Nota sobre las labores, Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada

Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada

Introducción

La Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada se celebró en la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra del 18 al 22 de septiembre de 2000.

La Oficina había preparado un informe^[1] para que sirviera de base al debate de la Reunión. El informe se centra en la mundialización y la agricultura y pone de relieve el papel fundamental que la agricultura desempeña en el logro de un desarrollo sostenible. El estudio de las tendencias principales de la producción y de los resultados de las exportaciones, así como de las cuestiones macroeconómicas que afectan al sector ofrecen una base para la discusión de cuestiones sociales de actualidad como el trabajo infantil, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la salud y seguridad en el trabajo, los cultivos modificados genéticamente y las iniciativas voluntarias. El informe termina con la propuesta de orientaciones generales de acción política para aumentar la productividad y los niveles de rendimiento en la agricultura, así como para mejorar al mismo tiempo las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales.

El Consejo de Administración designó al Sr. C. Schlettwein del Gobierno de Namibia para que lo representara en la Reunión y presidir esta última. Los tres Vicepresidentes elegidos por la Reunión fueron: la Sra. Rodríguez Mancia (Guatemala) para el Grupo Gubernamental, el Sr. E. Korah para el Grupo de los Empleadores, y la Sra. V. Griffith para el Grupo de los Trabajadores.

Asistieron a la Reunión representantes gubernamentales de Benin, Brasil, República Checa, Chile, China, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Kenya, Nigeria, Rumania y Sudáfrica; 26miembros empleadores y 26 miembros trabajadores. Un representante del Gobierno de la Argentina asistió a las sesiones.

Asistieron a la Reunión, en calidad de observadores, representantes de las organizaciones internacionales siguientes: Organización Arabe del Trabajo, Comisión Europea, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo.

También estuvieron representadas como observadores las organizaciones no gubernamentales siguientes: Comité Mundial de la Consulta de los Amigos, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, Federación Internacional de Mujeres Universitarias, Organización Internacional de Empleadores, Confederación Mundial del Trabajo, Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación y Federación Sindical Mundial.

Los tres Grupos eligieron a los miembros de su Mesa cuya composición fue la siguiente:


Grupo Gubernamental
Presidente:	Sr. Zhang Junfeng (China)
Vicepresidente:	Sr. Tube (Sudáfrica)
Secretaria:	Sra. Nair (India)
Grupo de los Empleadores
Presidente:	Sr. Hermida Martínez
Vicepresidente:	Sr. I. Korah
Secretario:	Sr. Dejardin (Organización Internacional de Empleadores) (OIE)
Grupo de los Trabajadores
Presidente:	Sr. Atwoli
Vicepresidenta:	Sra. Trejo Sánchez
Secretaria:	Sra. Longley (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)

El Secretario General de la Reunión fue el Sr. O. De Vries Reilingh, del Departamento de Actividades Sectoriales. La Sra. C. Doumbia-Henry, del Departamento de Actividades Sectoriales, actuó como Secretaria General Adjunta. El Secretario Ejecutivo fue el Sr. V. Jamal, del Departamento de Actividades Sectoriales. Actuaron como expertos la Sra. A. Herbert y la Sra. C. Foucault-Mohammed. La secretaria de actas de la Reunión fue la Sra. S. Maybud, de la Unidad de Apoyo Administrativo del Sector del Diálogo Social.

En su discurso de apertura el Presidente de la Reunión recalcó la idoneidad del tema considerado. El papel que desempeñaba la agricultura en una economía en vías de mundialización había de ocupar un lugar destacado en las actividades internacionales puesto que el desarrollo agrícola constituía la base del desarrollo económico. Un sector agrícola fuerte y productivo permitía que un país alimentara a una población urbana cada vez más numerosa, desarrollara su comercio exterior por medio de exportaciones, ofreciera materias primas a sus industrias locales y creara un mercado para los productos industriales. La agricultura ocupaba a casi la mitad de los trabajadores del mundo, muchos de los cuales vivían sumidos en la pobreza y trabajaban en condiciones indebidas. Problemas sociales endémicos, como el trabajo infantil y la participación de las mujeres en la salud y seguridad en el trabajo merecían una atención muy especial si se querían mejorar las condiciones de trabajo. Las nuevas cuestiones que convenía considerar comprendían los efectos de cultivos genéticamente modificados e iniciativas voluntarias como el etiquetado social y los códigos de conducta. La Reunión tripartita ofrecía a delegados de países con niveles de desarrollo agrícola y políticas económicas diferentes la oportunidad de compartir experiencias, abordar y resolver problemas y desarrollar nuevas orientaciones de política con base en una discusión tripartita. Instó a los participantes a obrar con espíritu de colaboración para elaborar conclusiones prácticas que los copartícipes tripartitos pudieran aplicar y que ayudaran a la OIT a definir sus actividades de seguimiento.

La Sra. K. Hagen, Directora Ejecutiva (Diálogo Social), dio la bienvenida a los participantes en la OIT. Recordó que el tema de la Reunión se había propuesto en octubre de 1996 en la última reunión tripartita relativa al sector rural y que la mundialización era una cuestión que se discutía principalmente en relación con el sector manufacturero que se consideraba como el motor del crecimiento en las economías en vías de mundialización. Sin embargo, desde la crisis financiera asiática, a fines de 1997, se subrayaba la importancia del sector agrícola para un desarrollo sostenible. El aumento de la productividad agrícola era el camino tradicional que había conducido a la industrialización; los países que conseguían un desarrollo industrial rápido disponían ya de una buena base agrícola. Aunque la mundialización facilitara una transición rápida a la industrialización, el desarrollo continuaría siendo precario si se omitía la creación de un sector agrícola productivo. También en muchos países el sector rural principalmente dedicado a la agricultura tendría que desempeñar un papel central en la creación de empleo para lograr un desarrollo sostenible puesto que el sector urbano no tenía la posibilidad de ofrecer empleo suficiente. El sector agrícola abarcaba la mayor parte de los pobres del mundo que trabajaban largas horas por salarios miserables y en condiciones peligrosas y difíciles. Se esperaba que la Reunión permitiría formular conclusiones prácticas para mejorar el papel de este sector en el desarrollo y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas del mundo.

La Sra. Hagen señaló que el informe consideraba tres dimensiones de la mundialización: el aumento del comercio, el aumento de las inversiones extranjeras directas y la transmisión de nuevas ideas como consecuencia de la revolución de las tecnologías de la información. En particular, la rápida difusión de la información sobre las prácticas laborales había concienciado mejor al consumidor y el accionista de las condiciones en que los productos se elaboraban, y los productores habían de tener ahora en cuenta este factor. Las cuestiones consideradas en el informe — el empleo, la pobreza y las condiciones de trabajo — eran un componente esencial del mandato de la OIT. La noción de trabajo decente abarcaba la de un trabajo productivo, remunerado y seguro en que los derechos de los trabajadores se garantizaban con una protección social adecuada. Los cuatro objetivos estratégicos de la OIT comprendían la promoción de los derechos y principios fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social, y el diálogo social. El diálogo social era el medio por el cual los derechos se defendían, el empleo se promovía y las condiciones de trabajo se mejoraban. El diálogo social también era una objetivo de por sí porque procesos participativos de toma de decisiones eran esenciales para que una sociedad consiga un desarrollo económico y social justo, armonioso y equitativo.

La Sra. Hagen terminó su intervención señalando que en los últimos cuatro años la actividad de la OIT relativa al sector rural se había centrado en tres áreas fundamentales: la acumulación y difusión de conocimientos, la defensa de los derechos de los trabajadores y las condiciones necesarias en general para un trabajo decente, y los servicios prestados a los mandantes. Se habían llevado a cabo investigaciones sobre el efecto de la mundialización en la agricultura, en la diversificación de las exportaciones agrícolas básicas y el etiquetado social. La reunión de grupos de trabajo a nivel nacional había demostrado ser útil para los países interesados y se esperaba que más reuniones de esta naturaleza se celebrarían en el futuro para difundir el mensaje del informe y las conclusiones de la Reunión.

Parte 1 Examen del punto inscrito en el orden del día

Informe del debate ^[2]

Introducción

1. La Reunión procedió a examinar el punto que figuraba en el orden del día. De conformidad con lo estipulado en el artículo 7 del Reglamento de las reuniones sectoriales, los integrantes de la Mesa se turnaron en la presidencia de los debates.

2. El portavoz del Grupo de los Empleadores fue el Sr. Platt y el portavoz del Grupo de los Trabajadores el Sr. Atwoli.

3. La Reunión celebró cinco sesiones en las que debatió el punto inscrito en su orden del día.

Composición del Grupo de Trabajo

4. En su quinta sesión plenaria, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo13 del Reglamento, la Reunión estableció un Grupo de Trabajo encargado de redactar un proyecto de conclusiones que reflejaran las opiniones expresadas en el curso de los debates del informe presentado a consideración de la Reunión. El Grupo de Trabajo, presidido por el Vicepresidente gubernamental, Sra.Rodríguez Mancia, de Guatemala, estuvo integrado por los siguientes miembros:

Miembros gubernamentales
Benin:	Sr. Adam
Dinamarca:	Sr. Bejer
El Salvador:	Sra. Avila
Filipinas:	Sra. Soriano
Guatemala:	Sra. Rodríguez Mancia
Miembros empleadores
Sr. Nordin Hassan
Sr. Hermida Martínez
Sr. N’Guissan
Sr. Platt
Sr. Tiitola
Miembros trabajadores
Sr. Atwoli
Sr. Brumatti
Sr. Ganguly
Sr. Leathwood
Sra. Ssentongo

Presentación del informe y discusión general

Presentación del informe

5. El informe de la Reunión, elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo, fue presentado por el Secretario ejecutivo quien dijo que los delegados presentes en la Reunión representaban bastante adecuadamente la variedad de las situaciones nacionales así como los problemas presentes en el sector agrícola. Muchos de los países representados eran países agrícolas en vías de desarrollo. Más de los dos tercios de su fuerza de trabajo estaba empleada en la agricultura, la pobreza era importante y las condiciones de trabajo probablemente peores que en los otros sectores. Entre las economías representadas en la Reunión se incluían economías en transición, economías de reciente liberalización y también la de un país desarrollado. Se esperaba que la variedad de situaciones representadas proporcionaría oportunidades para una discusión fructífera. El sector agrícola ocupaba un lugar importante en la economía mundial. Era el principal empleador en el mundo y en dicho sector se concentraba la mayor parte de la pobreza existente en el planeta. La producción de excedentes agrícolas proporcionaba materias primas para la industria y para la exportación y constituía de esta manera la base de la industrialización. La mundialización ya había traído algunos beneficios a la agricultura en términos de una diversificación de las exportaciones, una apertura de los mercados y una tecnología más avanzada en materia de almacenamiento, comunicaciones y transporte. También había facilitado la inversión extranjera directa en algunos países. Sin embargo, sus beneficios no se hallaban bien distribuidos en el mundo. El capital que requiere la moderna diversificación de las cosechas — inversiones en invernaderos y acceso rápido a los medios de transporte — asciende a cifras prohibitivas para los pequeños agricultores, por ejemplo. En consecuencia, algunos de los parámetros de la mundialización deberían modificarse para asegurar que se incremente al máximo el número de los que se benefician de este proceso y evitar que se profundicen aún más las diferencias en materia de ingresos. Aunque la mundialización abre un camino hacia un crecimiento futuro, importa asegurar que los grupos vulnerables en las sociedades no queden rezagados. La protección que proporcionan las normas fundamentales del trabajo no debería ser la prerrogativa de una minoría de trabajadores en los sectores modernos de la economía sino que deberían gozar de este derecho todos los trabajadores, entre ellos, los trabajadores agrícolas. Una agricultura sostenible presupone la creación de empleos viables para las generaciones futuras.

6. Antes de dar comienzo a la discusión general, el portavoz de los empleadores deseó expresar el deseo de su Grupo de que los puntos presentados para discusión se ordenaran como sigue: 1, 4, 5, 6 (con otra redacción), 8, 9 y 7. Los puntos 2 y 3, que se referían a la fijación de precios, la comercialización competitiva de las exportaciones y la inversión extranjera directa deberían suprimirse puesto que tales temas eran de competencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no de la OIT. El Vicepresidente empleador afirmó que los puntos 1, 2 y 3 se referían al comercio y temas conexos y no a las relaciones de trabajo. Un miembro empleador de Argentina hizo notar que se disponía de poco tiempo para las discusiones y que los empleadores hubieran querido que el debate se confinara a tópicos en que los empleadores estuvieran en condiciones de dar una opinión. Ellos habían indicado cuáles eran los puntos que permitirían que la Reunión avanzara en sus trabajos y adoptara conclusiones conseguidas mediante consenso. El orador solicitó al Presidente de la Reunión que explicara cuáles eran los aspectos del mandato de la OIT que proporcionaban la base sobre la cual se estaban discutiendo los puntos 2 y 3 puesto que el establecimiento de orientaciones para la inversión extranjera o la fijación de precios parecían sobrepasar el ámbito de competencia de la Organización. Un miembro empleador de Mauritania llamó la atención acerca de la precariedad de las infraestructuras en Africa que necesitaban que el Estado interviniera y donde se fijaban precios mínimos para la producción y la exportación. Estimaba por ello que cabía incluir los puntos 1, 2 y 3 entre los puntos para discusión.

7. El portavoz de los trabajadores dijo no estar de acuerdo con la supresión de algún punto y que prefería que todos ellos fueran considerados. Añadió que no era algo nuevo el que se discutieran temas relativos al comercio en los foros de la OIT y citó ejemplos de conclusiones de reuniones anteriores. Un miembro trabajador de la India añadió que en el curso de la negociación colectiva, los empleadores aprovechaban la oportunidad de discutir la fijación de precios, los subsidios y el papel del gobierno lo que, por lo general, se considera un obstáculo al incremento de los salarios y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

8. El representante gubernamental de Egipto se manifestó de acuerdo en que todos los puntos presentados para discusión se referían a temas pertinentes que habría que examinar. La representante gubernamental de Guatemala señaló que las cuestiones de política macroeconómica proporcionaban un marco para la discusión de temas que se referían a la creación de empleos y a la política social. Instó a la Reunión a que discutiera esos puntos en el orden propuesto por la Secretaría. Observó también que, en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 24 acerca de las características de las reuniones sectoriales, le incumbía al Consejo de Administración decidir acerca del curso que habría de darse a las conclusiones y resoluciones que implicaran propuestas que el Consejo de Administración pudiera presentar a la atención de las Naciones Unidas u otra organización de tipo internacional.

9. Los representantes gubernamentales de Chile, Costa Rica, Dinamarca e India se manifestaron a favor de que se abriera el debate sobre cuestiones de fondo. Las reservas que despertaran determinados puntos podrían expresarse formalmente en una etapa ulterior.

10. El Secretario General expresó que en el marco del análisis macroeconómico existían relaciones entre el comercio, las inversiones y el empleo por lo que los puntos presentados para discusión se estimaban legítimos. Hizo un llamado a la Reunión para que tratara de realizar una buena discusión general y tratara de resolver las diferencias entre los diversos puntos de vista en consultas de carácter informal.

11. El Presidente se refirió a la decisión del Consejo de Administración tomada en su 273.ª reunión (noviembre de 1998) en la que el mandato de la Reunión quedó configurado como sigue: «Intercambiar puntos de vista sobre el sector agrícola en el siglo XXI: su contribución al empleo, ingresos y perspectivas de aumento de la productividad». Era un mandato de carácter amplio que podía comprender los puntos 2 y 3 que necesariamente se consideraban con efectos en la seguridad social, el empleo, etc. Propuso que se diera comienzo a la discusión general. Las intervenciones de orden general podrían tener lugar en primer término y los puntos que requirieran el establecimiento de un orden de prioridades podrían tratarse subsecuentemente. Así quedó acordado.

Discusión general

12. El portavoz de los trabajadores dijo que acogía con beneplácito la oportunidad que se presentaba de debatir acerca de la agricultura sostenible en una economía mundializada, tema que tenía una importancia crítica para el desarrollo en el mundo. La agricultura era un sector en el que gobiernos, empleadores y trabajadores estaban implicados. Era la espina dorsal de toda economía, en especial, en el marco de la mundialización, de las privatizaciones y de la urgente necesidad de promover un desarrollo sostenible. Felicitó a la OIT por el contenido y alcance del informe presentado. El Grupo de los Trabajadores acogía con placer el énfasis puesto en el empleo, habida cuenta que la agricultura sostenible debía abarcar el empleo sostenible. La agricultura era un sector precario por naturaleza. Su producción dependía de las estaciones, del tiempo y del tipo de suelo. El empleo, sin embargo, no debería estar sujeto a una suerte igualmente precaria. Los trabajadores estaban teniendo que aceptar contratos precarios para asegurar la producción. El Grupo de los Trabajadores en consecuencia deseaba que la cuestión de la seguridad en el empleo se examinara junto con los temas de la promoción y de la protección del sector agrícola. En el informe se abordaba la mundialización y sus efectos en este sector en cuanto realidades a las que había que hacer frente. Cada vez más la sociedad estaba teniendo que ocuparse de la situación del sector agrícola como lo demostraban las negociaciones que tenían lugar en la OMC que se habían centrado en torno a este sector. Las manifestaciones públicas de Seattle habían acaparado la atención del mundo. El Director General de la OIT había hecho notar que «la mundialización, tal como se conoce hoy día, no sobrevivirá a menos que sus beneficios lleguen a un mayor número de personas. La prueba básica de la economía mundial consistirá en su capacidad para suministrar trabajo decente para todos». También debería prestarse atención a la definición de «agricultura sostenible». Una agricultura que deniega la libertad sindical a los trabajadores y su derecho a la negociación colectiva no es una agricultura sostenible. Una agricultura que se basa en salarios de pobreza, malas condiciones de trabajo y una ausencia de protección social no era una agricultura sostenible. Una agricultura que registra cifras sin precedentes en términos de seguridad y salud en donde ocurre la mitad de todas las muertes acaecidas en el lugar de trabajo y donde hay millones de heridos graves cada año tampoco lo es. Si la discusión no aborda la cuestión de los precios de los productos será una discusión incompleta. Se teme tratar esta cuestión pero sigue sin respuesta la pregunta de cuánto debe pagarse por lo que produce un hombre pobre. Los trabajadores no deseaban denegar a otras organizaciones el derecho a tomar parte en el debate sobre esta cuestión. Deseaban, eso sí, asegurar la participación sindical en el proceso de toma de decisiones para que pudieran hacer oír sus opiniones. Por último, dijo que esperaba que el debate resultara constructivo y positivo y que la Reunión se tradujera en resultados concretos.

13. El portavoz de los empleadores instó vehementemente a la Reunión a que sus decisiones no se alcanzaran tan sólo por mayoría sino por consenso. Las decisiones alcanzadas por este mecanismo tenían siempre un efecto mayor que las decisiones impuestas. Un ejemplo clásico de decisiones alcanzadas mediante consenso era el que había permitido adoptar el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), apoyadas por los tres mandantes de la OIT. Lo anterior contrastaba con la suerte corrida por los convenios adoptados por mayoría tales como el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129); el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y el Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170), todos lo cuales habían recibido pocas ratificaciones. En vista de que la presente Reunión serviría de base para futuras decisiones y convenios, los empleadores proponían que no se recurriera a la facultad que ofrecía el artículo 12 del Reglamento y que, en cambio, se procurara conseguir decisiones mediante consenso. El Grupo de los Empleadores reconocía la cantidad de trabajo que había supuesto la elaboración del informe, pero no podía aceptar su contenido en su totalidad. Aunque las estadísticas se habían tomado de numerosas fuentes, muchas de las cuales procedían del Informe sobre desarrollo humano del PNUD, que han sido objeto de considerable crítica en años recientes, en especial por su falta de profesionalismo — para no usar las palabras manipulación y utilización sesgada — en el tratamiento de los datos estadísticos de las Naciones Unidas. La crítica había apuntado hacia la metodología utilizada, que considera sesgada, que ha permitido aseverar en el Informe sobre desarrollo humano del PNUD que la diferencia entre los países más ricos y los países más pobres se había profundizado en los años noventa. No se presentan pruebas objetivas en apoyo de esta opinión. Sin lugar a dudas, el último decenio de este milenio ha sido la primera época de la historia en que el ingreso medio real en la mayor parte de los países en que se concentran los pobres del mundo se ha incrementado a una tasa promedio del 3 por ciento o más. El Grupo de los Empleadores objetaba el carácter no verificable de aseveraciones contenidas en dicho informe como por ejemplo, la previsión de que para el año 2028 la agroindustria en el mundo se cifrará en 10 billones de dólares y de que la parte que corresponde a los agricultores declinará para alcanzar sólo un 10 por ciento. Las proyecciones para los próximos 27 años deberían considerarse con cierto escepticismo dado el ritmo del cambio tecnológico. Los delegados deberían considerar el contenido del informe en lo que respecta a órdenes del día alternativos. La redacción de ciertos puntos presentados para discusión revelaba una cierta parcialidad. El informe sólo resaltaba los aspectos negativos de la ingeniería genética, por ejemplo. Las conclusiones no se justificaban cuando se sugería por ejemplo que las prohibiciones actuales relativas a los productos químicos peligrosos no se estaban cumpliendo. La manera en que ciertas cuestiones se habían redactado parecía contener ciertos prejuicios o el intento de predeterminar el curso de los debates. En suma, los puntos presentados para discusión eran intencionados. Volviendo a la cuestión del comercio, hizo notar que la OIT debería reconocer que la OMC era la principal responsable de asegurar la liberalización del comercio. La OMC había ya reconocido que no tenía competencia en las cuestiones laborales. Era legítima la preocupación de que vincular las normas laborales con cuestiones comerciales podía de manera implícita conducir a un proteccionismo. El sistema de comercio multilateral reglamentado había hecho grandes avances en los últimos 50 años desde que fuera instituido. Las tarifas aduaneras en el mundo habían disminuido desde un promedio del 40 por ciento desde finales de los años 1940 hasta el 4 por ciento vigente hoy en día. La OMC claramente tenía una función que desempeñar en la promoción del crecimiento y desarrollo económicos. La historia de la OIT era larga y valiosa y debería continuarla en los ámbitos sociales y laborales dejando las cuestiones de orden comercial a la OMC.

