Por Mafalda Sibille Martina
Con la crisis, en Costa Rica, el gasto público real en educación sufrió un fuerte revés cayendo en un 19 por ciento entre 1980 y 1983. A partir de 1985 el gasto real en educación vuelve a crecer, aunque el gasto real percápita representaba en 1988 apenas un 71,2 por ciento del monto alcanzado en 1980 y los salarios de los docentes aún menos. Los salarios de los docentes a nivel de primaria (en su gran mayoría mujeres) se reducen en 1988 al 70 por ciento del salario de 1980 y a nivel de secundaria (en su mayoría mujeres) al 66 por ciento de ese salario. (Dierckxsens 92).
En otras palabras, la contracción del gasto de educación la pagan en primer lugar las educadoras como un cuerpo docente mayoritario, desmotivado por los bajos salarios, por las condiciones de trabajo muy difíciles, por los recortes de presupuesto y con dificultades crecientes para dedicarse a la enseñanza.
Existen normas que garantizan necesariamente la igualdad de trato que se estipula en el Convenio (núm. 111), 1958 sobre la discriminación (empleo y ocupación), y en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y la educación adoptada por la UNESCO. Además, todos los países indican que su legislación no establece de modo explícito diferencias entre el personal docente de uno u otro sexo por lo que respecta a la contratación y al tipo de contrato.
Sin embargo, a partir de observaciones de funcionarios e investigadores se encuentra que, el personal masculino a tiempo parcial es poco numeroso (aunque parece ir en aumento) y son principalmente las mujeres las que trabajan a tiempo parcial. Este es un aspecto que merecería ser estudiado con mayor detenimiento. La presente investigación no detectó datos sistematizados al respecto.
Los contratos de larga duración o los que confieren la condición de funcionario público se atribuyen sobre todo al personal docente que trabaja a tiempo completo, a causa, principalmente, de que la legislación excluye a menudo la posibilidad de que se concedan tales contratos o se confiera tal condición a las personas que trabajan a tiempo parcial. Como parece que son más las mujeres que trabajan a tiempo parcial que los hombres es inevitable, a menos que se modifique la legislación en vigor, que haya menos mujeres que hombres que disfruten de un contrato permanente o de una condición de funcionario público. No se dispone de datos que indiquen cuántos de quienes trabajan con un contrato temporero lo hacen por voluntad propia y, por tanto, renuncian en la mayoría de países, deliberadamente o no, a la promoción.
A partir del ajuste estructural, como puede apreciarse en el cuadro 12, anexo 1 y según Dierkxsens el autor del cuadro:
- las mujeres son más sustituibles que los hombres, ellas tienden a tener una menor capacidad de negociación y aceptan más fácilmente realizar el mismo trabajo en un puesto de menor rango (como asistente en vez de jefe), bajo condiciones contractuales menos estables (en forma interina en vez de propiedad);
- tienen menos garantías y con remuneraciones inferiores;
- además, pareciera que cuanto menor es la preparación de la mujer, más elevada es su inestabilibidad laboral por la elevada capacidad sustitutiva.
- Reclutar mujeres de poca instrucción formal parece que significa entonces, contar con fuerza de trabajo mucho más reemplazable que la masculina con las mismas o mejores características educativas, como se verá a continuación.
Es, sobre todo, a partir de 1983 cuando se incrementa el número de mujeres activas con escasa instrucción (hasta con primaria) por cada cien varones con la misma preparación. Al aumentar el peso relativo de mujeres con ingresos bajos con ello se acentúa la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Si las mujeres ganaban en 1980 todavía el 86,2 por ciento que los hombres en 1990 ganan apenas el 82,3 por ciento. Conforme se incorporan, entonces, más mujeres no calificadas aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres.
En Costa Rica, la mayor reamovilidad de la mujer se manifestó claramente en el sector público en el período de 1986 a 1989. Durante ese período las instituciones autónomas sufrieron un crecimiento negativo y el gobierno central una expansión de empleo. La tasa de salida de las instituciones autónomas era dos veces más alta para las mujeres que para los hombres (3,3 por ciento contra 1,7 por ciento al año), a la vez que la tasa de entrada al gobierno central también muestra ese sesgo por género (un crecimiento de 6,5 por ciento para las mujeres contra 4,5 al año para los hombres. Las mujeres constituyen, en otras palabras una fuerza de trabajo flotante que entra y sale al mercado de trabajo con relativa facilidad, conduciendo como saldo a una mayor incorporación de la mano de obra barata flotante (femenina) a costa de la masculina (Dierckxsens 1992).
