos y las aceleradas transformaciones que afectan al mundo, es evidente la necesidad de identificar alternativas que den respuesta a las nuevas exigencias del desarrollo. Bajo este imperativo, la educación como derecho fundamental de la persona,se constituye en un instrumento para la lucha contra la pobreza y la generación de oportunidades.
Desde esta perspectiva, la equidad en la distribución de la oferta educativa así como la calidad de ese servicio debe constituirse en una prioridad del Sistema Educativo, más que su cobertura donde el país muestra índices satisfactorios. Lo anterior, por cuanto la equidad no solo tiene que ver con el acceso a la educación, sino también con la distribución de las opciones de obtener una educación de calidad. Es necesario redimensionar los alcances de la política educativa por parte del Estado, cimentarla en objetivos a largo plazo y fomentar el desarrollo integral en un plano de igualdad de oportunidades, todo en procura de cerrar las brechas existentes en la calidad de educación que reciben los estudiantes de las escuelas urbanas frente a las rurales y entre la educación pública y la privada.
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Costa Rica en el contexto de la región centroamericana, muestra un desarrollo particularmente positivo debido al esfuerzo histórico que el Estado ha realizado en términos de inversión en la formación de recurso humano. Sin embargo, superar los niveles de pobreza se ha convertido en uno de los desafíos más importantes a nivel nacional, en el que influye de manera sustantiva el deterioro educativo de la población durante la década de los años 80. Se ha determinado que, en los últimos ocho años, son pobres según línea de pobreza alrededor de un 20% de los hogares, un 24% de las personas y un 30% de los niños y niñas. Desde una medición de Necesidades Básicas Insatisfechas, la cifra de hogares con carencias es mayor: alrededor de un 35% de los hogares. (Estado de la Nación, 2001). Un factor coadyuvante en los niveles de pobreza que registra el país hoy día, lo constituye la población de rezago que se menciona en el diagnóstico educativo y que fue excluida del sistema educativo en los años 80 y subsiguientes. |
De manera complementaria, se debe considerar la relación existente entre educación y pobreza. Desde la perspectiva de análisis del método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)7, predomina como una de las NBI el componente relacionado con el acceso al conocimiento. Esto sugiere la relación entre pobreza y carencia educativa, en el tanto que un 42% del total de hogares costarricenses con al menos una carencia tienen asociado el componente acceso al conocimiento y el logro educativo8.
Con una perspectiva a mediano plazo, puede afirmarse con propiedad que la incidencia de los problemas educativos ha mejorado en lo que concierne a la Educación General Básica formal.
Los esfuerzos de mejoramiento de la educación se han orientado hacia la formación y desarrollo integral de las personas, dando énfasis a la formación en valores, como a impulsar la diversidad de los conocimientos en áreas afines a las necesidades del desarrollo productivo nacional y de las regiones; por ejemplo, mediante la diversificación de las alternativas de modalidades de colegio académico con la incorporación del núcleo tecnológico, apertura de nuevas especialidades técnicas no tradicionales para la educación técnica formal, la enseñanza del idioma inglés en primaria, el fortalecimiento de la enseñanza de la Matemática, la formación en informática educativa y el impulso a la Telesecundaria.
Asimismo, la determinación de al menos un 6% del PIB al gasto educativo, permitirá implementar la estrategia de ofrecer a la sociedad costarricense un servicio educativo de excelencia y equidad por medio de acciones concretas que permitan: incrementar los niveles de cobertura programados, la permanencia del estudiante dentro del sistema educativo, fomentar la formación de valores, la continuidad de los procesos educativos, diversificar programas estratégicos e innovadores que hagan atractiva la oferta educativa.
Sobre bases ya establecidas por el Sistema Educativo actual, se deben señalar las nuevas pautas para una estrategia educativa que, promueva la educación como derecho fundamental para la formación y desarrollo integral de las personas. Se redireccione el rumbo de la educación principalmente en los niveles del lll Ciclo y la Educación diversificada tanto técnica como académica en lo que a educación formal concierne; asimismo, debe vincular este proceso con los demás subsistemas educativos que promueven el desarrollo de la educación técnica, la formación técnica no universitaria y la educación superior universitaria tanto pública como privada, acorde con el desarrollo y los requerimientos que demanda el sector productivo y laboral del país.
