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EL TRABAJO INFANTIL : QUE HACER?
Documento sometido a discusión de la Reunión Tripartita Oficiosa de Nivel Ministerial
Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 12 de junio de 1996

II. ¿Qué se puede hacer a escala nacional?

A. Elementos para una estrategia nacional de lucha contra el trabajo infantil
B. Tipos de acción específica contra el trabajo infantil
C. Otras enseñanzas que se derivan de la experiencia de la OIT

Las medidas que se han adoptado hasta ahora para luchar contra el trabajo infantil en los países donde está más difundido no se ajustan en modo alguno a las dimensiones y la gravedad del problema. Muchos países han optado por no intervenir; en otras palabras, los gobiernos se han limitado a dejar que el crecimiento económico o el proceso legislativo vayan configurando la solución del problema. Pero la experiencia muestra que el crecimiento económico, ciertamente indispensable, no basta por sí mismo para eliminar la necesidad que tienen las familias más pobres de contar con los ingresos procedentes del trabajo infantil, a menos que vaya acompañado de medidas activas para asegurarse de que estas familias puedan beneficiarse de manera equitativa del excedente de riqueza nacional que se ha generado. Además, el recurso al trabajo infantil no obedece exclusivamente a una lógica económica; la tradición, es decir, la forma de proceder que la sociedad ha aceptado como «normal» desde hace mucho tiempo y otros factores culturales intervienen también en este sentido. Por su parte, el proceso de elaboración legislativa es realmente necesario, pero no es suficiente por sí mismo a menos que se adopten medidas eficaces para hacer cumplir la ley.

Un elemento positivo es que los países en desarrollo, donde vive la mayor parte de los niños trabajadores, se están concienciando de las graves repercusiones que entraña el trabajo infantil para la sociedad, la economía y el desarrollo. Reconocen cada vez más que la explotación generalizada de los niños y su empleo en condiciones nocivas a su dignidad, integridad moral, seguridad, salud o educación, perjudica gravemente los objetivos nacionales en materia de desarrollo económico y social. En un mundo tan competitivo como el actual, la prosperidad nacional depende en gran medida de las calificaciones de las personas, y la permisividad del trabajo infantil resulta del todo incompatible con las inversiones en recursos humanos que los países han de hacer para garantizar su futuro. De ahí que los gobiernos hayan comenzado a adoptar una posición más firme ante el trabajo infantil, y a plantearse la cuestión de qué modalidades de acción pueden ser más viables y eficaces para controlarlo y, finalmente, para eliminarlo. Especialmente los países pobres, que necesitan concentrar sus esfuerzos y recursos en un pequeño número de medidas, quieren saber cuáles son las que tienen más probabilidades de dar resultados y de qué manera se pueden concertar para obtener un máximo de efectos.

El análisis que se expone a continuación sobre la acción que conviene adoptar en el plano nacional respecto al trabajo infantil, se basa sobre todo en investigaciones recientes de la OIT y en sus actividades de cooperación técnica. Esas investigaciones son en gran parte de índole exploratoria y suelen basarse en estudios monográficos. Hay que tener presente también que el IPEC sólo tiene cuatro años de existencia. Por lo tanto, las propuestas que se presentan a continuación se han de considerar simplemente como preliminares.

A. Elementos para una estrategia nacional de lucha contra el trabajo infantil

Investigar sobre el trabajo infantil. Es poco lo que se sabe, a nivel de los países, sobre la exacta magnitud, naturaleza y efectos del trabajo infantil. Faltan los datos más fundamentales sobre el número de niños que trabajan, lo que hacen, durante cuánto tiempo, qué tareas realizan, si trabajan en condiciones peligrosas o no, etc.

Esta falta de informaciones detalladas y fidedignas constituye un obstáculo importante para fijar unos objetivos realistas y concebir actividades eficaces de lucha contra el trabajo infantil. Hacen falta encuestas estadísticas nacionales que den una idea clara y amplia de la situación del trabajo infantil a nivel macroeconómico, para elaborar políticas y programas. Al mismo tiempo, se requieren análisis cualitativos completos de los grupos específicos de trabajadores infantiles y de sus condiciones de trabajo y de vida. En general, un programa de acción destinado a los niños trabajadores no puede tener éxito si no se tiene una idea clara de las necesidades, limitaciones y oportunidades de que dispone el grupo beneficiario. Disponer de informaciones de buena calidad resulta también un instrumento muy eficaz de sensibilización para preparar el terreno antes de pasar a la acción.

Teniendo, pues, en cuenta las grandes ventajas de disponer de datos de buena calidad sobre el trabajo infantil así como el costo razonable de las correspondientes encuestas estadísticas y de los métodos de análisis de la situación, se insta encarecidamente a todos los países a que establezcan o mejoren sus sistemas de recopilación de datos sobre el trabajo infantil(43) .

Proyectar un plan nacional de acción contra el trabajo infantil. La experiencia adquirida por la OIT pone de relieve que ninguna acción individual puede tener un efecto considerable si no se inscribe en un plan nacional. La definición y aplicación de dicho plan es una responsabilidad que incumbe en primer término a los gobiernos. Pero los gobiernos no pueden por sí solos acabar con el trabajo infantil. Para ello, han de desempeñar también un papel importante las organizaciones de empleadores y de trabajadores así como otros sectores de la sociedad, comprendidas las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de protección de la infancia. Un plan de esta índole pone de manifiesto la voluntad del país de abordar el problema del trabajo infantil de manera sistemática. No debería limitarse a una simple declaración de objetivos, sino que debe establecer medidas concretas contra el trabajo infantil, asignar los recursos necesarios para ello y establecer claramente las responsabilidades entre las diversas partes interesadas. No debería ser estático, sino estar sometido a revisiones periódicas a la luz de la evolución de las circunstancias y de las lecciones que se hayan podido aprender.