En Costa Rica también la presencia femenina es creciente entre el ejército de asalariados nuevos y sobre todo las empleadas públicas urbanas. El 47 por ciento de los asalariados nuevos son mujeres e incluso el 60 por ciento de los funcionarios públicos nuevos. O pareciese que precisamente, al haberse frenado la expansión del sector público, las políticas de ajuste han frenado la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo de ese sector.
El carácter inestable de estos empleos se manifiesta a través de la ausencia de contratos formales y de marcos legales, el pago de salarios por debajo del mínimo legal, la inexistencia de prestaciones o servicios de seguridad social, así como de los derechos de antigüedad o de derechos sindicales.
En el estudio de Dierckxsens sobre el impacto del ajuste estructural sobre la mujer trabajadora en Costa Rica, se observa que la participación femenina en promedio aumentó en un 24 por ciento durante la década respecto a los niveles alcanzados en 1980.
Como se puede apreciar en este estudio, los aumentos más espectaculares se dan entre las edades de 35 y 59 años de edad. hasta los 40 la curva es ascendente con una tasa máxima de 45,0 por ciento entre los 35 y 39 años de edad. Con ellos queda claro también que la mujer no se retira de la actividad económica por razones de embarazo o matrimonio como suele suceder en otras regiones.
La comprobación realizada en otras investigaciones sobre las mujeres que se retiran del trabajo asalariado por matrimonio o embarazo, se contradice violentamente con los datos detectados por la presente investigación, por las elevadas y crecientes tasas de actividad a nivel global que alcanzan su nivel máximo entre los 35 y 39 años de edad (45 por ciento).
Los datos detectados en Guatemala también confirman la tendencia detectada en Costa Rica, cuando en un estudio de la FLACSO-Guatemala «Mujeres y Empleo en Ciudad de Guatemala» FLACSO-Guatemala, 1991, pág. 16, estudia la población económicamente activa ocupada por sexo y según edad; detecta que el 56,6 por ciento del total de hombres ocupados se encuentran en el rango entre los 20 y 39 años de edad; y en relación a las mujeres el 61,7 por ciento de ellas se encuentran en dicho tramo de edad. Lo que probablemente se explique por la necesidad de las mujeres de incrementar los ingresos familiares. Situación que también se repite en Nicaragua, cuando se estudia la edad de las profesoras que siguen cursos de perfeccionamiento.
En el cuadro 13, anexo 1, sobre «Evolución de la intensidad del divorcio en Costa Rica 1963-1984» del trabajo realizado por Dierckxsens, se observa que el número de divorcios anuales por 1.000 mujeres casadas se ha quintuplicado entre 1973-1984. Además, se observa que la tasa es 4 veces más elevada en la ciudad que en el campo y 5 veces más alta entre mujeres de 40-49 años residentes urbanas que sus iguales en el campo. Lo anterior refleja una creciente inestabilidad familiar que debe haberse agravado en la segunda mitad de los años ochenta cuando sobre todo se protegieron los mínimos y se mantuvieron atrás los ingresos medios y altos.
Cuando en 1973 un 19,6 por ciento de los jefes de hogar eran mujeres en 1990 son 22,0 por ciento lo que constituye un aumento relativo del 12 por ciento. El 85 por ciento de todas las jefes de hogar no están emparejadas, o sea, asumen la responsabilidad del hogar por sí solas. Lo anterior significa una presión enorme para seguir trabajando, bajo cualquier circunstancia.
Consecuentemente, la disminución del gasto público recae, sobre todo, en las mujeres de edades reproductivas y en las mujeres jefes de hogar. Tanto las mujeres de edades reproductivas y las mujeres jefes de hogar se ven recargadas con trabajo doméstico adicional, generando una fuerte presión creciente sobre ellas lo que sin lugar a dudas tendrá repercusión sobre las condiciones de trabajo.
