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La gestión de la privatización y reestructuración de los servicios públicos (agua, gas, electricidad)
Informe para el debate de la Reunión tripartita sobre la gestión de la privatización y reestructuración de los servicios públicos
Ginebra, 12 - 14 abril de 1999
Oficina Internacional del Trabajo Ginebra
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Copyright ® 1999 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
El presente informe ha sido elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo como base para las discusiones en el seno de la Reunión tripartita sobre la gestión de la privatización y reestructuración de los servicios públicos. En él se da un repaso a las condiciones cambiantes que rodean al sector de los servicios públicos y se hace especial referencia a las nuevas tecnologías, a las exigencias ambientales, a la liberalización y a la privatización y a sus repercusiones en el empleo, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales. Asimismo, se describe la forma en que los interlocutores sociales y otras partes interesadas tratan estas transformaciones desde una perspectiva social.
Esta Reunión forma parte del Programa de Actividades Sectoriales de la OIT, cuyo objetivo es facilitar el intercambio entre los mandantes de informaciones sobre las cuestiones laborales y sociales que tienen importancia para determinados sectores económicos, y complementarlo con trabajos prácticos de investigación sobre temas sectoriales de actualidad. Tradicionalmente, este objetivo se ha tratado de lograr mediante la celebración de reuniones internacionales tripartitas de carácter sectorial para el intercambio de opiniones y experiencias con miras a promover una más amplia comprensión de los problemas y cuestiones de carácter sectorial; fomentar un consenso internacional tripartito en relación con los intereses sectoriales y proporcionar orientación para las políticas y medidas de alcance nacional e internacional destinadas a abordar las cuestiones y problemas conexos; impulsar la armonización de todas las actividades sectoriales de la OIT y hacer que las reuniones sirvan de centro coordinador entre la Oficina y sus mandantes; y proporcionar a estos últimos asesoramiento técnico, asistencia práctica y apoyo para facilitar la aplicación de las normas internacionales del trabajo en los diversos sectores económicos.
En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración de la OIT decidió que se incluyese entre las reuniones del Programa de Actividades Sectoriales para 1998-1999 una Reunión sobre la gestión de la privatización y reestructuración de los servicios públicos. En su 268.ª reunión (marzo de 1997), el Consejo de Administración convino en que esta Reunión debería ser tripartita, con 60 participantes y que los 20 países siguientes serían invitados a participar en ella: Benin, República de Corea, Croacia, Egipto, El Salvador, Etiopía, Francia, Granada, Hungría, Israel, Kuwait, Mauricio, Nepal, Pakistán, Perú, Federación de Rusia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia y Suriname. Se incluyeron a diversos países en una lista de reserva, de la que se extraerían otros países invitados en caso de que un Gobierno de los que figuraban en la primera lista declinara la invitación. Además, se invitó a 20 representantes de los empleadores y a 20 representantes de los trabajadores. El Consejo de Administración convino en que el objeto de la reunión debería ser el intercambio de puntos de vista sobre la experiencia adquirida en la privatización y la reestructuración de los servicios públicos y sus repercusiones en el empleo, las condiciones de trabajo, el desarrollo de los recursos humanos en la prestación de los servicios; formular conclusiones que incluyeran orientaciones para una acción futura y adoptar un informe sobre la discusión de estas cuestiones. La Reunión también podría adoptar resoluciones.
Tradicionalmente organizados sobre la base de monopolios nacionales y locales de carácter público o privado, los servicios de suministro de agua, gas y electricidad han tenido que hacer frente, en la pasada década, a los retos que presenta la liberalización, privatización y reestructuración internacionales. La Reunión paritaria sobre el empleo y las condiciones de trabajo en los servicios de suministro de agua, gas y electricidad, celebrada en 1987, se había ya referido a varios aspectos de la estructura de la propiedad en el sector de los servicios públicos y especialmente a la tendencia incipiente a la privatización. En sus conclusiones, la Reunión reconoció que la experiencia en materia de cambios de propiedad variaba según los países y que mientras en algunos casos se habían mantenido o habían mejorado las condiciones de empleo y de trabajo, en otros se habían deteriorado. Teniendo presente que la privatización de los servicios públicos puede afectar al desarrollo, prestación, precio y calidad de los servicios suministrados, la Reunión llegó a la conclusión de que en todos estos casos de cambio de propiedad, «debería hacerse todo lo posible para proteger los derechos e intereses de los trabajadores... tales esfuerzos deberían encauzarse mediante la negociación, la consulta y la negociación colectiva»(1), y que independientemente del estatuto jurídico y de la modalidad de propiedad que predomine, «los servicios suministrados revisten una importancia tal que deberían adoptarse medidas para que pudieran ser objeto de control público de conformidad con la legislación y la práctica nacionales»(2).
Las cuestiones de la liberalización, privatización y reestructuración surgieron principalmente de la necesidad de responder a la creciente demanda mundial de servicios públicos y de la incapacidad del sector público de suministrar servicios adecuados debido a la multiplicidad de ámbitos que exigían la atención del Estado en situaciones de crisis y dificultades económicas prolongadas. Además, las nuevas tecnologías, los intereses medioambientales y del consumidor han incrementado la presión para que las empresas de servicios públicos presten servicios que sean eficaces, limpios y sobre todo asequibles. Asimismo, cada vez son más corrientes las empresas transnacionales de servicios públicos y las empresas de multiservicios, que crean nuevas estructuras y modalidades de propiedad y de explotación. Además, estas tendencias están presionando a las empresas de servicios públicos a reestructurarse a fin de prestar servicios más eficaces y a los gobiernos de los países en desarrollo y en transición a obtener financiamiento internacional para el desarrollo de infraestructura. La reestructuración de los servicios públicos va a menudo precedida de la privatización a fin de hacer más atractivas las empresas públicas a los posibles compradores u operadores. Las transformaciones radicales que han caracterizado al sector de los servicios públicos durante la última década se reflejan incluso en la composición de la presente Reunión, en la que por primera vez el sector está representado de forma totalmente tripartita.
La función vital del agua y de la electricidad (y en menor grado del gas) en la vida y en el desarrollo de las sociedades explica el acusado interés público por la propiedad y gestión de la infraestructura y distribución de los servicios públicos. La reestructuración y la privatización, que normalmente se emprenden con el objetivo de incrementar la eficacia e impulsar la productividad pero también por la amenaza de colapso económico y de déficit presupuestario, pueden adoptar muchas y variadas formas. Así pues, los factores de orden social, económico y político son decisivos a la hora de elegir la fórmula de reestructuración y de privatización que ha de adoptarse. A este respecto, no existen «mejores prácticas» sino más bien una serie de «buenas prácticas». Sin embargo, normalmente el Estado conserva algún tipo de poder público o función reguladora y sólo en contadas ocasiones los bienes se venden o se transfieren en su totalidad del Estado al sector privado. El interés especial por la calidad del agua ha dado lugar a que muchos gobiernos sigan siendo predominantemente responsables de la distribución del agua. Esto se aplica en menor grado a la electricidad e incluso en menor grado al gas. Lo que si parece desprenderse de las experiencias de la pasada década es que se reconocen los beneficios que aportan las asociaciones público-privadas para el desarrollo y gestión de los servicios públicos y la importancia de la participación de los interlocutores sociales en las primeras fases de los procesos de reestructuración y de privatización.
En el informe se examinan las tendencias y procesos en la privatización y reestructuración de los servicios de suministro de agua, electricidad y gas y sus efectos en los niveles de empleo, en la remuneración, en las condiciones de trabajo, en las relaciones laborales y en los intereses de los consumidores. Se ofrecen ejemplos de medidas encaminadas a hacer frente a las pérdidas de empleo y ejemplos de participación de los interlocutores sociales en los procesos de privatización y reestructuración. Tras señalar algunas de las condiciones que pudieran favorecer la reforma satisfactoria del sector de los servicios públicos, el informe concluye con un breve resumen y una lista de puntos propuestos para la discusión.