Sería poco realista creer que un problema tan antiguo como el trabajo infantil puede resolverse de un día para otro, o que es posible alejar inmediatamente a los niños de todo tipo de empleo o trabajo. Observando la realidad actual del trabajo infantil se ve claramente que constituye uno de los muchos problemas vinculados a la pobreza y al subdesarrollo, y que son precisamente los países donde se plantea de manera más aguda los que cuentan con menos recursos para reducir su frecuencia y sus efectos negativos. La cantidad de niños que trabajan, aun contando sólo los que lo hacen en condiciones que pueden ser nocivas para su desarrollo físico, intelectual o emotivo, es muy elevada y los recursos de que se dispone para combatir este flagelo son reducidos, por lo que se hace necesario fijar prioridades. Por consiguiente, en los países en que este problema es particularmente grave, el plan nacional debería adoptar un método gradual para llegar a la erradicación del trabajo infantil. Además de reafirmar que el objetivo último que se fija el país es la erradicación total y efectiva de cualquier clase de trabajo, empleo o actividad que pueda perjudicar la dignidad, la integridad moral, la seguridad, la salud o la educación de los niños, en una primera fase el plan debería centrar los esfuerzos nacionales en evitar y suprimir la participación de los niños en actividades económicas nocivas para ellos, como las que se llevan a cabo en unas condiciones afines a la esclavitud, las que son especialmente peligrosas y las que son abusivas por cualquier otro motivo. En otras palabras, los escasos recursos disponibles deberían destinarse sobre todo a los casos más urgentes y graves de trabajo infantil, es decir, a los que son una verdadera afrenta para la conciencia de la humanidad y que ninguna sociedad humana digna de este nombre puede tolerar, cualquiera que sea su nivel de desarrollo económico.

No es fácil determinar cuáles son las formas más nocivas de trabajo infantil, especialmente cuando se trata de identificar los tipos de empleo o de trabajo que exponen a los niños a riesgos particularmente graves para su seguridad o su salud. A ese respecto, vale la pena reproducir el texto que figura a continuación, sacado de una publicación reciente que forma parte de la serie de textos de la OIT sobre el trabajo infantil:

... Es mucho más fácil movilizar al público y a las autoridades políticas para eliminar las formas de trabajo infantil que son manifiestamente perniciosas que cuando se trata, por ejemplo, de prohibir el trabajo infantil considerado generalmente como una actividad tradicional y sin peligro para los niños.

¿Qué criterios se pueden seguir para fijar las prioridades en función de los riesgos? Es útil sin duda comenzar con listas de industrias, ocupaciones y condiciones de trabajo en los que es sabido que hay riesgos para los niños, pero la información general de esta índole no basta para abordar automáticamente las cuestiones más engorrosas. ¿Con qué criterio se ha de decidir qué tipo de trabajo es más perjudicial para los niños que otro? ¿De qué forma se pueden clasificar los efectos nocivos de diferente índole? ¿Es más grave la pérdida de la visión que una enfermedad pulmonar? ¿Qué medida comparativa se puede establecer entre los riesgos de carácter físico y los de carácter psicológico? ¿De qué manera se pueden comparar los efectos a corto y a largo plazo? Es inevitable que se planteen esas interrogantes cuando se trata de establecer las prioridades, pero no hay respuestas fáciles ni universales al respecto y el proceso de decisión acerca de quiénes deben considerarse en una situación de mayor riesgo implica necesariamente un aspecto subjetivo.

La experiencia muestra que las cuestiones de esa índole no tienen una solución puramente técnica y no se pueden resolver con fórmulas sino mediante acuerdos basados en la realidad y en los valores culturales y, por consiguiente, distintos según los lugares. Lo más importante es que se tomen decisiones concretas y viables acerca de cuáles son los problemas relativos al trabajo infantil que requieren una atención más urgente, y que esas decisiones gocen al menos de un cierto grado de credibilidad y de legitimidad social. Afortunadamente, la tarea de determinar cuáles son los niños que se encuentran en una situación de mayor riesgo resulta generalmente más fácil en la práctica que en la teoría. Cuando se dispone de información suficiente sobre un determinado lugar, las formas más peligrosas de trabajo y los niños que realizan esas tareas suelen quedar de manifiesto. Los expertos de diferentes instituciones y tendencias parecen coincidir acerca de cuáles son los niños que corren más peligro entre los que trabajan. Esta cuestión resulta más fácil de abordar en el terreno práctico que perdiéndose en interminables análisis intelectuales antes de pasar a la acción(44) .