Además, son las mujeres, madres y cónyuges, quienes han de tomar este recargo no pagado como enfermeras del ajuste, puesto que también se han realizado los recortes en el sector salud. Debido al acercamiento de la salud a la necesidad de transferir los gastos de salud hacia el trabajo no pagado de la comunidad, es decir, sobre todo femenino, recargando en las mujeres el costo social.
Cuando estudia las tasas de actividad por sexo, edad y segmento, urbano y rural en 1990 observa que las tasas femeninas comienzan a caerse invariablemente después de los 25 años de edad, tendencia que se produce más tarde (después de los 30) con los hombres y en forma menos pronunciada.
Es decir, encuentra que «de cada 100 personas asalariadas de 25 a 29 años de edad encontramos 29 mujeres contra 65 hombres de 50 a 59 años de edad en las zonas urbanas y 36 mujeres contra 72 hombres en el campo. Las probabilidades de encontrar trabajo asalariado caen mucho más pronunciadamente para la mujer que supera los 25 años que para los varones. La elevada presión sobre el mercado de trabajo pesa más en las edades superiores, donde las mujeres jóvenes tienden a reemplazar no sólo a sus <etarias> sino sobre todo a la fuerza de trabajo femenina menos productiva y más desgastada» (Dierckxsens 1992, página 36).
Consecuentemente, señala que: al acortarse la vida media como asalariada, mucho más raras veces tendrá la mujer una pensión de vejez, mucho más difícilmente acumulará derechos adquiridos, ocupará puestos de mando, etc.
Al iniciarse la investigación, a partir de la experiencia acumulada por el Comité Mixto OIT/UNESCO, se diseñó un cuestionario estructurado que intentaba recolectar datos conducentes a obtener el mejor conocimiento de los problemas ligados a la discriminación en las condiciones de trabajo.
En Costa Rica, Nicaragua y Panamá se entrevistó a las autoridades educativas con el cuestionario que pretendía recolectar información diferenciada por sexo sobre los siguientes ítems:
- disposiciones que limitan el número de alumnos por clase; relación: docente, (hombre y mujer), alumno y aula;
- promedio de alumnos por clase en los diferentes tipos de establecimientos de enseñanza; datos correspondientes a las zonas rurales y a las urbanas por separado;
- disposiciones especiales para el personal docente que ejerce su profesión en zonas rurales o aisladas (datos segregados por sexo);
- horas de enseñanza propiamente dichas, duración normal del trabajo diario y semanal y duración efectiva total del trabajo;
- consulta a las organizaciones de educadoras al fijarse las normas sobre el volumen de trabajo; procedimientos aplicables;
- características y duración de las vacaciones pagadas a que tiene derecho el personal docente en virtud de las leyes y reglamentos en vigor.
En el momento de la recolección de los datos se encontró: 1) que los datos oficiales nacionales disponibles no estaban segregados por sexo, 2) que el proceso de reestructuración económica que se aplica en Centroamérica influye directamente en las condiciones de trabajo de los docentes agudizando las discriminaciones por sexo (fue sorprendente encontrar a maestras nicaragüenses en «extrema pobreza»); por lo tanto era necesario hacer el esfuerzo de enfocar el estudio hacia el conocimiento de los aspectos estructurales que influyen en las condiciones de trabajo y que agudizan las discriminaciones por sexo.
Para superar esa ausencia de datos primarios y para acercarnos por lo menos de manera hipotética a vislumbrar los aspectos estructurales que influyen en las condiciones de trabajo y que agudizan las discriminaciones por sexo, se usaron dos recursos:
- se recurrió a diversos estudios y datos secundarios para complementar los requerimientos del estudio en general, y
- dada la importante relación que existe entre el ciclo de vida de la mujer y sus condiciones de trabajo, para el caso de Nicaragua, país con mayor carencia de datos, se tomaron datos directos al total de maestras y maestros de una escuela urbana, se utilizaron técnicas de estudios de caso y de testimonios directos. En ese breve estudio, se buscó captar vivencias personales que iluminen los indicadores con detalles cotidianos; esos detalles son relevantes porque proveen matices que indudablemente enriquecen la investigación y sugieren una gran cantidad de hechos e hipótesis.