14. Un miembro de la Secretaría de la OIT declaró que la cuestión de los efectos negativos potenciales de los organismos modificados genéticamente no reflejaba un partidismo negativo sino más bien el hecho de que la inquietud manifestada por el público había sido general y provocado discusiones en la materia. Análogamente, era conveniente referirse al aumento de la desigualdad en el proceso de mundialización puesto que la justicia social era uno de los principios rectores de la OIT.

15. Un miembro trabajador de Filipinas declaró que no debía ponerse en tela de juicio la validez del Informe sobre desarrollo humano del PNUD. Este informe había demostrado ser útil para muchos en los últimos diez años, en especial porque ofrecía la posibilidad de que no se utilizara únicamente el PIB para medir el desarrollo. El informe había sido pionero en la determinación de indicadores del desarrollo humano de fácil comprensión.

16. El representante gubernamental de Egipto señaló que en su país la política del Estado no vinculaba las cuestiones laborales al comercio internacional. Hizo hincapié en tres series de cuestiones de que trataba el informe, a saber el medio ambiente, los problemas laborales y la diversificación de las exportaciones. Criterios ambientales se utilizaban como elementos de discriminación dentro del marco del comercio mundial. Algunos países desarrollados insistían en vincular la liberalización del comercio a cuestiones ambientales y laborales. Habían tratado de imponer condiciones obligatorias en esta esfera que privarían a los países en desarrollo de sus ventajas competitivas al exigir que se aplicaran normas internacionales en materia de empleos y salarios que no correspondían a su situación económica y social. El incumplimiento de estas normas impondría restricciones a sus exportaciones. Los países en desarrollo habían combatido con éxito la aplicación de estas medidas. En lo que se refiere a las cuestiones laborales, el orador consideró que el trabajo infantil estaba vinculado a la pobreza, que se aliviaba gradualmente gracias a un amplio esfuerzo de desarrollo. En Egipto, estudios mostraban que pequeñas explotaciones agrícolas eran más eficaces en términos económicos que las explotaciones en gran escala. En las pequeñas fincas agrícolas, la mayor parte del trabajo se realizaba por agricultores independientes y miembros de sus familias a los que podía acudirse en cualquier momento. Podían atribuirse tareas adecuadas a cada miembro de la familia e incluso a cada grupo de edades. En cuanto a la diversificación de las exportaciones, la experiencia adquirida por Egipto había sido extraordinaria. Se habían desplegado muchos esfuerzos para sustituir los cultivos tradicionales por cultivos hortícolas de exportación, mejorar la calidad y la cantidad del producto y redistribuir recursos limitados de tierra y agua para la producción de estos cultivos. Sin embargo, el país se había enfrentado con tremendos obstáculos para exportar estos productos a Europa occidental cuyo mercado estaba ya saturado. Por consiguiente, la recomendación relativa a una diversificación de esta naturaleza de la producción había de reconsiderarse y revaluarse a la luz de sus efectos. Respecto de la ingeniería genética, eran esenciales investigaciones continuadas con miras al desarrollo de nuevas tecnologías que permitieran aumentar la oferta de alimentos. Se precisaban más estudios sobre los efectos indirectos de estas tecnologías en los seres humanos y el medio ambiente. Los productos habían de ser etiquetados para indicar a los consumidores si han sido genéticamente modificados.

17. El representante del Gobierno de Dinamarca estimó que el informe presentaba una buena base para la discusión. Aunque en Dinamarca los servicios y la industria ocuparan a muchas más personas que la agricultura, las cuestiones sociales relativas a este último sector continuaban siendo importantes. En Dinamarca, la salud y seguridad en el trabajo eran una preocupación constante. En términos de riesgos profesionales, la agricultura era un sector en que el riesgo de accidentes mortales era cinco o seis veces más alto que en los demás. Muchos accidentes agrícolas afectaban a niños. La ingeniería genética era un tema complejo que entrañaba a la vez riesgos y nuevas posibilidades. La prudencia debería ser el principio rector en la materia. La agricultura también era un sector en que las mujeres habían de participar más en el proceso de toma de decisiones. Las mujeres deberían ser independientes en el mercado de trabajo y disfrutar de las mismas oportunidades de acceso a los recursos económicos. Terminó recalcando la importancia del diálogo social entre el gobierno y los copartícipes sociales.

18. El representante del Gobierno de Nigeria estimó que no podía ser más oportuno el momento en que se celebraba la Reunión. En Nigeria, la agricultura era el contribuyente más importante de la economía después del petróleo y el 70 por ciento de la población se ganaba la vida en el mismo. Sin embargo, agricultores empobrecidos y terratenientes en pequeña escala, pobres y que explotaban menos de una hectárea constituían la mayor parte de la población rural. El Gobierno había reconocido que estos trabajadores rurales habían de ser ayudados por un entorno propicio que ofreciera: 1) la posibilidad de adquirir una tecnología apropiada; 2)servicios de divulgación agrícola para evaluar resultados muy diversos y apuntalar el desarrollo del sector; 3) la multiplicación y distribución de mejores plantas de viveros e insumos agrícolas; 4) la organización de sociedades cooperativas con fondos suficientes para promover un trabajo decente; 5) una infraestructura rural; 6) la integración de los desempleados; 7) la disponibilidad de recursos en forma de microcrédito para mejorar la eficacia y la dimensión de los predios rústicos, y 8) la conservación de los recursos naturales para una producción agrícola sostenible. Por esta razón, se había elaborado un plan de acción con el fin de lograr una producción de alimentos autosuficiente, la seguridad alimentaria y el abastecimiento del mercado interno y de exportación. Este plan permitiría una diversificación por medio de la modernización de los métodos de producción, almacenamiento y distribución. Nigeria había ratificado ya la mayor parte de los convenios fundamentales de la OIT. Un trabajo decente para hombres y mujeres no podría conseguirse sin la protección de la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas. Nigeria se oponía a la práctica de vincular las normas del trabajo al comercio internacional. En lo que se refiere a la ingeniería genética, sus efectos negativos podían tardar mucho en manifestarse. La agricultura continuaba siendo esencial para el desarrollo social. El Gobierno de Nigeria expresaba su agradecimiento a la OIT y a todos los países donantes por su apoyo a la democracia.

19. El representante del Gobierno de Benin recordó que una de las cuestiones consideradas en la Reunión era el éxodo rural a las zonas urbanas. El Gobierno trataba de ayudar a los trabajadores rurales a mejorar su nivel de vida por medio de servicios de protección de la salud, distribución de agua potable, educación, infraestructura rural y comunicaciones. Sería útil que la Reunión estudiara estas cuestiones.

20. La representante del Gobierno de la India hizo hincapié en los avances rápidos conseguidos por la India en estos últimos tiempos. La producción de cereales se había multiplicado por cuatro en 30años. La India figuraba entre los tres productores más importantes de leche, fruta y hortalizas y había conseguido autosuficiencia en la producción de alimentos. Pese a ello, la agricultura se había convertido en una actividad ingrata. Precios desfavorables y los caprichos del tiempo habían aumentado la emigración de las zonas rurales. El Gobierno había elaborado una nueva política agrícola para acelerar el desarrollo agrícola, crear empleo rural y conseguir un nivel de vida adecuado para los agricultores, los trabajadores agrícolas y sus familias. En los dos próximos decenios se proponía alcanzar una tasa de crecimiento superior al 4 por ciento en una producción agrícola basada en una utilización eficaz del suelo, el agua y otros recursos. Un crecimiento en condiciones de equidad permitiría lograr una agricultura sostenible. Los trabajadores del sector agrícola no estaban organizados y todavía quedaba por resolver un sinnúmero de problemas laborales y ocupacionales. Un 70por ciento de los agricultores explotaban predios de menos de una hectárea. Agricultores independientes pequeños aseguraban la mayor parte de la actividad agrícola con la ayuda de todos los miembros de sus familias. La cuestión más importante no eran los derechos de los trabajadores sino la manera de aumentar en su conjunto los ingresos agrícolas. Era necesario desarrollar la agricultura de secano en que la productividad era baja, pero se precisaría para ello inversiones públicas considerables. En la India, el 80 por ciento de todas las mujeres económicamente activas trabajaban en la agricultura con escasas posibilidades de acceso a recursos como la tierra, el crédito y la tecnología. Se habían perfeccionado en actividades tradicionales pero habían de mejorar sus calificaciones para que su trabajo resultara menos penoso. Era muy preocupante la introducción de cultivos modificados genéticamente en los países en desarrollo. Convenía evitar las reacciones de pánico creadas por la incertidumbre y la desinformación. La mundialización modificaba la estructura de la economía mundial. Uno de los puntos más esenciales de todo programa de desarrollo agrícola debería ser en cada país la seguridad de los ingresos y la mejora del nivel de vida de las familias dedicadas a la agricultura.

21. El representante del Gobierno de China estimó que la agricultura era el sector que se veía más influido por la mundialización. Mayores inversiones y la nueva tecnología resultaban indudablemente benéficas para los países en desarrollo pero planteaban al mismo tiempo muchos problemas. El ejemplo más evidente era la disminución de los precios agrícolas y la entrada de importaciones que perjudicaban la producción local. Por consiguiente, si bien los países en desarrollo acogían con beneplácito la mundialización, éstos habían de adoptar iniciativas para protegerse contra sus consecuencias negativas. Los datos estadísticos presentados en el informe mostraban que el empleo en el sector agrícola en muchos países en desarrollo era superior al 50 por ciento del empleo total. Esto significaba que los países en desarrollo se enfrentaban con retos de gran magnitud en el campo del empleo. Se precisaban inversiones para modernizar la tecnología agrícola. Análogamente, convenía mejorar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Estas cuestiones tenían que resolverse de una manera global en aras de conseguir una agricultura sostenible.

22. La representante del Gobierno de El Salvador informó a la Reunión de que su país había ratificado recientemente cuatro convenios de la OIT: el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182); el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm.155); el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), y el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm.100). El Salvador venía llevando a cabo un proyecto encaminado a erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola, con asistencia del IPEC. Terminó su intervención indicando que la formación profesional era esencial para el empleo en el sector y que esta cuestión tendría que discutirse.

23. El representante del Gobierno de Filipinas indicó en la Reunión que el Gobierno había lanzado un programa de reducción de la pobreza en el que se daba prioridad al sector de la agricultura. El crecimiento en el sector de la agricultura había aumentado y se había superado ya la meta que se había señalado, pero el empleo continuaba disminuyendo. Dar la posibilidad a las comunidades rurales o agrícolas de ser autosuficientes era fundamental para conseguir un crecimiento sostenido. En este punto era donde la OIT podía jugar un importante papel. Se debía conseguir un planteamiento integrado de capacitación de las comunidades rurales para mejorar su productividad, eficiencia y autosuficiencia a largo plazo. Un objetivo importante era fortalecer la capacidad de las comunidades rurales y agrícolas para conseguir la autosuficiencia. Convenía desarrollar sinergias con otras actividades rurales. La diversificación de las actividades podría contribuir a la autosuficiencia de las comunidades rurales, pero se trababa de una cuestión conflictiva en la OMC porque estaba vinculada a la cuestión de los subsidios. La OIT podría contribuir al debate con investigaciones relativas a la cuestión de las funciones múltiples.

24. La representante del Gobierno de Egipto recalcó que la pobreza era el factor más importante que contribuía a la pervivencia del trabajo infantil. El Gobierno luchaba contra el trabajo infantil junto con las ONG y la sociedad civil. Adoptaba medidas de carácter gradual porque una reducción brutal podría tener efectos contraproducentes como fomentar el trabajo infantil clandestino. Aplicar sanciones comerciales para luchar contra el trabajo infantil agravaría la situación: sin alternativas adecuadas, los niños retirados del trabajo bien podían caer en la prostitución, la droga o la delincuencia. Recurrir al etiquetado social era algo como empezar la casa por el tejado y bien podía conducir a aumentar la pobreza. La comunidad internacional había de emprender un esfuerzo más concertado para poner término a la explotación de los niños, al trabajo forzoso y a la peligrosidad del trabajo agrícola. Muchos países no disponían de los recursos financieros o técnicos necesarios para resolver por sí solos estos problemas. Era sobre todo necesario llevar a cabo en todos los sectores, incluida la agricultura, programas de concienciación del público en general. Egipto había ratificado ya el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y había adoptado medidas para ratificar el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

25. Un observador (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)) hizo notar que más de la mitad de los 300.000 accidentes fatales que se producían anualmente en los lugares de trabajo tenía lugar en la agricultura, uno de los sectores más peligrosos. Los trabajadores agrícolas también figuraban de manera desproporcionada entre los más de 250 millones de trabajadores que cada año eran víctimas de lesiones cada año y entre los más de 160 millones que enfermaban debido a los peligros y riesgos a que estaban expuestos en el lugar de trabajo. No obstante lo anterior, estos trabajadores con frecuencia se les denegaba la protección más fundamental. Los convenios fundamentales de la OIT incluidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo demasiadas veces se pasaban por alto descaradamente. Estos derechos básicos eran fundamentales en cualquier debate serio acerca de una agricultura sostenible. Un desarrollo agrícola y rural que no reconoce a los trabajadores la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que no reconoce la contribución importante de los trabajadores agrícolas y de sus sindicatos, que sigue practicando salarios de pobreza, que no mejora las malas condiciones de trabajo y no pone remedio a la falta de protección social, que mantiene cifras indefendibles en materia de seguridad y salud y que con mucha frecuencia hace amplio uso del trabajo de los niños ciertamente no es una agricultura sostenible.

26. Un observador (Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación) dijo que el informe se centraba en tres fuerzas principales de la mundialización: la inversión extranjera, el comercio y la transmisión de ideas pero que excluía el factor central del progreso humano que es el trabajo del hombre. Pareciera que la mundialización fuera contra el trabajo del hombre. Conducía por una parte a un aumento del comercio, a elevar y aumentar la inversión extranjera, pero al mismo tiempo estaba contribuyendo a la pérdida de empleos, a incrementar el desempleo y a restringir los derechos de los trabajadores. Los ricos se estaban haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La mundialización estaba teniendo consecuencias negativas en los trabajadores del tercer mundo y sus familias. Habría que evitar un pensamiento unidireccional y abrirse a enfoques alternativos que pudieran generarse. En lo que toca a los organismos genéticamente modificados, encerraban en sí el germen de un aumento de la producción de alimentos pero también tenían efectos negativos en el medio ambiente y encerraban un potencial de inseguridad para la salud del hombre. Debía utilizarse la tecnología para ayudar a los pobres, pero en lugar de ello las empresas multinacionales se habían apropiado de la ciencia en provecho propio. En los países ricos, los productos agrícolas genéticamente modificados, especialmente los provenientes de los Estados Unidos, estaban inundando los mercados internacionales, marginando a los productores locales, y aumentando el desempleo y la miseria en los países pobres. Su organización estaba a favor de los productos orgánicos naturales tanto en su calidad de productores como de consumidores. El desempleo, los bajos salarios y la falta de servicios sociales, como los de educación y salud, estaban promoviendo la emigración de los trabajadores agrícolas y sus familias. La principal causa del trabajo de los niños eran las terribles condiciones en que vivían las familias. Hombres y mujeres necesitaban un trabajo decente que les permitiera mantener a sus hijos financieramente para que pudieran ir a la escuela. Por último, el orador dijo que los trabajadores deberían ser tratados como seres humanos y no como factores de producción.

27. Un observador de la UNCTAD dijo que su organización consideraba que el comercio y las cuestiones de desarrollo se hallaban íntimamente vinculados con los temas que se abordaban en la Reunión, a saber, la mundialización y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, aumentar el empleo y asegurar un trabajo decente a hombres y mujeres. La mundialización no era algo nuevo, sino un proceso que había dado lugar a nuevos aspectos de reciente configuración. Había reglas que supuestamente orientaban el proceso y comunicaciones que supuestamente facilitarían el acceso y la participación de todos. De hecho, la competencia se había incrementado. En muchos casos los intereses de trabajadores y de empleadores ahora coincidían, en especial en los países en desarrollo y en el sector agrícola. Durante los últimos 20 a 30 años, la producción agrícola se había incrementado a un ritmo mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. El incremento observado en los países en desarrollo lo había absorbido en gran parte el consumo interno, en los países desarrollados en cambio, la producción se había volcado hacia la exportación. La parte del mercado correspondiente a las exportaciones de los países desarrollados se había incrementado enormemente, debido tanto a los subsidios a la exportación como al hecho de que los países desarrollados no sólo comercializaban su propia producción agrícola sino otros productos como café, cacao y té, provenientes de los países en desarrollo. Los principales beneficiarios de la expansión del comercio de productos agrícolas se esperaba que fueran los países desarrollados, principalmente los Estados Unidos. Pero, estos patrones de comercio estaban cambiando debido a los subsidios a la exportación, la liberalización observada en los países en desarrollo, la evolución de la estructura del mercado, la evolución de la reglamentación comercial internacional así como las exigencias del propio mercado. En 1999 los subsidios en la OCDE, alcanzaron la cifra de 362.000 millones de dólares — casi diez veces el total de fondos oficiales destinados a la asistencia al desarrollo de los países en desarrollo, dos veces el monto de la inversión extranjera directa en estos países y cerca de dos tercios del total del comercio agrícola mundial. Lo anterior tenía consecuencias importantes, tales como la disminución de la producción en aquellos países que no subsidiaban sus productos, mayores costos en países desarrollados que estaban pagando dichos subsidios, y una pérdida de puestos de trabajo en ambos. Cuando los países en desarrollo liberalizaron su comercio y bajaron las barreras a la importación, las industrias nacionales se vieron forzadas de pronto a competir con productos importados altamente subsidiados con resultados potenciales devastadores como en el caso de la industria del tomate en Senegal. La liberalización y la privatización juntas habían tenido como consecuencia el control de empresas nacionales por firmas extranjeras. Otras consecuencias habían sido positivas. Las empresas que tenían vínculos con compradores extranjeros habían aumentado su productividad, sus ingresos y proporcionado buen trabajo y bien pagado. Entre los aspectos negativos podían citarse la automatización y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, así como una disminución considerable de la parte del precio del producto final que llegó a bolsillos de los agricultores y de los trabajadores agrícolas. Se necesitaba crear capacidades tanto entre los empleadores como entre los trabajadores para hacer frente a estos retos.