Una vez fijadas las prioridades, el plan nacional debería incluir tanto actividades de prevención del trabajo infantil como disposiciones provisionales de protección o rehabilitación de los niños que trabajan. La experiencia inicial del IPEC pone de manifiesto que es más fácil y barato evitar el trabajo infantil que apartar a los niños de su trabajo y ocuparse de su rehabilitación. No es fácil llegar hasta los niños que trabajan en condiciones muy explotadoras o peligrosas; además pueden ser muy numerosos (como en el caso del trabajo en régimen de servidumbre) y se necesita una infraestructura considerable para proveer a sus necesidades. A causa de estas dificultades, las organizaciones que prestan asistencia a los niños trabajadores no suelen llegar hasta los que trabajan en las peores condiciones y se centran en los grupos más accesibles con los que pueden unos obtener resultados inmediatos, como ocurre con los niños de la calle. El plan nacional debería procurar invertir esta tendencia y velar por que las organizaciones reciban la ayuda necesaria para tener acceso a los niños trabajadores que corren más peligro. Debería indicar, al mismo tiempo, las medidas inmediatas que se requieren, por ejemplo, campañas de información en escuelas y comunidades locales con el fin de explicar a los niños y a sus padres los peligros que pueden correr y las posibles alternativas, para evitar que los niños que aún no trabajan lleguen a verse atrapados en unos tipos de abusivos de empleo o de trabajo.

El plan nacional debería abordar el problema del trabajo infantil no sólo desde el punto de vista laboral, sino también teniendo en cuenta al niño como individuo, con sus diversas necesidades. Dicho de otro modo, salvo en las situaciones realmente abusivas, los niños no deberían considerarse meramente en el contexto de la legislación laboral, que exige el inmediato despido o retirada del trabajo de los niños menores de cierta edad porque, de hecho, este tipo de medida puede ir en contra del bienestar inmediato de los niños. Habría que adoptar un punto de vista más amplio, en el que se tomen en consideración las distintas necesidades que tienen los niños trabajadores, en particular la de contar con alternativas adecuadas en relación con la enseñanza o la capacitación formación.

Por último, habida cuenta de la estrecha relación que hay entre el trabajo infantil y la pobreza, la desigualdad, el desempleo, los fallos del sistema educativo, la discriminación por razón de sexo y otros obstáculos fundamentales al desarrollo social y económico en su conjunto, es preciso que el trabajo infantil figure como una consideración importante en la planificación de la política y los programas generales de desarrollo, y en particular de los programas destinados a promover el crecimiento económico, una distribución más equitativa de los ingresos y el desarrollo de los recursos humanos. Por consiguiente, además de las medidas inmediatas de protección de los niños trabajadores, el plan nacional de acción debería prever otras medidas para luchar contra las causas fundamentales del trabajo infantil y procurar combatir al mismo tiempo los factores determinantes de la oferta de mano de obra infantil y los que generan la demanda de esa mano de obra. Y, sobre todo, ese plan debería ser parte integral de las estrategias de empleo que crean oportunidades viables de ingresos para los pobres mediante programas de mitigación de la pobreza y técnicas de producción alternativas.

Fomentar la concienciación sobre el problema del trabajo infantil. En la lucha contra el trabajo infantil se tropieza con la dificultad básica, en los países en desarrollo, de que tantos los gobiernos, como los empleadores, trabajadores, público en general, padres de familia, y con frecuencia incluso los propios niños que trabajan, no están bastante concienciados de las consecuencias nocivas del trabajo infantil, o bien las aceptan como un efecto ineluctable de la pobreza. Muchos padres, que trabajaron también siendo niños, tienden a considerar que es mejor que sus hijos participen desde muy jóvenes en una actividad económica, en lugar de estudiar, porque esto les permitirá adquirir calificaciones que les resultarán útiles cuando sean adultos, les dará un sentido de la disciplina, y los preservará del ocio y de los consiguientes peligros de caer en la delincuencia. Esta es una actitud muy corriente entre las personas sin educación(45) . Además, algunos políticos y otras elites no consideran el trabajo infantil como un problema sino como una solución a otros problemas derivados del subdesarrollo, tales como la pobreza absoluta en la que viven muchas familias y las deficiencias de los servicios del sector público en el campo social, especialmente en materia de educación. El trabajo infantil se considera, pues, como algo positivo y en todo caso como la única opción para los hijos de los pobres.

Otra grave dificultad es que no resulta fácil detectar los casos de niños que reciben malos tratos en el lugar de trabajo, hecho frecuente entre los niños que trabajan en las zonas rurales, en los talleres y pequeños comercios del sector no estructurado de las grandes ciudades, o como empleados domésticos en casas particulares. Cualquier esfuerzo por proteger a los niños contra peligros o abusos en el lugar de trabajo que pretenda ser eficaz debe comenzar por poner de manifiesto lo que está oculto, sacar a la luz y hacer pública la situación de los niños trabajadores expuestos a diversos peligros, los tipos de peligros con que se enfrentan y lo que se debería hacer a ese respecto(46) . Hay que insistir en que es una vez más de una tarea difícil, porque las sociedades son en general un tanto reacias a reconocer que hay niños que corren peligro a causa de su trabajo.

No se puede exagerar la importancia de incrementar la preocupación social al respecto, porque la experiencia muestra claramente que se requiere una fuerte presión pública para conseguir que sea políticamente posible hacer progresos en las cuestiones relativas al trabajo infantil. Mientras el público en general, y las clases medias y altas en particular, sigan considerando que el trabajo infantil forma parte de una dura realidad que tiene sentido desde el punto de vista económico, no se reunirán las condiciones necesarias para el cambio. Por el contrario, si esos grupos clave, y la sociedad entera, admiten que el trabajo infantil plantea realmente un problema, se sientan las bases para lograr que las formas más abusivas de trabajo infantil resulten inaceptables desde el punto de vista social y puedan erradicarse. Asimismo, tiene gran importancia la concienciación progresiva de los niños y sus padres sobre la importancia que tiene la educación para el futuro de todos los niños, tanto chicos como chicas.

