Por Mafalda Sibille Martina
Queda claro que las docentes centroamericanas no han alcanzado el poder suficiente para hacer posible su reconocimiento como grupo con problemas específicos, porque en la práctica no existe un reconocimiento social de lo que constituye su identidad.
Al no contar con un reconocimiento social de su «identidad», ella no puede contribuir con ideas, preocupaciones, críticas y acciones, en las normas, reglamentaciones, en los sistemas de recompensa, en la vida gremial de los profesores.
A partir de las opiniones de los entrevistados, se puede decir que en las docentes y los docentes entrevistados se comprobó el hecho de que están enceguecidos por un velo ideológico o son víctimas de una falsa conciencia.
Existe claramente problemas de barreras ideológicas, falta de autoestima, altos niveles de aceptación y resignación pasiva. Si bien se aprecia que las docentes comparten una historia común de opresión y subordinación, esta experiencia está mediatizada por otras que pueden llevar a muchas de ellas a concluir ya sea que no pueden cambiar su situación o que al tratar de hacerlo sólo empeorará su posición actual, la que por lo menos han aprendido a manejar. Así su experiencia de opresión no se traduce en ninguna acción para modificar su situación y ni siquiera para apoyar a otras mujeres que desean hacerlo. Estas hipótesis que nacen de la observación directa plantean problemas de fondo y por su importancia deberían ser estudiadas con mayor detenimiento.
Algunas autoras, califican como «círculo perverso» a la suma concéntrica de hechos que resultan de: cuando se impide acceder a la identidad social (porque no se facilitan las situaciones o se limitan los recursos para apoyar el acceso a determinada identidad social), y a la vez tratan de ocultar esa identidad y obstaculizan la interlocución para que se constituya en un grupo de fuerza social frente a sus derechos (Instituto Internacional de Derechos Humanos, Lorena Gonzales, 1993).
Por un lado se sabe que la OIT realiza una intensa labor para promover la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y trabajadoras. Se sabe también que existen instrumentos que instan a que se tomen acciones en áreas como la legislación, medidas positivas, educación, formación profesional, eliminación de la discriminación, protección social, igualdad de remuneración, condiciones de medio ambiente de trabajo y responsabilidades familiares. También se sabe que se han dedicado esfuerzos en la promoción de la organización de las mujeres trabajadoras y sobre su participación en la toma de decisiones en sindicatos y cooperativas. Pero, como se dijo anteriormente, los informantes consultados no tenían datos registrados sobre las acciones realizadas segregadas por sexo. Resulta increíble que no exista una historia debidamente registrada.
De la lectura de diversos documentos de la OIT, se deduce que el tema de la igualdad es prioritario y que se ha logrado que los asuntos de género figuren en la agenda de trabajo de muchas reuniones. Sin embargo, es importante resaltar que en la práctica el progreso efectivo es lento (Anja Van der Schoot, 1993). Por otro lado, muchos gobiernos en sus leyes han adoptado el principio de la igualdad de derechos y obligaciones en el campo laboral de hombres y mujeres, se han ratificado convenciones y recomendaciones internacionales sobre los derechos de las mujeres por igualdad de condiciones de trabajo, de pagos idénticos por idénticos trabajos.
Y, sin embargo, como se ha visto en los capítulos anteriores cada vez más la trabajadora docente pierde derechos y asume más responsabilidades. Situación que se agudiza por las políticas de ajuste estructural las que van teniendo efectos negativos sobre la igualdad de oportunidades, ahondándose más la brecha discriminatoria entre los trabajadores hombres y las mujeres. Como se vio en los capítulos precedentes, cada día las docentes son más pobres, viven en ambientes cada vez más peligrosos y han perdido mecanismos de apoyo del pasado.
- la identificación de los problemas y necesidades;
- vislumbrar las necesidades prácticas de género para mejorar su condición social y económica;
- vislumbrar los intereses estratégicos de género que cuestionan la posición de la mujer en la sociedad, y
- establecer estrategias y prioridades.
Queda abierta la pregunta: ¿Deben las estrategias concentrarse en las estructuras?, ¿en mejorar su condición material?, ¿en el comportamiento?, o en la ¿ideología?
Para despejar esas preguntas surge un problema fundamental: la necesidad de un marco teórico, claro que permita identificar, evaluar y priorizar áreas sensibles en las cuales incidir.
Su preocupación primaria tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres en la esfera pública y privada en todos los grupos socioeconómicos. Identifica los orígenes de la subordinación de las mujeres no sólo en el contexto de la familia, sino también en las relaciones entre hombres y mujeres en el mercado (Caroline Moser, 1991).
