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En la actualidad hay, en el mundo, unos 386 millones
de personas con discapacidad en edad de trabajar. Son personas que tienen el
potencial necesario para incorporarse a la fuerza de trabajo como empleados,
trabajadores independientes o empresarios, y que desean hacerlo.
Algunos empresarios han comenzado a descubrir este
potencial. Muchos gobiernos han promulgado leyes y han formulado políticas y
programas dirigidas a promover las posibilidades de ocupación de las personas
con discapacidad que buscan trabajo, a mantener en el empleo a los trabajadores
que quedan discapacitados durante su vida laboral y a facilitar la reincorporación
a la vida activa de los trabajadores que han perdido su empleo como
consecuencia de sus discapacidades.
Sin embargo, muchas de las personas con
discapacidad que pueden y quieren trabajar están desempleadas (en una proporción que llega a superar el 80 % en
algunos países). Con frecuencia, esto se debe a que los empleadores creen que
las personas con discapacidad no están preparadas para el trabajo y no les dan
la oportunidad de demostrar lo contrario. Otras razones son que, a menudo, las
personas con discapacidad no han tenido el adecuado acceso a la educación y a
la formación profesional, que los servicios de ayuda que requieren no están
disponibles, que la legislación y las políticas no facilitan su incorporación
al empleo y que los edificios y los medios de
transporte no son accesibles para ellas.
Éstos y otros
obstáculos están impidiendo que las personas con discapacidad encuentren un
trabajo que les permita ganarse dignamente la vida, atender las necesidades de
sus familias y contribuir a la economía nacional. Eso supone un gran despilfarro y una enorme pérdida, no sólo para
las personas con discapacidad y sus familias, sino también para los empresarios
y para el conjunto de la sociedad.
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