Establecer una amplia alianza social en contra del trabajo infantil. La mayoría de las iniciativas actuales de lucha contra el trabajo infantil siguen procediendo de organizaciones no gubernamentales. Muchos gobiernos se han limitado a adoptar disposiciones legislativas sobre la edad mínima, permaneciendo pasivos en la vigilancia de su cumplimiento. Tampoco los sindicatos han tenido, en muchos casos, la capacidad de ocuparse del problema, aunque el reciente incremento de su interés, que se pone de manifiesto en su cada vez mayor sensibilidad a la campaña internacional de la CIOSL contra el trabajo infantil, constituye un signo alentador para el futuro. Los distintos empleadores que recurren a la mano de obra infantil, sobre todo en el sector de las pequeñas empresas, se han mostrado siempre reticentes a que se discuta el asunto, por temor a que sus intereses económicos resulten perjudicados en los intentos de reemplazar a los niños por trabajadores adultos. Las organizaciones de empleadores tropiezan a menudo con dificultades para convencer a dichos empleadores de lo contrario.

La campaña contra el trabajo infantil es una tarea demasiado ardua para que puedan llevarla a cabo las organizaciones no gubernamentales por sí solas. A pesar de la gran ingeniosidad y la dedicación de esas organizaciones, sus recursos materiales y humanos, aunque utilizados al máximo, no bastan para hacer frente a una tarea de tal magnitud. Se requiere para ello una movilización social más amplia. Es necesario que las autoridades públicas y los interlocutores sociales cumplan con su parte en esta tarea. Deberían hacer hoy en los países en desarrollo todo lo que hicieron en el pasado en los países industrializados para reducir el trabajo infantil(47) .

Hay tres tipos fundamentales de acción contra el trabajo infantil que sólo un gobierno central puede emprender: i) la adopción de legislación sobre el trabajo infantil y de mecanismos apropiados para vigilar su cumplimiento; ii) la formulación de una política nacional en la materia que establezca las prioridades de orden público y procure dar participación a todos los actores sociales importantes; y iii) la financiación de un sistema de educación básica que garantice una instrucción de nivel adecuado que sea materialmente física y económicamente accesible para todos los niños, incluso los de las familias más pobres. Esto último es lo más importante pues, de no ser así, toda iniciativa de lucha contra el trabajo infantil tendrá un éxito muy limitado. Las autoridades públicas situadas a otros niveles de la administración, en especial las autoridades municipales, pueden desempeñar una función decisiva en la movilización y la concertación de los recursos humanos y materiales locales para abordar los problemas específicos del trabajo infantil.

Es innegable que los sindicatos tienen un papel fundamental que desempeñar en la lucha contra el trabajo infantil(48) . La manera más eficaz de plasmar plenamente su potencial en esta lucha es siendo fieles a su identidad y sus objetivos específicos como organizaciones de trabajadores. De hecho, lo que puede contribuir a eliminar el trabajo infantil es precisamente el logro de los objetivos sindicales básicos: trabajo, aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo, la no discriminación en el empleo por motivos de sexo o raza, etc.

La capacidad de los sindicatos para percibir y hacer frente al problema del trabajo infantil depende de su nivel de organización. Esto es especialmente problemático en los países en desarrollo, donde radica gran parte del problema del trabajo infantil. La libertad sindical, que supone el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas sigue, desgraciadamente, siendo un objetivo que aún no se ha alcanzado en algunos países. En otros, los sindicatos de reciente creación están tratando de consolidar los derechos sindicales fundamentales. En la mayoría de los países en desarrollo la tarea básica sigue siendo la constitución de organizaciones a partir de una masa de trabajadores sin organizar, como ocurre por ejemplo en el sector rural. A estas dificultades se añade el vertiginoso crecimiento del sector no estructurado y de la subcontratación, ámbitos que quedan fuera del alcance de los mecanismos gubernamentales de aplicación de normas. Y es precisamente en esos ámbitos donde prolifera el trabajo infantil.

