Resulta fundamental focalizar la gestión durante los próximos dos años del
gobierno y enfilar las baterías hacia los temas prioritarios. En medio de los
enormes retos que presenta la educación en el país, es indispensable priorizar
y hacer un esfuerzo mayor sobre los asuntos más críticos del sector.
Por esta
razón el Ministerio de Educación Nacional ha elaborado un Plan Estratégico,
orientado a concentrar las acciones en la solución de los problemas
estructurales, y en la cobertura, la calidad y la equidad.
El Plan Estratégico
parte de los objetivos y estrategias del Plan Decenal de Educación y de los
lineamientos fundamentales del Plan de Desarrollo del Gobierno, con relación a
la expansión de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y de los ambientes
escolares, la organización del sector y la movilización ciudadana en torno a
la educación.
Por otra parte, el Plan Estratégico contiene una lista de
indicadores que permitirán a la comunidad hacer seguimiento a la gestión del
actual equipo de trabajo. El compromiso del Ministerio no sólo es implementar
cada una de las estrategias formuladas, sino rendir cuentas al público sobre su
ejecución.
Pese a los avances logrados en los últimos años, en la actualidad 20 de
cada 100 niños no asisten a ninguna institución escolar básica.
Se calcula que alrededor de 50.000 estudiantes de secundaria se han retirado
de las instituciones en los dos últimos años1
En el caso de la población desplazada, se estima que en 1999 cerca de 150
mil niños y jóvenes se desplazaron a ciudades grandes y medianas2, lo que no
sólo generó una demanda adicional de cupos sino atención especializada por
parte de los centros educativos.
Mientras que la totalidad de los niños de mayores ingresos asiste a una
institución educativa de primaria, tan sólo el 87% de los niños
pertenecientes al 20% más pobre de la población lo hace.
La escolaridad promedio en las zonas urbanas es prácticamente el doble que
en las rurales.
Los recursos destinados a la educación han crecido de 2,5% del PIB a 4,4% en
1998. Sin embargo esto no ha representado más ni mejor educación.
Existen problemas en la distribución de docentes y de personal
administrativo. Su concentración excesiva en las ciudades capitales y las
deficiencias en los municipios más pobres son muestra de ello.
Las mayores necesidades de ampliación de cobertura se encuentran en
preescolar y secundaria. En las zonas rurales la situación es particularmente
crítica, dado que la oferta educativa en estos niveles es prácticamente
inexistente.
Según el Departamento Nacional de Planeación, el 46% de los hogares señala
los “altos costos” o la “necesidad de trabajar” como factores de
inasistencia o deserción escolar.
Las acciones adelantadas durante los dos primeros años de la administración
a través del programa de racionalización han permitido generar 240 mil cupos.
Sin embargo, es necesario intervenir también en los gastos asociados a la
educación para incrementar las posibilidades de ingreso y permanencia de los
niños y jóvenes en el sistema.
El objetivo general de esta estrategia consiste en ampliar la oferta oficial
mediante la utilización eficiente de los recursos del sector y ayudar a
disminuir los gastos en que incurren las familias con relación a la canasta
educativa. Lo anterior se logrará a través de los siguientes programas:
Reorganización y estímulo a la cobertura: El objetivo es lograr aumentos significativos de cobertura mediante la
asignación eficiente del personal docente. El gobierno nacional ha fijado unas
relaciones técnicas deseables promedio de 28 alumnos por docente3, que
permitan racionalizar el recurso humano disponible y aumentar de esta manera la
cobertura del sistema. También se seguirá impulsando la estrategia del Plan
Caminante, como estímulo a aquellos municipios que logren niveles cercanos al
100% de cobertura.
Programas alternativos de expansión de cobertura: El objetivo es lograr aumentos de cobertura en las zonas rurales y urbano -
marginales, mediante la aplicación de estrategias educativas no convencionales
y aumentos en la eficiencia de la superación del fracaso escolar. Las acciones
previstas durante el desarrollo del programa permitirán el acceso y la
nivelación de niños y jóvenes a la educación básica.
Racionalización de la canasta escolar y financiación: El objetivo es ayudar a disminuir los gastos en que incurren las familias
mediante mecanismos que operen sobre el costo de los ítems que conforman la
canasta educativa. Implica el diseño e implementación de instrumentos que
afecten la oferta de bienes, así como la financiación de la demanda.