1.1. La revolución de la privatización
1.2. Métodos de privatización y de reestructuración
1.3. Naturaleza y alcance de los datos
1.4. La privatización de los servicios públicos
2.1. Volúmenes generales del empleo en el sector de los servicios públicos
2.2. La privatización y la reestructuración como factores de reducción del empleo
2.4. Medidas para contener la disminución del empleo
2.5. Capacitación, readaptación profesional y redistribución del personal
2.6. El incremento de la productividad laboral
3.1.2. Diferencias salariales entre los sectores público y privado y dentro de esos dos sectores
4.1. La importancia del contexto nacional
4.2.1. Los objetivos de los sindicatos
4.2.2. Las características específicas de las relaciones laborales en las empresas multinacionales
4.4. Resistencias a la privatización y a la reestructuración
4.5. Las nuevas formas y temas de la negociación colectiva
4.6. La influencia de la opinión pública y la participación de los consumidores
6.2. La OIT y las empresas multinacionales
6.3. Protección de los trabajadores y de los consumidores a nivel mundial
6.4. Actividades llevadas a cabo por otras organizaciones y organismos internacionales
6.4.2. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
6.4.3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
6.4.4. Tratado sobre la Carta de la Energía
6.4.6. Directiva del Consejo sobre la constitución de un comité de empresa europeo
6.4.7. Directiva sobre «los derechos adquiridos»
6.4.8. Acuerdo multilateral sobre inversión
6.4.9. Foro de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC)
Resumen y puntos propuestos para la discusión
Cuadros
1.1. Propiedad de la industria de la electricidad y del gas en la Unión Europea, 1997
1.2. Actividades de empresas internacionales en el sector de la energía en Europa
1.4. Privatización del agua en la región de Asia y el Pacífico
1.5. Privatización de la electricidad en la región de Asia y el Pacífico
1.6. Privatización del gas en la región de Asia y el Pacífico
1.7. América Latina y el Caribe (17 países): privatización y concesiones en los servicios públicos
2.1. Empleo asalariado en el sector de la electricidad, el gas y el agua
2.2. Empleo asalariado en los servicios de suministro de electricidad, gas y agua
2.3. Desempleo en el sector de la electricidad, el gas y el agua
2.4. Desempleo en el sector del suministro de electricidad, gas y agua
2.5. Composición de la fuerza de trabajo del Servicio Nacional de Suministro de Agua de Guinea (DEG)
2.6. Fuerza de trabajo de diez empresas de suministro de agua del Reino Unido 1990-1997
2.7. Evolución del empleo en empresas de suministro de agua privatizadas, en la CEE
2.8. Evolución del empleo en los sectores de la electricidad y el gas de Europa, 1990-1995
2.12. Argentina: supresión de puestos en la empresa Gas del Estado, 1990-1993
3.3. Indice de los salarios medios reales en el sector de la electricidad, el gas y el agua
3.4. Evolución de los salarios reales en términos porcentuales, en comparación con 1990
3.8. Horas de trabajo semanales de los empleados del sector de la electricidad, el gas y el agua
5.1. Precios de la electricidad al 1.º de enero de 1996
5.2. República Checa: precios del agua, enero de 1997
Gráficos
Recuadros
1.1. Reestructuración de la Dirección General de Electricidad de Fiji
1.2. Privatización de la electricidad en la Argentina
1.3. «Por unas gotas de agua...»
1.4. Energía solar y bombas de agua
3.1. Estructura salarial de Thames Water
3.2. Cambio en la organización del trabajo y las condiciones de trabajo: compañías EDF e Hydroquébec
4.1. Las relaciones de trabajo en el sector eléctrico de Alemania
4.2. Condiciones para el buen éxito del proceso de privatización
5.1. Los precios de la electricidad en Escandinavia
La información que sirve de base para el presente estudio procede de diversas fuentes. Se aprovechó en gran medida un estudio monográfico publicado por la OIT en 1998 titulado Labour and social dimensions of privatization and restructuring (public utilities: water, gas electricity), editado por Loretta de Luca, que incluía estudios de casos realizados por Patrick Plane para Africa, Michael Paddon para Asia y el Pacífico, David Hall para Europa, Enrique Saravia para América latina y Brendan Martin y Nicolas White para los Estados Unidos y Canadá. La publicación formaba parte de una serie de estudios de investigación emprendidos en el marco del Programa de actividades de la OIT sobre privatización, reestructuración y democracia económica (1996-1997). También se consultaron con frecuencia las publicaciones de la OIT, libros sobre la privatización en distintos países, así como las publicaciones periódicas académicas y la prensa financiera. Los gráficos y cuadros del informe se basan en estadísticas recopiladas por la OIT y en datos extraídos de publicaciones sobre esta cuestión. Además, se obtuvo una información valiosa de los Estados Miembros de la OIT, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de las instituciones de investigación, así como de las oficinas regionales y de zona de la OIT y de los equipos multidisciplinarios. El informe fue preparado por Claude Duchemin, Brian J. Mallet y Linda Wirth, del Servicio de Empleados y de Trabajadores Intelectuales del Departamento de Actividades Sectoriales de la OIT.
El informe se publica bajo la autoridad de la Oficina Internacional del Trabajo.
1. OIT: informe de la Reunión paritaria sobre el empleo y las condiciones de trabajo en los servicios de suministro de agua, gas y electricidad, Ginebra, 1987, conclusiones, párrafo 5.
2. Ibíd., párrafo 7.
1. La privatización y reestructuración
1 .de los servicios de suministro
1 .de agua, gas y electricidad:
1 .un fenómeno mundial
Pese a la opinión muy difundida de que tradicionalmente el Estado ha proporcionado los grandes servicios de infraestructura, con escasa o ninguna participación del sector privado, existen de hecho numerosos casos que dan cuenta de la función histórica desempeñada por las empresas privadas en el sector de los servicios públicos(1). En Francia, en donde la técnica de concesión de licencias para el abastecimiento de agua era una práctica corriente en el siglo XIX, la Compagnie Générale des Eaux se creó en 1853, seguida por la Société Lyonnaise des Eaux en 1888. Asimismo, en el siglo XIX se otorgaron concesiones privadas para el abastecimiento de agua en muchas ciudades europeas, entre otras, Berlín en 1856 y Barcelona en 1867 (la Sociedad General de Aguas de Barcelona se creó en Liege en 1867, y en 1991 un grupo de empresarios catalanes la compró a Lyonnaise des Eaux). En Marruecos, el sistema de distribución del agua fue desarrollado por la empresa privada en torno a 1914, aunque después de la independencia del país, no se renovaron las concesiones que se habían otorgado a los empresarios franceses. Sin embargo, una empresa privada sigue suministrando a Casablanca una gran proporción del volumen de abastecimiento de agua gracias a una concesión otorgada en 1949 por un período de 50 años.
Ejemplos similares pueden encontrarse en los sectores del gas y de la electricidad. En 1818, la ciudad de Bruselas otorgó una concesión a una empresa privada para construir el primer sistema de alumbrado público a gas en Europa continental. La invención del generador y de la bombilla así como la introducción de la corriente alterna a finales del decenio de 1880, contribuyeron a la expansión de concesiones para el alumbrado público, tranvías y troles y distribución de la energía eléctrica, tanto en Europa como en los Estados Unidos. En varios países, algunas empresas privadas de tranvías que habían adoptado la energía eléctrica en el decenio de 1880, aprovecharon las redes existentes para licitar por las concesiones de alumbrado y más tarde por las de distribución de energía eléctrica, y de esta forma se convirtieron en las precursoras de la industria de la energía eléctrica. En muchos países, entre otros, en Argentina, Brasil, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Venezuela, las empresas eléctricas establecidas en el siglo XIX eran en un principio de propiedad privada y en muchos casos continúan siéndolo en buena parte. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo, sin embargo, una amplia nacionalización y/o municipalización de servicios públicos de propiedad privada con el rápido crecimiento de las naciones de reciente independencia y para satisfacer las expectativas de servicios universales eficaces a precios razonables.
Más tarde, en los decenios de 1980 y 1990, se promovió la privatización como un instrumento de la política fiscal que da lugar a una disminución del papel del Estado y al otorgamiento de concesiones a largo plazo por las autoridades públicas a empresas privadas y, cada vez más, a empresas multinacionales. En Argentina y en el Reino Unido, por mencionar sólo dos casos bien documentados, los acontecimientos han dado un giro en redondo para volver al punto de partida: las empresas eléctricas que en un principio eran de propiedad privada y que posteriormente fueron nacionalizadas han vuelto a pasar a manos del sector privado.
Estas tendencias han coincidido con el reconocimiento de importantes necesidades de inversión en estos sectores por razones diversas: deterioro de las viejas redes, demanda de normas ambientales y sociales más elevadas, incremento de la demanda de energía como resultado del crecimiento económico y la infraestructura requerida por las economías en desarrollo para satisfacer las necesidades sociales y comerciales. Además, las agrupaciones económicas regionales tales como la UE o el MERCOSUR y los avances tecnológicos, hicieron factible y deseable el desarrollo de la energía como un producto internacional comerciable.
Tras esta reseña histórica, es de notar que durante la última década, a raíz de la mundialización y de la apertura económica, la privatización se ha acelerado y expandido en todo el mundo a un ritmo que no puede calificarse sino de extraordinario. Sin embargo, el sector público sigue siendo un actor fundamental y existen muchos ejemplos de reestructuración en el seno de las empresas de servicios públicos.
1.1. La revolución de la privatización
Más de 100 países en todos los continentes han emprendido en los últimos años proyectos para privatizar o reestructurar sus empresas estatales, entre ellos, Argentina, Chile y México en América Latina; Filipinas, Malasia y Pakistán en Asia; Francia y el Reino Unido en Europa occidental y los países en transición de Europa central y oriental; así como Côte d'Ivoire, Nigeria y Togo en Africa. Algunos países industrializados, entre otros, Nueva Zelandia y el Reino Unido y varios países en desarrollo tales como Argentina y México han emprendido programas de privatización radicales y ambiciosos tanto por su magnitud como por su alcance.
El proceso ha afectado a todos los sectores económicos, y prácticamente todas las grandes transacciones de los últimos años se han producido en los llamados sectores «estratégicos», en particular en el sector de los servicios públicos; los monopolios nacionales y locales se disuelven en unidades más pequeñas, se introduce la competencia en la generación y suministro de energía, se establecen sistemas de intercambio de electricidad, las grandes compañías de gas y de petróleo se expanden para incluir servicios de energía y las empresas que ofrecen servicios múltiples permiten a los consumidores pagar una sola factura a una única empresa por una amplia gama de servicios que abarcan la electricidad, el gas, el agua y las telecomunicaciones. Así, el servicio de abastecimiento de agua en Newcastle, Reino Unido, lo suministra una filial del mismo grupo que gestiona el abastecimiento de agua y los servicios de alcantarillado de Buenos Aires, la Lyonnaise des Eaux, compañía francesa que es también la principal empresa constructora de carreteras en la República Checa, mientras que el suministro de agua en Gdansk, Polonia, y el suministro de agua y de electricidad en Côte d'Ivoire los proporciona la misma empresa constructora francesa, Bouygues, que también participó en la financiación de la película El Piano, premiada con un Oscar(2).