28. Una observadora (Federación Internacional de Mujeres Universitarias) se refirió al reciente Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial en el que sobre el tema «Ataque a la pobreza» se decía que las formas más severas de desigualdad de la mujer se hacían más evidentes allí donde la reglamentación relativa a la herencia y al matrimonio favorecían desmesuradamente al hombre. En el sector agrícola, tales formas de desigualdad de la mujer lo impregnaban todo. En la mayor parte de los países en desarrollo las leyes de la familia desfavorecen a la mujer en materia de derecho de divorcio, de herencia de la tierra o de otros recursos productivos. La propiedad de la tierra por lo general es un privilegio masculino. Las políticas y programas económicos destinados a la mujer suelen apuntar más bien a medidas asociadas al bienestar y no a medidas que aseguren un crecimiento y un desarrollo sostenibles. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres frente a la adquisición de la propiedad debería encontrar respaldo en una legislación que abra a las trabajadoras agrícolas el acceso al crédito. La tierra y los derechos de propiedad sobre ella otorgan a la mujer una condición permanente y un sentimiento de seguridad que podría permitirles sacudirse del trato de menores de edad que reciben. Los títulos de propiedad de la tierra también constituyen incentivos de tipo comercial. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 56.ªreunión adoptó una resolución sobre la igualdad entre hombres y mujeres frente a la propiedad de la tierra, su acceso a ella y su control sobre ella; también sobre la igualdad de sus derechos a poseer bienes y una vivienda adecuada. Se afirmaba en dicha resolución que la discriminación jurídica en contra de la mujer respecto de la adquisición y conservación de la tierra, otros bienes, la vivienda así como respecto de los medios de financiación para la adquisición de tierras, otros bienes y la vivienda constituían una violación del derecho humano a la protección contra la discriminación que socavaba su capacidad para adquirir y conservar esos recursos. Su exclusión estaba contribuyendo a feminizar la pobreza. Además de la legislación aludida, la costumbre seguía imponiendo y extendiendo la mencionada perspectiva. Era necesario educar a la mujer en materias jurídicas y darle formación para que procurara averiguar cuáles eran sus derechos y cómo podía hacerlos realidad. Estudios nacionales habían demostrado que la elevación del nivel de educación de la mujer incrementaba su eficiencia como productoras, facilitaba la adopción de nuevas tecnologías y la eficiencia en la utilización de los recursos. Los análisis efectuados en Kenya sugieren que si las mujeres recibieran la misma educación y los mismos insumos que reciben los hombres, la productividad se incrementaría hasta en un 22 por ciento. Por otra parte, la educación de la mujer también contribuiría a aumentar la esperanza de vida de los niños.

29. El Presidente informó a la Reunión de que consultas informales habían permitido llegar a un acuerdo para integrar los puntos 1, 2 y 3 en un punto único. El contenido de este punto, según se acordó, es el siguiente:

«Habida cuenta de la importancia de la agricultura en muchos países en desarrollo y habida cuenta de la importancia de la mundialización y de sus efectos en sus economías, ¿cómo debería orientarse la política del Estado para que la agricultura contribuya a un trabajo decente (mitigación de la pobreza), a la creación de un empleo sostenible y a un desarrollo global sostenible? ¿Cómo deberían las organizaciones de trabajadores y de empleadores facilitar un trabajo decente en el sector agrícola?»

El orador indicó que este enfoque ofrecía la ventaja de abarcar todas las cuestiones, tanto las que figuraban en la lista como otras. La propuesta se aceptó y se inició la discusión punto por punto.

Discusión punto por punto

Garantía de un trabajo decente, creación de empleo y desarrollo sostenible en la agricultura

30. El portavoz de los empleadores expuso el punto de vista de su Grupo sobre la política del Estado y la agricultura. Para que la agricultura continuara contribuyendo a la creación de empleo y a un desarrollo global sostenible, el Gobierno tendría que ser un órgano estable. Debería crear un nivel apropiado de infraestructura, incluidas las medidas siguientes: no intervención en los mercados financieros y comerciales, libre acceso a todos los mercados; políticas conducentes a tipos de interés bajos y a una inflación baja; transferencia acelerada de la tecnología de los países más desarrollados a los países en desarrollo; desarrollo de mejores conocimientos en materia de administración de empresas; garantía de los derechos legales de propiedad y régimen legal de tenencia de la tierra; fomento de métodos de producción con mayor valor añadido a diferencia de las exportaciones de materias primas; mayores inversiones en la investigación y desarrollo; reconocimiento y protección de los recursos naturales; mayor reciclaje de productos derivados y de desechos; mayor participación en programas agrícolas, en especial en los niveles locales o regionales de gobierno.

31. El portavoz de los trabajadores recordó la finalidad de la Reunión y que el informe de la OIT merecía un examen detenido. La comunidad internacional tenía muy presente cuestiones como la libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva. La aplicación de las normas fundamentales de la OIT era un medio que permitía conseguir una agricultura sostenible. Todos los copartícipes sociales deberían apoyar esta exigencia internacional. Sea lo que fuere, ¿cómo podía erradicarse la pobreza si no se respetaban los derechos a mejores condiciones de trabajo y de remuneración de los trabajadores pobres? ¿Cómo podían mejorarse las condiciones de trabajo sin prestar atención a la cuestión de la seguridad y salud de los trabajadores? Estaba de moda una escuela de pensamiento tendiente a reducir el papel de la OIT a pesar de los progresos conseguidos en el campo del desarrollo industrial y económico. El orador estimó que todo el sistema futuro de relaciones de trabajo se pondría en tela de juicio en caso de socavarse el enfoque tripartito. Respecto de la función de los gobiernos para garantizar una agricultura y un desarrollo rural sostenibles, la política tendría que orientarse hacia el mantenimiento e incluso la ampliación del carácter multifuncional de la agricultura. Convenía diversificar la producción agrícola con sistemas agropecuarios mixtos y liberarse de una dependencia excesiva de un monocultivo o de una ganadería demasiado intensiva. Los gobiernos deberían elaborar programas para promover la agricultura biológica, incluidas medidas de transición para los productores que deseaban abandonar la agricultura tradicional a favor de una producción biológica, y desarrollar mercados para estos productos. La diversificación de la agricultura y la promoción de la agricultura biológica tendrían que considerarse dentro del marco del importante objetivo de la creación de empleo agrícola. Una de las responsabilidades principales del Estado era garantizar la seguridad alimentaria, en caso de escasez de alimentos en gran escala. Por último, una agricultura multifuncional era importante para proteger el entorno rural y correspondía a los gobiernos intervenir en la integración de esta cuestión en su política agrícola. El orador terminó señalando que el portavoz de los empleadores no había abordado la cuestión de cómo las organizaciones de trabajadores y de empleadores podían promover el trabajo decente en la agricultura.

32. El Presidente expresó su aprecio por las observaciones concretas que se habían formulado. Sin embargo, al abogar por gobiernos estables era importante aclarar que los empleadores no se referían a dictaduras o gobiernos autocráticos sino a gobiernos democráticos que también podían ser estables. Esta distinción había de ser explícita. Era evidente que los gobiernos habían de asumir responsabilidades para proteger los recursos naturales, y reglamentar la tenencia de la tierra y el acceso a la misma. Sin embargo, en lo que se refiere a su no intervención en los mercados, el orador afirmó que los gobiernos que decidían liberalizar el comercio de productos básicos tenían la obligación de establecer ciertos mecanismos de control para garantizar cuando menos un acceso mínimo a recursos básicos como alimentos, agua y vivienda, sin los cuales son imposibles condiciones de vida dignas. Los gobiernos habían de desempeñar un papel importante en tanto que actor principal en la organización y reglamentación del desarrollo y en tanto que garante de la justicia social y de los derechos humanos.

33. El representante del Gobierno de China estimó que la mayor parte de las propuestas consideradas hasta ahora se aplicaban de hecho en todo el mundo. China tenía una población de 1.300.000 millones de habitantes. Con solamente 7 por ciento de la superficie de tierras de cultivo del mundo China tenía que alimentar el 22 por ciento de la población mundial. En los últimos 50 años las inversiones de China en un desarrollo sostenible y un crecimiento estable habían sido considerables. La producción de alimentos se había multiplicado por 3,5. Millones de dólares se habían invertido en la creación de empresas en poblados y zonas rurales con el fin de crear empleos para los agricultores, incluidas actividades no agrícolas. Mil millones de personas vivían en zonas rurales, pero el nivel global de desarrollo permanecía bajo y el mercado agrícola no había alcanzado un grado de madurez suficiente. El desarrollo sostenible no podía disociarse de un empleo sostenible. En China, habían excedentes de mano de obra de 150 millones de personas que vivían de la tierra. Muchos abandonaban las zonas rurales y se trasladaban a las ciudades en un éxodo algo caótico. En el último decenio, el Gobierno había llevado a cabo un proyecto para organizar más ordenadamente esta migración y ayudar a los migrantes a conseguir empleos bien remunerados y mejorar sus condiciones de vida. Otras medidas adoptadas comprendían incentivos para promover el desarrollo de empresas en zonas rurales, en actividades de transformación de alimentos. China recibía asistencia de la OIT en esta esfera. La experiencia adquirida con este proyecto también podría resultar útil para otros países. No había que descuidar la enseñanza general y la formación profesional. En particular, los establecimientos de formación y la enseñanza a distancia por radio ponían en contacto los agricultores con el mundo exterior y los familiarizaban con la nueva tecnología. En China, los hombres y las mujeres se consideraban iguales. Para lograr una agricultura sostenible, los países en desarrollo habían de basarse en primer lugar en su propio esfuerzo. Pese a ello, los países industrializados habían de promover las inversiones en los países en desarrollo con miras a conseguir en última instancia un desarrollo mundial sostenible. Esperaba que los países industrializados facilitarían la transferencia de tecnología a los países en desarrollo a un precio razonable. La presente Reunión era un foro en el que podían intercambiarse las experiencias de los países en desarrollo.

34. La representante del Gobierno de El Salvador señaló que la agricultura era un componente muy dinámico de la economía de su país. Las políticas del Estado deberían establecer disposiciones claras y estables para garantizar que las decisiones en materia de inversiones en la agricultura contribuyan a un empleo y desarrollo sostenibles. Se estudiaban mecanismos para promover condiciones de justa competencia con otros países, respetándose debidamente los principios básicos del comercio internacional. En El Salvador, la agricultura correspondía al sector privado, pero el Gobierno había elaborado un programa integral (1999-2004) para mejorar la función de la agricultura con miras a la creación de empleo. El Gobierno apoyaba los esfuerzos de reconversión de los productores tradicionales y prestaba servicios de asistencia técnica para aumentar la producción nacional, construir sistemas de drenaje, establecer estaciones meteorológicas, crear estructuras comerciales para los bienes de mercado y promover la transferencia de tecnología con el fin de mejorar la calidad de los servicios. Estos esfuerzos tenían por objeto permitir que los productores y los trabajadores alcanzaran el nivel deseado de producción y tuvieran acceso a un empleo e ingresos decentes sobre una base permanente.

35. El representante del Gobierno de Sudáfrica hizo notar que el crecimiento agrícola no era un fin en sí sino que tenía lugar para cumplir ciertos objetivos de carácter nacional. La política gubernamental necesitaba encontrar un equilibrio entre las necesidades de los productores, las de los trabajadores y las de los consumidores, que competían entre sí. El Gobierno debería evitar los dos extremos, es decir, un control total o una ausencia total de intervención en la economía. Un enfoque más moderado apuntaría a asegurar que los beneficios de la mundialización alcanzaran a todas las partes interesadas. El Gobierno reconocía el problema tan particular a que debían hacer frente los trabajadores agrícolas y había adoptado una legislación para proteger sus derechos. Había también establecido un órgano tripartito de modo que el Gobierno, los empleadores y los trabajadores se pudieran encontrar con cierta periodicidad para discutir los problemas y alcanzar soluciones.

36. La representante gubernamental de Egipto explicó que las recientes discusiones sobre la diversificación de las actividades había puesto de relieve los diversos aspectos no comerciales asociados con la agricultura tales como el de la seguridad alimentaria, el mejoramiento de las infraestructuras rurales y la elevación de la calidad de vida de la población rural. El principal mensaje que comunicaba esta perspectiva de diversificación de las actividades era el de que la agricultura no debería acatar la disciplina impuesta por la liberalización y las reglas del comercio mundial. En otras palabras, había que considerar la agricultura como un estilo de vida y por ello merecía ser subsidiado. La cuestión de la seguridad alimentaria merecía atención. Por una parte, era importante alcanzar algún nivel mínimo de autosuficiencia para satisfacer las necesidades básicas de cada ciudadano pero no podía asegurarse sino un nivel mínimo de subsistencia. Simplemente era demasiado oneroso pensar en sobrepasar dicho nivel. Por otra parte, había que atender a la cuestión de la relación entre la producción agrícola nacional y los mercados mundiales, la producción de cultivos a precios competitivos y su exportación. Se trataba de una empresa que presentaba riesgos pues no todos los sectores de la población estaban en condiciones de satisfacer las demandas que imponían los mercados internacionales. Así pues existían algunas limitaciones que tenían que aceptarse como tales debiendo encontrarse un equilibrio difícil de alcanzar para establecer un sistema apropiado de seguridad alimentaria.

37. Un miembro trabajador del Reino Unido dijo que los trabajadores propiciaban una agricultura eficiente y próspera en todo el mundo respetuosa del medio ambiente y que no dañara la salud a los trabajadores. Las prácticas inadecuadas de la agroindustria habían hecho mucho daño a los trabajadores y a sus familias por lo que la actitud de no intervención de parte del Gobierno no constituía una opción. Los gobiernos necesitaban aceptar las normas fundamentales del trabajo de la OIT como componentes centrales y, sin lugar a dudas, como una dimensión de la agricultura sostenible. Los gobiernos habían demostrado estar adoptando actitudes muy responsables frente a los problemas que se presentaban en el sector agrícola y pueden hacer mucho para asegurar que se consiga un trabajo decente. Los gobiernos podrían establecer órganos tripartitos nacionales y quizás regionales para examinar todos los aspectos de la política agrícola, entre ellos, el comercio, cuestiones de orden técnico y de orden social. Deberían alentar la creación de cooperativas y proporcionar asistencia técnica. Podría adoptarse una estrategia tendiente a reducir el consumo de pesticidas; ello contribuiría en gran medida a mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, a resguardar el medio ambiente y también a ahorrar dinero a los empleadores. Se contaba con un cuerpo de conocimientos importante acerca de los sistemas de cultivos orgánicos que también podrían resultar benéficos para el medio ambiente y alentar el empleo. La producción de cultivos orgánicos en el Reino Unido estaba creciendo a un ritmo del 40 por ciento anual. En tanto que amplios sectores de la industria estaban viviendo momentos difíciles, el sector de los cultivos orgánicos lo estaba haciendo extraordinariamente bien. La producción orgánica permitía obtener un sobreprecio, empleaba un 30 por ciento más de mano de obra y pagaba mejores salarios que los sistemas tradicionales de producción. Varios gobiernos europeos ya habían establecido metas para la producción de cultivos orgánicos y estaban proporcionando apoyo para la conversión hacia ese tipo de cultivos.

38. El portavoz de los empleadores se mostró de acuerdo con el deseo expresado por los trabajadores de que se abandonara el tipo de cultivos exageradamente intensivo. En un mundo perfecto, toda la producción debería corresponder a cultivos orgánicos y ser la norma, pero en el mundo imperfecto en que vivimos, los plaguicidas eran necesarios para que los agricultores combatieran las plagas de langostas, satisficieran los pedidos y sobrevivieran financieramente. En la agricultura orgánica, el rendimiento era menor, situación que la caracterizaba como una producción casi de lujo, en particular en los países en desarrollo en que la población está aumentando. Los comentarios anteriores relativos a la no intervención de los gobiernos hacían necesario reconocer que toda intervención de los gobiernos — ya sea planteando restricciones al comercio o protegiendo el empleo — se traducían en un costo que la comunidad tenía que absorber. Algunas comunidades pudieran no estar dispuestas o no ser capaces de soportar el costo de esa intervención.

39. Una miembro trabajadora de Filipinas dijo que la no intervención también representaba un costo. A este respecto se refirió a la demanda colectiva planteada por los trabajadores de las plantaciones de banana de Costa Rica y Mindanao motivadas en la esterilidad e infertilidad provocada en los trabajadores que habían estado expuestos a la acción de plaguicidas en razón de su trabajo. La exposición a altas dosis de plaguicidas estaba también causando varias formas de cáncer en los trabajadores de la piña y de la banana. El precio de la no intervención estaba evidentemente siendo pagado por los trabajadores en términos de vida y salud. ¿En cuánto se podría evaluar este sufrimiento humano?

40. Un miembro trabajador de Dinamarca se refirió a las medidas adoptadas por su Gobierno en los años ochenta cuando los productos agroquímicos habían contaminado el agua potable y el mar hasta tal punto en que la industria pesquera se había visto amenazada. El Gobierno había tenido que intervenir ofreciendo apoyo financiero y programas de educación para alentar un cambio de la agricultura de cultivos tradicionales a la de cultivos orgánicos. Si el Gobierno no hubiera proporcionado asistencia económica — esto es, si no hubiera intervenido — no hubiera sido posible el cambio observado hacia una agricultura sostenible.

41. El portavoz de los empleadores, refiriéndose a las preocupaciones referentes a la utilización excesiva de pesticidas, dijo que cuando hablaban de no intervención, el Grupo de los Empleadores tenía en mente los subsidios a la agricultura, a las barreras aduaneras y a las sanciones no económicas que pudieran estar entorpeciendo el comercio. El Grupo de los Empleadores apoyaba la reducción del uso de plaguicidas y en particular alentaba la utilización de aquellos plaguicidas que disminuyeran los riesgos de lesiones y enfermedades. Dijo que los organismos transgénicos que eran más resistentes a las enfermedades podrían reducir considerablemente la utilización de plaguicidas lo que era uno de los resultados positivos de los organismos modificados genéticamente. El orador felicitó al Gobierno danés por su trabajo pero hizo notar que puesto que en dicho país sólo el 4 por ciento de la población estaba ocupada en la agricultura el costo del subsidio del cambio hacia una agricultura orgánica iba a ser financiado por el 96 por ciento de los daneses que pagaban sus impuestos. En otros países eso no sería posible. En lo que respecta a las actividades de los empleadores para promover un trabajo decente dijo que sus organizaciones deberían tratar de influir ante los gobiernos para que elaboraran políticas como las propuestas anteriormente por el Grupo de los Empleadores. Deberían apoyar a sus miembros y a sus ejecutivos proporcionándoles formación para que administraran sus negocios con eficacia, pudieran ser competitivos en materia de tecnología y trabajar en una economía mundializada.

Trabajo infantil

42. El portavoz de los trabajadores felicitó a la OIT por su extraordinaria labor en el campo del trabajo infantil. El problema del trabajo infantil en la agricultura era bien conocido y documentado. Los niños trabajaban porque sus padres no tenían la posibilidad de ganar lo suficiente para sostener su familia. El trabajo infantil perjudicaba el salario de los adultos. Los sindicatos estaban en primera fila en la lucha para romper este círculo vicioso y elevar los salarios de los adultos hasta un nivel suficiente para el sostén de las familias. Por su parte, los gobiernos habían de adoptar medidas para ofrecer una enseñanza adecuada a los niños de las zonas rurales y retirarlos del trabajo para integrarlos en el sistema de educación. Convenía mejorar la infraestructura, ofrecer enseñanza gratuita y adoptar buenas políticas en materia de educación que permitieran recuperar a los educandos que abandonaban la escuela. Con demasiada frecuencia se denegaba a las niñas el acceso a la educación y esta situación había de remediarse. Convenía establecer una distinción entre los niños ocupados en una explotación familiar y aquellos dedicados a la agricultura comercial. En este último caso, el desarrollo de los niños se veía frustrado y podían verse expuestos a ciertos abusos por la naturaleza del trabajo en las fincas comerciales. En Kenya, se planteaba el problema de los huérfanos del SIDA que vivían y trabajaban en fincas y plantaciones compartiendo a menudo los mismos dormitorios que los adultos y expuestos ellos mismos al SIDA. Constituían una reserva barata de mano de obra, habían de trabajar para sobrevivir y, por consiguiente, eran víctimas de una terrible explotación. Otro problema era la cantidad excesiva de trabajo que se exigía comúnmente en las plantaciones de sisal, té y café. Cuando los padres no podían terminar su tarea en los plazos fijados, pedían a sus hijos que los ayudaran. Así se creaba una forma indirecta de trabajo infantil. El empleador podía pretender que no ocupaba a niños pero, en razón de la carga excesiva de trabajo, los niños habían de participar en la realización de las tareas. Los sindicatos, en especial aquellos que representaban a los trabajadores de las plantaciones, negociaban convenios colectivos con garantías contra el trabajo infantil. Acogían con beneplácito la respuesta positiva de los empleadores en este esfuerzo. El orador instó a los gobiernos a que ratificaran y aplicaran los Convenios núms. 138 y 182 y pidió que la OIT continuara prestando asistencia técnica a los gobiernos deseosos de eliminar el trabajo infantil.

43. El portavoz de los empleadores declaró que le complacía expresar el acuerdo casi total de los empleadores con el punto de vista de los trabajadores sobre la cuestión del trabajo infantil. Sin embargo, los empleadores reconocían que, en el caso de la agricultura de subsistencia, se recurría al trabajo infantil para que la familia pudiera sobrevivir. No se trataba de mano de obra barata o de la voluntad de explotar a los niños, sino de la pobreza que obligaba a los niños a trabajar. El Grupo de los Empleadores apoyaba la prohibición del trabajo infantil cuando el trabajo prohibía el acceso de los niños a la enseñanza primaria, podía resultar peligroso para su salud o era inmoral o indecente, o cuando impedía el desarrollo físico, escolar y moral del niño. Consideraban que la OIT debería continuar esta importante labor con los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en los países en desarrollo para ayudarlos a resolver este problema. Los empleadores colaboraban con los trabajadores y los gobiernos en aras de alcanzar este objetivo común.