En el contexto anterior y con el objetivo general de impulsar el desarrollo de oportunidades educativas que permitan el acceso, la permanencia y el éxito de la población en igualdad de condiciones a los servicios educativos de calidad y pertinencia y que garantice una formación integral y desarrollo pleno, el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2002 – 2006 contempla un conjunto de objetivos, políticas y acciones estratégicas dirigidas a enfrentar los grandes desafíos educativos enunciados en el diagnóstico para los próximos años en el marco de las restricciones presupuestarias que establece la crisis fiscal que afronta el país. Esto no quiere decir que las acciones reflejadas en el Plan sean las únicas. Por el contrario, si se logra allegar nuevos recursos financieros que tiendan a fortalecer la gestión de las instituciones responsables de la formación del capital humano, el Sector Educación está en capacidad de gestar planes educativos con énfasis en la formación integral de las personas y propulsar el fortalecimiento de la educación y la capacitación profesional que marquen hitos cualitativos en la formación de las nuevas generaciones.
Para enfrentar los retos educativos de los próximos años, se enuncia el conjunto de políticas y acciones estratégicas que en materia educativa las instituciones del Sector Educación Costarricense establecen para el Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006, considerando fundamentalmente los recursos ordinarios de las instituciones que conforman el sector.
Esta política será desarrollada mediante las siguientes acciones:
Objetivo, Políticas, Acciones y Metas
Objetivo: Impulsar el desarrollo de oportunidades educativas que permitan el acceso, la permanencia y el éxito de la población en igualdad de condiciones a los servicios educativos de calidad y pertinencia, para garantizar una formación integral y desarrollo pleno.
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Fortalecer los mecanismos de integración y pertinencia entre las ofertas educativas tendientes a la formación técnica y los requerimientos y necesidades del desarrollo económico nacional y local
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Potencializar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes de los estudiantes en aras de fortalecer el desarrollo integral, en las áreas artistica, física y ética para que les permitan el equilibrio entre lo cognoscitivo, lo emocional y lo ambiental, y así alcanzar una sana y responsable convivencia.
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Garantizar la transparencia y el mejoramiento de la gestión del Ministerio de Educación Pública mediante el logro de la eficiencia administrativa, la racionalidad y optimización de los recursos.
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Cumplimiento de la responsabilidad del Estado en relación con la educación superior universitaria privada, tal como se señala en el artículo 79 de la Constitución Política y en la Ley de Universidades Privadas, Núm. 6693.
Consta de la siguiente política:
Objetivo: Consolidar el proceso de articulación e integración vertical y horizontal de la educación técnica y la formación profesional que brindan las instituciones formadoras de recursos humanos que conforman el Sistema Nacional de Educación Técnica para la Competitividad (SINETEC), para dar respuesta a las demandas de los sectores económicos y sociales, en procura de potencializar la competitividad del país.
Objetivo: Desarrollar acciones de formación y capacitación profesional para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, y del recurso humano en cada uno de los sectores de la economía social, mediante programas de desarrollo tecnológico, reconversión productiva y aseguramiento de la calidad.
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Promover y desarrollar acciones de formación y capacitación flexibles y oportunas dirigidas a atender las necesidades de las personas en desventaja social con el propósito de asegurar su adecuada inserción laboral.
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Fortalecer el desarrollo de las capacidades humanas mediante la formación profesional, capacitación y servicios tecnológicos, diseñados bajo el concepto de formación continua y flexible, identificando las competencias profesionales que requieren los sectores productivos del país, en todo el territorio nacional, para promover el desarrollo de la productividad y competitividad del mercado de trabajo.
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Facilitar a los estudiantes de escasos recursos económicos alternativas de financiamiento para que accedan a la formación académica post secundaria.
Consta de la siguiente política:
Objetivo: Impulsar el desarrollo de oportunidades educativas que permitan el acceso, la permanencia y el éxito de la población en igualdad de condiciones a los servicios educativos de calidad y pertinencia, garantizando una formación integral y desarrollo pleno.
Consta de las siguientes políticas:
Objetivo: Garantizar el cumplimiento del financiamiento constitucional (Artículo 85 de la Constitución Política) para la educación superior universitaria estatal.
Consta de la siguiente política:
Objetivo: Garantizar la educación como un proceso continuo
Consta de la siguiente política:
Objetivo: Impulsar el mejoramiento continuo de la calidad y la transparencia en la formación universitaria del país, por medio de un mecanismo para la comprobación de la calidad de las carreras que ofrecen las instituciones universitarias, públicas y privadas, y para la información sobre dichos extremos a la sociedad en general.