La aprobación oficial en 1975 del enfoque aseguró que se continúe proporcionando a quienes trabajan dentro del gobierno un marco importante para mejorar el status de las mujeres mediante la legislación oficial.
Las estrategias en pro de la equidad buscaron que sus programas gravitaran en torno a la mejora de la productividad de las actividades femeninas existentes en el ámbito de lo doméstico y en el mercado. Postularon para lograrlo, una mejor educación y capacitación para las mujeres, a partir de lo cual esperaban incrementar sus oportunidades de empleo, de representación y de acción política.
Dos críticas a esta postura (Portocarrero Patricia, 1993):
- su excesiva fe en el mercado, de él depende la solución de los problemas mediante la integración de la mujer al sector moderno de la economía. No ven el problema del poder al interior de la familia, tampoco que ganar dinero no siempre tiene un impacto positivo en el status de la mujer;
- estas medidas ponían en práctica elementos redistributivos ya que cuestionaban la discriminación y el poder masculino en diversas esferas, entre ellas, al interior de las agencias de desarrollo, propiciando reivindicar los mismos espacios de trabajo para ambos sexos. Este enfoque implicaba sacrificar algunos privilegios y poder al sector masculino y causó inmensas resistencias, sobre todo al interior de las Naciones Unidas.
El enfoque de la equidad, con su llamado a la igualdad entre hombres y mujeres, su requerimiento de que las mujeres participen con justicia en los beneficios del desarrollo, y su reconocimiento de la necesidad de cambios en el rol tradicional de hombres y mujeres se manifiesta en las declaraciones oficiales de las Naciones Unidas (ONU, 1976).
¿Cómo impulsar la igualdad cuando se impone el modelo económico de la eficiencia?
En los años noventa se ha complicado mucho más la situación porque el paradigma del neoliberalismo niega las premisas de desarrollo que han predominado durante las últimas tres décadas (Sibille y Crowther, 1992).
En años anteriores los diversos enfoques presentados anteriormente reclamaban el derecho de la mujer en relación con lo que generalmente se reconocía, en principio, como el derecho de todos. Como por ejemplo, el derecho al trabajo, a la integridad de la familia, a competir por el poder, el acceso a la propiedad, a participar en las decisiones democráticas, el de la transparencia en las decisiones públicas, etc.
A partir de las políticas neoliberales, el derecho supremo es el de competir comercialmente. Lo que significa adoptar la premisa darwiniana de dar preferencia a los que ya tienen más poder y más recursos. De esta manera, el acceso al trabajo, la vida familiar, la propiedad y la democracia no son derechos que deben ser generalizados, sino son cuestiones de conveniencia, siempre reconocidos como valiosos en principio, pero de hecho están sujetos a ser moldeados de acuerdo con los nuevos derechos supremos, y simplemente son lamentados (o excusados) cuando no sean compatibles con éstos.
En lugar de derechos, se ofrece el concepto de compensación. En lugar de igualdad de acceso, se ofrece el concepto de vulnerabilidad. En suma, la mujer no puede reclamar un derecho en relación con otros derechos si éstos no han sido desplazados. Lo más que puede reclamar es una pequeña compensación, menos que lo mínimo para la supervivencia de su familia, debido a su marginalidad.
Las políticas de ajuste estructural definen las economías sólo en términos de servicios y bienes de mercado y la producción de efectivo para la subsistencia, y excluyen el trabajo reproductivo de las mujeres (Elson, 1987).
Este sesgo de género incorporado al proceso de producción y mantenimiento de los recursos humanos permite a las políticas de reasignación de recursos económicos asumir que el trabajo impago de las mujeres es elástico en actividades tales como el cuidado de los niños, el abastecimiento de combustible, el procesamiento de alimentos, la preparación de comidas y la asistencia a los enfermos (Elson, 1987).
La no inversión en recursos humanos, en nombre de una mayor eficiencia en las políticas de «condicionalidad» del FMI y el Banco Mundial ha dado como resultado una baja en los niveles de ingreso, recortes severos en los gastos sociales, en salud y educación pública y recortes en los subsidios de alimentos.
Es importante resaltar que el enfoque de la eficiencia depende, en gran medida de la elasticidad del trabajo de las mujeres en su rol reproductivo y de gestión comunal, y sólo satisface las necesidades prácticas de género a costa de más horas de trabajo y un incremento de trabajo impago.