A fines del decenio de 1980, las ventas de empresas estatales en todo el mundo, desde los servicios de suministro de electricidad y ferrocarriles hasta los centros de enseñanza y prisiones, habían ascendido a un monto total de aproximadamente 185.000 millones de dólares. La mayor venta única tuvo lugar en el Reino Unido, en donde se pagaron más de 10.000 millones de dólares por 12 compañías eléctricas regionales. Muchos otros países adoptaron políticas similares, a veces simplemente por principios políticos y económicos o bien para obtener ingresos o para cumplir los requisitos impuestos por los programas de ajuste estructural, mientras que varios países en transición en Europa central y oriental han abrazado la filosofía de la privatización como medio para lograr el cambio sistémico.
Sin embargo, si bien la reestructuración y privatización de los servicios públicos se ha convertido ahora en una de las principales prioridades para muchos países, estas tendencias, que a menudo van unidas a la «internacionalización» o, en este contexto, a la transferencia de competencias, no se producen de forma aislada, ni tampoco es algo que los gobiernos deseen necesariamente que ocurra, sino que más bien es el resultado de la tendencia mundial hacia el desmantelamiento de los monopolios, las reducciones de los gastos públicos, la desreglamentación y la liberalización de los mercados, en particular por el impulso dado por el Banco Mundial, por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y por la Unión Europea. La mejora de la infraestructura existente y de la prestación de servicios en el sector de los servicios públicos es esencial para el rendimiento de las empresas y para la mejora de los niveles de vida, de ahí la importancia que se atribuye actualmente al aumento de la eficacia y al servicio universal. Sin embargo, la mera magnitud de la revolución de la privatización plantea enormes dificultades a los gobiernos, especialmente en los países en desarrollo y en las economías en transición, que tienen poca experiencia en tratar con empresas internacionales privadas activas en el sector de los servicios públicos o los problemas que plantea la conciliación de una garantía de acceso universal con el control de normas aceptables de seguridad, calidad y prestación de servicios.
1.2. Métodos de privatización y de reestructuración
Actualmente la privatización y la reestructuración se consideran de forma generalizada como importantes instrumentos de la política gubernamental para crear condiciones propicias que favorezcan el crecimiento económico y para redefinir la función del Estado. Asimismo, son procesos que entrañan importantes consecuencias sociales y laborales.
Un importante volumen de material bibliográfico ya ha documentado muchas de las principales características de los procesos de privatización y reestructuración (véase gráfico 1.1) que han ido aparejados a los programas de ajuste estructural introducidos desde el decenio de 1980(3).
En lo que atañe a los servicios públicos, existe una gran diversidad de modalidades de privatización y reestructuración, que van desde una retirada mínima a una retirada total del Estado. Por otra parte, a menudo la reestructuración precede a la privatización, pues su objetivo es hacer que las empresas sean más atractivas para los posibles compradores u operadores. Por un lado el Estado conserva la propiedad y la explotación del servicio, y opta por la reestructuración introduciendo modificaciones en la estructura, la organización del trabajo y la estrategia de los recursos humanos, que a menudo adopta de los modelos de gestión y de organización de la empresa privada. Muchos municipios de los Estados Unidos y del Canadá se han inclinado por esta opción para el abastecimiento del agua, aunque es menos corriente en el caso de la electricidad y todavía menos en el caso del gas. En lo que respecta a las distintas fases de la industria, en general el sector privado parece estar menos presente en la fase de distribución que en la de producción y transmisión.
En el caso de retiro mínimo del Estado, existen muchos ejemplos de privatización de la gestión, mediante la transformación de las empresas públicas en entidades jurídicas sujetas a la ley de sociedades y la comercialización, así como una fuerte descentralización a nivel provincial y local. No obstante, es indispensable cerciorarse de que estos niveles tienen realmente la capacidad para explotar, mantener y desarrollar las redes de servicios públicos, y de que lo pueden llevar a cabo de forma más eficaz que los organismos centralizados.
Otros sistemas prevén la contratación externa de todas o algunas de las actividades, en virtud de los cuales los gobiernos conservan por ejemplo atribuciones en la gestión de la empresa, mientras que los contratos y concesiones confieren a los promotores privados la plena responsabilidad de la gestión y de la inversión. La privatización de la financiación, mediante los sistemas CPOT (construcción - propiedad - operación - transparencia) y CPO (construcción - propiedad - operación) y variantes de los mismos, constituyen quizás las opciones que más rápidamente se están extendiendo en la actualidad en el ámbito de los servicios públicos.
En último lugar en la gama de posibilidades existe la transferencia parcial o total de la propiedad, mediante la venta parcial o total de acciones al sector privado nacional o a empresas internacionales públicas o privadas (véase gráfico 1.1).
Cabe señalar que el desarrollo de formas internacionales y liberalizadas de suministro de energía a veces ha convergido y otras veces ha divergido de la privatización. En algunos casos, por ejemplo en el Reino Unido, los imperativos políticos dieron lugar a la creación de monopolios privados en todos los niveles, en los sectores de la electricidad, el gas y el agua. En otros casos, como por ejemplo en el mercado escandinavo de la electricidad, la liberalización ha dado lugar a la internacionalización de fuertes empresas estatales.
Si bien los términos «privatización» y «reestructuración» se consideran a menudo como un todo que forma parte del mismo proceso, la reestructuración (transformaciones industriales y de organización y sus consecuencias en el ámbito social y laboral) puede darse con o sin privatización. Algunos países han desagregado la producción, transmisión y distribución sin proceder a la privatización o antes de proceder a la misma; por ejemplo, la red de suministro de electricidad sigue siendo un monopolio de propiedad pública en la mayor parte de los países. Asimismo, la reestructuración puede revestir la forma de descentralización al nivel municipal de las antiguas empresas estatales y regionales, como en el caso de las empresas de abastecimiento de agua en los países de transición de Europa central y oriental, muy pocas de las cuales han sido privatizadas. De igual modo, las empresas privadas también pueden intervenir para invertir la tendencia de anteriores formas de reestructuración, como en el caso de Suecia, en donde las empresas generadoras de energía eléctrica han absorbido a las distribuidoras de electricidad para garantizar salidas de mercado a la energía que producen. En el Reino Unido, la reciente adquisición por parte de la empresa generadora de energía eléctrica PowerGen de la distribuidora de electricidad East Midlands, constituyó de hecho una fusión de dos componentes que formaban parte de un antiguo sistema estatal dividido por la privatización.
Sin embargo, actualmente existe un amplio consenso en que la privatización y la reestructuración no producen los mismos resultados en todas partes, y en que su concepción y aplicación exigen una importante elaboración y consulta. Los procesos no siempre dan lugar a una mayor competencia, a una mayor eficacia ni a actividades más rentables, y se deben desarrollar dentro del contexto más amplio de las reformas del mercado, teniendo en cuenta las normas de buena gestión, independientemente de la estructura de la propiedad, y considerando la competencia como una importante fuente de disciplina administrativa.
En el caso de servicios públicos estratégicos, es necesario establecer un equilibrio entre actividades económicas rentables y la prestación de servicios baratos, fiables, de buena calidad y ampliamente accesibles. Esto supone que han de crearse los dispositivos necesarios para supervisar, seguir de cerca y regular el proceso de privatización conforme a una gran diversidad de criterios, en particular consideraciones de tipo social, ambiental y económico.
1.3. Naturaleza y alcance de los datos
Si bien una serie de organismos, entre ellos, el Banco Mundial, el BERD y la UNCTAD siguen de cerca los progresos de la privatización y de la reforma del sector público, y se han recopilado una gran cantidad de datos sobre la incidencia de la privatización y de la reestructuración en los resultados económicos (en lo que respecta al incremento de la inversión, aumento de la productividad, crecimiento a muy largo plazo y diversificación económica), sigue sin disponerse de metodologías precisas y transparentes que establezcan un panorama claro de los beneficios y costos de los distintos procesos en marcha y de medidas para tratar de encontrar soluciones alternativas. Del mismo modo, si bien se ha prestado atención a las consecuencias para los consumidores de servicios de interés general, y a la reacción de éstos, hasta hace poco apenas se ha hecho hincapié en los métodos para documentar y solucionar las diversas repercusiones sociales y laborales que entrañan estos procesos, en particular en lo que respecta al empleo, al desarrollo de recursos humanos, la remuneración y relaciones laborales, o en la forma en que la fuerza de trabajo puede influir en el proceso de reestructuración y de privatización. Aunque estas industrias normalmente no representan más del 2 por ciento del total de la fuerza de trabajo nacional, con una escasa presencia de la mujer (excepto en puestos administrativos), los niveles de empleo y las condiciones de trabajo en los servicios públicos tienen repercusiones proporcionalmente mucho más amplias, dado que las oportunidades de empleo en otros sectores dependen de un buen suministro del agua, del gas y de la electricidad. El credo de los servicios públicos tradicionales garantizaba la existencia de muchos elementos comunes entre el «empleador» y el «empleado», que actualmente están siendo objeto de presiones nuevas y encontradas al tiempo que la administración y los accionistas de los servicios públicos privatizados tratan de aumentar al máximo los beneficios, incrementar los dividendos y mantener bajos los costos.