Una educación de calidad es la que permite que las personas,
independientemente de sus características individuales y procedencia
socioeconómica, desarrollen las competencias y valores necesarios para el
posterior desempeño social y productivo.
Los resultados de las últimas pruebas SABER5, muestran que los
estudiantes colombianos no están alcanzando los logros esperados en lenguaje y
matemáticas: sólo el 34% de los estudiantes de 5º alcanzó el nivel esperado
de logro correspondiente a la comprensión de textos escritos.
En el caso de matemáticas, solamente el 55% de los estudiantes de 3º y el
53% de los de 5º es capaz de resolver problemas matemáticos que requieren
reorganizar datos.
En el Tercer Estudio Internacional de Ciencias y Matemáticas-TIMSS Colombia
ocupó el penúltimo lugar entre los 41 países participantes.
En ese mismo estudio, sólo el 15% de los estudiantes de 8º grado supo
responder preguntas que exigían razonamiento matemático y únicamente el 5.6%
pudo describir y discutir los resultados; el 28% de los estudiantes respondió
correctamente preguntas que exigían teorización, análisis y solución de
problemas de ciencias.
Estos resultados no pueden ser juzgados exclusivamente desde la perspectiva
de excelencia académica. Lo que realmente indican es que la educación básica
no está contribuyendo efectivamente a desarrollar en los estudiantes las
herramientas sobre las cuales es posible construir aprendizajes posteriores o
aprender a aprender y participar en la vida ciudadana en igualdad de
condiciones.
Una buena educación básica es la base de una sociedad más competitiva y
democrática. Desde esta perspectiva, preocupa que los estudiantes colombianos
no estén adquiriendo las herramientas básicas para el desempeño ciudadano:
para enterarse de lo que sucede a su alrededor, formarse una opinión propia,
resolver problemas a partir de información disponible, explicar resultados,
entre otras.
Dirigir el sistema educativo hacia el mejoramiento de la calidad de la
educación mediante la definición de estándares claros, la medición
permanente de los resultados del sistema y la cualificación de docentes antes
de ingresar al servicio educativo.
Mejoramiento curricular: Con este programa se busca avanzar en las definiciones sobre las competencias
que se espera que los estudiantes desarrollen en los distintos ciclos de la
educación básica, y llegar a definiciones más precisas que sirvan como
referente para el diseño de planes de estudio en el marco de los PEI y para la
evaluación y promoción de los estudiantes.
Evaluación de competencias educativas: El objetivo es recolectar, sistematizar y difundir información relevante
sobre los resultados del sistema educativo, con relación a los logros y
desempeños de los estudiantes en las áreas básicas del currículo, tanto a
nivel nacional como local. La idea es que estas mediciones sirvan como base para
el diseño de planes de mejoramiento y la formación de una opinión pública
informada.
Cualificación integral de docentes: Con este programa se busca fortalecer la formación inicial de los docentes y
ajustar criterios y procedimientos para el ingreso a la carrera, así como para
la evaluación, capacitación y promoción de los docentes en servicio.
Competencias curriculares diseñadas para cuatro de las áreas fundamentales
(Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales).
Evaluaciones censales de la calidad de la educación realizadas en 70
municipios.
Estrategia de divulgación implementada sobre las mediciones existentes y
elaboración de planes de mejoramiento de la gestión educativa en 70
municipios.
Examen único de ingreso al servicio docente (regulación de los resultados).
La calidad de la educación está asociada con diversas variables, incluídas
las condiciones en las que se presta el servicio educativo (infraestructura,
dotaciones pedagógicas, entre otros). Se sabe que en la actualidad un gran
número de escuelas carece de las dotaciones mínimas para un buen
funcionamiento. La ley 60 de 1993 transfirió a los gobiernos locales la
competencia y los recursos para intervenir sobre la mayoría de estos aspectos,
pero mantuvo en la Nación la facultad para orientar estas inversiones mediante
políticas, incentivos e inversiones directas en campos estratégicos para el
mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y de gestión.
Uno de estos campos es, sin duda, la incorporación de nuevas tecnologías de
información y comunicación en los procesos educativos y de gestión. En los
últimos dos años el MEN ha implementado con éxito la fase I del Programa de
Nuevas Tecnologías. Esto ha permitido la instalación de 757 aulas de
informática y la realización de una alianza estratégica con la empresa
privada, ONGs y universidades, para garantizar que las regiones se apropien de
las nuevas tecnologías a través del Proyecto DELFOS. Sin embargo, susbsiste un
déficit grande en este campo. Por esa razón el MEN redoblará esfuerzos e
impulsará la fase II del programa, para que cada vez más niños y jóvenes
tengan acceso al nuevo mundo de la tecnología y la información.