La participación activa de los sindicatos en la lucha contra el trabajo infantil requiere un enfoque progresivo. En primer lugar, no podrán nunca llegar a plasmar su capacidad potencial en este ámbito si no se ocupan antes de concienciar a sus afiliados; para ello es necesario que el problema del trabajo infantil sea objeto de debates y programas específicos de educación obrera en los que se utilicen manuales, vídeos, diapositivas, etc. sobre este tema, organizando también cursos prácticos, seminarios y conferencias al respecto. En segundo lugar, los sindicatos necesitan adquirir las calificaciones y dotarse de las estructuras necesarias para fortalecer su capacidad de acción en este campo. Necesitan capacitarse para poder llevar a cabo investigaciones sobre el problema del trabajo infantil, emprender campañas de información eficaces, proyectar y poner en ejecución programas de acción específicos destinados a los niños trabajadores, etc. Al mismo tiempo, hay que establecer unas estructuras apropiadas, como comités, o funcionarios responsables de las cuestiones relativas al trabajo infantil a todos los niveles de la organización sindical. En tercer lugar, los sindicatos son los organismos más indicados para poner en evidencia los casos abusivos de trabajo infantil. Pueden actuar como defensores dignos de crédito en favor de la protección de los niños contra la explotación en el trabajo, reuniendo documentación sobre casos concretos de niños que trabajan en condiciones abusivas y mostrando sus efectos en los niños. En cuarto lugar, su contribución es esencial para divulgar informaciones sobre el problema y movilizar a la opinión pública. Cuando se comprueben casos de abuso, esta información tiene que divulgarse mediante mensajes que deben transmitirse efectivamente a diferentes públicos -- gobierno, empleadores y el público en general -- valiéndose para ello de sus propias publicaciones o bien proporcionando a la prensa, las emisoras de televisión y de radio, informaciones generales sobre el problema, así como sobre lo que se debería hacer al respecto. Los sindicatos pueden también actuar como grupos de presión, utilizando para ello su propia maquinaria política, para contribuir a que se establezcan amplias alianzas contra el trabajo infantil en las que se dé participación a profesionales de la salud, docentes, grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, medios de comunicación de masas, etc. En quinto lugar, los sindicatos pueden también ayudar directamente a los niños trabajadores mediante proyectos especiales de bienestar social, educación y formación. Una contribución evidente que pueden hacer es impulsar la mejora de los planes de capacitación de aprendices y de otros planes de formación para los jóvenes, así como también de los relativos a la educación en materia de salud y seguridad. En sexto lugar, los sindicatos pueden desempeñar también una función de vigilancia. Están bien situados para supervisar la eficacia de los instrumentos jurídicos y la labor de la inspección del trabajo en este campo. Pueden además hacer presión para que se actualice la legislación de acuerdo con las normas internacionales del trabajo y para que se mejore el servicio de inspección del trabajo tanto en términos de dotación de personal como de calidad de la prestación.

Por último, las organizaciones de trabajadores están especialmente bien situadas para abogar por el derecho de los niños a la educación, para hacer comprender al mayor número posible de trabajadores adultos y a su familia cuán importante es fomentar la educación de sus hijos y evitar lo más posible que ingresen prematuramente en el mercado de trabajo, sin dejar de reafirmar, al mismo tiempo, el derecho de los trabajadores adultos a percibir una remuneración adecuada a efectos de reducir la dependencia del trabajo infantil en las familias más pobres.

Los empleadores y sus organizaciones también tienen un papel indispensable que desempeñar en la lucha contra el trabajo infantil. Evidentemente, la mejor contribución que las empresas pueden hacer en este ámbito es el estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas y reglamentarias nacionales que restringen las condiciones en que los empleadores pueden utilizar mano de obra infantil en sus actividades. Cuando el empleo de niños no está prohibido por la ley, deberían asegurarse, en particular, de que los niños se mantengan alejados de cualquier sustancia o maquinaria peligrosas y de que sus horarios y sus obligaciones no obstaculicen su asistencia a clase ni menoscaben su rendimiento escolar.

Hay buenas razones para que los empleadores y sus organizaciones se interesen por las cuestiones relativas al trabajo infantil. Además de las consideraciones humanitarias y sociales evidentes, el combate contra el trabajo infantil tiene pleno sentido desde el punto de vista tanto económico como empresarial. Los niños que no reciben instrucción o, lo que es peor, que sufren daños físicos o emocionales por haber comenzado a trabajar demasiado jóvenes o a causa de tareas peligrosas, tienen pocas probabilidades de convertirse en adultos productivos y creativos. Al dejar que esta situación persista, las empresas, y de hecho la sociedad en su conjunto, están desperdiciando recursos humanos que harán quizá mucha falta en el futuro. Por otra parte, el trabajo infantil compromete la reputación de una empresa: cada año se gastan millones en estudios de mercado, pero la transmisión de una sola noticia de carácter negativo o de una emisión en la que se denuncie el empleo de niños en condiciones abusivas por parte de una gran compañía -- nacional o multinacional -- basta para causar un daño inconmensurable a la imagen de la misma y a la de sus filiales. El aporte más eficaz que esas grandes empresas pueden hacer hoy en día es establecer unas normas exigentes respecto a los derechos de los trabajadores y al recurso al trabajo infantil, no sólo para sí mismas sino también para los contratistas con los que trabajan y para los subcontratistas de estos últimos. Están en una situación única para convertirse en un modelo para otras empresas del país que continúan empleando niños. En ese sentido, cabe destacar las iniciativas tomadas hace poco por importantes empresas para establecer sus propios «códigos de conducta» en materia de recursos humanos, que prohíben el empleo directo o indirecto de niños en la elaboración de sus productos, cuya aplicación debería extenderse también a las empresas nacionales e internacionales que participan en actividades en las que se sabe que es posible que se recurra al trabajo infantil.

Como se ha dicho ya, la mayoría de los niños que desempeñan una actividad remunerada, suelen trabajar en pequeñas empresas del sector no estructurado. Por lo tanto, hay que conseguir que los propietarios y gestores de estas empresas se comprometan a dejar de utilizar mano de obra infantil y a emplear sólo trabajadores adultos. Esto debería convertirse en una de las tareas más importantes de las organizaciones nacionales de empleadores, que pueden constituir una de las principales fuerzas en la lucha contra el trabajo infantil. En primer lugar, estas organizaciones pueden aprovechar su acceso directo a las empresas para que éstas tomen conciencia del problema del trabajo infantil y para motivarlas a tomar las correspondientes medidas. Más aún, pueden asumir una función orientadora, ayudando a las empresas e industrias que utilizan mano de obra infantil a mejorar su eficacia y competitividad por medio de prácticas de producción y de gestión del personal que fomenten el empleo de trabajadores adultos y reduzcan la utilización de mano de obra infantil. Desde una perspectiva histórica, ello suele traer consigo unas técnicas más avanzadas y un acceso más fácil al crédito y a la formación, a fin de que los pequeños productores y los que cuentan con menos recursos puedan adoptar esta tecnología.

Otro elemento fundamental en la lucha contra el trabajo infantil es la participación activa de las organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto de las que tienen como único objetivo combatir el trabajo infantil como de las que tienen objetivos más generales de protección de la infancia, o incluso de aquellas cuya actividad no se centra primordialmente en los niños, como es el caso de las instituciones religiosas o de las instituciones que tienen por finalidad la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. En primer lugar, la acción de las organizaciones no gubernamentales es muy útil para influir en las inquietudes y los valores familiares y comunitarios que determinan si los niños han de trabajar o no y dónde han de hacerlo, así como para impulsar los cambios que conviene introducir en la cultura popular. En segundo lugar, al igual que los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales tienen una importante función de detección y divulgación de casos concretos de abuso de la mano de obra infantil. Están en buena posición, además, para reunir datos sobre los ámbitos, las actividades y los lugares de trabajo en que los niños trabajadores corren serios riesgos y para denunciar las deficiencias en la acción del sector público, sobre todo para hacer cumplir las leyes y reglamentos pertinentes. Por último, las organizaciones no gubernamentales son especialmente aptas para proyectar y aplicar los programas de acción en favor de los niños que ya han ingresado en el mercado de trabajo; están en contacto directo con estos niños, conocen sus necesidades específicas y suelen gozar de la confianza de las comunidades de las que esos niños forman parte, por lo que pueden movilizar los recursos humanos y materiales con que éstas cuentan. Ello no obstante, es lamentable que los gobiernos sigan teniendo una actitud recelosa con respecto a las ONG que actúan contra el trabajo infantil en varios países.

Otros sectores de la sociedad civil pueden colaborar también eficazmente en la lucha contra el trabajo infantil. A las organizaciones de profesionales de los medios de comunicación les incumbe en especial la responsabilidad de informar al público sobre las cuestiones relativas al trabajo infantil. Las universidades pueden ser también unos aliados muy útiles, sobre todo para investigar aspectos específicos del problema del trabajo infantil, para capacitar al personal que lleva a cabo actividades sobre el terreno y para evaluar los resultados de los programas piloto de acción en favor de los niños trabajadores. Dado que la voluntad política es esencial para abordar la problemática del trabajo infantil, se considera también importante lograr que los parlamentarios se interesen por el tema. No hay que olvidar, por último, que hay millones de maestros y educadores a los que se puede también motivar para que participen en las actividades de prevención del trabajo infantil en el ámbito local y en el plano nacional. El papel que pueden desempeñar los docentes y sus organizaciones en el marco de los esfuerzos por combatir el trabajo infantil ha sido poco estudiado y, en general, siguen sin aprovecharse las posibilidades que tienen de actuar si se movilizan contra este flagelo. La experiencia actual muestra que pueden colaborar de distintas maneras. En primer lugar, pueden influir directamente en los niños integrando las cuestiones relativas al trabajo infantil en los programas de estudio como, por ejemplo, los peligros de determinados tipos de empleo o de trabajo, las alternativas al trabajo, los derechos que otorgan las leyes y la reglamentación nacionales a los niños trabajadores y los medios para defenderlos. En segundo lugar, pueden influir en la comunidad de diversas maneras: informando a las familias acerca de los costos y los peligros del trabajo infantil, cumpliendo una función de seguimiento del fenómeno del trabajo infantil, ayudando a evaluar las ausencias escolares y su relación con el trabajo infantil en la comunidad y apoyando la participación de los miembros de la comunidad en la planificación de los programas de educación tanto oficiales como extraoficiales a fin de garantizar la escolarización de todos los niños que trabajan y de los que puedan llegar a hacerlo. Por último, pueden hacer presión, mediante sus asociaciones gremiales, para impulsar reformas en la educación a fin de que ésta sea más accesible y más atractiva para las familias pobres y para sus hijos, lo cual supone también establecer calendarios escolares más flexibles a fin de que los niños que trabajan puedan seguir los cursos.

Para resumir, la lucha contra el trabajo infantil ofrece amplio terreno para que el sector público y el sector privado puedan trabajar de manera complementaria y colaborar entre sí. Ninguna organización puede resolver por sí sola el problema del trabajo infantil, y se requieren esfuerzos concertados por parte de los mandantes de la OIT y de muchos otros grupos de la sociedad, tanto por lo que respecta a la adopción de políticas en la materia como a la ejecución de acciones concretas(49) .