Consta de la siguiente política:
Objetivo: Impulsar el proceso de dinamización de la innovación tecnológica como elemento fundamental en la estrategia de desarrollo del país
Consta de la siguiente política:
Objetivo: Incrementar la capacidad nacional en el campo científico y tecnológico.
Consta de la siguiente política:
Costa Rica, mediante el esfuerzo de diferentes actores sociales, ha avanzado en la búsqueda de la igualdad y equidad de género.
En el ámbito institucional, el avance para establecer e institucionalizar políticas públicas de género, así como el fortalecimiento y la modernización del marco legal que enmienda situaciones históricas que marcaban desventajas económicas y sociales para las mujeres, son dos de los logros que hoy día permiten, si bien es cierto no dar la lucha por acabada, mirar con mayor claridad el camino por recorrer, consolidando lo alcanzado y propiciando las acciones para enfrentar retos que posibiliten una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres.
Demográficamente, según el Censo del año 2000, en Costa Rica la mitad de la población son mujeres; el 41% oscilan entre 0-19 años de edad y el 49% están en edad reproductiva, es decir, oscilan entre 15 y 44 años de edad. Además, por el proceso mismo de envejecimiento de la población costarricense, aunado a que la esperanza de vida de las mujeres es cada vez más alta, es necesario contemplar las diferencias entre las necesidades e intereses desde la diversidad de los distintos grupos etarios de mujeres -no solamente desde el punto de vista de las necesidades, y con ello acciones asistenciales- sino del empoderamiento con el fin de que se asuman plenamente los derechos y así exigir y demandar su cumplimiento con plena conciencia de estos.
Cuadro 1: Ingreso Mensualo de la Población Ocupada (Colones), 2001
| Zona | Total | Hombres | Mujeres |
| Costa Rica | 126.753 | 136.915 | 107.987 |
| Urbano | 148.370 | 166.408 | 121.944 |
| Rural | 92.477 | 99.097 | 72.122 |
Fuente: INEC. Encuesta de Hogares.
Respecto a la condición laboral, persisten desequilibrios. Según la Encuesta de Hogares en el año 2001, del total de población ocupada un 35% son mujeres, en su mayoría están ubicadas en las ramas del comercio y la reparación (18,5%), industria manufacturera (15,7%), enseñanza (11,1%) y en servicio doméstico (13%). Según grupo ocupacional, el mayor porcentaje (27,5%) se encuentra en ocupaciones no calificadas, lo cual, aunado a un desempleo abierto de una tasa de 7,6, casi tres puntos por encima del desempleo de los hombres, nos dan un panorama de desigualdad, situación que se evidencia más abiertamente al comparar los datos de ingreso mensual de las personas ocupadas según sexos.
Cuadro 2: Personas Ocupadas en Puestos Directivos, Según Sexo, 2001
| Total | Sector público | Sector privado | |
| Total | 37.149 | 10.548 | 26.601 |
| Hombres | 27.729 | 6.525 | 21.204 |
| Mujeres | 9.420 | 4.023 | 5.397 |
Fuente: INEC. Encuesta de Hogares
Aunado a lo anterior, las mujeres representan casi la mitad de las personas ocupadas como profesionales técnicas, aunque, de acuerdo con la Encuesta de Hogares, desempeñen poco menos de la tercera parte de los puestos directivos.
Esta desventaja de las mujeres a nivel laboral no tiene asidero en las condiciones de educación formal, porque hay más mujeres que hombres en todos los niveles del sistema de educación formal, desde la primaria hasta la universitaria, y su tasa de escolaridad promedio es superior. Es decir, en este ámbito no hay desventaja femenina, pero sí es evidente la necesidad de fortalecer la capacitación técnica laboral femenina en actividades no tradicionales y con ello crear las condiciones para que se integren al mercado laboral en actividades más remunerativas que fomenten el crecimiento económico, especialmente las mujeres jefas de hogar. Las estadísticas nacionales señalan que en el área urbana, uno de cada dos hogares en extrema pobreza está jefeado por mujeres.