1.4. La privatización de los servicios públicos
Por razones que obedecen a las características del servicio público y del monopolio natural de las industrias de suministro de agua, electricidad y gas, cuya propiedad y explotación se ha considerado tradicionalmente que revestían una importancia estratégica para los gobiernos(4), la privatización se produjo más tarde y de forma más lenta en estas industrias, aunque esto no impidió que se adoptaran medidas previas de reestructuración, incluida la descentralización de las actividades del nivel central a los niveles locales y comunitarios, la separación vertical de las actividades que tienen lugar en la fase de producción y las que se desarrollan en fases ulteriores, y la separación de la producción, el transporte y la distribución, etc. Generalmente la privatización en el caso del agua ha sido menos corriente, de menor alcance y la más reglamentada, mientras que el gas, el menos esencial de los tres servicios públicos, ha sido el que ha planteado menos controversias. Sin embargo, en todos los casos el Estado sigue siendo el último responsable del suministro de agua, gas y electricidad y de la creación de un entorno favorable sujeto a determinadas normas y reglamentos.
Desde que se inició el programa de privatización en el Reino Unido en el decenio de 1980, el proceso se ha extendido a todo el mundo y ha pasado de los sectores industriales, comerciales y financieros a los servicios de infraestructura y municipales. El valor mundial de estas transacciones, que en 1988 se situaba en 2.500 millones de dólares, aumentó a más de 23.000 millones de dólares en 1992(5). Sin embargo, la tendencia no siempre ha sido uniforme. Mientras que varios países industrializados (Reino Unido, Nueva Zelandia) y una serie de países en desarrollo con un sentido muy desarrollado de la propiedad privada y una filosofía de economía liberal (Argentina, Chile, Malasia y México) privatizaron pronto la infraestructura fundamental, otro grupo de países, entre ellos los países en transición, los países en desarrollo más pobres y los países industrializados con políticas económicas nacionalistas o estatistas(6) orientaron sus iniciativas de privatización hacia otros sectores. Sin embargo, en algunos países, muchos grandes servicios de infraestructura han estado siempre en manos privadas, como en el caso de los Estados Unidos [con excepción de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento (a menudo gestionados por empresas municipales), algunos servicios eléctricos y ferrocarriles].
Aunque se continúa debatiendo si los servicios públicos deberían ser de propiedad estatal o de propiedad privada, es evidente que la experiencia de la privatización en Inglaterra y en Gales ha sido examinada de forma crítica por el sector del agua en todo el mundo ya que las autoridades responsables de este sector tratan de introducir la financiación y gestión del sector privado en sus inversiones de capital y actividades. Los gobiernos y autoridades en los Estados Unidos, Europa y el mundo en desarrollo que están considerando la posibilidad de privatizar sus propios servicios de suministro de agua pueden aprender mucho de la experiencia del Reino Unido (aunque el modelo francés de abastecimiento de agua podría ser una fuente de inspiración más apropiada para muchos países)(7). Los servicios públicos en el Reino Unido están atravesando un período de creciente competencia y de reducción de los precios, y se están ampliando las facultades de los organismos reguladores y de los organismos de vigilancia independientes para hacer frente a las prácticas contrarias a la libre competencia. Conforme a la nueva legislación, los accionistas de las empresas de servicios públicos en el Reino Unido estarán obligados a compartir una mayor proporción de los beneficios que obtengan con los consumidores de dichos servicios, y se prohíben los acuerdos contrarios a la libre competencia, tales como la fijación de precios, los carteles de repartición del mercado o la venta con pérdida. Las empresas que hagan un uso abusivo de su posición dominante en el mercado podrán estar sujetas al pago de multas cuyo monto puede ascender a un 10 por ciento de su volumen de negocios.
Una segunda característica importante ha sido la creciente actividad y propiedad transnacional de las empresas de servicios públicos, con la apertura de los mercados nacionales de servicios públicos a la competencia internacional, como en el caso del suministro de electricidad en la Unión Europea. En el sector de la electricidad, el valor anual mundial de las adquisiciones transnacionales aumentó aproximadamente de 1.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares en la década comprendida entre 1985 y 1995(8).
La privatización de los servicios de infraestructura, tales como las empresas de servicios públicos, telecomunicaciones y transporte, plantea problemas especiales que requieren métodos y técnicas específicos, en la medida en que normalmente se considera (o se consideraba) que tienen características propias del monopolio que inevitablemente las vincula a la empresa pública que las dominaba. Estas cuestiones se refieren a temas tales como la elección de medidas previas de reestructuración e instrumentos de privatización, restricciones constitucionales y legislativas, la desagregación de los sectores de infraestructura y su ordenación, la utilización de criterios o pautas de competencia como instrumento regulador, organismos de reglamentación y sus atribuciones, nuevas tecnologías y la aparición de una industria mundial para los servicios de infraestructura.
1.5.1. Europa
La privatización basada en el modelo del Reino Unido (privatización rápida y extensiva, con el establecimiento de una entidad reguladora especializada en cada subsector) no se ha aplicado en ninguna otra parte en Europa en los servicios de suministro de agua, gas o electricidad. Por otra parte, la privatización del suministro de agua suele ser menos importante de lo que a menudo se piensa (gráfico 1.2). En Europa occidental sólo el Reino Unido y Francia tienen servicios de abastecimiento de agua predominantemente privados, y existen grandes diferencias entre los dos países; en España, aproximadamente un tercio de los servicios de abastecimiento de agua están privatizados (como en Francia, algunas concesiones se remontan a principios de siglo) y aunque existe un número reducido de concesiones de privatización de los servicios de abastecimiento del agua en Italia, en los últimos cinco años la privatización en este país no ha avanzado de forma significativa. En los demás países, el sector está fundamentalmente dirigido por organismos del sector público.
En los países en transición de Europa oriental y central, varias ciudades importantes en la República Checa y Hungría han establecido empresas semiprivadas, en régimen de concesión, en los servicios de suministro de agua; sin embargo, ha habido una tendencia más marcada hacia la descentralización, como parte de una reforma política más amplia, y las responsabilidades de los antiguos organismos estatales y regionales se han transferido a las municipalidades. La creación de empresas múltiples a nivel municipal no siempre ha resultado en una mayor eficacia, aunque se ha sostenido que la insuficiente capacidad financiera y de infraestructura a nivel municipal podría servir de acicate para proceder a una mayor privatización.
En el sector de la electricidad, se están aplicando algunas modalidades complejas, aunque los servicios de propiedad pública siguen desempeñando una importante función (véanse cuadros 1.1 y 1.2). En Portugal, hasta principios del decenio de 1990, la electricidad estaba a cargo de una empresa pública integrada verticalmente que tenía el monopolio legal y de facto sobre la producción, transmisión, distribución y suministro. Durante un período que constó de tres fases, la empresa se transformó primero en una sociedad limitada de propiedad del Estado, regida por el derecho privado, que a su vez se dividió en 1994-1995 en una serie de empresas independientes (una empresa de producción, una empresa de transmisión y cuatro empresas de distribución; se establecieron otras empresas para los servicios y actividades que tenían lugar fuera del país). El sistema eléctrico nacional es por tanto una combinación de dos sistemas, uno público y el otro independiente. El sistema público conserva sus obligaciones de suministro y equiparación de tarifas, pero la estructura general fomenta la transparencia y el desarrollo de la competencia.
Cuadro 1.1. Propiedad de la industria de la electricidad y del gas en la Unión Europea, 1997
(M=municipal; P=privada; E=estatal)
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País |
Generación
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Transmisión
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Distribución
|
Transmisión
|
Distribución
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Alemania |
P |
P |
M |
P |
M |
|
Austria |
E/M |
E |
M |
E |
M |
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Bélgica |
P |
P |
P/M |
E/P |
P/M |
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Dinamarca |
M |
E/M |
M/P |
E |
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|
España |
E/P |
E |
E/P |
E/P |
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Finlandia |
E/P |
E/P |
M/P |
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Francia |
E |
E |
E |
E |
E |
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Grecia |
E |
E |
E |
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Irlanda |
E |
E |
E |
E |
E |
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Italia |
E |
E |
E |
E |
M |
|
Noruega |
E/P |
E |
M |
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Países Bajos |
E |
E |
M |
E/P |
M |
|
Portugal |
E/P |
E |
E |
E |
E |
|
Reino Unido |
P |
P |
P |
P |
P |
|
Suecia |
E/P |
E |
M/P |
E |
P/M |
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Fuentes: Diversas, base de datos del PSPRU. | |||||
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Algunas empresas de producción estatales, tales como Electricité de France (EDF), Vattenfall (Suecia) e IVO (Finlandia), han internacionalizado con éxito sus actividades. En Escandinavia, las empresas más prósperas son las empresas estatales generadoras; la distribución está principalmente a cargo de empresas controladas por los municipios. En Noruega, el 85 por ciento de la capacidad de generación de energía eléctrica es propiedad de los municipios, de la corporación de gobierno a nivel de condado y del Estado. La reestructuración del sector de la electricidad comenzó en 1991, con la promulgación de una ley de liberalización del mercado de la electricidad. Sin embargo, apenas si se ha procedido a la privatización en sentido estricto y se ha dado prioridad a la introducción de técnicas de mercado (al permitir que los consumidores puedan elegir libremente a sus propios proveedores)(10).
De nuevo, la situación en el Reino Unido es única, dado que ha privatizado toda su industria eléctrica y la mayor parte de la distribución ha pasado a manos de empresas estadounidenses.