Por otro lado, el reto no es sólo con respecto al acceso. El desafío
también consiste en desarrollar al máximo la capacidad instalada, en forma de
proyectos demostrativos que puedan ser emulados por otros, en promover
desarrollos locales y en proporcionar la asistencia técnica que permita que los
nuevos proyectos se beneficien de los aprendizajes y la experiencia de quienes
se encuentran más adelantados.
Otro campo importante de intervención del MEN es el de las mejoras a la
infraestructura y dotación de las escuelas, de manera focalizada y de común
acuerdo con las regiones. Lo anterior es particularmente importante sobre todo
teniendo en cuenta que hace más de treinta años que no se invierten recursos
en adecuación de infraestructura, lo cual ha implicado un deterioro creciente
de las instalaciones físicas escolares.
Promover programas focalizados de inversión en remodelación de
edificaciones y baterías sanitarias, así como en la modernización de las
dotaciones de los planteles que ofrecen educación media, técnica y académica.
Difusión de nuevas tecnologías: Con este programa se busca aprovechar el potencial educativo de las
tecnologías de información y comunicación -TICs y promover su uso masivo como
apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluye acciones encaminadas a
promover y facilitar el acceso a contenidos y metodologías informáticas de
calidad, y a generalizar su uso en las instituciones educativas.
Empleo en acción para la educación: En los recursos del programa Empleo en Acción, que lidera la Presidencia de
la República y que es parte del componente social del Plan Colombia, existe una
gran oportunidad para el sector educativo. El propósito es ayudar a orientar
alrededor de $100 millones de dólares del Programa Presidencial hacia la
adecuación de baterías sanitarias y la remodelación de las aulas. El éxito
del programa depende, ante todo, de la capacidad de gestión de los alcaldes y
de la contrapartida ofrecida. El Ministerio de Educación estimulará a los
Alcaldes y a la comunidad para que participen del programa y los asesorará en
el proceso.
Mejoramiento de infraestructura: Este programa está encaminado a apoyar a las entidades territoriales en el
mejoramiento de la infraestructura de la Educación Media Técnica y Media
Académica mediante inversiones focalizadas y acordadas con las regiones, a
partir de una priorización de los recursos provenientes de la Ley 21 de 1982.
650 nuevas aulas de informática, instaladas y en operación efectiva
apoyando procesos de enseñanza e integradas a través de una red virtual.
2.000 docentes y personal administrativo capacitados en el uso de internet y
otras tecnologías como herramientas pedagógicas.
Se calculan ingresos por Ley 21 disponibles para mejoramiento de
infraestructura del orden de $47 mil millones6. En virtud del recaudo, se
darán las inversiones.
El sector educativo presenta confusiones en cuanto a su organización
institucional. La puesta en marcha de la normatividad asociada a la Ley 60 de
1993 y a la Ley General de Educación no ha permitido establecer claramente las
competencias de cada nivel territorial y mucho menos el de la institución
educativa. Es así como el nivel nacional sigue ejerciendo en ocasiones
funciones que le competen a los niveles territoriales y sigue habiendo un atraso
importante en la cesión de responsabilidades de los departamentos a los
municipios. En cuanto a la institución educativa, no obstante la fuerza que le
otorgó la Ley General de Educación, particularmente en los aspectos de
planeación mediante la formulación de los Proyectos Educativos
Institucionales, no cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de
una real autonomía.
Además de los problemas que se observan en el modelo institucional actual,
es importante señalar que subsisten deficiencias en los esquemas de asignación
de los recursos financieros. La asignación se basa en la financiación de los
insumos, en este caso en la financiación de los docentes, sin preveer, en
muchos casos, las necesidades del servicio. Es importante también tener en
cuenta el logro de los resultados alcanzados por los niños, por las
instituciones y por los docentes mismos. Además, se observan inequidades e
ineficiencias en el esquema de asignación, previsto en la Ley 60 de 1993, hacia
los Departamentos y de éstos hacia los municipios. En cuanto a la transferencia
que hace el municipio a la institución educativa, su transparencia y
racionalidad son aún más inciertas.