Paralelamente a las características laborales y de pobreza señaladas, hay una serie de variables asociadas a estas condiciones, como lo es el alto porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio, que corresponde al 53,5% del total de nacimientos en el año 2001, de los cuales el 55% no tuvo padre declarado. Además, una proporción creciente de los nacimientos se da en madres menores de 19 años (20% en el 2001). Todo ello genera una cantidad considerable de mujeres jóvenes que se convierten en jefas de hogar, muchas de ellas sin ningún apoyo, lo cual limita sensiblemente no solo sus oportunidades de desarrollo personal, sino también las de sus hijos e hijas.
Cuadro 3: Casos Atendidos por la Delegación de la Mujer, 1999-2001
| Año | Total casos |
| 1999 | 5.188 |
| 2000 | 4.837 |
| 2001 | 5.403 |
Fuente: INAMU 2002.
Otro importante e insoslayable desafío que tiene la sociedad costarricense y por ende el Gobierno de la República, es la erradicación de la violencia intrafamiliar. La garantía de vivir una vida sin violencia, especialmente en el seno de la familia, es un ideal al que debe aspirarse.
Los gobiernos anteriores han puesto la violencia contra las mujeres como tema en sus agendas y con ello se han ejecutado acciones importantes y creado marcos legales que apuntan en la justa dirección de reivindicación de derechos; sin embargo, aún persiste la dispersión de acciones que frenan el desarrollo sistematizado del quehacer institucional. Se carece de las condiciones legales para penalizar la violencia contra las mujeres y la obligatoriedad de las diferentes instancias públicas para la prevención y atención de las víctimas de este flagelo humano. La Delegación de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres atendió un total de 15.428 casos durante el período de 1999 a 2001.
Retos y resumen de políticas y acciones estratégicas
Con base en el diagnóstico efectuado y en las reuniones de trabajo con las funcionarias del Instituto Nacional para las Mujeres (INAMU), se identificaron los principales retos que tiene la sociedad costarricense con la mujer:
Resumen de políticas y acciones estratégicas
Desde la ubicación de los retos nacionales en esta materia y los desafíos de gobierno, la Administración Pacheco procura promover políticas públicas de equidad social y género para eliminar las inequidades entre mujeres y hombres en el acceso a las oportunidades laborales y a los recursos productivos y financieros, especialmente de las mujeres que se ubican en estratos de pobreza, considerando los límites y opciones que ofrece una economía globalizada, además de impulsar y apoyar el acceso equitativo de las mujeres al conocimiento científico y tecnológico. Ese esfuerzo se concreta mediante las siguientes políticas y acciones estratégicas:
Respecto a la acción estatal frente a la violencia infrafamiliar, se evidencian esfuerzos en diferentes ámbitos:
Objetivo, Políticas, Acciones y Metas
Objetivo: Garantizar las condiciones para la equidad e igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos nacionales para el desarrollo pleno de sus derechos
Consta de la siguientes políticas:
Personas con discapacidad
Las políticas de gobierno en esta temática están orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en desventaja social, y la mayoría de ellas en condiciones de pobreza, según lo estipula la Ley Nº 7600 sobre Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica, del 29 de mayo de 1996, y su Reglamento del 20 de abril de 1998.
Las políticas y acciones principales han sido avaladas por las instituciones que remitieron acciones para ejecutar y por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), como institución rectora encargada de orientar y fiscalizar las iniciativas derivadas de la política general en materia de rehabilitación y educación especial, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y todas aquellas instituciones que garanticen el desarrollo humano integral de esta población.
La población con discapacidad representa un 5,3% de la población total del país (3.810.179); según los datos del Censo de Población del año 2000 (Censo Nacional sobre población con discapacidad, según provincia, cantón y sexo. Julio 2000, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC), existen 203.731 personas discapacitadas, de las cuales 119.237 son hombres y 98.460 son mujeres.
En este grupo poblacional, se incluyen las personas incapacitadas como resultado de eventuales accidentes y enfermedades profesionales, a que están expuestos los trabajadores por el desempeño de sus labores, que pueden dar como resultado la invalidez parcial o total y que están registrados en el Instituto Nacional de Seguros como parte de los seguros solidarios que pagan las empresas. El total de asegurados por riesgo del trabajo significa el 72,6% del total de la población asalariada ocupada del país (1.068.412).
Los trabajadores que sufren algún nivel de discapacidad suman 1.848 personas, con un costo institucional de 6.992.3 millones de colones, que se asignan a los derecho habientes (padres, madres, cónyuge, compañera, compañero, hijos, menores y mayores dependientes).