Cuadro 1.2. Actividades de empresas internacionales en el sector de la energía en Europa
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Empresa |
País de origen |
Propiedad estatal (%) |
Europa occidental |
CEE |
Otras regiones |
Otros sectores |
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AEP |
Estados Unidos |
Reino Unido |
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|
AES |
Estados Unidos |
Reino Unido |
Hungría |
América Latina, Asia |
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|
British Gas |
Reino Unido |
Italia |
República Checa, Polonia |
América Latina |
||
|
Calenergy |
Estados Unidos |
Reino Unido |
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|
CEZ |
República Checa |
67 |
Eslovaquia |
Asia |
Telecomunicaciones | |
|
Cinergy |
Estados Unidos |
Reino Unido |
||||
|
CSW |
Estados Unidos |
Reino Unido |
||||
|
Dominion |
Estados Unidos |
Reino Unido |
||||
|
Edison |
Estados Unidos |
Reino Unido |
América Latina |
Vivienda | ||
|
Electricité de France (EDF) |
Francia |
100 |
Austria, España, Italia, Portugal, Suecia, Suiza |
Bulgaria, República Checa, Eslovaquia,Hungría, Polonia, Federación de Rusia, Ucrania |
Africa, América Latina, Asia |
Agua, gestión de desechos |
|
Endesa |
España |
75 |
Francia, Portugal |
Africa, América Latina |
Agua, desechos, Telecomunicaciones | |
|
ENI-SNAM-Italgas |
Italia |
100 |
Hungría, Eslovenia |
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|
Enron |
Estados Unidos |
Polonia |
||||
|
Entergy |
Estados Unidos |
Reino Unido |
República Checa |
América Latina |
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|
Gaz de France (GDF) |
Francia |
100 |
España |
Hungría, Romania, Eslovaquia |
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|
Gazprom |
Federación de Rusia |
40 |
Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Italia, Reino Unido |
Belarús, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Moldova, Polonia, Ucrania |
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|
GPU |
Estados Unidos |
Reino Unido |
||||
|
Hyder |
Reino Unido |
Reino Unido |
Agua, construcción | |||
|
Imatran Voima Oy (IVO) |
Finlandia |
97 |
Suecia, Reino Unido |
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia |
Asia |
|
|
NRG |
Estados Unidos |
República Checa, Estonia |
||||
|
Pacificorp |
Estados Unidos |
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Powergen |
Reino Unido |
Alemania, Portugal |
Hungría |
Asia |
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|
PS Colorado |
Estados Unidos |
Reino Unido |
||||
|
Ruhrgas |
Alemania |
Estonia, República Checa, Hungría, Letonia |
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|
RWE |
Alemania |
España, Suiza |
República Checa, Hungría, Polonia |
Telecomu-nicaciones, agua, gestión de desechos | ||
|
Southern Company |
Estados Unidos |
Reino Unido |
América Latina |
|||
|
Tractebel (actualmente el 50% pertenece a Lyonnaise des Eaux) |
Bélgica |
Alemania, España, Italia, Portugal, Reino Unido |
Hungría |
América del Norte, América Latina, Asia |
Telecomu-nicaciones, gestión de desechos | |
|
United Utilities |
Reino Unido |
Reino Unido |
América del Norte |
Agua | ||
|
Vattenfall |
Suecia |
100 |
Alemania, Finlandia, Noruega |
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia |
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|
Veba-Preussenele-ktra |
Alemania |
Suecia |
Telecomu-nicaciones | |||
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Viag-Bayernwerk |
Alemania |
Austria |
República Checa, Eslovaquia, Hungría |
Telecomu-nicaciones | ||
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Fuente: L. de Luca (publicado bajo la dirección de): Labour and social dimensions of privatization and restructuring, op. cit., pág. 151. | ||||||
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En los países en transición, se han emprendido importantes proyectos de privatización (tanto en la generación como en la distribución) en Hungría, que ha ido más lejos que otros países en el proceso de privatización, y en la República Checa, y existen algunos productores de energía independientes en estos países y en Polonia, en donde se promulgó una nueva ley de energía en 1997. Como ocurre con el agua, existe también una tendencia hacia la descentralización de la distribución de la electricidad al ámbito local.
En el sector del gas, la compañía de gas rusa Gazprom, parcialmente privatizada, y que produce aproximadamente un tercio del gas natural mundial, está procurando activamente ampliar su red a través del continente mediante empresas conjuntas. Ruhrgas, la mayor empresa alemana de distribución de gas, anunció recientemente la concertación de una «alianza estratégica» a largo plazo con Gazprom, al firmar contratos para el suministro anual de hasta 13.000 millones de metros cúbicos de gas natural ruso a partir del año 2008(11). Ruhrgas y Gazprom están también intensificando la cooperación en la transmisión de gas ruso a través de Alemania, que podría dar lugar a la construcción de nuevos gasoductos. Asimismo, se espera que Gazprom consolide sus alianzas estratégicas con Royal Dutch Shell y ENI de Italia. Sin embargo, ha habido una cierta resistencia política en el caso de los países de la antigua Unión Soviética, que están tratando de encontrar suministros alternativos.
1.5.2. Política europea para la liberalización
1.5.2. de los servicios públicos de distribución
1.5.2. de gas y de electricidad
Desde el último informe de la OIT de 1987, uno de los principales acontecimientos en el sector de la distribución del gas y de la electricidad ha sido la aparición gradual en los Estados miembros de la Unión Europea de una política europea para la liberalización de estos sectores, con miras a establecer un «mercado interior de energía liberalizado». El principal objetivo de la Comisión Europea en el establecimiento del mercado interior de la energía ha sido mostrar cómo una mayor integración de los mercados de energía nacionales haría disminuir los costos de explotación, reduciría los precios e incrementaría la competitividad. Un mercado comunitario sin fronteras internas proporcionaría un suministro de energía más flexible y diversificado y contribuiría a garantizar la seguridad del suministro para la comunidad en su conjunto. Según la Comisión Europea(12), una mayor competencia también daría lugar a una reducción de las tarifas para los consumidores de energía, que de esta forma obtendrían una ventaja competitiva en su producción. En 1997, los precios de la electricidad y del gas en Europa eran, por término medio, un 40 por ciento superiores a los de los Estados Unidos.
El 29 de junio de 1990 se adoptó una directiva del Consejo relativa a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores finales de gas y de electricidad(13). Las empresas suministradoras de gas y electricidad deben comunicar dos veces al año a la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas los precios que aplican a todas las categorías de consumidores. Las cifras publicadas durante el decenio de 1990 hasta la fecha reflejan importantes diferencias en las condiciones del suministro de gas y de electricidad para los consumidores industriales en los diferentes Estados miembros, e incluso dentro del mismo país, puesto que los mercados están cerrados.
Las directivas de la Comunidad relativas al tránsito de electricidad y de gas(14) están concebidas para aumentar al máximo y facilitar los intercambios de electricidad y de gas entre países no vecinos. En realidad, este intercambio sólo ha sido posible entre redes monopolísticas públicas y distribuidores y no entre consumidores de un Estado miembro y productores de otro Estado.
Hasta 1996, estas dos directivas constituían la primera fase de la liberalización de la energía. Una fase más ambiciosa incluía últimamente el establecimiento de un calendario específico para la liberalización.
Electricidad
La cooperación entre los sistemas eléctricos, que se ha reforzado mediante las dos directivas mencionadas, había llevado ya en el decenio de 1950 a una interconexión gradual de redes y al desarrollo del comercio en el sector de la electricidad en Europa. Se observaron importantes diferencias de precios de la electricidad dentro de Europa. Fue gracias a las directivas relativas a la apertura gradual a la competencia que se configuró el mercado de electricidad europeo a finales del decenio de 1990. Las privatizaciones que tuvieron lugar en diversos países en este sector son una consecuencia de la desaparición o de la reestructuración de los monopolios nacionales de producción, transporte y distribución.
Tras nueve años de negociaciones, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el 19 de diciembre de 1996 una directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(15). La directiva prevé la apertura gradual del mercado de la electricidad en un período de seis años.
La primera fase de este proceso, que debería ultimarse antes de principios de 1999, requiere que cada Estado miembro garantice la apertura de sus mercados en una proporción correspondiente a su cuota de consumo comunitario representada por los consumidores finales que consuman más de 40 GWh al año (por lugar de consumo) en 1997. Este umbral se reducirá gradualmente a un nivel de 9 GWh de consumo eléctrico anual seis años después de la entrada en vigor de la directiva. Más concretamente, conforme a la directiva sobre la electricidad, los Estados miembros de la Unión Europea tendrán de plazo hasta febrero de 1999 para abrir a la competencia un 25 por ciento como mínimo de sus mercados de la electricidad, que es lo que representan los principales usuarios de energía. Este mínimo aumentará al 28 por ciento en febrero del año 2000 y al 33 por ciento en el año 2003. La Comisión Europea propondrá seguidamente una apertura adicional por la puesta en vigor en el año noveno(16).
En realidad la liberalización del mercado de la electricidad se ha producido de forma mucho más rápida de lo previsto por la directiva. De acuerdo con la Comisión Europea, la directiva podría suponer una apertura media de más del 50 por ciento del mercado a partir de 1999. Las cifras presentadas a Bruselas por un grupo de trabajo de expertos de la energía procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea muestran que Alemania, Finlandia y Suecia permiten ya (en 1998) que el 100 por ciento de los consumidores de energía puedan elegir libremente a las empresas de suministro de electricidad que ofrezcan más ventajas y se preveía que la liberalización en el Reino Unido alcanzaría el 100 por ciento en 1998(17).