Las autoridades consultadas en los tres países visitados, indicaron que las legislaciones nacionales no permiten el trato diferente según el sexo y que se encuentran reglamentadas sin ninguna distinción por sexo: las horas de enseñanza propiamente dichas, las disposiciones que limitan el número de alumnos por clase, el promedio de alumnos por clase en los diferentes tipos de establecimientos de enseñanza incluyendo las zonas rurales y las urbanas por separado. Asimismo sobre las disposiciones especiales sobre beneficios sociales para el personal docente que ejerce su profesión en zonas rurales o aisladas.
No obstante, la existencia de dichas prescripciones legislativas y medidas administrativas que impiden la discriminación por sexo entre los docentes centroamericanos, a partir de la observación directa de datos indirectos y secundarios, se han tratado de descubrir e interpretar las diferencias que en la práctica se dan entre el personal docente de uno y otro sexo.
Por ello se empieza el análisis con una referencia al empobrecimiento de la subregión, la misma que afecta en forma directa al tiempo y condiciones de trabajo, a los beneficios sociales y al rendimiento profesional de la docente. Analizaremos también, cómo la situación de la mujer en la familia es también resultante de la concepción ideológico-valórica de su papel en el conjunto de la sociedad y que se proyecta en el mercado de trabajo y en las condiciones laborales en forma de un proceso de segregación ocupacional que se construye y desconstruye en estrecha relación con la dinámica del desarrollo económico.
En las condiciones de trabajo de los educadores existe un panorama difícil de partida, ya que es desproporcionado el tamaño del problema social y del educativo, en relación con el volumen de las responsabilidades que ellos deben asumir, ya que para mejorar esas condiciones, cada vez más se ve reducida la capacidad de los gobiernos y de las familias.
Como se viene tratando, la década de los ochenta ha significado una profunda crisis para Centroamérica, sintetiza el cúmulo de limitaciones, deterioros y retrocesos, que tanto en los aspectos económico como sociales, han sufrido los países del Tercer Mundo.
Las autoridades educativas de la subregión han coincidido en elementos comunes sobre el contexto centroamericano denunciando la existencia de un proceso creciente de deterioro económico, de empobrecimiento de la población y de un debilitamiento de la capacidad de asegurar condiciones de acceso y calidad de los servicios educativos a toda la población que lo requiera; en suma siendo todos esos factores los que influyen en forma directa en las condiciones de trabajo de los docentes en la subregión.
Resulta importante mostrar algunos datos sobre el bienestar de la población porque guarda relación con el deterioro económico de la subregión, lo que marca las pautas sobre las condiciones de trabajo de los docentes hombres y mujeres:
- existe en la subregión, baja capacidad productiva, alta inflación y recesión, e injustos términos de intercambio en el mercado internacional;
- un endeudamiento externo elevado (cerca de 1.000 dólares per cápita) que supera su capacidad de pago y obliga a transferir parte de sus escasos capitales hacia el exterior;
- los nocivos efectos de la violencia armada que se entronizó, en la década pasada en algunos países del área, que ha afectado la estabilidad y la paz subregional, ha producido el desarraigo de casi tres millones de personas que han carecido de empleo, educación y servicios básicos, y la muerte de unas 170.000 personas a lo largo de la década del período de conflicto;
- aumento de la pobreza de la población. Entre 1980 y 1985 el porcentaje de pobres pasó de 63 por ciento a 72 por ciento y la pobreza extrema de 40 por ciento a 49 por ciento. La pobreza es mayor en el área rural. En países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, los pobres rurales ascienden a 9 de cada 10 habitantes, en tanto que la pobreza extrema la sufren cerca de 7 de cada 10;
- siendo que la disminución creciente de los niveles de bienestar de la población guarda relación con los aumentos en las tasas de desempleo y subempleo, se estima que cerca del 30 por ciento de la población económicamente activa está cesante y que aproximadamente el 50 por ciento se encuentra subempleada;
- el ingreso per cápita ha disminuido en los últimos años a niveles similares a los de las décadas de los setenta (El Salvador, Guatemala, Honduras) y de los sesenta (Nicaragua). (UNESCO-ACDI, UNICEF y PNUD, 1991).