44. El Presidente indicó que dos de los Convenios fundamentales de la OIT (núms.138 y 182) señalaban orientaciones apropiadas sobre lo que convenía hacer para erradicar el trabajo infantil. La OIT tendría que continuar prestando asistencia a los gobiernos que habían ratificado estos Convenios con miras a que se cumplieran plenamente. Los gobiernos podrían elaborar y aplicar una legislación que prohibiera y erradicara el trabajo infantil. En lo que se refiere a las funciones respectivas de los copartícipes sociales, era evidente que los empleadores no deberían ocupar a niños. Además de ello, sin embargo, correspondía a las organizaciones de empleadores desempeñar un papel pedagógico en su comunidad para informar a sus miembros de las cuestiones pertinentes, incitarlos a no ocupar a niños y crear condiciones desfavorables para aquellos de sus miembros que lo hicieran. Incumbía a los trabajadores desempeñar un papel importante de vigilancia para ayudar a los empleadores y a los gobiernos en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Los trabajadores también eran padres de familia y les correspondía también desempeñar un papel pedagógico.

45. La representante del Gobierno de Egipto felicitó a los empleadores por su contribución concreta y útil. Puso de relieve la necesidad de cooperación y de movilización por parte de la comunidad internacional. Los países desarrollados habían de desplegar más esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo en la erradicación de la explotación económica de los niños. Se precisaba una acción mancomunada.

46. El representante del Gobierno de Chile destacó la firme voluntad de su Gobierno de erradicar el trabajo infantil y ofrecer una protección social a los jóvenes mayores de 15 años que estaban legalmente autorizados a trabajar. El Gobierno había celebrado recientemente, en colaboración con el UNICEF y la OIT, un seminario internacional en el que se formuló claramente la voluntad de erradicar el trabajo infantil, castigar a los infractores y ofrecer enseñanza obligatoria. Aunque se registraran tasas relativamente bajas de trabajo infantil en Chile, los niños que trabajaban se concentraban en el comercio y la agricultura. El Ministerio de Trabajo, por medio de sus servicios de inspección y de su dirección del trabajo, había adoptado importantes medidas para prevenir y sancionar el empleo ilícito de niños. Pese a ello, existían algunos casos en la agricultura en que era difícil conseguir el acuerdo de los padres para evitar el trabajo de los niños y también era difícil contar con un comportamiento uniforme y total de los empleadores a fin de no contratar niños en el trabajo agrícola. En todo caso, se trata de un problema que no puede resolverse únicamente con leyes laborales. Convenía educar a los padres para que comprendieran la importancia de la educación de los niños con el objeto de no transformarlos en trabajadores a temprana edad. El trabajo infantil era a la vez una consecuencia y una causa de la pobreza. Finalmente, esta delegación del Gobierno de Chile instaba a todos los países a ratificar y aplicar los Convenios núms. 138 y 182 para erradicar el trabajo infantil.

47. El representante del Gobierno de Dinamarca declaró que la erradicación del trabajo infantil era una prioridad para su Gobierno y que este último había adoptado un programa de actividades con miras al logro de un entorno laboral limpio en 2005 que comprendía una vertiente relativa al trabajo infantil. El Gobierno de Dinamarca había ratificado el Convenio núm. 182 y de hecho todos los convenios fundamentales de la OIT. En Dinamarca, el problema principal que el trabajo infantil en la agricultura planteaba era la tasa de accidentes correspondiente a los niños en comparación con las tasas registradas en otros sectores. Era importante establecer una distinción entre trabajo y trabajo peligroso y los niños nunca deberían ser autorizados a efectuar un trabajo peligroso.

48. La representante del Gobierno de la India se refirió a los esfuerzos de su Gobierno para prohibir el empleo de niños menores de 14 años en las fábricas, las minas y actividades peligrosas y para reglamentar las condiciones de trabajo de los niños en otras categorías de empleo. En 1996, el Tribunal Supremo de la India había dictado una sentencia que sentaba jurisprudencia por la que se condenaba al empleador al pago de una indemnización de 20.000 rupias por cada niño ocupado en violación de las disposiciones de la ley sobre el trabajo infantil. También disponía que había de constituirse un fondo de protección social del trabajo infantil para ofrecer empleo alternativo al miembro adulto de la familia de un niño que hubiera abandonado un trabajo peligroso. El Gobierno había adoptado ya medidas para dar efecto a esta decisión del Tribunal Supremo.

49. La representante del Gobierno de El Salvador se refirió al enfoque tripartito adoptado en su país para erradicar el trabajo infantil. El Salvador daba prioridad a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y elaboraba una política nacional en este sentido al mismo tiempo que planes de acción sectoriales. El Gobierno supervisaba el acopio de estadísticas sobre el trabajo infantil. Los copartícipes sociales participaban activamente en la búsqueda de soluciones para resolver el problema del trabajo infantil. El Salvador había ratificado los Convenios núms. 138 y 182. El segundo se ratificó en junio de 2000 tras un seminario tripartito organizado por la OIT. El orador expresó el agradecimiento de su Gobierno por el apoyo de la OIT en esta esfera.

50. La representante del Gobierno de Filipinas describió una estrategia que se estaba aplicando en su país, de carácter multisectorial (Tripartito ++»), en la que los representantes de las organizaciones gubernamentales, de empleadores y de trabajadores, así como las ONG y las organizaciones privadas trabajaban en forma conjunta o complementaban sus programas mutuamente en la lucha contra el trabajo infantil, en especial en ocupaciones peligrosas.

51. Una miembro trabajadora de Filipinas volvió a expresarse sobre la cuestión del trabajo a destajo. Cuando este trabajo se distribuía de tal manera que era imposible para un trabajador terminarlo, éste tenía que recurrir necesariamente a la ayuda de miembros de su familia. En este caso, el trabajo infantil no era solamente una consecuencia de la pobreza, sino de la forma en que el trabajo se estructuraba y organizaba.

Mujeres en la agricultura

52. El portavoz de los empleadores confirmó que su Grupo apoyaba la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres en el lugar de trabajo. Reconocía, sin embargo, que en algunos países las exigencias físicas de determinadas ocupaciones impedían el acceso de las mujeres a estas categorías de trabajo. Estas dificultades prácticas habían impedido que algunos países ratificaran el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). Las mejoras en la mecanización y la utilización de dispositivos que ahorraban el uso de mano de obra podían ofrecer un mayor acceso de las mujeres a empleos tradicionalmente ocupados por hombres, por ejemplo los que requerían una actividad manual penosa. El Grupo de los Empleadores apoyaba el criterio con arreglo al cual un trabajo de misma índole debería remunerarse con un salario igual independientemente de si se trataba de hombres o mujeres. Instó a la OIT a continuar colaborando con los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para lograr los objetivos del Convenio núm. 100.

53. El portavoz de los trabajadores señaló que las mujeres en la agricultura se encargaban de la producción, transformación, cocción y servicio de alimentos. Se veían a menudo obligadas por razones familiares a dedicarse a tareas agrícolas además de sus quehaceres domésticos. El informe de la OIT formulaba comentarios útiles sobre la función de las mujeres en la agricultura, pero se centraba más en el papel de las mujeres en tanto que agricultores o miembros de pequeñas explotaciones agrícolas que en su papel de asalariadas agrícolas. Muchas mujeres ocupadas en la agricultura trabajaban en condiciones de empleo precarias como trabajadoras estacionales, ocasionales o temporales. Muchas de ellas se excluían de los derechos del empleo en razón de las modalidades de su contratación. El Grupo de los Trabajadores estaba plenamente convencido de la necesidad de una igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Sin embargo, cuando la mayor parte de los trabajadores se contrataban sobre una base permanente mientras que las trabajadoras se contrataban en formas precarias de empleo, resultaba difícil resolver la cuestión de las diferencias de remuneración. Los problemas con que se enfrentaban las trabajadoras agrícolas eran muy serios. Era esencial que las mujeres se trataran sobre un pie de igualdad con sus homólogos masculinos. Después de todo, todo trabajo que un hombre pudiera efectuar también lo podía hacer una mujer. Los trabajadores acogían con beneplácito la voluntad de los empleadores de mejorar las oportunidades de empleo de las mujeres en la agricultura, pero se sentían preocupados por el hecho de que la mecanización pudiera conducir a una pérdida de empleos. La OIT había de desempeñar un papel destacado para lograr que los gobiernos ratificaran y aplicaran los convenios relativos a la igualdad de trato y a la protección social de las mujeres. Habían de fortalecerse capacidades en las organizaciones de empleadores y de trabajadores para mejorar la concienciación de las diferencias de trato entre hombres y mujeres con miras a que las mujeres ocuparan puestos de dirección y velar por que las negociaciones reflejaran en sus programas las necesidades de las trabajadoras. Los sindicatos creaban ahora estructuras que permitirían que las mujeres estuvieran mejor representadas en los colectivos de negociación y para incitarlas a ocupar puestos de dirección.

54. La representante del Gobierno de El Salvador se refirió a los cuatro pilares fundamentales que garantizan la igualdad de trato de las mujeres en la agricultura de su país. Estos comprendían la igualdad de acceso a la formación y orientación profesionales; las disposiciones de la legislación del trabajo relativas al fomento del perfeccionamiento profesional; la aplicación de las normas del trabajo; y servicios adecuados de inspección del trabajo para velar por el cumplimiento de la legislación en vigor. La formación profesional había de fortalecerse para mejorar el nivel de calificación de las mujeres, aumentar sus oportunidades profesionales y calificarlas para conseguir mejores salarios. Convenía concienciar mejor a los empleadores de las cuestiones relativas a la igualdad.

55. El representante del Gobierno de Dinamarca recalcó la importancia de integrar el principio de igualdad de oportunidades en otras vertientes de la política. Era sumamente importante la plena participación de las mujeres en todos los niveles del proceso de toma de decisiones. Las mujeres deberían ser autónomas en el mercado de trabajo y gozar plenamente de los derechos de sucesión y de acceso al capital. La legislación debería prohibir los tratos discriminatorios.

56. La representante del Gobierno de Egipto declaró que la Constitución y la legislación nacional de su país establecían la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor sin ninguna discriminación. Recientemente, un Consejo Nacional de la Mujer se había creado para elaborar las estrategias necesarias con miras a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de trabajo y, especialmente, en los puestos en que se toman decisiones.

57. El representante del Gobierno de Chile declaró que la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la no discriminación en el trabajo eran fundamentales, en especial si se consideraba el valor del trabajo de las mujeres. Las mujeres constituían una proporción cada vez mayor de la fuerza de trabajo, lo cual se manifestaba especialmente en el sector agrícola, en donde el 50 por ciento de los trabajadores estaba constituido por mujeres. Muchas mujeres ocupadas en la agricultura y la agroindustria se contrataban a tiempo parcial o sobre una base temporal o estacional. Sus horas de trabajo y su remuneración eran inferiores en comparación con los hombres, pero su actividad era vital para la producción agrícola. El Gobierno a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Dirección del Trabajo, había adoptado medidas para capacitar e informar a las trabajadoras temporeras sobre sus derechos fundamentales en el trabajo.

58. Una miembro trabajadora de Filipinas se explayó sobre la cuestión de la igualdad de oportunidades en relación con la pesada carga doméstica que las mujeres habían de asumir. La igualdad de oportunidades carecía de sentido sin servicios de apoyo apropiados como guarderías infantiles. El acceso a los recursos y el derecho a la propiedad de la tierra eran otros aspectos importantes de la igualdad. La mecanización no era una bendición sin inconvenientes para las mujeres. El aumento del volumen de trabajo y la aceleración del mismo impuesta por las máquinas para elevar la productividad y la capacidad competitiva habían agravado las dificultades de las trabajadoras. Un problema importante para las mujeres ocupadas en la agricultura era la falta de instalaciones sanitarias. También existía el problema del acoso sexual, puesto que las mujeres ocupaban a menudo empleos precarios como trabajadoras ocasionales o por contrata. Por consiguiente, el acoso sexual eran una vertiente adicional de la diferencia de trato entre hombres y mujeres dentro del marco del problema de la precariedad del empleo. El orador terminó refiriéndose a un proyecto elaborado por la Confederación de Empleadores de Filipinas respecto de las empresas que adoptaban disposiciones favorables para los niños y las mujeres, por considerarse que constituía una medida que se orientaba en la buena dirección.

59. El Presidente estuvo de acuerdo con el orador anterior en cuanto a la necesidad de servicios de apoyo para las mujeres rurales. Un buen ejemplo de ello era la protección de la maternidad. Las reglas del juego habían de nivelarse para conseguir la igualdad de derechos de las mujeres. La protección de la maternidad era una cuestión importante que se tenía poco en cuenta en el sector de la agricultura. Otra cuestión era cómo mitigar la vulnerabilidad de las mujeres en el sector de la agricultura, tanto en lo que se refiere a las enfermedades como a las lesiones profesionales. El aumento del Sida entre las mujeres rurales era un indicador de la necesidad de adoptar medidas en este ámbito.

60. La representante del Gobierno de la India mencionó una iniciativa de su Gobierno para promover la concepción de equipo agrícola que pudieran utilizar las mujeres y que ofreciera condiciones ergonómicas adecuadas a las mismas. Tomó nota con satisfacción del consenso total que existía entre los tres Grupos respecto de los derechos de la mujer y del trabajo infantil.

Seguridad y salud en la agricultura

61. El portavoz de los trabajadores señaló que la agricultura era uno de los tres sectores más peligroso. Mencionó estadísticas de la OIT con arreglo a las cuales se habían registrado 170.000 accidentes mortales en la agricultura en 1997 por un total de 330.000. Los trabajadores agrícolas también representaban una proporción indebida de los 250 millones de trabajadores que habían sufrido lesiones profesionales y los 160.000 millones de afectados por una enfermedad profesional. Estas tasas no eran sostenibles ni en términos humanos ni económicos. Podía prevenirse la mayor parte de los casos de fallecimiento, accidente y lesión. Los gobiernos habían de elaborar un marco reglamentario y político apropiado para atender las cuestiones de salud en la agricultura, vinculándolas a las cuestiones ambientales cuando fuera procedente. Los trabajadores agrícolas deberían disfrutar de las mismas normas de protección que las demás categorías de trabajadores. Los empleadores eran los principales responsables de una aplicación eficaz de las normas de seguridad y salud, pero sería útil que los sindicatos de trabajadores agrícolas pudieran beneficiarse de un fortalecimiento de sus capacidades en esta esfera. El Grupo de los Trabajadores invitaba a la OIT a colaborar con otros organismos de las Naciones Unidas en la aplicación de las prohibiciones existentes aplicables a los productos químicos peligrosos y a contribuir a la labor que venía realizándose en torno al Convenio Rótterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. El orador también instó a la OIT a realizar nuevas investigaciones estadísticas sobre la seguridad y salud en el trabajo en el sector de la agricultura.

62. El portavoz de los empleadores, refiriéndose a las estadísticas mencionadas, señaló que nadie podía modificar el pasado pero sí influir en el futuro. Todo caso mortal era un caso de más. Todas las partes en el sector tenían que obrar por la seguridad del lugar de trabajo. Convenía reconocer que todo trabajo entrañaba un riesgo de lesión, pero las categorías de riesgo variaban según la industria de que se trataba. Estas categorías de riesgo incluso variaban dentro de una misma industria. En algunos de los países más desarrollados, la noción de que el trabajo agrícola presentaba un alto nivel de riesgo parecía ir en contra de lo que se pensaba normalmente. Se consideraba en general que la vida en el campo era idílica y se desarrollaba lejos del tráfico peligroso y de la contaminación de las zonas urbanas. La responsabilidad en materia de seguridad en el trabajo no incumbía solamente a los empleadores. Era una responsabilidad común que debía ser compartida por los trabajadores, sus empleadores y el Estado. Los accidentes no sólo tenían consecuencias negativas para la vida de los trabajadores. Los empleadores también se veían perjudicados por el ausentismo en el trabajo, los gastos de rehabilitación del empleado y la prestación de asistencia médica, niveles más bajos de productividad y el deterioro de la imagen que presentaba el sector agrícola. Convendría centrarse primero en la prevención en el lugar de trabajo de los riesgos mortales y de lesión. El gobierno podría contribuir a este esfuerzo con el desarrollo de programas de educación, información y formación en el campo de la seguridad y salud para educar a los trabajadores y los empleadores en el conocimiento de los riesgos y la prevención de las lesiones. Estos programas deberían facilitar información sobre los productos químicos y los riesgos inherentes a su uso y considerar formas alternativas de efectuar el trabajo que reduzcan la probabilidad de lesiones. Los gobiernos tendrían que adoptar iniciativas para que los empleadores mejoren el nivel de seguridad en el lugar de trabajo. El orador señaló que algunos gobiernos permitían la producción y exportación de productos químicos cuya utilización se prohibía en su país de origen. Los empleadores también reconocían que en los países menos desarrollados las restricciones impuestas a las prácticas de trabajo podrían significar un obstáculo más para el crecimiento. Por ejemplo, la adquisición de equipo de seguridad podía resultar más difícil como también la divulgación de información actualizada sobre seguridad en regiones distantes, sobre todo en países sin acceso universal a Internet. El mejor método para luchar contra la pobreza no consistía en imponer sanciones sino en promover el crecimiento. El Grupo de los Empleadores proponía que se adoptaran las medidas siguientes para reducir la frecuencia de los accidentes en todos los sectores, incluida la agricultura: acopio y difusión de datos estadísticos definitivos sobre la experiencia adquirida en el lugar de trabajo en términos de seguridad y salud; desarrollo de programas de formación tripartitos a nivel nacional en el ámbito de la seguridad y salud; intercambio de información entre diferentes países. Las naciones muy adelantadas en el campo de la seguridad y salud podían facilitar información para que los países menos desarrollados pudieran progresar más rápidamente en la materia.

63. La representante del Gobierno de Egipto indicó que su país ocupaba el primer lugar en términos de rendimiento de los cultivos de arroz y caña de azúcar. El suelo fértil de Egipto combinado con un sistema bien administrado de irrigación era esencial para conseguir estos resultados, pero también éstos podían atribuirse a la utilización intensiva de fertilizantes, plaguicidas, mano de obra, semillas de alta calidad y maquinaria. La aplicación de plaguicidas, insecticidas y otros productos químicos se había reducido en casi un 90 por ciento en los últimos diez años, pero los fertilizantes químicos se utilizaban todavía en gran escala. La experiencia mostraba que sin abonos el rendimiento de la tierra era muy bajo, por lo cual la eliminación de fertilizantes químicos sólo se conseguiría con el tiempo. La población que aumentaba continuamente había de ser alimentada y el pan tenía que distribuirse a precios subvencionados. La maquinaria agrícola se utilizaba por doquier en Egipto. Para reducir a un mínimo los riesgos de lesión, el Gobierno había establecido centros de mecanización con objeto de capacitar a los agricultores en el uso apropiado de maquinaria y en su conservación y reparación sistemáticas.

64. El representante del Gobierno de Dinamarca declaró que si bien los trabajadores tenían la obligación de respetar normas de seguridad y salud, la responsabilidad de ofrecer un medio ambiente de trabajo seguro recaía en los empleadores. Los trabajadores o sus representantes en materia de seguridad tendrían que asociarse a la utilización de equipo nuevo o de productos químicos. Una evaluación del lugar de trabajo podría contribuir a señalar prioridades de acción futura. El Gobierno, tras consultar con los empleadores y los trabajadores, debería adoptar disposiciones y reglamentos sobre seguridad en el uso de productos químicos y de maquinaria y estas normas tendrían que aplicarse también a los trabajadores por cuenta propia.

65. El Presidente estuvo de acuerdo en que los empleadores eran los principales responsables de la seguridad y salud del medio ambiente de trabajo, pero los trabajadores también compartían esta responsabilidad respecto de su propia salud. La cuestión central en cuanto a la atribución de las responsabilidades era el poder de decisión de cada uno. Comités de seguridad y salud bipartitos o tripartitos en el lugar de trabajo podrían recalcar la importancia de la prevención de los accidentes. Como las cuestiones de seguridad y salud daban lugar a muchos conflictos laborales, tendría que prestarse cierta atención a la prevención de estos conflictos. Un medio de prevención apropiado podría consistir en la adopción de directrices o códigos de recomendaciones prácticas sobre estas cuestiones y la manera de utilizar materiales peligrosos. También resultaría eficaz aumentar la frecuencia de las visitas de inspección, en especial cuando los empleadores y los trabajadores se encargaban juntos de la inspección e informaban sobre sus resultados. Este método presentaría la ventaja de ahorrar recursos escasos, en especial en los países que no podían permitirse visitas de inspección muy frecuentes. También se fortalecería así el poder de decisión de los trabajadores.