En esencia, el actual esquema de asignación no responde a las necesidades
reales con respecto a la población atendida y por atender en educación. Esta
afirmación está ligada también a la disponibilidad de la información
pertinente, que sigue siendo un problema importante del sector. Hoy en día no
existe información unificada que soporte las decisiones en los distintos
niveles de la administración.
También es importante reformar el actual Régimen de Pensiones de los
Docentes pues, de continuar como está, a partir del 2002 no logrará cubrir sus
compromisos. También es importante definir unas políticas más justas y
equitativas en la prestación de los servicios médico-asistenciales.
Trabajar en la organización institucional del sector tanto a nivel
territorial como nacional, para fortalecer a las entidades locales, en
cumplimiento del mandato Constitucional, y aclarar las competencias de la
nación, los departamentos, los municipios y las entidades educativas.
Viabilidad de la educación básica y media: A través de este programa se busca diseñar e implementar reformas que hagan
viable y sostenible el sistema educativo. En esta dirección, se presentarán
propuestas sobre las reformas: al régimen de participaciones y competencias de
los distintos niveles de la administración; al régimen docente para que los
incentivos y motivaciones se orienten al incremento de la calidad y eficiencia
del sistema educativo, y al actual régimen de pensiones y servicios
médico-asistenciales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio.
Sistema de información del subsector: Mediante este programa se creará un sistema integrado que unifique la
información en el nivel nacional y fortalezca los sistemas locales. Esto
permitirá soportar la formulación de políticas, la planeación financiera y
la dirección administrativa del sector. Tanto a las entidades departamentales
como a las municipales se les facilitarán las funciones relacionadas con la
asignación y administración de recursos humanos, físicos y financieros.
Transformación de la gestión educativa: A través del programa Nuevo Sistema Escolar -NSE se promoverá la
transformación de la gestión y la participación ciudadana en la educación
pública, mediante la creación de condiciones que permitan que las escuelas se
conviertan, de manera gradual, en Instituciones Educativas Autónomas con
capacidad para crear, regular y desarrollar sus propias tareas, rendirle cuentas
a la comunidad y definir democráticamente sus objetivos, metas y programas, en
concordancia con las políticas nacionales, departamentales y municipales. El
Programa NSE implantará mecanismos que aseguren eficiencia y equidad social en
la asignación de los recursos; garantizará el ciclo completo de la educación
básica a los alumnos de los colegios que ingresen al Programa; fortalecerá la
participación ciudadana en la dirección de las instituciones educativas,
facilitará la transparencia en la información y la evaluación de resultados.
Existe consenso sobre el hecho de que el conjunto de normas que regulan la
generación del gasto y la financiación de la Educación Superior, presenta
vacíos e inconsistencias que han conducido, en algunos casos, a una mala
interpretación de la autonomía universitaria. Están presentes en la memoria
de todos, los casos de desbordamientos en el gasto que rompieron el equilibrio
financiero de las universidades y generaron crisis, deteriorando su capital
social.
Esta situación es preocupante, no sólo por razones económicas sino porque
la elevación en el gasto no tiene origen, en algunos de los casos, en proyectos
sostenidos de desarrollo académico sino en intereses de grupos particulares
dentro de las universidades. Todo esto compromete seriamente la viabilidad de la
universidad como institución del conocimiento.
En la problemática aludida, vale la pena resaltar el divorcio entre la
financiación y los resultados: en el país se estableció un sistema de
asignación de recursos inercial que asocia el crecimiento de los aportes de la
nación a las universidades a su comportamiento histórico de los presupuestos y
no a los resultados y a la gestión de las universidades.
Otro consenso que ha logrado el país y que recoge este Plan Estratégico
como preocupación, tiene que ver con la calidad de la oferta de la Educación
Superior. En el país en 30 años el número de instituciones de Educación
Superior se multiplicó por veinte y el de programas en una proporción aún
mayor. Este crecimiento cuantitativo no estuvo acompañado del correspondiente
volumen de recursos humanos, pedagógicos y de infraestructura que permitieran
garantizar una formación de calidad. El país aumentó la oferta a costa de la
calidad.
A lo anterior se suma que, ante la falta de claridad en el ordenamiento de la
Educación Superior, algunos de los agentes del sector optaron por obtener lucro
en lugar de apostarle a una educación de alto nivel.