El principal aspecto de la directiva se refiere a la liberalización de la producción de electricidad y al acceso de terceros al mercado, que permitiría que determinados compradores de electricidad sacaran partido de la competencia por los precios fijados entre los productores. Esta liberalización gradual no entraña necesariamente la privatización de las empresas explotadoras, dado que la legislación europea es neutral en cuanto a la propiedad pública o privada de las empresas. Sin embargo, sí alienta la privatización de la producción.
En lo que respecta a los métodos utilizados para la apertura del mercado, la directiva propone la alternativa siguiente: el acceso directo de terceros (clientes, suministradores) a la infraestructura de transporte y distribución, o el acceso al mercado a través del titular de la red, que se convierte en comprador y único revendedor de la electricidad.
Incumbirá a los Estados miembros decidir las categorías de compradores que, conforme a la directiva, podrán elegir a un suministrador (clientes «cualificados»). La directiva estipula que los grandes clientes que consuman más de 100 GWh anuales deben estar incluidos en dicha categoría, así como las empresas distribuidoras para el volumen de electricidad consumido en el marco de su red de distribución por otros clientes cualificados. Asimismo, la directiva estipula que los distribuidores podrán comprar electricidad a otros proveedores para suministrar a sus propios clientes designados como cualificados.
En comparación con otras «directivas de desreglamentación» que se han introducido en otros sectores, una de las características más originales de esta directiva es el papel desempeñado por el concepto de servicio público(18). Conforme a lo estipulado en el párrafo 2) del artículo 3 de la directiva, «Los Estados miembros podrán imponer a las compañías de electricidad obligaciones de servicio público de interés económico general, que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad de abastecimiento, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente... Como medio de cumplir con las mencionadas obligaciones de servicio público, los Estados miembros que así lo desean podrán establecer una planificación a largo plazo». Al mencionar la seguridad de abastecimiento, la protección del medio ambiente y la planificación, la directiva no restringe el interés económico general al concepto de «servicio universal», como en el caso de otros servicios de interés económico general como por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones(19).
Cabe señalar que los sindicatos europeos de los sectores del gas y de la electricidad, organizados en la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, rama europea de la Internacional de Servicios Públicos), se opusieron a las primeras propuestas de la Comisión Europea. Se consideró que las propuestas propugnaban una completa liberalización. Las protestas de los sindicatos se centraron en la falta de consideración por los efectos sobre el empleo y en los peligros para las estructuras nacionales establecidas, los servicios públicos y el medio ambiente. Asimismo, los sindicatos solicitaron el establecimiento de estructuras para que los empleadores y los sindicatos pudieran reunirse a nivel europeo. La EPSU organizó manifestaciones en Luxemburgo (1995), Boloña (1996) y La Haya (1997) y también se llevaron a cabo manifestaciones y se expresó cierta oposición a nivel nacional. Como resultado de estas presiones, el Parlamento Europeo modificó considerablemente las propuestas de la Comisión y reforzó las obligaciones de los servicios públicos. En noviembre de 1996 se creó un comité consultivo europeo de la energía destinado a asesorar a la Comisión Europea. Los sindicatos forman parte de este comité y tienen la vicepresidencia. En 1995 se inició un proceso de diálogo social con EURELECTRIC, Organización Europea para las Empresas de Energía Eléctrica. Ambas partes examinaron la evolución en la seguridad y la salud y la incidencia de la reestructuración en el empleo y la igualdad.
Gas
Un año después de la adopción de la directiva sobre la electricidad, el Consejo de Ministros de la Energía convino, el 8 de diciembre de 1997, en la propuesta de una directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. En este sector también se prefirió adoptar un enfoque progresivo y prudente. La propuesta establece normas comunes para la transmisión, distribución, suministro y almacenamiento del gas natural; reglamenta el acceso al mercado y el funcionamiento de los sistemas y determina los criterios y procedimientos aplicables para la concesión de licencias para la construcción y explotación de instalaciones de gas.
Por término medio, en lo que respecta a la comunidad, la apertura de los mercados nacionales se situará en torno al 30 por ciento del consumo anual de gas, con un mínimo del 20 por ciento; este porcentaje mínimo se incrementará al 28 por ciento después de cinco años y al 33 por ciento después de diez años. De igual modo, se ampliará gradualmente la categoría de clientes cualificados (esto es, empresas que tienen la capacidad jurídica de celebrar contratos nacionales de suministro de gas). Cuando la directiva entre en vigor se aplicará a todos los clientes que consuman más de 25 millones de metros cúbicos de gas al año y por lugar de consumo, y esta cifra se reducirá a un consumo anual de 15 millones después de cinco años y a 5 millones después de diez años. Las centrales eléctricas a gas se consideran clientes cualificados, independientemente de su nivel de consumo anual.
En lo que respecta al acceso al sistema, los Estados miembros podrán elegir entre un acceso negociado o un acceso reglamentado, los cuales deberán aplicarse conforme a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.
La directiva propuesta prevé la distribución de gas, pero los Estados miembros pudieran no aplicar, en determinadas condiciones, algunas de sus disposiciones relativas a la distribución si pudieran poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones de servicio público. El texto estipula que en este caso los Estados miembros podrían invocar el principio de «servicio de interés general» que la Comisión deberá evaluar caso por caso. A ese respecto, el Tratado de Amsterdam que se firmó en 1997 establece un nuevo artículo 7D que hace más explícito el compromiso de la comunidad con los objetivos de interés general, al estipular que los servicios públicos deben poder funcionar en condiciones que les permitan cumplir sus cometidos de interés general.
La política de abastecimiento de agua de la Unión Europea
y cuestiones medioambientales
En el sector del suministro de agua, las preocupaciones de las autoridades de la Unión Europea obedecen, en gran medida, a consideraciones ambientales, incluido el principio de «quien contamina paga». En la actualidad, las medidas locales tienen una importancia decisiva en la evaluación y mejora de la situación del suministro de agua y corresponde a los Estados miembros y a las autoridades locales aplicar la mayor parte de las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente. Sin embargo, también se ha pedido que se establezca un organismo europeo para que las estrategias relativas al agua sean más eficaces y económicas. La Comisión también ha constituido un Grupo de Trabajo del Medio Ambiente y del Agua, cuyos tres principales objetivos son: definir las prioridades de investigación en consulta con los interlocutores sociales, reforzar la coordinación entre los programas de investigación comunitarios, nacionales y privados y promover la innovación. En su informe preliminar, publicado en 1996, el Grupo de Trabajo estableció las prioridades de investigación que se indican a continuación: la lucha contra la contaminación, el uso racional del agua, las medidas para remediar la escasez de agua y la prevención y tratamiento de las situaciones de crisis(20).
1.5.3. Africa
El proceso de privatización está actualmente en curso en unos diez países de Africa, aunque hasta la fecha no ha supuesto la transferencia de acciones o de capital, pero se ha basado en otras formas distintas de privatización (contratos - plan, contratos de arrendamiento, concesiones, etc.). En el cuadro 1.3 figuran algunos ejemplos de privatización de los servicios de agua y electricidad en Africa. Con excepción de Côte d'Ivoire, el proceso institucional comenzó a principios del decenio de 1990, cuando las actividades de gestión se transfirieron a un número reducido de operadores internacionales, que o bien competían entre sí o colaboraban en el marco de acuerdos de cooperación horizontal. Côte d'Ivoire proporcionó al continente el primer modelo de privatización: tanto en el caso del agua (1960) como en el de la electricidad (1990), el sistema se basa en una separación entre la propiedad y la gestión. La concesión del servicio de suministro de electricidad firmada en 1990 con un promotor privado encomendó a este último la tarea de restablecer el equilibrio operativo e incrementar la eficacia técnica con el fin de reducir los precios de la energía y el sistema de gestión se reestructuró completamente. La privatización del suministro de agua se inició en Guinea en 1989 mediante la concertación de un contrato de arrendamiento con un consorcio internacional privado, y en la República Centroafricana se inició en 1991 de forma similar. Se han iniciado otros proyectos de privatización en Gabón, Guinea-Bissau y Malí (para la producción y distribución del agua y de la electricidad), Senegal (suministro de agua) y Ghana (generación y distribución de la electricidad). Si bien en Malawi todavía no se ha procedido a una privatización de los servicios públicos en sentido estricto, las medidas adoptadas para transformar la Comisión de Suministro de Electricidad (ESCOM) en Sociedad Limitada de Suministro de Electricidad representa, en opinión de los sindicatos, el primer paso hacia la privatización(21). Con excepción de Marruecos (generación de electricidad, 1996), en los países del Magreb todavía no se ha procedido a la privatización de los servicios públicos. La industria del gas en los países africanos es inexistente o de propiedad pública y su gestión prácticamente no ha cambiado en la última década.