66. Un miembro trabajador del Reino Unido acogió con satisfacción la opinión de los empleadores según la cual la protección de la seguridad y salud en el trabajo era rentable. Sin embargo, convendría tener presente que los trabajadores agrícolas ocupaban los niveles más bajos de remuneración y que la situación de las familias era muy precaria en caso de muerte o invalidez del sostén de familia. La seguridad y salud en la agricultura ocupaban un lugar muy alto en las prioridades del Grupo de los Trabajadores. Si bien los trabajadores estaban dispuestos a aceptar la parte de responsabilidad que les correspondía en la garantía de un trabajo seguro, esta responsabilidad recaía ante todo en los empleadores. En ninguna parte del mundo, los trabajadores agrícolas tenían una autoridad suficiente para exigir condiciones de seguridad en el trabajo. Correspondía a los gobiernos desempeñar un importante papel, tanto en lo que se refiere al establecimiento de reglamentos esenciales en la materia como a su aplicación. Los gobiernos deberían imponer sanciones en caso de incumplimiento intencional de las normas. El orador expresó su acuerdo con los comentarios de Presidente relativos al papel que los trabajadores podían desempeñar en la inspección y en la necesidad de fortalecer su autoridad. Añadió que una notificación incompleta de los accidentes era muy frecuente.

67. El representante del Gobierno de Sudáfrica reconoció que la responsabilidad en materia de seguridad y salud debería ser tripartita. Una responsabilidad compartida no significaba necesariamente igualdad en la materia. En situaciones en que los trabajadores no tenían la autoridad suficiente, los empleadores y los gobiernos habían naturalmente de asumir una responsabilidad más importante. Convendría fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores de manera que pudieran asegurar mejor su propia seguridad. Aunque los riesgos pudieran ser mayores en los países en desarrollo, la adhesión a los principios básicos de seguridad y salud permitiría que el crecimiento beneficiara a los trabajadores en lugar de perjudicarlos. El orador señaló que las estadísticas podían conducir a conclusiones erróneas. Todo accidente relacionado con un tractor o toda lesión notificada en una zona rural se consideraba como agrícola, aun cuando el accidente se debiera a causas distintas de la agricultura. Las estadísticas no indicaban las causas directas de los accidentes.

68. El miembro empleador de la Argentina añadió que como muchos trabajadores vivían en plantaciones, muchos accidentes notificados eran de hecho accidentes domésticos. Normalmente, no se establecían distinciones en el registro de estos accidentes. Sería oportuno conocer la proporción de accidentes en el lugar de trabajo relacionados con niños, así como los que ocurrían en los trayectos entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo.

Ingeniería genética

69. El portavoz de los empleadores se refirió al potencial de los organismos transgénicos para beneficiar a la humanidad. Lo que estaba sobre el tapete no era si se debía recurrir o no a esta nueva tecnología sino cómo se habrían de controlar sus efectos benéficos potenciales. La ingeniería genética ya había dado a conocer sus efectos positivos en materia de rendimiento agrícola. Entre ellos cabía destacar la posibilidad que ofrecían de cultivar suelos que de otro modo no se habrían cultivado, por ejemplo, suelos de alta salinidad; una menor utilización de plaguicidas y fertilizantes artificiales que bajaría los costos; un mayor rendimiento agrícola; precios más bajos para los consumidores; mejor calidad y sabor, mayor valor nutritivo y propiedades que permiten un almacenamiento y una manipulación en mejores condiciones. A juicio de los empleadores, la utilización de esta tecnología moderna y el aprovechamiento de sus efectos benéficos podría contribuir a aliviar la pobreza y mejorar los niveles de vida de todos.

70. El portavoz de los trabajadores hizo hincapié en que en el informe de la OIT se había señalado claramente que aún no se conocían los efectos negativos asociados a los organismos transgénicos. El orador no deseaba extenderse sobre ese tema con mayor detalle. Le bastaba con decir que la aseveración de los empleadores de que la ingeniería genética iba a eliminar la pobreza no eran sino bellas palabras que estadísticas fidedignas no apoyaban. Dijo que le complacía oír las palabras del representante gubernamental de Dinamarca que había llamado a actuar con precaución. Se preguntaba acerca de los efectos que tendría la ingeniería genética en el empleo. Si el azúcar debiera de pronto producirse en los laboratorios de los países del Norte, ¿qué pasaría con los millones de trabajadores azucareros del Africa oriental que perderían sus trabajos? En opinión de los trabajadores, las siguientes acciones se consideraban exigencias mínimas que habrían que satisfacer habida cuenta de la falta de estudios y estadísticas a este respecto: etiquetado obligatorio de todos los productos transgénicos; mayores exigencias en materia de comprobación de riesgos, y fortalecimiento del derecho a la información a los trabajadores y a los consumidores.

71. El Presidente reconoció que los organismos biotecnológicos encerraban un gran potencial pero que no podían negarse sus serios efectos negativos. Estos organismos presentaban el riesgo de una pérdida del material genético en la medida en que los cultivos tradicionales iban a ceder su lugar a las variedades transgénicas. La introducción de variedades de cultivos transgénicos estériles representaba una amenaza para las comunidades rurales en lo que respecta a la producción de semillas. Por último estaba la cuestión de las patentes y de los derechos de propiedad del material genético que también había de considerarse. Con frecuencia el material genético utilizado en los organismos transgénicos se elaboraba en los países desarrollados, se patentaba en estos mismos y con ello se creaba otra forma de dependencia. Este problema debía ser resuelto de manera justa.

72. En opinión de un miembro empleador de Kenya, los genéticamente organismos modificados tendrían efectos favorables en la creación de empleo ya que se contrataría más mano de obra en la tarea de la multiplicación de las semillas. Era importante que se protegieran las variedades tradicionales, por ejemplo, almacenando el material genético en bancos de genes. El temor que despertaban estas nuevas tecnologías podría apaciguarse si se adoptaran medidas adecuadas para proteger los derechos colectivos de la comunidad en su conjunto.

73. Un miembro trabajador del Brasil se refirió a los efectos que tenían en el medio ambiente los organismos modificados genéticamente relacionados con la erosión y la contaminación genética que a su vez podrían tener efectos adversos en un empleo sostenible. La elaboración de organismos modificados genéticamente resistentes a las enfermedades podría conducir a la aparición de enfermedades o virus más resistentes a los tratamientos tradicionales. Por último dijo que no debería permitirse que las empresas multinacionales dominaran esta nueva tecnología y la utilizaran para explotar a los agricultores.

74. La representante gubernamental de Egipto dijo que estimaba que la ingeniería genética representaba un adelanto en materia de desarrollo de nuevas variedades de plantas más resistentes a las enfermedades y plagas. Las verduras y las frutas podían, sobre esta base, almacenarse durante períodos más largos sin que se pudrieran. Como resultado de ello se había facilitado la exportación de esos productos. Egipto había creado un Instituto de Ingeniería Genética que había solicitado derechos de propiedad intelectual sobre un cierto número de productos. Tales demandas necesitaban primero ser aprobadas por el Comité de Bioseguridad y por el Instituto de Economía Agrícola. En lo que se refiere al costo, las técnicas de la ingeniería genética por lo general eran mucho más onerosas que las tradicionales. En materia de riesgos, se necesitaría que pasara aún mucho tiempo antes de que se pudieran evaluar sus efectos en la salud del hombre.

75. A juicio del representante gubernamental de Sudáfrica, los organismos modificados genéticamente no eran algo completamente nuevo. Hacía tiempo que se practicaba la reproducción selectiva. Sin embargo, había técnicas nuevas como la manipulación genética de reciente introducción. En lo que respecta a la nueva tecnología, estaba implicando tanto costos como beneficios. Los gobiernos deberían actuar con cautela y responsabilidad a fin de asegurar que se consiga un máximo de beneficios en lugar de condenar la tecnología que no está al alcance del país. La OIT debería vigilar los progresos realizados pero la principal responsabilidad debería delegarse en los organismos especializados.

76. El representante del Gobierno de Dinamarca fue de opinión de que la utilización de los organismos modificados genéticamente debería evaluarse caso por caso. Debería exigirse permisos previos a su utilización. El comercio internacional de organismos transgénicos no debería implicar una disminución de los criterios de seguridad. Un debate en el que participen la industria, la agricultura y las organizaciones de ecologistas y de consumidores debería alentarse prioritariamente.

77. Un miembro empleador de Argentina dijo que el tema de los organismos modificados genéticamente no incumbía a la OIT. Esto debería ser abordado por otros organismos. Los rendimientos de los cereales en todo el mundo se habían cuadruplicado en los últimos 40 años. Tales resultados hubieran sido difíciles de alcanzar sin el recurso a la ingeniería genética. El orador advirtió que la exigencia de un etiquetado podría muy bien terminar creando una nueva barrera comercial.

78. El portavoz de los trabajadores dijo que no compartía el punto de vista de que el mandato de la OIT no abarcaba cuestiones relacionadas con la utilización de los organismos modificados genéticamente. Cualquier reunión tripartita de la OIT que abordara cuestiones agrícolas en una economía mundializada seguramente tendría que debatir acerca de este tipo de organismo así como acerca de sus efectos en la producción agrícola, los recursos humanos y la salud.

79. La representante del Gobierno de Rumania estuvo de acuerdo con la opinión expresada por los trabajadores. Los organismos transgénicos eran de competencia de la OIT por las consecuencias que tenían en las condiciones de trabajo. La OIT debería establecer normas a este respecto y evitar enfoques conflictivos. De otro modo los trabajadores tendrían que soportar solos las consecuencias de los errores que se cometieran.

Las iniciativas voluntarias privadas

80. Un miembro de la Secretaría de la OIT explicó que el concepto de «iniciativas voluntarias privadas» (IVP) era un término un tanto elástico y definido sólo aproximadamente. Tal como se utilizaba en la OIT este término se refería a las acciones voluntarias que no eran exigibles en virtud de la ley pero que ampliaban o complementaban la acción regulada por la ley respecto de las cuestiones laborales. Los códigos de conducta y las iniciativas de inversiones eran ejemplos de acciones que podían calificarse como iniciativas voluntarias privadas. Los convenios colectivos, por el contrario, no podían considerarse como tales porque tenían un carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones y exigido ante los tribunales nacionales. Los acuerdos-marco, concluidos entre algunas secretarías profesionales internacionales y las sedes de ciertas empresas multinacionales tenían otro carácter y tampoco podían considerarse como tales. Según determinados criterios, estaban sujetas a la legislación que rige los contratos pero no está claro hasta qué punto sus disposiciones pueden ser obligatorias ante los tribunales. Tales acuerdos marco no se debían confundir ya sea con las iniciativas voluntarias u otro tipo de acuerdos colectivos.

81. Según el portavoz de los trabajadores, las iniciativas voluntarias privadas no eran instrumentos que pudieran extender la aplicación de las normas fundamentales del trabajo. Las personas que estaban en mejores condiciones de hacer aplicar las normas del trabajo eran las directamente implicadas en el tripartismo. Las empresas elaboraban códigos de conducta a diario pero ni los trabajadores ni los consumidores eran consultados en el momento en que se redactaban. Simplemente se trataba de intentos de ganarse la confianza del público. Estudios habían demostrado que si bien tales códigos abarcaban cuestiones como el trabajo infantil o el trabajo forzoso no se ocupaban de la libertad sindical ni del derecho de negociación colectiva. ¿Cómo podría ampliarse entonces la aplicación de las normas fundamentales del trabajo si no se tenían en cuenta aquellos principios tan importantes? Los gobiernos debían asegurarse de que las iniciativas voluntarias privadas no estuvieran pavimentando el camino para que se privatizaran los mecanismos de regulación existentes. Los trabajadores estaban muy interesados en la inspección, el seguimiento y la evaluación de las iniciativas voluntarias privadas que no se llevaban a cabo con la debida transparencia. Las iniciativas en materia de etiquetado solamente serían dignas de confianza si eran el resultado de una negociación entre los partícipes sociales. Debería implicarse en ellas a los sindicatos. El sindicato al que pertenecía el orador estaba afiliado a la UITA que había concluido un acuerdo con Danone. Lo que se había negociado era un acuerdo, no una iniciativa privada voluntaria. La OIT debería asegurarse de que el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.98) se aplicara y se defendiera. La OIT debería también fortalecer la capacidad de los sindicatos para que participaran en la evaluación de las iniciativas voluntarias privadas. Con respecto a estas últimas también debía desempeñar la función de «controlador de los controladores» en interés de la transparencia, de la responsabilidad y de la eficacia.

82. El portavoz de los empleadores expresó su agradecimiento al portavoz de los trabajadores por sus comentarios y al miembro de la Secretaría de la OIT por explicar el significado de «iniciativas voluntarias privadas» (IVP) y, lo que es más importante, lo que éstas no significaban. Los acuerdos colectivos y los acuerdos marco no se consideraban IVP, ya que eran aplicables en virtud del derecho laboral en muchos países. Así, no era necesario participar en un largo debate sobre los acuerdos de negociación colectiva con relación al tema que estaba examinándose. Los empleadores habían entendido que las IVP eran iniciativas más bien desarrolladas y aplicadas por empresas individuales o grupos de empresas individuales que por gobiernos, ONG u organismos internacionales. Sostenían que la promoción de las normas internacionales de trabajo incumbía principalmente a los gobiernos. Se preferían las decisiones por consenso a las decisiones impuestas, por lo que se preferían las IVP a la legislación gubernamental o a otras condiciones impuestas por terceras partes. Las IVP no deberían utilizarse como medio para obstruir o restringir el libre comercio. Sería injusto impedir las exportaciones de los países en desarrollo que no se ajusten a las normas más estrictas de los países industrializados. Esta práctica podría considerarse una barrera no arancelaria al comercio.

83. El Presidente convino en que las IVP nunca podrían sustituir la legislación o las reglamentaciones, pero estaba convencido de que dichas iniciativas podrían ser un instrumento importante para fomentar el diálogo social y podrían ser de utilidad para evitar enfrentamientos. Así, si bien no debería desconsiderarse este tipo de normas flexibles, o IVP, éstas no podrían sustituir el tripartismo, los acuerdos colectivos o la legislación nacional.

84. Un miembro de los trabajadores de Australia observó que había una tendencia general en todo el mundo hacia las iniciativas privadas y a alejarse de la legislación o las reglamentaciones. La negociación colectiva y las normas fundamentales de la OIT deberían protegerse y prevalecer respecto a las iniciativas privadas. Comprendía que los empleadores prefirieran el consenso, pero ¿qué debía hacerse en ausencia de un consenso? A menudo los trabajadores no tenían otra opción que aceptar cualquier oferta de trabajo. El empleador establecía las condiciones de empleo, sobre una base de «lo toma o lo deja». En las relaciones laborales no siempre funcionaba el consenso. Sin embargo, la Unión de Trabajadores Australianos apoyaba el consenso siempre que pudiera lograrse. El portavoz de los empleadores se había referido a que ciertas «terceras partes» imponían condiciones. Esta frase era común en Australia, donde los empleadores y el Gobierno consideraban el movimiento sindical una tercera parte. Los sindicatos eran los representantes elegidos de los trabajadores y no debían tratarse como marginales a la empresa. La OIT necesitaba tomar medidas para alentar a los países a ratificar y aplicar sus convenios. La OIT quizá podría afrentar a los países que no lograban aplicar los convenios ratificados, negándoles fondos o atacándoles en la prensa y llevar a esos países a los tribunales. Los trabajadores y sus familias habían esperado suficiente tiempo un trato decente. Era hora de ponerse en pie y defender los valores y que se hiciera justicia a los trabajadores.

85. El portavoz de los empleadores se disculpó por cualquier malentendido. Reconoció plenamente que los sindicatos australianos representaban el 25 por ciento de la fuerza de trabajo. El término «tercera parte» se refería a todo aquél que no participaba directamente en el lugar de trabajo. En un acuerdo bipartito entre un trabajador y un empleador, el gobierno era una tercera parte. La OIT era una tercera parte asimismo para aquel asunto. No pretendía incluirse a los sindicatos entre las «terceras partes». Los contratos de empleo — ya fueran colectivos, individuales, escritos o informales — eran aplicables en un tribunal jurídico, de modo que cualquier debate sobre este tema no estaba relacionado con las IVP. Según los empleadores, las IVP incluían iniciativas por las que una empresa podía determinar, por ejemplo, anunciar en sus etiquetas que no recurría al trabajo infantil, o comunicar a sus clientes que fabricaba muebles utilizando madera de fuentes sostenibles y renovables, en lugar de madera obtenida de zonas forestales que estaban agotándose, o decir que su pesca procede de redes respetuosas de los delfines. Las IVP no se referían ni a contratos de empleo, ni a acuerdos colectivos.

86. El portavoz de los trabajadores declaró que la OIT era la organización más adecuada para asegurar la promoción y aplicación de las normas fundamentales del trabajo. Los acuerdos colectivos no eran los únicos medios de asegurar el respeto por las normas fundamentales del trabajo, pero sí el modo más eficaz de asegurar el respeto por las normas y de mejorar las condiciones de trabajo en la agricultura.

87. El representante del Gobierno de Dinamarca opinó que las normas fundamentales del trabajo deberían garantizarse en la legislación o en los acuerdos colectivos. En Dinamarca, la importancia del etiquetado se había hecho manifiesta. Los consumidores se habían mostrado dispuestos a pagar un precio más elevado por productos ecológicos. ¿Por qué no estarían dispuestos a pagar más por productos elaborados en unas condiciones de seguridad? El Gobierno danés trataba de fomentar la introducción de etiquetas relativas al medio ambiente de trabajo, que las empresas podrían adoptar voluntariamente cuando ofrecieran un nivel de salud y seguridad más elevado al exigido por la legislación danesa. Un estudio realizado sobre los trabajadores daneses ha revelado que unas condiciones de trabajo seguras eran más importantes para ellos que un salario más elevado. Las empresas sabían que para contratar a los trabajadores y vender sus productos debían demostrar que en ellas se trabajaba en condiciones seguras.

Función de la OIT

88. El portavoz de los empleadores indicó que las propuestas de su Grupo no estaban enumeradas conforme a un criterio de prioridad. Los empleadores desearían que la OIT adoptara medidas en los siguientes ámbitos. La OIT debería evaluar el impacto social positivo de la mundialización en un determinado número de países seleccionados; identificar y evaluar el impacto de la diversificación y los efectos negativos de las subvenciones en el empleo; identificar y evaluar los beneficios sociales de la inversión extranjera en la agricultura; investigar el potencial positivo de los organismos genéticamente modificados en lo concerniente a la eliminación de la pobreza; comparar y contrastar los efectos sociales de programas de redes de seguridad llevados a cabo en Asia desde 1955; prestar la asistencia técnica de expertos para desarrollar programas alternativos de empleo agrícola, habida cuenta de los efectos de la mundialización; y desarrollar programas de formación para ayudar a los países en desarrollo a crear mercados en una economía mundializada.

89. El portavoz de los trabajadores mencionó una serie de esferas prioritarias que habían surgido en el curso de los debates. La OIT debería fomentar unas normas fundamentales del trabajo en la agricultura, como una dimensión de la agricultura. El Grupo de los Trabajadores acogería con beneplácito que se investigara en mayor profundidad el potencial de empleo de la agricultura orgánica, así como de las medidas necesarias para facilitar la agricultura orgánica, tanto en lo referente al apoyo estructural como a la formación profesional. Los trabajadores expresaron una vez más su agradecimiento a la OIT por sus esfuerzos orientados a eliminar el trabajo infantil. Los trabajadores acogieron con satisfacción los proyectos del IPEC, pero observaron que era necesario seguir investigando la naturaleza y el alcance del trabajo infantil en las explotaciones agrícolas comerciales. Como parte de sus actividades sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la OIT debería impartir una formación profesional a las mujeres del sector agrícola, particularmente en lo que respecta al fomento de una agricultura sostenible. Los trabajadores habían acogido con beneplácito la decisión del Consejo de Administración de introducir el tema de la seguridad y salud en el trabajo en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, a fin de elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo. Sería útil que hubiera estadísticas mejores y más precisas en materia de salud y seguridad. También debía abordarse el tema de la notificación deficiente de accidentes. La OIT debería apoyar la creación de capacidad para los sindicatos en materia de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. Debería realizar estudios sobre los organismos genéticamente modificados, en lo que respecta a sus consecuencias en el empleo, así como a la salud y seguridad de los trabajadores. La OIT debería estudiar igualmente el impacto de los organismos transgénicos en el medio ambiente y organizar seminarios sobre estos temas. También es necesaria una investigación para evaluar los procedimientos de control, inspección y verificación utilizados para sopesar el impacto de las iniciativas voluntarias privadas. Por último, la OIT debería cooperar con otros organismos internacionales como la FAO, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y con la OMPI en materia de derechos de propiedad intelectual. En particular, la OIT debería colaborar con la OMPI en lo que respecta a las consecuencias en el empleo de los organismos transgénicos.

90. El Presidente consideró muy importante el tema objeto de debate, y advirtió que no se hicieran a la OIT propuestas demasiado generales. La OIT era principalmente una organización basada en valores, por lo que su principal tarea era proteger y fomentar sus valores en el sector agrícola. Estos valores estaban claramente especificados en la Memoria del Director General, Trabajo Decente, e incluían normas del trabajo, empleo, protección social y diálogo social. La OIT necesitaba investigar más las normas del trabajo, para determinar en qué medida la mundialización afectaba la capacidad de la OIT de mantener y fomentar la observancia de las normas fundamentales del trabajo. La mundialización ofrecía una oportunidad para avanzar en lo concerniente al diálogo social, de modo que la investigación podría centrarse en cómo apoyar el tripartismo y mantener la libertad sindical. La mundialización amenazaba seriamente las redes de protección social, especialmente en los países en desarrollo. La OIT podría lanzar un proyecto de investigación para examinar el impacto de la mundialización en la protección social, y para estudiar el modo de mejorar los sistemas de protección social, a pesar de la mundialización. El orador había reservado para el final su propuesta más importante relativa a la investigación. Debería investigarse el impacto de la mundialización en el empleo en el sector agrícola. La investigación ayudaría a esclarecer los modos positivos y negativos en que el empleo podría verse afectado en el futuro, así como los medios de fomentar el empleo sostenible en el sector.

91. El representante del Gobierno de Chile apoyó las propuestas de los trabajadores y del Presidente con respecto al impacto de la mundialización en la agricultura. Era importante que la OIT realizara el máximo número de estudios posibles para facilitar tanto información cualitativa como cuantitativa que permitiera a los gobiernos y a los copartícipes sociales adoptar todas las medidas oportunas para asegurar y proteger el empleo. En consecuencia, la OIT debería seguir desarrollando sus programas de formación profesional y de difusión de las normas y los principios concernientes al trabajo infantil y a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, en particular en el ámbito de la agricultura. El orador observó con satisfacción que el tema de la salud y seguridad en la agricultura figuraba en el orden del día de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. En síntesis, la OIT debería adoptar medidas para proporcionar información y formación, con objeto de difundir los conocimientos sobre el tema de la agricultura sostenible en una economía mundializada.

92. La representante del Gobierno de la India apoyó la declaración del Presidente. Una amenaza importante para la agricultura sostenible en todo el mundo era el uso de productos químicos peligrosos. Varios fabricantes de plaguicidas prácticamente controlaban el mercado, y tanto los agricultores como los trabajadores agrícolas ignoraban cómo utilizar los pulverizadores y el equipo. Por tanto, la OIT podría ayudar a los países en desarrollo, tanto económica como técnicamente, a que los trabajadores agrícolas, los fabricantes de plaguicidas y la gran red de comerciantes minoristas tomaran conciencia de los peligros, a sensibilizar a los funcionarios de los gobiernos en lo que respecta a la necesidad de utilizar productos químicos en condiciones de seguridad, y a apoyar la creación de capacidades entre los trabajadores agrícolas. Revestía carácter de urgencia que la OIT examinase detenidamente el estado de la ratificación y la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en particular las relativas a las cuestiones de salud y seguridad, fundamentales para la agricultura sostenible.

93. El representante del Gobierno de Dinamarca expresó su firme apoyo a la persistente promoción de la OIT de las normas fundamentales del trabajo. La cuestión de las subvenciones y las patentes debería tratarse en otros foros.

94. Una miembro trabajadora de Filipinas apoyó las propuestas de que la OIT llevara a cabo estudios sobre los efectos de la mundialización en las normas fundamentales del trabajo, pero a condición de que se aplicara el criterio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Cualquier investigación que se emprendiera necesitaría considerar la mencionada igualdad de trato en lo que respecta a la salud y la seguridad. Los cánceres de mama y de útero cada vez eran más frecuentes entre las trabajadoras agrícolas y la infertilidad de los trabajadores masculinos del plátano había sido un problema, especialmente en el pasado. El orador señaló la creciente subcontratación de mano de obra salariada en la agricultura. ¿En qué medida afectaba a las mujeres? En lo concerniente al tema de los sistemas de protección social, era evidente que la «economía de protección» en materia de salud y servicios se había deteriorado, situación que había afectado en gran medida a la mujer.

95. La representante del Gobierno de Filipinas apoyó firmemente los comentarios de su colega del Grupo de los Trabajadores. Sería útil que la OIT pudiera documentar las prácticas observadas hasta ahora en el ámbito de las iniciativas voluntarias privadas y sus efectos, tanto positivos como negativos, en los procesos tripartitos. La OIT debería estudiar los cambios estructurales que están operándose en la agricultura. El estudio podría incluir cambios en las negociaciones colectivas, que de algún modo estaban amenazadas por los acuerdos de empleo emergentes. La OIT también podría realizar estudios acerca de la diversificación de actividades y los efectos negativos de las subvenciones en el empleo agrícola. Por último, la OIT debería investigar las experiencias satisfactorias de las comunidades rurales autosuficientes. Su independencia y autosuficiencia eran indicadores fundamentales del empleo agrícola sostenible.

96. La representante del Gobierno de Rumania observó que, para que la mundialización tenga efectos positivos, todos los participantes en el proceso deben establecer y respetar las normas. La OIT podría desempeñar una función clave, al ejercer su influencia en lo concerniente a las normas de salud y seguridad. Toda nueva norma que se adopte debería asegurar la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y considerar debidamente los principios generales que supone la prevención. La OIT podría elaborar y dirigir programas de formación para los trabajadores, sus representantes y los empleadores. Es necesario que los trabajadores puedan acceder a toda la información disponible sobre las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. Es necesario sensibilizar a las mujeres sobre la relación existente entre su trabajo y el medio ambiente. El trabajo infantil seguía siendo otro gran problema que debía resolverse. El orador confiaba en que la OIT siguiera estableciendo normas en estas esferas de actividad.

Examen y adopción por la Reunión de los proyectos de informe y conclusiones

97. El Grupo de Trabajo sobre las conclusiones presentó su proyecto de conclusiones a la Reunión en su séptima sesión.

98. En la misma sesión, la Reunión adoptó el proyecto de conclusiones y el presente informe.

Ginebra, 22 de septiembre de 2000.

(Firmado) Sr. C. Schlettwein,
Presidente.

Conclusiones sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada ^[3]

La Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada,

Consideraciones generales

1. La agricultura es con creces el mayor empleador de mano de obra del mundo y representa a casi la mitad de todos los trabajadores. Desde un punto de vista histórico, este sector ha de contribuir al proceso de industrialización. La experiencia adquirida con la crisis financiera de fines del decenio de 1990 en varios países en desarrollo ha subrayado la necesidad de volver a centrarse en el sector de la agricultura para el logro de un desarrollo sostenible y de la seguridad alimentaria. El aumento de la productividad es esencial para ello y el proceso de mundialización de todas las economías puede contribuir poderosamente a este fin.

2. La mundialización es el telón de fondo en el que todas las cuestiones económicas se decidirán en el futuro. La mundialización ha ofrecido en parte al sector de la agricultura un acceso a nuevos mercados para exportaciones no tradicionales y es probable que esta tendencia se intensifique con los avances en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción, de la infraestructura y de los medios de transporte y de almacenamiento. Muchas de las nuevas actividades de producción en el ámbito de las exportaciones no tradicionales se desarrollarán como consecuencia del aumento de las inversiones extranjeras directas que constituyen otro aspecto de la mundialización. Lo importante es conseguir que la mundialización redunde en beneficio de todos los sectores de la población, garantice un trabajo decente y seguridad alimentaria para todos, y erradique la pobreza.

3. Históricamente, partes del sector de la agricultura han tenido que enfrentarse con problemas relativos a la seguridad y salud, el trabajo infantil y la marginación de la mujeres. Es necesario continuar buscando soluciones a estos problemas. Se trata ahora de enfrentarse con los retos que plantea la mundialización y utilizar eficazmente con ese fin el acceso rápido y general a la información para crear oportunidades y mejorar las condiciones de trabajo.

4. Todo avance significativo en el sector de la agricultura ha de basarse en la noción de «una agricultura y de un desarrollo rural sostenibles», con especial referencia a un empleo y condiciones de trabajo seguros y sostenibles, con base en la aplicación de los convenios fundamentales y otras normas del trabajo pertinentes y recientes relativas al sector agrícola. La libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva con miras a conseguir la participación efectiva de los trabajadores y de los empleadores en el sector puede contribuir al logro de un desarrollo social sostenible y una modernización lucrativa de la agricultura. El logro de una autosuficiencia mundial en la producción de alimentos ha de ser una de las metas de una agricultura sostenible. Prácticas agrícolas sostenibles comprenden la utilización de nutrientes seguros, la rotación de los cultivos, un control integrado de las plagas y la defensa de la diversidad biológica. Estas prácticas no sólo son propicias para el medio ambiente sino que permiten también rendimientos más elevados y representan un potencial de creación de empleo . La protección del medio ambiente es una de las funciones afines del sector agrícola. La continuación de esta actividad contribuiría al desarrollo de comunidades rurales autosuficientes. El gobierno tiene la responsabilidad de crear las condiciones apropiadas para promover el crecimiento del sector agrícola.

5. La «modernización» del sector agrícola es imperativa para conseguir aumentos de productividad sostenibles y adecuar las prácticas laborales a las normas fundamentales del trabajo. La seguridad en la tenencia de la tierra es un componente del proceso de modernización de la misma manera que la transferencia de tecnología es un factor esencial. Las partes interesadas deberían obrar juntas por reducir el desplazamiento de mano de obra impulsado por la mecanización. La mejora de las condiciones de trabajo — por ejemplo en materia de seguridad y salud en el trabajo — también es un aspecto esencial del proceso de modernización.

Cuestiones específicas relativas a la agricultura

Cuestiones macroeconómicas

6. La política de los Estados relativa al sector de la agricultura ha de facilitar la transferencia de nuevas tecnologías. A nivel macroeconómico, ello precisa eliminar las distorsiones para crear unas reglas del juego niveladas. Al mismo tiempo, las políticas macroeconómicas de los gobiernos deberían contribuir al logro de los objetivos de la OIT.

7. Una parte del cometido del Estado tendría que consistir en desarrollar la infraestructura necesaria en las zonas rurales, así como en ofrecer sobre una base continuada servicios de formación y perfeccionamiento profesionales para los trabajadores agrícolas y los agricultores (incluidos los agricultores por cuenta propia) con el fin de mejorar la productividad, la eficacia y la empleabilidad. Por ejemplo, ello podría conseguirse por medio de una enseñanza a distancia. Los gobiernos deberían continuar ofreciendo servicios de divulgación y de formación técnica, así como de investigación de técnicas agrícolas y nuevos insumos en los países en desarrollo.

8. Podría crearse un sector de la agricultura más lucrativo con un aumento del valor añadido (por ejemplo con más actividades de transformación de materias primas) en los países en desarrollo y centrándose en la producción de cultivos de alto valor; se podría así aumentar el consumo interno y las exportaciones. El objetivo de una diversificación para reducir la dependencia de los agricultores de un número limitado de cultivos también puede alcanzarse con el fomento de actividades no agrícolas. Estas actividades presentan la ventaja de estar vinculadas al sector de la agricultura y de frenar el éxodo de las zonas rurales, aliviando así la carga de la creación de empleos en las zonas urbanas. La creación de una infraestructura podría resultar imprescindible para fomentar las actividades no agrícolas en las zonas rurales.

Cuestiones sociales

Trabajo infantil

9. Muchos niños trabajan en explotaciones agrícolas, por lo general en el marco de las actividades de la familia. Otros niños también trabajan en explotaciones comerciales y, lo que es peor aún, en régimen de servidumbre, vulnerándose así los Convenios núms. 29, 138 y 182 de la OIT. Los niños están expuestos a mayores riesgos de lesión resultantes de su exposición a productos químicos, de su trabajo con máquinas peligrosas y del transporte de cargas pesadas. El Sida es un problema emergente. La pérdida de los padres como consecuencia del Sida es por lo general una causa de la persistencia del trabajo infantil. La OIT ha de continuar su labor educativa en esta esfera.

10. El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), que acaba de adoptar la OIT, constituye el marco de la acción mínima necesaria en el ámbito del trabajo infantil, o sea, la eliminación de aquel trabajo que por su misma naturaleza pueda dañar la salud, la seguridad o la integridad moral de los niños. El objetivo perseguido debería ser la eliminación de todas las formas de trabajo infantil. El enfoque del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT corresponde al de un punto de partida en la lucha contra el trabajo infantil y merece ser apoyada. La solución a largo plazo para el trabajo infantil consistirá en atacar una de sus raíces, a saber, la pobreza. Todos los Estados Miembros deberían ratificar y aplicar cuanto antes los Convenios núms. 138 y 182.

Trabajadoras

11. La agricultura es la principal fuente de empleo para la mujer en la mayor parte de los países en desarrollo y su participación en el mundo del trabajo se acrecienta. Esta situación es sin embargo una bendición mitigada puesto que tal trabajo se suma al que realizan como proveedoras de atención al hogar. Las mujeres son vulnerables a los problemas de salud en el sector de la agricultura y el acoso sexual constituye una amenaza. La igualdad de oportunidades dista mucho de haberse alcanzado. A nivel mundial los problemas en su diversidad pueden ser de carácter cultural, social, económico o jurídico.

12. Es necesario mejorar la situación de la mujer. La educación debería desempeñar un papel importante en la materia y un fortalecimiento más amplio de las capacidades uno de sus requisitos previos. El establecimiento de normas y su supervisión, la cooperación técnica, los servicios de consulta y la difusión de informaciones son algunos de los medios de acción que habrían de aplicarse. La creciente y efectiva participación de la mujer en la toma de decisiones debería alentarse. Mejoras tecnológicas que permitan reducir la carga de trabajo asociada a las tareas que realiza deberían ser parte de toda política efectiva de promoción de la igualdad de la mujer. La mecanización selectiva que lo anterior implica permitiría que las mujeres ocupen empleos hasta ahora exclusivamente masculinos. Por otra parte, la traducción de estas metas en medidas prácticas requerirá servicios de apoyo apropiados.

Seguridad y salud en el trabajo

13. La agricultura ocupa el tercer lugar entre las actividades de mayor peligro junto con la minería y la construcción, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. El uso indebido de máquinas y de productos químicos es la causa principal de lesiones en las explotaciones agrícolas. Contribuyen a ello el desconocimiento de las prácticas de seguridad y la inexistencia o inadecuación de equipo de protección. Las enfermedades asociadas con la exposición a plantas y animales así como las alergias son comunes; el acarreo de cargas pesadas se suma a los factores responsables de tal situación.

14. En lo que se refiere a la prevención y disminución de los casos de pérdida de vidas humanas, accidente y mala salud, la responsabilidad básica en materia de seguridad y salud en la agricultura recae en el empleador aunque todos los copartícipes tripartitos tengan que aportar sus contribuciones respectivas para mejorar la seguridad y la salud. Comités de seguridad y salud bipartitos o tripartitos podrían resultar útiles para mejorar las condiciones en esta esfera. Otras medidas que deberían adoptarse comprenden:

Función de la OIT

15. Como resultado de la presente Reunión se propone un programa de actividades con miras a un seguimiento apropiado. La mundialización y su efecto en el sector agrícola debería continuar siendo uno de los temas principales considerados por la OIT. Deberían llevarse a cabo programas de formación para ayudar a los países en desarrollo a aprovechar las nuevas oportunidades de empleo en una economía mundializada. Convendría estudiar los ejemplos positivos de prácticas agrícolas y tendrían que emprenderse y divulgarse estudios de casos de países tanto en desarrollo como desarrollados. Deberían acopiarse y publicarse estadísticas más fiables de seguridad y salud como contribución a la toma de decisiones. Estas deberían incluir estadísticas desglosadas por sexo. Tendrían que llevarse a cabo investigaciones sobre los efectos del SIDA en la naturaleza y volumen del trabajo infantil en la agricultura comercial. Convendría prestar apoyo a las actividades del IPEC. Convendría llevar a cabo investigaciones complementarias sobre la función de la mujer en la agricultura para ayudarlas a desempeñar un papel más eficaz en la toma de decisiones. La formación profesional debería ser parte integrante de toda esta actividad. Tendrían que llevarse a cabo investigaciones sobre los efectos de los organismos modificados genéticamente en el empleo y las condiciones de trabajo dentro del marco del mandato de la OIT. Los resultados del programa de actividades propuesto deberían divulgarse por medio de reuniones de trabajo tripartitas nacionales y publicaciones, y los servicios consultivos deberían fundamentarse en investigaciones apropiadas. La meta global de las actividades de seguimiento propuestas debería ser la promoción de las normas fundamentales de trabajo de la OIT. El programa «Trabajo decente» tendría que utilizarse como guía para establecer prácticas de trabajo justas.

Parte 2 Resoluciones

Examen y adopción de los proyectos de resolución por la Reunión

En su cuarta sesión plenaria, la Reunión constituyó un Grupo de Trabajo sobre las resoluciones, de conformidad con lo preceptuado en el párrafo 1 del artículo 13 del Reglamento.

El Grupo de Trabajo, presidido por el Presidente de la Reunión, estuvo integrado por la Mesa de esta última y tres representantes de cada Grupo. Su composición fue la siguiente:


Mesa de la Reunión
Sr. Schlettwein (Presidente)
Sra. Rodríguez Mancia (Vicepresidenta gubernamental)
Sr. Korah (Vicepresidente empleador)
Sra. Griffith (Vicepresidenta trabajadora)
Miembros gubernamentales
Chile:	Sr. Albornoz Serrano
India:	Sra. Nair
Nigeria:	Sr. Ahmad
Miembros empleadores
Sr. Hermida Martínez
Sr. Contreras (consejero técnico)
Sr. Rondain
Miembros trabajadores
Sr. Bathily
Sra. Honculada
Sr. Melhan

En la sexta sesión plenaria de la Reunión el Presidente, en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo sobre las resoluciones y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 14 del Reglamento, presentó la recomendación de dicho Grupo referente a los proyectos de resolución sometidos a la Reunión. A tenor del citado artículo, también se había consultado a los dos Vicepresidentes de la Reunión sobre el contenido del informe oral del Presidente.

El Grupo de Trabajo pasó a examinar cinco proyectos de resoluciones presentados por el Grupo de los Trabajadores, que se declararon admisibles a trámite. El Grupo de Trabajo enmendó los textos de tres de las resoluciones con base en las propuestas formuladas por sus miembros en el plazo señalado por la Mesa de la Reunión. Las dos resoluciones restantes no pudieron examinarse y modificarse en el plazo de tiempo establecido. El Grupo de Trabajo recomendó que la Reunión adoptase la versión enmendada de los proyectos de resoluciones.

Resolución sobre las actividades futuras de la OIT

Resolución sobre la participación de la mujer en futuras reuniones tripartitas sobre agricultura

Resolución sobre libertad de asociación y libertad sindical y normas laborales para los trabajadores agrícolas

Texto de las resoluciones adoptadas por la Reunión

Resolución sobre las actividades futuras de la OIT ^[4]

La Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada,

Observando que las actividades de la OIT en el área de la agricultura deberían estar guiadas por los resultados de la presente Reunión,

La Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada invita al Consejo de Administración de la OIT a que:

Resolución sobre la participación de la mujer en futuras reuniones tripartitas sobre agricultura ^[6]

La Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada,

Observando que las actividades de la OIT en el área de la agricultura deberán estar guiadas por los resultados de la presente Reunión;

Tomando nota de que la mujer, tanto en calidad de agricultora como de trabajadora agrícola, representa casi la mitad de la fuerza laboral agrícola del mundo y es responsable de una gran parte de la producción mundial de alimentos,

Resolución sobre libertad de asociación y libertad sindical y normas laborales para los trabajadores agrícolas ^[7]

La Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada,

Observando que las actividades de la OIT en el área de la agricultura deberán estar guiadas por los resultados de la presente Reunión,

Parte 3 Otros asuntos

Grupos de debate

Diálogo social: esparcir sus semillas en las explotaciones agrícolas

El Sr. Ghellab explicó que el diálogo social constituía un «instrumento» que, en las manos de los interlocutores sociales, podía utilizarse para resolver los problemas del sector agrícola, ámbito en el que dichos interlocutores debían hacer frente a desafíos importantes. La experiencia había demostrado que ninguno de ellos era capaz de hacerles frente con éxito por separado. Otros sectores estaban utilizando dicho instrumento con éxito por lo que no veía razón alguna que justificara el que no se lo utilizara también en la agricultura. No obstante, para que a través del diálogo social se consiguieran resultados satisfactorios se debían cumplir ciertas condiciones:

La OIT podría contribuir a asegurar la satisfacción de estas precondiciones y con este objeto cuenta con varios programas especiales.

El Sr. Jorquin señaló que luego de 35 años de conflicto armado, gracias al diálogo social por fin en su país, Guatemala, se estaba viviendo en paz. Si éste se había mostrado útil para poner fin a una guerra civil entre facciones con intereses opuestos, ciertamente sería capaz de rendir frutos en la agricultura donde los interlocutores sociales tenían tanto en común. El diálogo social estaba teniendo lugar actualmente en su país en varios ámbitos; a veces era incluso de índole tripartita. Entre las condiciones previas que habían contribuido al éxito alcanzado cabía citar la actitud positiva de los partícipes sociales, su representatividad y la participación en los debates de cuantos se iban a ver afectados por las decisiones que se habrían de tomar. El proceso sin embargo aún debía hacer frente a grandes dificultades. Una de las principales tenía que ver con la poca confianza que inspiraban algunos de los interlocutores. Por ejemplo, la OIT había estado propiciando el diálogo social respecto de una gran variedad de asuntos y fortaleciendo lazos con las ONG en circunstancias de que muchas de ellas no eran ni muy responsables ni representativas.

El Sr. van del Horst citó la definición de diálogo social de la OIT, es decir, todo tipo de consulta que tenga lugar entre representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno sobre temas de interés común relacionados con la política económica y social. A los sindicatos, que dieron su acuerdo a esta definición, les hubiera gustado incluir el término «negociación» porque sin ella no se puede obtener ningún resultado. La voluntad de imponer condiciones o de excluir del diálogo determinadas cuestiones no puede concebirse dentro del diálogo social. La condición más importante para que haya diálogo social es el reconocimiento recíproco entre los partícipes de la igualdad entre ellos, en materia de responsabilidades y tareas. Otras condiciones importantes son la claridad de los mandatos, la existencia de infraestructuras apropiadas (órganos a través de los cuales pueda tener lugar el mencionado diálogo) y la continuidad del proceso. Entre los peligros que habría que evitar están la pérdida de contacto con la población representada, el debilitamiento de las negociaciones y la esterilidad de los debates. Las iniciativas voluntarias privadas también podrían considerarse como un peligro. El principal desafío es el de conseguir que los tres interlocutores implicados puedan llegar a cambiar el futuro.

Debate

Hubo acuerdo general en el sentido de que en muchos países debería fortalecerse el diálogo social y de que el proceso debería asentarse en la confianza y el respeto mutuo entre los partícipes sociales.

Algunos oradores dijeron que el diálogo social estaba bien implantado en sus respectivos países. Un miembro empleador de Finlandia señaló que en su país, 50años de diálogo social efectivo, con interlocutores que no desconfiaban unos de otros, había conducido a la conclusión de acuerdos colectivos en el sector agrícola que se apoyaban en una legislación del trabajo equilibrada. El representante del Gobierno de Dinamarca expresó que en el suyo se acababa de celebrar el centenario de la «creación del mercado de trabajo danés» que era un acuerdo alcanzado entre empleadores y trabajadores en que se reconocía el derecho de negociación.

En varios otros países se estaban estableciendo o reforzando los mecanismos que hacían posible el diálogo social. El representante del Gobierno de El Salvador se refirió a la manera en que después de un largo conflicto social se había alcanzado la paz y se estaba prosiguiendo el proceso de diálogo. Los miembros trabajadores de El Salvador y de Honduras también se refirieron al progreso del diálogo social en sus países pero señalaron también que muchos problemas continuaban pendientes. Un miembro empleador de Malasia hizo hincapié en el papel que le cabía al gobierno en el establecimiento del marco necesario al diálogo social. El Gobierno de su país lo había hecho con respecto al sector agrícola al reconocer la importancia de la agricultura en la economía, delinear los planes de su futura expansión y alentar a empleadores y trabajadores a trabajar juntos en pos de la consecución de los objetivos de la política en curso.

Una miembro trabajadora de Rumania dijo que la experiencia del diálogo social en su país no había sido muy positiva. Aunque se hacía un hincapié creciente en la necesidad del diálogo social tripartito con estrategias al respecto establecidas por cada uno de los ministerios, en las empresas prácticamente el diálogo social era inexistente. Las negociaciones no eran auténticas negociaciones y se había tenido que recurrir a la huelga. Los órganos establecidos por el Gobierno para que sirvieran de mediadores no eran imparciales y las sentencias de los tribunales, favorables a los trabajadores, no se cumplían. La OIT debería implicarse en mayor medida en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Un miembro trabajador de Sri Lanka dijo que la ausencia de sindicatos y por ende de representación de los trabajadores en las zonas francas estaba obstaculizando el diálogo social. Muchas veces tampoco los empleadores estaban presentes en los lugares en que su presencia era requerida con lo que ya dos de los tres interlocutores necesarios al diálogo social estaban ausentes. Una miembro trabajador de Zimbabwe manifestó que en su país era habitual que los trabajadores agrícolas se vieran impedidos de entrar en contacto con los dirigentes sindicales y que ello imposibilitaba el diálogo.

Varios oradores centraron sus intervenciones en torno al tema del salario mínimo. Un miembro trabajador de Ghana se quejó de que su Gobierno no había conseguido aún establecer un salario mínimo y que no proporcionaba a los sindicatos la información que necesitaban para participar activamente en las negociaciones. Una miembro trabajador de Uganda se quejó de que su Gobierno había firmado un acuerdo sobre salario mínimo y que el Parlamento había aprobado una ley instituyéndolo pero que el Presidente había rehusado su firma, probablemente temiendo el efecto que ello tendría en las inversiones provenientes del exterior.

Se manifestó un cierto desacuerdo con respecto al papel desempeñado por las ONG y otras asociaciones de la sociedad civil en el diálogo social. El representante del Gobierno de Honduras señaló que en su país la Administración del trabajo servía de mediador en el proceso en el que procuraba incluir a la sociedad civil. Por ejemplo, actualmente se estaba redactando un documento relativo al alivio de la pobreza en el que se había invitado a participar a las ONG en las discusiones entre trabajadores y empleadores. A juicio de una representante de los empleadores de Uganda, se podría invitar a las ONG a participar en el diálogo social, siempre que éstas adoptaran una actitud neutral. En su país el Gobierno apoyaba invariablemente a los empleadores y no reconocía con propiedad los derechos de los trabajadores de modo que la intervención de organizaciones del tipo de las ONG, la OIT u otras organizaciones que abogan por el reconocimiento de los derechos ciudadanos era necesaria. El representante empleador de Togo sin embargo cuestionó la mencionada inclusión de las ONG en el diálogo social estimando que constituía un paso en la dirección de un «cuadripartismo» además de que era muy difícil determinar su grado de representatividad.

Con referencia al debate sobre la cuestión del salario mínimo, el Sr. Ghellab (OIT) hizo notar que en el Convenio sobre el salario mínimo (núm. 131) no se especificaba si éste debía ser fijado por la ley o ser el fruto de la negociación colectiva. De todas maneras, a las partes que negociaban se les debería proporcionar toda la información que requirieran a efectos de fijar el salario mínimo. Los estudios realizados por la OIT habían demostrado que un salario mínimo bajo no figuraba entre los elementos más importantes al momento de atraer la inversión extranjera. La OIT había contribuido a que unos cuantos países hubieran encontrado una solución acertada a este problema, como se hacía notar en el documento titulado «Negociar la flexibilidad».

Respecto del debate sobre el diálogo social, el Sr. Jorquin dijo que había que actuar con cautela frente a una eventual apertura a la participación de las ONG, mayoritariamente contrarias al libre comercio. Además, solían no ser muy responsables y fácilmente daban cabida a elementos extremistas. En caso de que la OIT se abriera a la participación de las ONG se necesitaba saber de qué tipo de organización se trataba y cuáles eran los segmentos de la población que representaban.

El Sr. van der Horst hizo referencia a cuatro factores que podrían facilitar la confianza y el respeto mutuo entre los interlocutores sociales, a saber: i) buena selección de los representantes; ii) voluntad de no eludir las cuestiones conflictivas; iii) acceso igualitario de los tres interlocutores sociales, y iv) acceso igualitario a la información.

Seguridad y salud en el trabajo: protección de los trabajadores agrícolas

La Sra. Forestieri de Viggiano empezó su intervención señalando que el 50 por ciento de todos los accidentes en el lugar de trabajo se producían en la agricultura que, junto con la minería y la construcción, era uno de los tres sectores más peligrosos de la economía, tanto en los países en desarrollo como industrializados. El número de muertes se estimaba en 335.000 y el de accidentes en 250 millones anuales en el sector, pero no se conocía la situación real porque la información era deficiente. La causa de la mayor parte de los accidentes era la maquinaria o la exposición a productos agroquímicos cuyos efectos a largo plazo se desconocían.

El apoyo técnico a la seguridad y la salud había sido menor en la agricultura que en otros sectores. Las principales dificultades que se planteaban eran las siguientes: i) legislación inadecuada (y falta de orientación sobre la manera de aplicar las medidas de prevención en los países menos desarrollados); ii) la complejidad del trabajo; iii) problemas de definición de las diferentes categorías de trabajadores, y iv) constreñimientos demográficos y sociales. Los otros dos sectores más peligrosos (minería y construcción) habían adoptado un convenio específico sobre seguridad y salud y venía elaborándose un nuevo convenio en la materia para la agricultura. A continuación la Sra. Forestieri de Viggiano facilitó ciertos detalles sobre el proyecto de convenio y la recomendación que lo acompañaba.

El Sr. Tum señaló que la agricultura era la ocupación más antigua del mundo y que ocupaba a más del 60 por ciento de la población de los países menos desarrollados. La creación de un medio ambiente de trabajo libre de riesgo de accidentes y de enfermedades profesionales era benéfica tanto para los trabajadores como los empleadores. Cuando un trabajador sufría una lesión, también sufría el empleador. Los tres interlocutores sociales habían, pues, de colaborar estrechamente en aras de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. El empleador tenía la responsabilidad de velar por la seguridad, pero los trabajadores habían de colaborar para que se respetaran las instrucciones (por ejemplo, en el uso de productos químicos) y se utilizaran los dispositivos y el equipo de protección. También correspondía al Gobierno un importante papel en la organización de un entorno propicio. La fuerza de trabajo agrícola carecía de conocimientos sobre los riesgos profesionales. Los principales riesgos en la agricultura eran los productos químicos y se precisaba un mayor intercambio de datos. No debería permitirse que los países industrializados que fabricaban los productos químicos pudieran exportarlos a los países en desarrollo sin información adecuada. Innovaciones recientes (como los cultivos modificados genéticamente) eran necesarias pero era importante que no perjudicaran a los usuarios. Toda innovación había de considerarse imparcialmente. Un elemento de peligro existía en todas las cosas pero lo esencial era minimizar los riesgos. Por último, el Sr. Tum señaló que el VIH/SIDA afectaba gravemente el trabajo y la vida en su país. No se mencionaba específicamente como riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo pero era una realidad y una amenaza. Se precisaba un enfoque global para resolver este problema.

El Sr. Kangah estimó que la seguridad y la salud en el trabajo agrícola interesaba a todos los trabajadores agrícolas. En los países africanos, en los que no se establecía una clara distinción entre las condiciones de trabajo y de vida, también interesaba a las familias. El efecto de los productos químicos tóxicos era incluso más amplio porque esos productos penetran en el suelo, el agua y la cadena alimentaria. Por esta razón, las malas condiciones de vida, el clima y otros factores significaban que los problemas de la seguridad y la salud en el trabajo agrícola eran mucho peores en los países menos desarrollados. Por ejemplo, estos países utilizaban en 20 por ciento de los plaguicidas en el mundo pero representaban el 90 por ciento de los casos de envenenamiento por estos productos. Al mismo tiempo, una situación de grave desempleo significaba que las personas aceptaban tareas peligrosas porque no podían hacer otra cosa.

El Sr. Kangah pidió a todos los presentes que apoyaran el nuevo convenio y velaran por que se adoptaran en la próxima reunión de la Conferencia de la OIT. También pidió que se establecieran estructuras tripartitas eficaces desde el nivel nacional al nivel local con el fin de fortalecer la capacidad para aplicar la legislación, para que la seguridad y la salud de las mujeres en la agricultura se reconociera como prioridad en materia de seguridad y salud (en lugar de considerarse como una cuestión relativa a las mujeres), y para que la OIT considerara la seguridad y la salud en la agricultura como un tema especial, como en el caso del trabajo infantil.

El Sr. Kangah se refirió a la cuestión de la ropa de protección. Los trabajadores se resistían a menudo a utilizar esta ropa porque esta utilización se les imponía en lugar de ser el resultado de una decisión en la que hubieran participado. La Sra. Forestieri de Viggiano estuvo de acuerdo en que se precisaban investigaciones en materia de concienciación y utilización en buenas condiciones del equipo de protección personal. La mayor parte de este equipo se diseñaba por los países desarrollados y para trabajadores del sexo masculino. Se precisaban investigaciones con el fin de que el equipo resultara más aceptable para el clima y la cultura de los países en desarrollo, así como para las mujeres, y se adecuara mejor a estas condiciones. Sin embargo, la ropa de protección debería considerarse como «última línea de defensa», mientras que debería darse prioridad a la forma de evitar el uso de materias o actividades peligrosas.

Debate

Un miembro trabajador de Australia expresó con satisfacción la voluntad de adoptar una nueva norma sobre seguridad y salud en el trabajo en la agricultura con miras a conseguir las mismas condiciones que en otros sectores. Esperaba que el Consejo de Administración y los Estados Miembros adoptarían el nuevo convenio de la OIT. Cada uno de los tres interlocutores sociales habían de desempeñar un papel en la aplicación de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. La función del Gobierno era esencialmente una función de aplicación. El pasado año el Gobierno de Victoria había promulgado una nueva legislación en virtud de la cual los empleadores podrían ser acusados de crimen en caso de accidente mortal de un trabajador. Otros países tal vez no desearan ir tan lejos pero perseguir a los infractores era importante. También convenía establecer comisiones de seguridad y salud en el trabajo en cada lugar de trabajo y ofrecer formación a los representantes que participaban en estas comisiones. Correspondía a los sindicatos desempeñar un papel en el campo de la investigación y de la educación: su sindicato contaba con un departamento de seguridad e higiene al que los empleadores pedían asistencia. Los empleadores tenían que comprender que la seguridad y la salud no eran incompatibles con las utilidades. De hecho, los accidentes eran costosos y los empleadores que garantizaran normas de seguridad y salud en el trabajo de alto nivel podrían conseguir mejores beneficios.

El Sr. Tum y la Sra. Forestieri coincidieron en considerar la salud y la seguridad como un beneficio más que como una carga. Sin embargo, no era algo tan evidente, por lo que la OIT estaba en la actualidad evaluando los costos y beneficios de la seguridad y la salud en el trabajo. Un miembro trabajador de IUFAW coincidió en que las mejoras en la seguridad y salud en el trabajo ciertamente lo harían más rentable, pero que, sin embargo, nunca se podrá considerar que la agricultura se ha «modernizado» hasta que se apliquen a los trabajadores agrícolas las mismas normas que a los trabajadores de otros sectores. Reclamó la ampliación del sistema de seguridad que cuenten con planes flexibles representativos de la seguridad.

Un miembro empleador de Mauritania propuso que la aplicación de mejores normas de seguridad e higiene en el trabajo correspondiera específicamente a cada país. En su país, la actividad agrícola se desarrollaba en valles de la cuenca fluvial en que la malaria era endémica. Las malas condiciones sanitarias y las condiciones de vida en general debilitan a los trabajadores que a menudo se contagian de malaria en las primeras semanas. A ese respecto, es evidente que la agricultura plantea un problema para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud. Se precisaba asistencia internacional para apoyar el desarrollo agrícola y permitir que los trabajadores y los empleadores fueran partes en la negociación. Un miembro empleador de Ghana reconoció que el 80 por ciento de los casos de enfermedad en la agricultura se debían a la malaria. Su empresa había organizado servicios de comidas en los que se distribuían alimentos nutritivos para mejorar la resistencia de los trabajadores. La Sra.Forestiere de Viggiano estimó que la malaria era una cuestión importante y recalcó la referencia que figuraba en la Recomendación sobre el control de las enfermedades endémicas.

La representante del Gobierno de Rumania declaró que su Gobierno había adoptado una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Existía un marco legislativo que se consideraba adecuado para la aplicación de las normas europeas y de la OIT, así como un sistema de inspección. Se habían constituido comisiones de seguridad y salud en el lugar de trabajo con una estructura tripartita. Sin embargo, en la actualidad, los sindicatos eran más activos que los empleadores en esta esfera.

Un miembro trabajador de Filipinas habló de las dificultades que planteaba la limitación del uso de productos químicos en las plantaciones del sur de su país. Por ejemplo, productos químicos prohibidos todavía se utilizaban o se presentaban de una manera nueva o sin etiquetado. Algunas empresas conseguían excepciones. También algunos mercados nacionales precisaban plaguicidas más fuertes. La necesidad de ser competitivos a nivel mundial había conducido a un aumento de las cargas de trabajo con efectos perjudiciales para la salud.

Las iniciativas voluntarias privadas: hay que prepararles el terreno en el sector agrícola

El Sr. Jon McLin abrió el debate procediendo a describir las iniciativas voluntarias privadas (IVP), fenómeno relativamente reciente, por lo menos en la OIT cuyo Consejo de Administración las había comenzado a estudiar últimamente. Dijo el orador que el interés de la OIT en las IVP no ponía en entredicho un enfoque por lo demás tradicional que consistía en promover los convenios internacionales, la negociación colectiva y el tripartismo. La evolución reciente de la situación sin embargo había conducido al Consejo de Administración a examinar este nuevo instrumento, vale decir las IVP, que podría resultar de mayor flexibilidad cuando fracasaban los esquemas tradicionales.

Existen varios tipos de iniciativas voluntarias tales como los códigos de conducta — principios generales establecidos unilateralmente o con la participación de los trabajadores que cobran forma en una carta que las empresas que adhieren a dichos principios se comprometen a respetar — y el etiquetado social, particularmente vinculado con el trabajo infantil en el sector del calzado, el cuero, los textiles y el vestido y, en el sector agrícola, con el comercio equitativo. Otras iniciativas se asocian con inversionistas que exigen el cumplimiento de determinadas condiciones de orden ético antes de invertir, o bien con otros actores sociales como las ONG, los sindicatos o ciertas empresas.

El orador dio a conocer posteriormente el origen y objetivo de la iniciativa titulada Contrato Global de las Naciones Unidas. Este proyecto, con base en el tripartismo y la participación de las ONG, la OIT, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (HCR), y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), persigue fomentar determinados valores universales en el comercio internacional, entre otros, los que se consagran en la obra titulada Trabajo Decente.

Se citaron enseguida varios ejemplos de IVP, en especial los vigentes en el sector agrícola (Comercio equitativo, Etiquetado social, el proyecto Mejores plátanos y el acuerdo entre la UITA y la ITGA^[9] sobre el trabajo infantil en el sector del tabaco). Dijo el orador que el alcance de estas iniciativas era todavía limitado ya que en los códigos de conducta casi nunca se mencionaba la libertad sindical; que los sistemas para controlar su aplicación no eran enteramente satisfactorios y que asimismo eran difíciles de aplicar de manera uniforme en toda la cadena de producción.

La Sra. Hella Alikuru hizo hincapié en que las iniciativas voluntarias no deberían sustituir la negociación colectiva ya que esta evolución podría conducir hacia una privatización de las prerrogativas de reglamentación. Las IVP solían iniciarse unilateralmente, no eran transparentes y hacían caso omiso de la participación de los representantes de los trabajadores. Tendían a favorecer la participación de otros actores de la sociedad civil como las ONG, con el riesgo de que se ignoraran las prioridades establecidas por los sindicatos. Como ejemplo ilustrativo a este respecto citó una iniciativa destinada a limitar la utilización de pesticidas. En ese caso, pese a que los trabajadores agrícolas estaban en la primera línea de exposición a estas sustancias químicas, no habían participado en la concepción de la iniciativa ni tampoco en su aplicación. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, la UITA se hallaba empeñada en incrementar la participación de los trabajadores en estas iniciativas e instaba a la OIT a que proporcionara a los sindicatos las herramientas que les permitieran hacerlo.

El Sr. Rodolfo Coto Pacheco puso énfasis en el papel desempeñado por la agroindustria y la agricultura en la economía costarricense y bosquejó el enfoque adoptado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustrias, que promovía el bienestar social y un diálogo social más efectivo entre trabajadores y empleadores. La libertad sindical y de asociación estaba consagrada en la Constitución de Costa Rica, país en que las leyes del trabajo se negociaban con base en el tripartismo. La Cámara estaba facultada para pedir cuentas a las empresas que no satisficieran las exigencias establecidas y estaba también a favor de que se respetara y protegiera el medio ambiente. Las iniciativas voluntarias privadas, en particular el etiquetado social, preocupaban sin embargo en el país puesto que se había constatado que iban en contra de los intereses de los trabajadores en caso de que se tradujesen en un boicot de la producción que a su vez podía redundar en una pérdida de puestos de trabajo. Era preferible prestar mayor apoyo a las empresas medianas y pequeñas, aumentar la productividad, calificar a los trabajadores y elaborar programas destinados al sector informal.

La Sra. Suzanne Vaupel dio la siguiente definición de agricultura orgánica: sistema que favorece un enfoque integrado en la agricultura y que incorpora elementos económicos, sociales y medioambientales. Dijo que la Federación Internacional de los Movimientos de la Agricultura Biológica (IFOAM) había establecido registros y un sistema de certificación que tenía en cuenta el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT. Pensaba que la colaboración con la OIT podría ser un elemento que habría que considerar. Dicha organización, presente en 107 países, estimaba que la formación de los agricultores y de los trabajadores agrícolas, el desarrollo de los mercados y el dominio de la tecnología deberían tener prioridad sobre otros objetivos. También la mencionada organización preconizaba actuar con gran cautela frente a los insumos utilizados en la agricultura y objetaba el recurso a los organismos transgénicos respecto de los cuales hacía un llamamiento para que se controlara su difusión.

Debate

Las iniciativas voluntarias privadas suscitaron reacciones diversas entre los participantes que fueron de sumo interés al escepticismo pero que sobre todo dejaron ver la preocupación de que comenzaran a sustituir al diálogo social.

Un representante de los empleadores dijo que le sorprendía la preocupación que despertaban los códigos de conducta y la insistencia con que eran citados sus aspectos negativos. Señaló que en Guatemala estas iniciativas habían tenido sobre todo resultados positivos y que no se habían elaborado con el objetivo de limitar el poder de los sindicatos o para sustituir la negociación colectiva.

La ambigüedad de la naturaleza privada de las iniciativas voluntarias fue aludida por varios representantes de los empleadores. Aunque no cabía dudas de que estas iniciativas recibían apoyo del sector público, era necesario velar por su transparencia y en particular por que los trabajadores fueran efectivamente sus beneficiarios. Además, la propia utilización del término «privadas» para describirlas era objeto de debate pues se prestaba a confusión. A este respecto, el Sr.McLin señaló que era necesario distinguir claramente entre las iniciativas voluntarias privadas y las actividades de reglamentación tradicionales desempeñadas por los gobiernos.

Se debatió también acerca de la eficacia de las citadas iniciativas voluntarias privadas: ¿hasta qué punto cabía considerar que facilitaban el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, en particular el de negociación colectiva? Un trabajador señaló al respecto que en Australia, por ejemplo, muchas eran iniciadas unilateralmente por los empleadores pese a lo cual la OIT parecía tener una actitud favorable hacia ellas y alentar su generalización. En consecuencia, le parecía que era vital que la OIT creara un órgano encargado de supervisar su expansión. El Sr. McLin dijo que la OIT solamente alentaba aquellas iniciativas que incrementaran la participación de los trabajadores y aseguraran la promoción de los derechos fundamentales en el lugar de trabajo. Si estas condiciones se cumplían se consideraba que constituían una nueva herramienta que podría ayudar a generalizar la observación de los principios preconizados por la OIT. También dijo que reconocía que era difícil evaluar su eficacia y efectos respecto de este punto y que esta cuestión era actualmente objeto de consideración por la OIT.

Discursos de clausura

El Secretario General facilitó datos sobre la composición de la Reunión y recalcó que un 28 por ciento del total de delegados eran mujeres. La Reunión constituía un hito importante en los esfuerzos desplegados por la OIT en torno a los problemas sociales y laborales que afectaban al sector agrícola. La discusión en las sesiones plenarias y en las de los dos grupos de trabajo habían demostrado la actualidad del tema propuesto para la discusión, a saber, los efectos de la mundialización en la agricultura. Los tres grupos de debate habían ofrecido la oportunidad de intercambiar directamente informaciones y experiencias sobre la evolución de la situación en el sector agrícola. El espíritu de diálogo imperante en la Reunión había permitido que se consiguieran adoptar conclusiones importantes y tres resoluciones. El orador subrayó también la importancia que revestía para los mandantes y la propia Oficina la aplicación de las conclusiones y resoluciones en los planos nacional e internacional. Hizo también hincapié en que muchas de las orientaciones que se habían señalado para la acción futura de la OIT requerirían una contribución continuada de los conocimientos y experiencia de los mandantes tripartitos y formuló votos por su indefectible colaboración.

La Sra. Hagen, Directora Ejecutiva (Diálogo Social), intervino en nombre del Director General y felicitó a los participantes por la calidad del trabajo realizado. La Reunión había constituido un muy buen ejemplo del diálogo social que la OIT promovía en todo el mundo. Había sido una ocasión que había permitido definir estrategias comunes y señalar campos de acción prioritarios para la Oficina y sus mandantes en los que ambos deberían colaborar en los años venideros. Las recomendaciones adoptadas por la Reunión permitirían que la OIT prestara asistencia al sector agrícola con la promoción de las normas fundamentales del trabajo, el fomento de la creación de empleos, el fortalecimiento de la protección social y la promoción del diálogo social. Dos importantes temas convergentes se integraban en toda la acción de la Organización: el desarrollo y la plena participación de la mujer. El reto que planteaba el desarrollo era evidente para todas las partes interesadas en las actividades agrícolas, pero la plena integración de la mujer, tanto en el plano de las ideas como en el de la práctica, era también vital. Estas dos orientaciones convergentes podrían contribuir conjuntamente al logro de los objetivos de desarrollo e igualdad de trato entre hombres y mujeres y de equidad y justicia social. La oradora recordó que en la sesión de apertura de la Reunión, había mencionado el hecho de que su abuelo y su tío habían sido agricultores. Reflexionando con posterioridad se había preguntado por qué no había mencionado ni a su abuela ni a su tía que también participaban plenamente en las labores del campo y habían tenido que enfrentarse con los múltiples retos de la vida rural. Ella misma había vivido en una zona rural de la India y había visto cómo hombres y mujeres, agachados, plantaban juntos arroz. Era importante tener a la vez presentes las preocupaciones de los hombres y de las mujeres en el mundo del trabajo para que todos tuvieran auténticas oportunidades de progresar.

El Sr. J. Zhang (representante del Gobierno de China, y Presidente del grupo de los gobiernos) dijo que la celebración de la Reunión había sido oportuna y sus resultados de vasto alcance. Quizá el hecho de que muchos de los participantes habían tenido experiencias personales ligadas a la agricultura o de que sus familias procedieran de ese medio había contribuido a la intensidad de los debates. En vista del espíritu constructivo que había reinado y de los buenos resultados obtenidos, estimaba que se podía decir que la Reunión representaba un aporte para el futuro del sector.

El Sr. Hermida Martínez (Vicepresidente del Grupo de los Empleadores) dijo constatar con agrado que la Reunión había completado con éxito la difícil tarea encomendada. La experiencia había mostrado la importancia que tenía el hecho de elegir y definir clara y correctamente el tema de una reunión, habida cuenta del gran número de cuestiones sociales y relacionadas con el trabajo que seguían sin resolverse en el sector. También se refirió a la necesidad de respetar las reglas que definen las relaciones entre las partes. El orador observó con beneplácito que los textos que fueron el fruto de las deliberaciones se habían conseguido por consenso; lo que restaba ahora era pasar a la etapa de su aplicación.

El Sr. Atwoli (Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores) alentó a la OIT a que destinara mayores recursos para ampliar el alcance de su labor en la agricultura y a que tomara medidas para que el departamento encargado del sector contara con personal suficiente. Tras expresar su satisfacción con el tema abordado en la Reunión así como con las conclusiones alcanzadas, instó a la OIT a que organizara reuniones en los ámbitos nacional e internacional para dar seguimiento a las cuestiones examinadas. El sector agrícola empleaba a la mitad de todos los trabajadores del mundo. Era importante estar atentos a sus necesidades.

El Presidente dijo que estaba de acuerdo en que no se debía subestimar la importancia de la agricultura. Era una actividad en la que no se trataba simplemente de plantar semillas, cosechar frutos o generar beneficios; el centro de la atención estaba en las personas que plantaban esas semillas, cosechaban los frutos y obtenían ingresos. Productos y procesos debían considerarse, pero el mandato de la OIT apuntaba a proteger a las personas y sus intereses. Este enfoque centrado en las personas era fundamental en los debates sobre los efectos de la mundialización en el sector agrícola. A continuación el orador felicitó a los delegados por su contribución al logro de una Reunión que fue interesante y rindió frutos. Finalmente, el Presidente dio por clausurada la Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada.

Cuestionario de evaluación

Las siguientes tablas muestran los resultados de un cuestionario distribuido durante la Reunión, y diseñado para obtener las opiniones de los participantes sobre varios aspectos. Fueron 30 participantes, gubernamentales, empleadores y trabajadores, los que respondieron, lo que equivale al 40 por ciento del total presente. En total, considerando todos los puntos enumerables (reunión, informe y planes) recibieron una puntuación media del 3,7, casi cerca del nivel «bueno», la parte misma de la Reunión (elección de los puntos de la agenda, los temas de discusión) fue clasificada de «buena», mientras que los programas obtuvieron una puntuación algo inferior. La calidad del informe y su objetividad fueron clasificados justo por debajo del nivel «bueno», con una clasificación media del 3,8 o el 76 por ciento del máximo posible. Los aspectos prácticos y administrativos fueron valorados al 4,5 casi al nivel de «excelente». Los resultados totales aparecen a continuación.

1. ¿Cómo valora la Reunión en lo referente a los puntos siguientes?
	5 Notable	4 Buena	3 Satisfactoria	2 Deficiente	1 Insatisfactoria	Promedio
La elección del punto incluido en el orden del día (temas abordados)	10	14	4	1	1	4,0
Los puntos propuestos para la discusión	6	14	8	2		3,8
La calidad de la discusión	4	13	9	3	1	3,5
Su beneficio potencial para el sector	6	13	9	2		3,4
Las conclusiones	5	15	8	1	1	3,7
Las resoluciones	3	12	8	2	1	3,1
El debate del grupo especial sobre el diálogo social	5	12	8	1		3,8
El debate del grupo especial sobre la seguridad y salud en el trabajo	3	12	9	1	1	3,6
El debate del grupo especial sobre las iniciativas voluntarias privadas	1	8	12	2	3	2,9
Posibilidad de crear redes	8	11	8	1	2	3,7
2. ¿Cómo valora la calidad del informe en los siguientes aspectos?
	5 Notable	4 Buena	3 Satisfactoria	2 Deficiente	1 Insatisfactoria	Promedio
Calidad del análisis	8	16	4	2		4,0
Objetividad	7	13	7	2	1	3,8
Amplitud temática	7	6	15	1	1	3,6
Presentación y legibilidad	10	10	8	2		3,9
Volumen y pertinencia de la información	5	12	10	3		3,6

3. ¿Qué opina del tiempo dedicado al debate?
									Demasiado						Suficiente				Escaso
Discusión del informe									4						20				6
Debate de los grupos especiales									1						24				5
Grupos									1						20				9
Grupo de Trabajo sobre las resoluciones									1						21				8
Grupo de Trabajo sobre las conclusiones									1						18				10
4. ¿Cómo valora usted los aspectos prácticos y administrativos (secretaría, servicios de documentación, traducción, interpretación)?
5 Notables	4 Buenos				3 Satisfactorios					2 Deficientes						1 Insatisfactorios		Promedio
16	13				1													4,5
5. Número de respuestas
Gobiernos					Empleadores								Trabajadores					Total
6					13								11					30
6. Participantes en la Reunión
Gobiernos		Empleadores				Trabajadores					Consejeros técnicos						Observadores	Total
17		26				26					18						19	106
7. Delegados/consejeros técnicos
				Gobiernos				Empleadores						Trabajadores				Total
Delegados				17				26						26				69
Consejeros técnicos				11										7				18
8. Participación femenina (sin observadores)
			Gobiernos				Empleadores					Trabajadores					Total	% de mujeres
Delegados			9				–					10					19	28
Consejeros técnicos			5				–					1					7

List of participants

Liste des participants

Lista de participantes

Representante del Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo

M. Imorou Adam, Directeur de l'agriculture, Ministère du Développement rural (Direction de l'agriculture), Porto-Novo

Sra. Lylian Comelli, Assessora do Secretário Executivo, Ministério do Trabalho e Emprego, Brasilia

Sr. Marcelo Albornoz Serrano, Sub-director del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Dirección del Trabajo, Santiago

Sra. Nora Ruiz de Angulo, Embajador, Representante Permanente, Misión permanente de Costa Rica en Ginebra

Mr. Mahmoud Mansour, Director, Agricultural Economics Research Institute, Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Cairo

Sra. Elia Estela Avila, Directora de Relaciones Internacionales de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, San Salvador

Sra. Carla Maria Rodríguez Mancía, Ministre Conseiller, Misión Permanente de Guatemala in Geneva

Sra. Rita Fabiola Licona Azcona, Tercer Secretario, Misión Permanente de Honduras en Ginebra

Ms. Sathi Nair, Additional Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, New Delhi

Ms. Lois N. Asugha, Permanent Secretary, Federal Ministry of Employment, Labour and Productivity, Abuja

Ms. M. Teresa Soriano, Executive Director, Institute for Labour Studies, Department of Labour and Employment, Manila

Mme Mariana Basuc, Inspecteur général d'Etat en chef, Ministère du Travail, Inspection du travail, Bucarest

Mr. Aris Christodoulou, Chairman, Cyprus Employers' Association of Packers Exporters of Citrus and Grapes, Limassol

Sr. Carlos Contreras-Solorzano, Director de la Comisión Laboral, NECSA, Guatemala

Sr. Rodolfo Coto Pacheco, Presidente, Cámara Nacional de Agricultura, San José

Mr. Kwabena Darko, Chairman and Managing Director, Darko Farms and Co. Ltd., Kumasi

Sr. Dario Hermida Martínez, Departamento de Política Social, Unión Industrial Argentina (UIA), Buenos Aires

Mr. Eli Korah, Vice-Chairman of Labour Committee, Farmers' Federation of Israel, Tel-Aviv

Mr. Leonid Kozachenko, President, Ukrainian League of Entrepreneurs in Agriculture, Kiev

Mr. Patrice Legris, Secretary, Mauritius Sugar Producers' Association (MSPA), Port-Louis

M. Ali M'Kaissi, Conseiller, Directeur central du social, Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Tunis

Mr. Julius Peter Moto, Deputy Chief Executive Secretary, Uganda National Farmers Association, Kampala

M. Joseph Mukania Kabwe, Secrétaire général, Fédération des entreprises du Congo (FEC), Kinshasa

M. Ouattara Komlan N'Guissan, Exploitant agricole, Conseil national du patronat du Togo, Lomé

Mr. N. Nordin Hassan, Director, Malaysian Employers' Organization, Petaling Jaya

M. Cheikhany Ould Sidina, Secrétaire général, Fédération de l'agriculture et de l'élevage de Mauritanie (FAEM), Nouakchott

Mr. Christopher Platt, Executive Officer, Agribusiness Employers Federation, Adelaide

Sr. Alvaro Quijandría Salmón, Director, Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Lima

Sr. Luis Horacio Quiroga Arrau, Secretario General, Sociedad Nacional de Agricultura, Santiago

Mr. Eduardo Rondain, Governor, Employers Confederation of the Philippines, Quezon City

Mr. Duncan Simpson, Chief Executive Officer, Otago Southland Employers' Association (OSEA), Dunedin

Mr. Dirk Sobotta, Chairman, Agricultural Employers' Association of Namibia, AEP, Okahandja

Sr. Reinmar Tejeira, Asesor, Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP), Panamá

Mr. Mohammed Abdelhalem Ahmed, President, General Trade Union of Agriculture and Irrigation, Cairo

Mr. Francis Atwoli, General Secretary, Kenya Plantation and Agricultural Workers' Union (KPAWU), Nakuru

Sr. Ramón Barrantes Cascante, Presidente, Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBA), c/o SITAGAH, Heredia

M. Sourakhé Mamadou Bathily, Secrétaire général, Syndicat national de la production (SYNAPRO), Bamako

Ms. Falgunee Boonerjee, Chairperson, Women Committee, Bangladesh Cha Sramik Union (BCSU), Srimangal

Sr. José Geronimo Brumatti, Vice-Presidente, Confederação Nacional dos Trabalhadores Na Agricultura (CONTAG), Brasilia

Mr. Carlos Antonio Flores Perdomo, Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), San Salvador

Mr. Swapan Ganguly, General Secretary, Pashim Banga Khet Majoor Samity, Pargamas

Mr. Ephraim Moses George, President, Agriculture and Food Workers (NWC), Colombo

Ms. Veronica Griffith, Research Supervisor, Barbados Workers' Union (BWU), Bridgetown

Ms. Jurgette Honculada, Women's Secretary, National Federation of Labour (NFL), Quezon City

Mr. Samuel Kangah, General Secretary, General Agricultural Workers' Union of TUC (GAWU-TUC), Accra

Mr. Barry Leathwood, National Secretary, Rural, Agricultural and Allied Workers, Transport and General Workers' Union, London

Mr. Christian Hjorth, Adviser, Health and Safety, General Workers Union (SID), Copenhagen

Mr. Cesar Melhem, State Organizer, Australian Workers Union (AWU-FIME), West Melbourne

Sra. Maria Moya, Secretaria Relaciones Internacionales, Confederación Nacional Campesina, Santiago

Ms. Getrude Mutasa, Education Officer, General Agriculture and Plantation Workers' Union of Zimbabwe (GAPWUZ), Harare

Mr. Thamsanqa Myeza, Deputy General Secretary, South African Agricultural, Plantation and Allied Workers Union (SAAPAWU), Johannesburg

Sra. Selfa Sandoval Carranza, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo Central, Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), Morales Izabal

Ms. Elena Sporea, President, The National Federation of Rural Workers' Unions (AGROSTAR), Bucarest

Ms. Theopista Ssentongo, General Secretary, National Union of Cooperative Movement and Allied Workers (NUCMAW), Kampala

Sra. Maria Martha Trejo Sánchez, Presidenta, Central Nacional Agropecuaria de Campesinos de Honduras, Tegucigalpa

Sra. Lourdes Sosa-Márquez, Segunda Secretaria, Misión Permanente de México en Ginebra

Representatives of United Nations, specialized agencies and other official international organizations

Représentants des Nations Unies, des institutions spécialisées et d'autres organisations internationales officielles

Representantes de las Naciones Unidas, de los Organismos Especializados y de otras Organizaciones Internacionales Oficiales

Mr. M. Arda, Chief, Diversification and Natural Resources Section, Division on International Trade in Goods and Services and Commodities, Geneva

Ms. Le Thi Hoai Phuong, Agricultural Programme Officer, Quaker Service Viet Nam, Hanoi

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF)

Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA)

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines

Fédération mondiale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation (FEMTAA)

^[1] OIT, Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricultura y el empleo en una economía mundializada, Ginebra, 2000: (Un desarrollo agrícola sostenible en una economía mundializada), 76 páginas.

^[5] Libertad sindical: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.98). Abolición del trabajo forzoso: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). Igualdad: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). Eliminación del trabajo infantil: Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.138); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

^[9] ITGA, International Tobacco Growers Association (Asociación Internacional de Agricultores Tabacaleros).

Presidente:	Sra. Rodríguez Mancia, miembro gubernamental de Guatemala
Participantes:	Sr. Youcef Ghellab, Programa InFocus sobre Fortalecimiento del Diálogo Social, OIT, Ginebra
	Sr. Humberto Preti Jorquin, Induago S.A., Guatemala
	Sr. Jac van del Horst, FNV Bondgenoten, Países Bajos

Presidente:	Sr. Korah, Vicepresidente empleador de la Reunión
Participantes:	Sra. Valentina Forestieri de Viggiano, Programa de seguridad, salud y medio ambiente, OIT, Ginebra
	Sr. Nathaniel K. Tum, Kenya Seed Company, Kenya
	Sr. Samuel Kangha, General Agricultural Workers Union, TUC, Ghana

Presidente:	Sra. Griffith, Vicepresidenta trabajadora de la Reunión
Participantes:	Sr. Jon McLin, Programa de iniciativas voluntarias privadas, OIT, Ginebra
	Sra. Hella Alikuru, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), Kenya
	Sr. Rodolfo Coto Pacheco, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustrias^[8], Costa Rica
	Sra. Suzanne Vaupel, Federación Internacional de los Movimientos de la Agricultura Biológica (IFOAM), Estados Unidos