Finalmente, existe un problema de equidad en el acceso. Tan sólo el 13%8
de los jóvenes tiene la oportunidad de entrar a una universidad y de éstos
sólo el 5% tiene acceso a crédito educativo. Esto constituye una seria
limitación para resolver los problemas de demanda que impiden el ingreso y la
permanencia de un importante porcentaje de los jóvenes, especialmente de bajos
recursos, a la Educación Superior. El país está en mora de perfeccionar un
sistema de crédito más progresivo que amplíe las posibilidades de
financiación para estos grupos.
El objetivo de esta estrategia es crear los mecanismos que promuevan un
ejercicio responsable de la autonomía universitaria y garanticen, a futuro, la
viabilidad financiera, la excelencia en la calidad y la equidad en el acceso a
la Educación Superior en el país.
5.3.1. Viabilidad de la Educación Superior pública
El propósito de este programa es garantizar el futuro de las instituciones
públicas de Educación Superior, a través de tres líneas de acción:
Acuerdos de saneamiento, viabilidad y desempeño. Mediante estos acuerdos se
busca que las Universidades asuman compromisos concretos con respecto a su
administración académica y financiera, los cuales se verán recompensados con
incentivos económicos.
Introducción de indicadores para la asignación de recursos a las
universidades públicas. La idea es introducir gradualmente el uso de
indicadores para la asignación de recursos de la nación, de modo que la
financiación se vincule a resultados y a gestión y no a promedios históricos.
Es decir, a mejor gerencia y resultados, mayores recursos para la institución.
Modificación del régimen actual de docentes. Se trata de ajustar las reglas
de la profesión docente para que promuevan una productividad académica
permanente y de excelencia, que cuente con mecanismos rigurosos de evaluación.
Lo anterior apunta a fortalecer a las universidades públicas dotándolas de un
régimen docente que incentive la productividad y neutralice la tendencia a
destinar recursos crecientes a costos salariales no asociados al mejoramiento de
la calidad y a la producción científica.
5.3.2. Ajustes institucionales orientados al mejoramiento de la calidad y la
transparencia
El objetivo de este programa es organizar el sector y crear los mecanismos
que incentiven la calidad de la Educación Superior y promuevan su
transparencia. El propósito es lograr que el país recupere la consciencia de
la importancia de la calidad de la Educación Superior.
Esto se logrará a
través de los siguientes programas:
Certificación de Requisitos Básicos para Programas. Mediante un control
más estricto a la entrada de los programas e instituciones de Educación
Superior se espera incrementar los estándares de calidad y evitar la
multiplicación irresponsable de programas que no responden a requisitos
académicos y administrativos adecuados. Gradualmente, en las diferentes áreas
del conocimiento, se definirán unos estándares que garanticen una oferta de
calidad, a los cuales deberán adecuarse las instituciones en un plazo
determinado. Esto no sólo restringe la apertura de nuevos programas sino que
depura los existentes.
Acreditación Voluntaria de Programas. El país cuenta ya con un proceso
consolidado de Acreditación que se debe impulsar a través de incentivos
tributarios, fiscales y crediticios que estimulen a las instituciones a buscar
niveles de excelencia.
Acreditación Voluntaria de Instituciones. A partir de la experiencia de la
Acreditación de Programas el país tiene la oportunidad de diseñar y poner en
marcha un programa de Acreditación Institucional que permita dar un
reconocimiento social a instituciones que han alcanzado de manera integral
niveles de excelencia en las diferentes áreas en que han incursionado.
Pruebas de Competencias Profesionales en programas académicos de alto
impacto social. La idea es garantizarle a la sociedad que el egresado posea las
competencias requeridas para un ejercicio responsable de la profesión,
independientemente de la institución o región del país donde se haya formado.
Además, esto le permitirá al Estado y a la sociedad sacar conclusiones sobre
la calidad de las instituciones educativas.
La razón de ser de los mecanismos anteriores radica en la responsabilidad
que tiene el Estado de proporcionar información a los ciudadanos sobre la
calidad de la Educación Superior, para de esta manera ilustrar sus decisiones y
proteger sus derechos como usuarios.
El objetivo de este programa es promover la creación de productos y
mecanismos financieros que permitan ampliar la cobertura del crédito educativo.
Adicionalmente, se busca dirigir los créditos hacia la educación tecnológica
y hacia los programas e instituciones acreditados.
Estos mecanismos permitirían
apalancar un volumen de recursos tal que los beneficiarios del sistema de
crédito se podrían multiplicar por cinco en los próximos cuatro años.
Adicionalmente, el sistema de crédito alcanzará un nivel de especialización
que le permitirá al gobierno dirigir en forma más eficaz los subsidios hacia
aquellos grupos de la población que más lo necesitan.