Del total de 1.848 personas, 1.014 presentan una discapacidad menor permanente; 207, parcial permanente; 477, total permanente, y 150 son grandes inválidos.
Es importante señalar que el mayor número de primas pagadas por accidentes laborales surge en las siguientes actividades económicas: industrias manufactureras, comercio, restaurantes y hoteles, agricultura y construcción.
La información obtenida del Censo Nacional del 2000, por tipo de discapacidad, refleja la alta persistencia que tienen los problemas de tipo cerebral o neurológico: uno de cada dos casos pertenece a esas categorías. Las discapacidades originadas en el sistema osteomuscular, así como las afecciones visuales y auditivas también afectan casi a una tercera parte de esa población.
Los datos que muestran esta situación son los siguientes: ceguera parcial o total, 62.556 personas; sordera parcial o total, 26.235; retardo mental, 18.800; trastorno mental, 12.749; parálisis o amputación, 28.119, y otras, 55.212.
La provincia con mayor número de casos de discapacidad es San José, con 65.482, mientras que las otras se expresan en el siguiente orden: Alajuela, 38.917 casos; Puntarenas, 22.286 casos; Cartago, 20.717; Limón, 20.596; Guanacaste, 18.400 casos, y Heredia, 17.329.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos afectivos constituyen la primera causa de discapacidad en el mundo, seguidos del retardo mental y la epilepsia.
El accionar institucional ha dirigido los esfuerzos más relevantes a la ejecución de la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su Reglamento, a través de acciones concretas.
Dicha Ley incluye disposiciones orientadas a garantizar a la población discapacitada, el libre tránsito con facilidades de acceso a diversos lugares físicos recreativos, comerciales, culturales y educativos, eliminando barreras arquitectónicas y otros obstáculos.
En cuanto a educación, la norma establece lineamientos para que los centros educativos realicen adaptaciones en las plantas físicas y ofrezcan los recursos técnicos necesarios para adecuar los currículos y garantizar la igualdad de oportunidades a las personas discapacitadas.
En este ámbito, se han alcanzado importantes logros: desde las universidades dedicadas a la formación de recursos humanos hasta el interés por la contratación de este recurso en las instituciones. La población infantil ha experimentado un proceso de integración, que si bien ha sido lento, ha constituido una experiencia enriquecedora en la medida que los niños tienen la posibilidad de aprender a compartir y reconocer que, a pesar de las diferencias individuales, todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, y con tal visión, se han llevado a cabo campañas importantes de integración en el seno de los centros educativos.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) brinda apoyo económico a familias con uno o más miembros con algún tipo de discapacidad física o mental, mediante el beneficio de la asignación Familiar Temporal.
El Instituto Costarricense de Electricidad ha instalado teléfonos públicos con facilidades de acceso para personas con discapacidad.
Desde el trabajo de las distintas administraciones presidenciales, se ha conseguido la colaboración y cooperación externa de embajadas y países amigos, así como de empresas privadas, para compra de mobiliario, donaciones, construcción de edificaciones de educación especial, así como ayudas técnicas, que si bien son insuficientes, constituyen un recurso de ayuda de gran impacto para esta población.
Desde el punto de vista de las facilidades de acceso en vías, estacionamientos y medios de transporte colectivo, la aplicación de la Ley, en lo que corresponde, ha sido lenta, pero se han dado algunos pasos en la señalización de asientos de preferencia en autobuses, rampas en aceras y algunos edificios públicos y privados, así como la interpretación en lenguaje de señas en los principales noticiarios televisivos.
A pesar de lo anterior, es necesario concienciar por medio de campañas fuertes de sensibilización a la población y las autoridades de las instituciones, para garantizar no solo el desarrollo físico con acciones facilitadoras, sino el desarrollo mental de toda una parte de la población que convive cada día con esta población especial.
La Ley N° 7600 contiene como declaración de interés público, el desarrollo integral de la población con discapacidad en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes, y se enmarca en los siguientes principios fundamentales:
El Estado se comprometió a cumplir con las obligaciones señaladas en esta Ley, en un plazo máximo de 7 años a partir de su publicación, plazo que finaliza en mayo de 2003.
En síntesis, los compromisos según la Ley fueron los siguientes: