Por Mafalda Sibille Martina
Estos recursos, en general, son dirigidos a los presupuestos de funcionamiento de los ministerios de educación que llegan a emplear entre un 93 por ciento y un 96 por ciento en gastos de personal, dejando un reducido margen para inversiones e innovaciones que puedan contribuir a expandir y a mejorar cualitativamente la red de servicios educativos básicos en los países. Son precisamente estos rubros, los frecuentemente afectados con las reducciones presupuestarias que decretan los gobiernos como parte de su política de contracción del gasto público (UNESCO-ACDI, UNICEF y PNUD, 1991).
Existen amplios sectores de población joven y adulta que no saben leer ni escribir y de niños que están al margen de la escuela; cerca de 5,0 millones de centroamericanos de 10 años y más son analfabetos y, aproximadamente 1,5 millones de niños, que representan casi 1 de cada 4 en edad escolar obligatoria. No asisten a la escuela primaria, en tanto que unos 400.000 abandonan prematuramente el ciclo escolar básico, creando condiciones potenciales para incrementar el analfabetismo familiar.
Entre 1965 y 1985 la matrícula de primaria pasó de 1.751.900 a 3.986.000 con un crecimiento promedio anual de 4,2 por ciento, promedio superior al de la población escolar, que fue aproximadamente 3,5 por ciento. El número de docentes pasó de 47.900 a 92.700 y el de centros escolares de 10.500 a 25.000.
Las crecientes tasas de escolarización probablemente crean un problema opuesto: mayor demanda de personal docente y mayor utilización de las instalaciones escolares, que probablemente originan clases demasiado numerosas y mayor presión en los presupuestos educacionales.
Aparentemente, los relativos avances en la cobertura se contradicen con otros factores referidos a la oferta educativa (como las condiciones de trabajo del docente) que influyen directamente en la calidad de la educación. Por su importancia, esos aspectos se ahondarán en próximos puntos de la presente investigación.
Esos relativos avances en la cobertura se contradicen también, con significativos contingentes excluidos del sistema, con la baja retención de los estudiantes en el ciclo escolar y con reiteradas críticas a la poca relevancia de los aprendizajes.
Los instrumentos internacionales del trabajo de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y la Recomendación de 1966 (Convenio núm. 156 y la Recomendación núm. 165) proponen la adopción de medidas que permitan a tales trabajadores conciliar la actividad profesional y las obligaciones familiares y que promuevan a la vez la repartición de tales responsabilidades entre los hombres y las mujeres.
La docente mujer tiene un ciclo de producción diferente al del docente hombre, para estudiar el tiempo de trabajo de la docente mujer, es necesario tener en cuenta la indivisibilidad de su trabajo profesional con los trabajos no remunerados. Cuando ambos se realizan simultáneamente, las condiciones de uno influye sobre el otro.
La mujer asume tareas específicas que no siempre son visibles ni reconocidas; por ello es importante poner en evidencia la división sexual del trabajo como requisito indispensable para lograr un reconocimiento pleno del status de la mujer tanto como productora (en su trabajo profesional) como del aporte social de la docente como mujer y madre en la reproducción biológica y social de la fuerza de trabajo.
Se intenta destacar lo siguiente: al atender a su familia la docente no sólo cumple con una responsabilidad individual; también cumple con una función social, porque «culturalmente» es la encargada de la reproducción biológica y social de la fuerza de trabajo.
Se entiende por reproducción biológica y social:
«el conjunto de labores que desempeña principalmente la mujer al interior de los hogares, encaminadas a mantener una reposición entre generaciones de la especie humana y la socialización de los menores y las condiciones diarias, para la recuperación de las energías empleadas en actividades sociales y económicas de los miembros de la familia. Tales labores comprenden la reproducción biológica, crianza y cuidado de los niños, formación en los valores y pautas culturales de comportamiento, las tareas de cocinar, planchar, aseo de vivienda, cuidado de los enfermos (...) y muchas transformaciones de bienes para ajustarlos para el consumo final, de manera tal que los miembros del hogar tengan en forma permanente un lugar de reposo y de reposición de sus capacidades físicas y mentales. A estas labores es necesario agregarles la creación de unas condiciones que propicien la estabilidad emocional de los miembros del hogar». (Rey de Marulanda, 1982.)
En Costa Rica, como en los otros países del área centroamericana se sufren serios recortes presupuestarios de educación. El porcentaje del producto interno bruto que se destina a educación es muy bajo, si se piensa en el 7 por ciento como el recomendable (Rodrigo Aguilar, 1992). Según el profesor Rodrigo Aguilar, de este presupuesto se destina 97 por ciento para pago de salarios del personal. Eso explica el deterioro de las plantas físicas; no se construye nada nuevo, no se renueva mobiliario, ni se cuenta con apoyo didáctico.
El cuadro 15, (anexo 1), contiene datos sobre matrículas y docentes en los seis principales niveles de educación: sintetiza el crecimiento geométrico alcanzado entre el período 1980 a 1990. Ese cuadro permite apreciar que entre el período 1981-1990 se ha guardado el promedio reglamentario (dispuesto por las autoridades del Ministerio) entre el número de alumnos por docente. Veamos las cifras por niveles y el crecimiento geométrico dado:
- en el nivel preescolar entre 1980 y 1990, hubo un crecimiento geométrico en matrículas de 7,9 y en docentes de 11,4;
- en los niveles de I y II ciclos, en los 10 años del período se mantiene un igual crecimiento de 2,2 tanto por matrículas como por el número de docentes;
- en los niveles de escuelas nocturnas y educación diversificadas se dieron crecimientos negativos tanto en matrícula como en docentes, por razones propias a cambios de organización administrativa en estos niveles;
- en educación especial se dio un crecimiento muy fuerte en relación con el crecimiento de alumnos.
Sin embargo, los dirigentes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), manifestaron: «una manera de responder el Ministerio al aumento de la demanda de matrículas, ha sido aumentando el número de alumnos por clase y nombrando maestros interinos; con estas acciones el Ministerio logra algunos ahorros para responder a las restricciones debido a los recortes presupuestarios que se sufre».
Además entre 1980 y 1990, la población infantil de 6 a 15 años de edad creció en un 25 por ciento pasando de 285 mil a 356 mil niños. Una población escolar en ascenso, con un deterioro progresivo de las instalaciones (no hablamos de los efectos de los sismos) obligan a introducir cada vez más el sistema de los turnos con un cuerpo docente desmotivado por los bajos salarios, con horarios irregulares y con dificultades crecientes para dedicarse. La calidad de la enseñanza peligra debido a la falta de dedicación objetiva y/o desmotivación. Para compensar, al menos en parte, la falta de dedicación a los alumnos en horas aula parece haber una mayor tendencia de delegar tareas a casa, devolviendo el costo social a las familias y particularmente a las madres de los escolares (Dierckxsen, 1992).
En 1987, el 73 por ciento de las familias costarricenses tenían ingresos inferiores a dos veces el límite de bienestar y por lo tanto difícilmente podían contratar servicios domésticos. Como se dijo anteriormente, la política salarial protegió los salarios mínimos y el mayor libre juego del mercado ha devaluado los ingresos altos acercándolos, en términos relativos, a los mínimos. Esta tendencia, entre otros efectos, hace que cada vez sea más difícil la contratación de terceras personas (mujeres) para delegar el trabajo doméstico. Así, observamos que en 1987, habían 32,7 empleadas domésticas por cada 100 familias con dos veces o más ingreso que el límite de bienestar, mientras que en 1990 sólo 28,8, o sea un descenso relativo de 12,0 por ciento en sólo 3 años, que durante una década podría significar un 40 por ciento.
Según los mismos estudios de Dierckxsen, a nivel nacional al final de la década sólo un 7 por ciento de las familias contaba con servicios domésticos contratados y no necesariamente las familias donde la mujer trabaja fuera de la casa, lo que hace aún más evidente que el recurso del servicio doméstico pagado es cada vez más un hecho histórico.
El Ministerio de Salud cuenta con los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) fundados en 1975, reciben niños de 2 a 6 años de edad de las 6 horas de la mañana hasta las 18 horas de la noche. Este recurso funciona con una sobrepoblación palpable. En los 106 centros existentes atienden un mínimo de 80 niños y tienen al menos 60 niños en lista de espera. Estos centros, que son, a menudo, la opción única para muchas madres trabajadoras, no están en capacidad de atender la demanda creciente, sino más a menudo obligan a la mujer a buscar otras opciones de cuidado a sus menores, delegando a otros costo social al ámbito familiar (Dierckxsen, 1992).
- los impuestos de seguridad social que se cobraban directamente sobre las planillas aumentaron más que los impuestos indirectos y estos últimos más que los directos y es precisamente en este orden que afecta a los trabajadores;
- la cobertura decreciente e irregular significa una creciente inseguridad económica y social;
- los pensionados del magisterio, también fueron afectados, ya que 24.011 beneficiarios recibieron un promedio equivalente a 183 dólares mensuales en 1986, monto apenas suficiente para atender las necesidades indispensables;
- el gasto de bienestar social sufrió una caída del 40,8 por ciento en términos reales per cápita entre 1979 y 1983. A partir de 1983 estos gastos han crecido en términos reales de manera tal que en 1988 superó en 39 por ciento el nivel del gasto de 1979 y en término per cápita un 7,5 por ciento. El incremento se debe sobre todo al aumento de la partida «otras transferencias» que vio aumentada su participación en el gasto de bienestar y asistencia social del 29 por ciento en 1983 a 34 por ciento en 1988 (Dierckxsen, 1992).