Dentro de los mecanismos
previstos para cumplir con este propósito están:
La creación de una línea en el Fondo Nacional de Garantías que respalde
los créditos educativos. Esto permite el apalancamiento y la movilización de
recursos para atender un volumen considerablemente mayor de beneficiarios.
La capitalización de un Banco de segundo piso para crédito educativo.
Además de apalancar recursos, este mecanismo permitirá minimizar los riesgos
de posibles inequidades asociadas a un sistema de crédito educativo basado en
la banca comercial.
La Ley General de Educación abrió espacios nuevos de participación en el
funcionamiento del sector educativo que no han sido utilizados de manera
intensiva por la ciudadanía. Desde el sector educativo se han promovido
movilizaciones que, como la que se dio alrededor de la formulación del Plan
Decenal de Educación, han tenido acogida en la ciudadanía, pero no han
incidido significativamente en la forma como se hace seguimiento y vigilancia al
desarrollo de la educación en el país.
La educación, por otra parte, está lejos de ser un tema central en la
opinión ciudadana. Los medios de comunicación tienden a reproducir la visión
del sector educativo como un sector conflictivo y poco se conoce o se resalta
sobre su papel estratégico en el desarrollo del país, tanto desde la
perspectiva de la competitividad y la productividad como de la generación de
una cultura de paz y convivencia.
Parte de esto se explica por la ausencia de estrategias claras de
comunicación por parte del MEN, que mantengan informada a la opinión sobre el
estado y desarrollos dentro del sector y defina las prioridades de la agenda
educativa.
Posicionar temas educativos críticos para el desarrollo productivo y la
ciudadanía entre distintos actores sociales (empresarios, decisores de
política, medios de comunicación, padres de familia, maestros, alcaldes y
gobernadores, entre otros)
6.3.1. Movilización ciudadana por la educación alrededor
de:
Gestión municipal & educación: La idea consiste en adelantar una
estrategia de comunicación dirigida a los gobernantes recientemente elegidos
para orientar el diseño de planes educativos. Mediante productos de
comunicación y asistencia técnica directa, se acompañará a los nuevos
mandatarios en el proceso de definir sus planes estratégicos de educación.
La importancia de la calidad de la educación: Esta actividad implica
desplegar una estrategia de comunicación sobre la calidad de la educación, a
partir de los resultados de las pruebas SABER y otras mediciones disponibles
(TIMSS, PIRLS). Se trata de generar consciencia sobre la importancia de la
calidad de la educación y sobre la necesidad de mejorar en función de los
resultados de las mediciones existentes.
Convivencia Pacífica: Esta estrategia busca promover en la ciudadanía
comportamientos, actitudes y creencias de convivencia pacífica. A través de
comunicación educativa se buscará modificar las percepciones y creencias de la
población con respecto a las prácticas violentas. Se trata de educar a las
comunidades escolares en el uso de mecanismos no violentos para la resolución
de conflictos. (Este programa todavía no tiene totalmente garantizada la
financiación. Por esa razón no se incluye en los indicadores).
Educación Sexual: A raíz de los resultados de recientes evaluaciones sobre
la sexualidad de los jóvenes, el Ministerio revisará los lineamientos y
políticas existentes al respecto. Esta estrategia buscará movilizar la
opinión pública alrededor del tema, de manera que se aclaren las competencias
de la familia, la escuela, los medios de comunicación y el Ministerio de
Educación Nacional frente a la educación sexual de los niños y jóvenes.
6.3.2. Estrategia de comunicación interna y externa del sector
La meta es poner a circular información pertinente sobre el sector educativo
y ofrecer detalles sobre el Plan Estratégico del Ministerio, sus objetivos y
metas.
Kit de apoyo a Alcaldes distribuido a cada uno de los nuevos mandatarios
locales como parte del “Plan de Apoyo a Alcaldes”.
Comunicación permanente entre todas las Secretarías de Educación
Municipales y Departamentales y el Ministerio de Educación Nacional, a través
de una publicación mensual sobre el sector educativo, a partir de febrero del
2001.
Incremento en el nivel de conocimiento de la población sobre la importancia
de la calidad de la educación y las mediciones existentes al respecto.
Lineamientos claros por parte del MEN con respecto a la educación sexual en
la escuela, las competencias del gobierno, la institución escolar, los medios
de comunicación y la familia.