Cuadro 1.3. Ejemplos de privatizaciones de servicios públicos de suministro de agua y electricidad en Africa, a junio de 1996
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País |
Empresa y condición jurídica |
Actividad |
Tipo de contrato |
Operador internacional |
|
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República Centroafricana |
Empresa pública propietaria de activos (SNE) |
Abastecimiento de agua |
Contrato de arrendamiento de 15 años desde 1991 tras licitación internacional |
SAUR |
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Empresa privada de explotación (SODECA) |
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Côte d'Ivoire |
Instalaciones de propiedad pública y empresa privada de explotación (SODECI) |
Abastecimiento de agua |
Desde 1960, contrato de arrendamiento y renovación de la concesión cada 15 años previa negociación |
SAUR |
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Empresa pública propietaria de activos (EECI) |
Generación y distribución de electricidad |
Contrato de arrendamiento negociado en 1990 por un período de 15 años, renovable |
SAUR-EDF | |
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Empresa privada de explotación (CEI) |
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Gabón |
64 por ciento empresa pública y participaciones indirectas (SEEG) |
Producción y distribución de agua y electricidad |
Contrato de gestión firmado en 1993, previa licitación |
EDF-GQI-Lyonnaise des eaux |
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Socio privado (SOCAGI) |
Se está tramitando la evolución hacia una concesión con una participación reducida del Estado en el capital de SEEG |
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Ghana |
Empresa pública de producción (VRA) |
Generación y distribución de electricidad |
Delegación parcial de la gestión comercial por un período de 4 años desde 1994 entre ECG y operadores técnicos. Transformaciones industriales en curso |
SAUR-EDF |
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Empresa pública de distribución de electricidad (ECG y NED) |
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Guinea |
Empresa pública propietaria de activos (SONEG) |
Abastecimiento de agua |
Contrato de arrendamiento firmado a finales de 1989 por un período de 10 años y concedido tras licitación internacional |
SAUR-CGE |
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Empresa privada de explotación (SEEG) |
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Empresa propietaria de activos (ENEGGUI) |
Producción y distribución de electricidad |
Contrato de arrendamiento firmado en 1994 por un período de 10 años y concedido tras licitación internacional |
EDF-SAUR-HQI | |
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Empresa privada de explotación (SOGEL) |
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Guinea-Bissau |
Empresa pública (EAGB) y socios de gestión privados |
Producción y distribución de agua y electricidad |
Contrato de gestión. El 75 por ciento de la remuneración del socio privado está garantizado, el 25 por ciento está en función de los resultados obtenidos |
EDF-Lyonnaise des eaux |
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Malí |
Empresa pública (EDM) |
Producción y distribución de agua y electricidad |
Contrato de gestión general de 4 años |
SAUR-EDF-HQI-SOGEMA |
|
Socio de gestión privado (SHEC) |
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Marruecos |
Empresa pública (ONE) |
Generación de electricidad |
Concesión de generación por 30 años y transferencia de la propiedad al Estado cuando se ponga en marcha el proyecto Jorf Lasfar |
Consumer Michigan Services (CMS) and Asea Brown-Boveri (ABB) |
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Concesionario privado (Jorf Lasfar Energy Company) |
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Empresa pública (RAD) |
Distribución de agua y electricidad para Casablanca |
Concesión de distribución por 30 años previa licitación |
Lyonnaise des eaux-EDF-ENDESA-Agnas de Barcelona | |
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Concesionario privado (Maghrébienne des eaux) |
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Senegal |
Empresa pública propietaria de activos (SONES) |
Abastecimiento de agua |
Contrato de arrendamiento de 10 años desde 1995 tras licitación internacional |
SAUR |
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Empresa privada de explotación (SDE) |
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Fuente: L. de Luca (publicado bajo la dirección de): Labour and social dimensions of privatization and restructuring, op. cit., pág. 21. | ||||
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1.5.4. Asia-Pacífico
Los cuadros 1.4, 1.5 y 1.6 proporcionan un panorama de la privatización de los servicios públicos en la región de Asia y el Pacífico. El abastecimiento de agua, la gestión de los desechos y el alcantarillado en la región competen principalmente a las autoridades locales o a los organismos estatales. De igual modo, en todos los países asiáticos el Estado es el principal responsable de la generación y del suministro de electricidad, aunque la futura demanda prevista y la falta de infraestructura adecuada dará lugar probablemente a la aparición de un tipo de reestructuración y desreglamentación, con una creciente participación del sector privado. En Japón, la generación de electricidad se liberalizó en 1995 cuando se admitió el acceso de nuevos actores al mercado. Se autorizó a los productores de energía eléctrica a comprar la energía de otros productores independientes mediante licitación colectiva, construir instalaciones productoras de energía eléctrica y vender la electricidad en el mercado minorista. A finales de 1997, como medio de fomentar más la competencia, se formularon propuestas para ampliar el sistema de licitación, a fin de permitir a las empresas mayoristas de electricidad licitar por los suministros de centrales termoeléctricas nuevas o reconstruidas. Sin embargo, dado que Japón no cuenta con suficientes recursos energéticos, el mantenimiento de la seguridad y de los suministros del país se considera un requisito básico que no puede sacrificarse en aras de la creciente competencia(22).
La utilización de gas en la región sigue siendo desigual. Si bien Australia, Nueva Zelandia y Japón han desarrollado una infraestructura para el suministro de gas (con una importante participación del sector público en los dos primeros países), en otros países la importancia del gas como recurso energético y el limitado papel de los gobiernos en este ámbito ha dado lugar a una escasa privatización activa.
Como en otras partes, el fundamento de la privatización de los servicios públicos ha sido la necesidad de recursos adicionales para ampliar el acceso a los servicios y mejorar la calidad, como en el caso de la privatización del agua y el alcantarillado en Manila. Para varios países de la región (Bangladesh, India, Pakistán), los programas de ajuste estructural han dado un importante impulso a la privatización, junto con la desreglamentación mediante la concertación de acuerdos comerciales internacionales tales como la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC). (La política de la APEC en materia de infraestructura abarca los servicios públicos de suministro de agua, electricidad y gas, y hace especial hincapié en la competencia y en la fijación de precios basada en la totalidad de los costes.) La privatización de la gestión ha sido la forma que se ha utilizado con más frecuencia (Australia, Bangladesh, Filipinas, Nueva Zelandia, Pakistán), así como la contratación externa (Japón, Tailandia), método también utilizado en tres importantes privatizaciones de proyectos de abastecimiento de agua y tratamiento de desechos en el sur de Australia, Filipinas y Malasia. Sin embargo, la modalidad que tenderá a predominar en la próxima década es la privatización de la financiación -- la financiación privada de los proyectos de suministro de agua y electricidad, mediante acuerdos de construcción-propiedad-operación (CPO) y acuerdos de construcción-operación-transferencia (COT). En el sector de la electricidad, la nueva tendencia es de desreglamentación, de desagregación de los sistemas y servicios integrados verticalmente y, en algunos casos, de privatización parcial mediante la venta de activos.
Cuadro 1.4. Privatización del agua en la región de Asia y el Pacífico
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País |
Estructura de la industria |
Privatización |
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Australia |
Propiedad y explotación del abastecimiento del agua por los gobiernos estatales |
Transformación de las empresas públicas en entidades jurídicas sujetas a la ley de sociedades; reequilibrio de los precios en el marco de la política nacional de competencia; inversión privada en CPO y CPOT; contratación externa de algunos servicios; subcontratación del abastecimiento de agua en Adelaide a United Water |
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Bangladesh |
WASA es responsable del agua, de los desechos y del alcantarillado en las zonas urbanas; el saneamiento y alcantarillado es gestionado por WASA y las autoridades municipales; BWDB se encarga de las presas, embalses y del agua en las zonas rurales |
BWDB va a transformarse en una entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades y se va a dividir en distintos servicios; cierta participación del sector privado en la facturación y recaudación |
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Filipinas |
Los servicios locales de abastecimiento de agua son empresas paraestatales; MWSS es la entidad más importante de abastecimiento de agua |
MWSS se reorganizó en 1995, y fue privatizada en 1997 mediante el otorgamiento de dos concesiones geográficas a consorcios de empresas locales y multinacionales |
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India |
Propiedad y gestión del suministro de agua por el sector público; la única participación del sector privado es en la venta de agua embotellada |
Ningún proyecto de privatización |
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Indonesia |
Servicio de propiedad pública |
Privatización de la gestión prevista para 1998 mediante dos concesiones basadas en un área geográfica específica |
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Japón |
Agua, desechos y alcantarillado gestionados por un gran número de empresas individuales pertenecientes a los municipios |
Contratación externa de servicios específicos de mantenimiento y de apoyo |
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Malasia |
Abastecimiento del agua gestionado y suministrado por una combinación de entidades públicas y privadas; gestión de desechos y alcantarillado actualmente por contrato |
Desechos y agua privatizados en 1993 con contrato concedido a Indah Water; creciente inversión del sector privado en los servicios de agua y alcantarillado; COT en Johor Water Company; contratación externa de la facturación y recaudación, reparación de fugas |
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Nueva Zelandia |
Servicios de agua y de tratamiento de desechos de propiedad del gobierno local y gestionados por éste |
Transformación de las empresas públicas en entidades jurídicas sujetas a la ley de sociedades y una mayor comercialización; primera subcontratación en abril de 1997, contrato del Consejo Papakura con United Water |
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Tailandia |
Combinación de empresas públicas y privadas; gestión privada de determinadas instalaciones de tratamiento de agua |
Privatización de East Water Resources and Development; privatización mediante la inversión en nuevos proyectos |
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Fuentes: Estudio de la Internacional de Servicios Públicos y estudios por países llevados a cabo por PSRC. | ||
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Cuadro 1.5. Privatización de la electricidad en la región de Asia y el Pacífico
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País |
Estructura de la industria |
Privatización |
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Australia |