Establecer la capacidad institucional necesaria para tratar el problema del trabajo infantil. Para formular y aplicar el plan nacional de acción contra el trabajo infantil antes mencionado se requiere establecer o fortalecer en la maquinaria gubernamental un mecanismo institucional responsable de: i) establecer prioridades en estrecha colaboración con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores(50) así como con otros grupos pertinentes de la sociedad civil; ii) promover y coordinar las actividades de los diversos ministerios y otras instituciones públicas a los que concierne el problema del trabajo infantil (los que se ocupan de las cuestiones laborales, la educación, la juventud, la familia, la salud y el bienestar social, los medios de comunicación, y las unidades centrales de coordinación, entre ellas, las comisiones nacionales de planificación); iii) fomentar la participación del sector privado y asegurarse de que las medidas adoptadas por el sector público y por el sector privado se complementen entre sí, y iv) apoyar los proyectos experimentales que se lleven a cabo a nivel local, desde el punto de vista tanto técnico como financiero, a fin de ensayar nuevos medios para prevenir el trabajo infantil o readaptar a los niños que se logra efectivamente apartar de condiciones de empleo o de trabajo abusivas, así como de evaluar los resultados de esos proyectos, adaptar su contenido y promover su aplicación en mayor escala. Muchos países no cuentan con un mecanismo de esa índole. Además, hace mucha falta impartir una formación adecuada al personal que desempeña actividades en el ámbito del trabajo infantil y a quienes se encargan de la ejecución en el plano local de los programas de apoyo directo en favor de los niños que trabajan(51) .

B. Tipos de acción específica contra el trabajo infantil

Mejora de la legislación en materia de trabajo infantil y de las medidas de aplicación correspondientes. La mayoría de los países poseen una legislación en materia de trabajo infantil que fija la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y reglamenta las condiciones de trabajo de los jóvenes y confían la responsabilidad de hacer cumplir esta legislación a las autoridades públicas de inspección, a las que se dan facultades para vigilar los locales de trabajo y para imponer sanciones a los empleadores que infringen la ley. Estas disposiciones jurídicas han resultado sumamente útiles para limitar los peores abusos en materia de trabajo infantil en el sector urbano estructurado, y a ello se debe en gran parte que hoy en día haya una proporción relativamente baja de trabajo infantil en dicho sector.

Sin embargo, especialmente en las regiones en desarrollo, la protección legal eficaz suele limitarse a las zonas urbanas y al sector estructurado. Una de las razones de ello es que, en muchos países, la legislación no abarca aquellos tipos de trabajo en los que, precisamente, participa el mayor número de niños (agricultura, empresas familiares, pequeños talleres, servicio doméstico). Un primer paso indispensable que ha de darse para ampliar la protección jurídica es garantizar que la legislación nacional abarque los lugares donde es más frecuente el trabajo infantil y las peores formas de este trabajo.

Otro problema son las discrepancias entre la edad mínima de acceso al empleo o al trabajo que fija la ley y la edad en que se permite abandonar el sistema de enseñanza obligatoria. En varios casos, la primera es inferior a la segunda, lo cual permite el acceso de los niños al empleo antes de que hayan completado el número mínimo de años de enseñanza obligatoria. Si la ley permite que los niños de familias pobres trabajen, lo harán y dejarán la escuela. Sin embargo, la situación opuesta también plantea un problema. Si la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo es superior a la edad en que deja de ser obligatoria la asistencia a la escuela, los niños que dejan la escuela a la edad permitida tienen que esperar uno o varios años antes de que se les permita trabajar. De ahí la necesidad de lograr que las leyes nacionales en materia de trabajo y educación sean compatibles, como se prevé en el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

El principal impedimento a una protección jurídica eficaz contra el trabajo infantil es la grave ausencia de medios para hacer que se cumpla la ley, pues rara vez se pueden efectuar inspecciones en lugares de trabajo dispersos, como las pequeñas explotaciones agrícolas o las pequeñas empresas y los hogares. Los servicios de inspección no sólo disponen de muy poco personal y recursos para vigilar lugares de trabajo muy dispersos, sino que, además pueden carecer de la autoridad necesaria para tener acceso a los hogares o a las empresas familiares, o para hacer visitas no anunciadas, incluso cuando el acceso les esté permitido. Los gastos que supondría extender este sistema mucho más allá del sector estructurado serían bastante elevados, y algunos expertos consideran que este medio no sería eficaz en relación con los costos para brindar protección a los niños trabajadores que más la necesitan. Por ejemplo, en un estudio muy conocido sobre esta cuestión, efectuado en la India, se llega a la conclusión de que invertir sumas muy importantes para reforzar el cumplimiento de la legislación relativa al trabajo infantil sería un grave error y, en cambio, si se invirtiesen estos recursos en tratar de que la enseñanza fuese accesible a todos se conseguiría apartar a un mayor número de niños de las situaciones de empleo en condiciones abusivas(52) .

Sin embargo, sería un error subestimar el importante papel que puede desempeñar un mecanismo adecuado para garantizar el cumplimiento de la ley. Es mucho lo que se puede y debe hacer para mejorar los resultados de los servicios de inspección del trabajo infantil, respecto a los lugares de trabajo que se pueden inspeccionar realmente. Además, hay un consenso creciente en que el cumplimiento efectivo de la ley puede extenderse eficazmente a las explotaciones agrícolas, a las pequeñas empresas y a los hogares que no forman parte del sector estructurado, por medio de la participación sistemática de las comunidades locales en la vigilancia de las condiciones de trabajo de sus niños. Se ha propuesto que los servicios de inspección del trabajo promuevan y supervisen esas iniciativas locales haciendo ver a las comunidades cuán importante es que protejan a sus jóvenes contra los trabajos peligrosos, y ayudándoles a organizar procedimientos para detectar y notificar las violaciones de la ley. La participación de las comunidades en la vigilancia y la denuncia de las condiciones en que trabajan los niños es esencial para proteger a los niños contra las formas abusivas de empleo en la mayoría de los países en desarrollo, y por esa razón merece contar plenamente con el apoyo técnico y financiero del gobierno(53) .