Generación, transmisión y distribución explotados por monopolios estatales integrados verticalmente |
Tendencia hacia la red nacional y mercados nacionalmente competitivos; transformación de las empresas públicas en entidades jurídicas sujetas a la ley de sociedades en todos los Estados y separación de la generación, transmisión y distribución; privatización en Victoria |
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Bangladesh |
Tres servicios públicos de propiedad del Estado; DESCO gestiona la distribución en la región de Dhaka; Rural Electricity Board gestiona la distribución rural mediante cooperativas; BPDB se ocupa de la generación, transmisión y distribución a todas las demás zonas; PGCB se constituyó recientemente como futuro único comprador de toda la energía |
Separación de la generación, transmisión y distribución; transformación de BPDB en una entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades, y está previsto que más adelante se dividirá en cuatro empresas de distribución transformadas en entidades jurídicas sujetas a la ley de sociedades; transformación de DESA en una entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades con algunas subcontrataciones (actualmente DESCO); recurso creciente a los productores de energía independientes; PGCB para hacerse con toda la transmisión |
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República de Corea |
KEPCO es plenamente responsable de la producción (89% de la capacidad), de la transmisión y de la distribución; los productores de energía independientes proporcionan una pequeña cantidad de la capacidad; los coproductores venden el excedente de energía a KEPCO |
Venta del 21% de KEPCO mediante la emisión de acciones en 1989, y se prevén nuevas ventas en el futuro; promoción de los productores de energía independientes |
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Filipinas |
NAPOCOR es responsable de la generación, transmisión y distribución; 26 empresas de distribución privadas y municipales, la más importante es MERALCO; la Junta de Reglamentación de la Energía (Energy Regulatory Board) regula las tarifas |
NAPOCOR se transformó en una entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades en 1992; NAPOCOR va a dividirse por regiones y en una nueva empresa de transmisión; privatización de NAPOCOR, uno de los requisitos impuestos por el FMI para la concesión de préstamos; promoción de los productores de energía independientes mediante CPO y CPOT; contratación externa de la lectura del contador por MERALCO |
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India |
Organismos nacionales de planificación, generación y transmisión en el marco de DOP; generación y distribución gestionadas por 23 Juntas Estatales de Electricidad |
Proyectos de reestructuración, transformación de empresas privadas en entidades jurídicas sujetas a la ley de sociedades y privatización en las Juntas Estatales de Electricidad: Rajasthan Madhya Pradesh, Noida, Kanpur y otras; está en curso la privatización de la distribución en Orissa; proyectos para privatizar la transmisión; reforma en curso del sector de la energía eléctrica de Haryana, incluida la privatización; Enron se encargará de la explotación de las primeras empresas independientes de producción de energía en Dabhol |
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Indonesia |
La empresa de servicios públicos estatal PLN se encarga de la generación, transmisión y distribución; un gran número de pequeñas entidades en pueblos y grupos comerciales |
Proyectos de privatizar parcialmente la generación; proyectos de incrementar el número de productores de energía independientes |
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Japón |
Diez empresas japonesas privadas de servicios públicos tienen monopolios regionales en la generación, transmisión y distribución |
Desreglamentación desde 1995 con acceso más fácil para los nuevos productores; inversión extranjera en nuevas centrales eléctricas; aprobación del Gobierno en 1997 para la privatización de la Electric Power Development Company Ltd. |
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Malasia |
La TNB gestiona la generación, transmisión y distribución en Malasia peninsular; juntas separadas de generación y distribución en las islas de Sarawak (SESCO) y Sabah (SEB) |
Venta parcial de TNB (29%) en 1992; venta parcial de SESCO; planes para transformar a SEB en una entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades como preludio de la venta parcial; un importante porcentaje de la generación corresponde a empresas independientes de producción de energía; se está estudiando la desagregación de la generación y de la transmisión |
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Nueva Zelandia |
ECNZ controla el 60% de la generación; Transpower NZ explota la red de transmisión; distribución gestionada por empresas de suministro en régimen de concesión por zonas geográficas |
Se prevé la división de ECNZ en tres empresas estatales competidoras de producción para abril de 1999 (se ha descartado la privatización); transformación de las empresas de suministros en entidades jurídicas sujetas a la ley de sociedades, dando lugar a fusiones y adquisiciones con una mayor participación privada; proyectos privados de producción |
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Pakistán |
KESC se encarga de la generación, transmisión y distribución en Karachi y alrededores; WAPDA tiene las mismas responsabilidades para el resto del país (80% de la capacidad de generación): el Organismo Nacional de Reglamentación de la Energía Eléctrica recientemente constituido promoverá la competencia y reglamentará el sector |
Desagregación de empresas integradas; venta de centrales eléctricas de forma individual; venta de participación minoritaria en KESC; inversión privada en empresas independientes de producción de energía eléctrica mediante CPO y CPOT; planes de privatización financiera o de la gestión de la Junta de Electricidad de la zona de Faisalabad y KESC |
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Tailandia |
EGAT es responsable de la generación, transmisión y distribución a grandes consumidores; MEA se encarga de la distribución en Bangkok y en provincias adyacentes; PEA se encarga de la distribución en otras 93 provincias |
Desreglamentación desde 1992 con generadores privados y empresas conjuntas privadas/EGAT; reestructuración de EGAT con transformación de la empresa pública en una entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades y privatización; reestructuración de PEA y de MEA; creciente recurso a las empresas independientes de producción de energía eléctrica |
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Fuentes: Estudio de la Internacional de Servicios Públicos y estudios por países llevados a cabo por PSRC. | ||
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Cuadro 1.6. Privatización del gas en la región de Asia y el Pacífico
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País |
Estructura de la industria |
Privatización |
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Australia |
Participación federal y estatal en el suministro de infraestructura; propiedad y explotación privada de la distribución |
Desreglamentación conforme a la política nacional de competencia; venta de gaseoductos públicos por los gobiernos federales y estatales; empresas privadas que invierten en infraestructura de gas |
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Bangladesh |
Participación extensiva de las empresas privadas en el desarrollo de los recursos de gas |
Transformación de Petrobangla en un entidad jurídica sujeta a la ley de sociedades que coordina la exploración con inversores privados |
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República de Corea |
Participación del Estado en la explotación del gas mediante Korean Gas Corporation; amplia participación de las empresas privadas en el desarrollo de los recursos de gas |
Estudio del Gobierno sobre las posibilidades de privatizar KGC en 1994 |
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Filipinas |
Amplia participación de la empresa privada en el desarrollo de los recursos de gas e infraestructura |
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India |
Amplia participación de la empresa privada en el desarrollo de los recursos de gas e infraestructura; participación del Estado por conducto de Gas Authority of India Ltd. (GAIL) |
Venta insignificante de acciones de GAIL (3,37%) en 1995; venta prevista del 25% de GAIL cancelada en noviembre de 1997 debido a la situación económica; puede que se vuelva a proponer en un futuro próximo |
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Indonesia |
La empresa estatal Pertamina lleva a cabo actividades de exploración y transmisión de petróleo y gas; la empresa estatal Perum Gas Negara es una empresa de gas minorista; participación del sector privado en la transmisión |
Descartada la privatización de cualquiera de las dos entidades |
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Japón |
Amplia participación de las empresas privadas en el desarrollo de los recursos de gas; el Estado participa en la exploración de gas y de petróleo por conducto de la Compañía Nacional de Petróleo (National Oil Corporation) |
Desreglamentación del suministro introducida por la legislación promulgada en 1995 |
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Malasia |
La compañía petrolera estatal Petronas ha iniciado prácticamente todos los proyectos de petróleo y de gas; Gas Malaysia Sdn. Bhd. se encarga de la comercialización y distribución a los consumidores; participación del Estado en empresas conjuntas para el desarrollo de proyectos; participación de empresas privadas en la exploración y producción |
El Gobierno está considerando autorizar la competencia entre Petronas y GMSB |
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Nueva Zelandia |
Gas natural suministrado por empresas privadas; hasta 1988, participación del Estado en el desarrollo de la industria por conducto de Petrocorp |
Privatización de Petrocorp en 1988; el Estado también ha vendido otras participaciones en instalaciones y desarrollo; desreglamentación de la industria desde 1993 |
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Pakistán |
Participación de la empresa estatal Oiland Gas Development Corporation en el desarrollo de la industria; amplia participación privada en el desarrollo de los recursos de gas e infraestructura; planes para constituir un organismo de reglamentación del gas natural en 1998 |
La empresa Oiland Gas Development Corporation se transformó en sociedad en comandita por acciones en 1996; se está considerando la privatización; anteproyectos para privatizar Sui Northern Gas Pipelines Ltd. y Sui Southern Gas Pipelines Ltd. |
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Tailandia |
El Organismo Estatal del Petróleo de Tailandia (PTT) desempeña una función de fomento y posee acciones en empresas conjuntas; amplia participación de la empresa privada en el desarrollo de los recursos de gas e infraestructura |
Proyectos de privatizar el Organismo Estatal del Petróleo (PTT) |
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Fuentes: Estudio de la Internacional de Servicios Públicos y estudios por países llevados a cabo por PSRC.
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Recuadro 1.1
El 13 de junio de 1997, el Ministerio de Empresas Públicas declaró a la Dirección General de Electricidad de Fiji «empresa de reorganización». Conforme a su Carta de Reorganización, la Dirección General de Electricidad se ha dividido en tres empresas comerciales públicas encargadas de la generación, transmisión y distribución. Ya se ha procedido al registro de estas empresas. Las empresas de generación y distribución se seguirán dividiendo para llevar a cabo privatizaciones parciales a fin de permitir a inversores estratégicos introducir nuevas tecnologías y competencias técnicas, aunque se espera que los inversores tengan acceso a fondos para la reinversión. La empresa de transmisión seguirá siendo estatal al 100 por ciento. Se ha designado a una junta de directores |