Extensión y mejora de la escolarización de los niños pobres. La única forma eficaz de evitar que siga habiendo niños en edad escolar que abandonan sus estudios para ponerse a trabajar en condiciones abusivas de empleo o de trabajo es generalizar y mejorar la escolarización, para hacerla más atractiva a los niños y retenerlos en la escuela. Por lo tanto, la OIT tiene el mayor interés en que los gobiernos brinden instalaciones y servicios de enseñanza realmente accesibles, para que los niños que trabajan y los que están dispuestos a hacerlo no abandonen sus estudios. Aunque la asistencia a la escuela no es en sí una garantía de que los niños no han de trabajar a tiempo parcial, cabe suponer que es menos probable que haya niños escolarizados trabajando en régimen de servidumbre o en condiciones de trabajo especialmente nocivas, ya que esas situaciones son en su mayoría incompatibles con la asistencia asidua a la escuela.

Se ha dicho a menudo que la enseñanza básica debería utilizarse como un medio para frenar el trabajo infantil, haciéndola obligatoria. Pero otros observadores han señalado que es muy difícil obligar a una parte de la población a ir a la escuela contra su voluntad y que la mejor estrategia consiste en hacer que la enseñanza sea interesante y atractiva para los niños y sus familias. En cambio, otros consideran que el elemento de obligatoriedad en materia de educación debería recaer en última instancia no en los niños ni en los padres, sino en el Estado, pues éste debería tener la obligación de proporcionar servicios e instalaciones de enseñanza adecuados para todos los niños. El principal obstáculo a la enseñanza básica universal estriba menos en la reticencia de la familia o del niño que en la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la demanda en este sentido, en especial para suministrar servicios e instalaciones adecuados de enseñanza para los niños pobres que viven en las zonas rurales y en los suburbios paupérrimos y en constante expansión. En los años ochenta y a principios de los noventa, los recursos destinados a la enseñanza registraron una continua disminución en muchos países. La mala situación de la economía y los efectos de las políticas de ajuste estructural fueron los motivos aducidos para explicar esta reducción. Este argumento no tiene credibilidad, pues la tercera parte de los 116 países de los que se dispone de datos en 1980-1990 han encontrado recursos suficientes para gastar más en el sector militar que en la enseñanza(54) .

Ha quedado ampliamente demostrado que las familias están dispuestas a hacer grandes sacrificios por la educación de sus hijos cuando ésta es económica y físicamente asequible y resulta productiva en relación con las perspectivas de empleo. El IPEC ha observado, por ejemplo, que las escuelas despiertan más interés en las familias pobres cuando se imparte en ellas una formación práctica gracias a la cual los niños tendrán más posibilidades de conseguir un empleo o de conseguir empleos mejor remunerados. Lograr que los niños que trabajan regresen a la escuela suele ser menos difícil de lo previsto. Por ejemplo, en zonas donde era habitual que la mayoría de los niños trabajaran a tiempo completo en lugar de ir a la escuela, se ha motivado la voluntad de los padres para que los niños se reintegren a la escuela, tras convencer a un grupo de padres para que rompieran la tradición del trabajo infantil. En los casos en que los ingresos procedentes del trabajo infantil son realmente indispensables para la familia, se ha convencido a los padres para que reduzcan la carga de trabajo de los niños, de modo que puedan asistir a la escuela sin dejar de trabajar.

Algunos países han financiado programas extraoficiales de enseñanza destinados específicamente a los niños que trabajan. Esa experiencia ha dado resultados desiguales. Con algunos programas se ha conseguido apartar efectivamente del trabajo a los niños que siguieron los cursos, y en algunos casos se ha logrado enseñarles a leer y a escribir mucho más rápido de lo que habrían podido hacerlo en las escuelas oficiales. En otros casos, tanto los niños como sus familias han rechazado la enseñanza extraoficial por considerarla de menor calidad. La experiencia del IPEC en este campo indica que es posible y también más aconsejable encauzar a los niños que trabajan en el sistema oficial de enseñanza y de formación profesional que crear una estructura educativa paralela de «segunda clase».

Aplicación de incentivos económicos. Los esfuerzos que se despliegan para reducir el trabajo infantil tienen más probabilidades de éxito si las leyes y reglamentos (así como las sanciones y las multas) se acompañan con incentivos económicos para disminuir la oferta de mano de obra infantil. La justificación de tales incentivos es que la causa del trabajo infantil es en gran parte la pobreza y que las familias pobres necesitan los ingresos procedentes del empleo de sus hijos; por lo tanto, si esos ingresos no se reemplazan con algún tipo de prestación en efectivo o en especie, aunque se erradique el trabajo infantil de una determinada ocupación o industria, no será posible quizá resolver el problema, ya que puede ocurrir simplemente que los niños que queden así excluidos de esa actividad busquen trabajo en otras actividades igualmente perjudiciales.

Entre los tipos de incentivos económicos que se aplican habitualmente se incluyen: el pago de subsidios en efectivo para los niños o sus familiares, el suministro de comidas gratuitas en la escuela, otro tipo de prestaciones en especie a los fines escolares (por ejemplo, artículos de papelería o ropa) así como la exoneración del pago de la matrícula. Puede también tratarse de proyectos de generación de ingresos para las familias pobres en comunidades donde hay un alto porcentaje de niños que trabajan así como programas de aprendizaje o de programas de enseñanza combinados con una actividad productiva en el ámbito de la escuela, que proporcionan instrucción o formación y al mismo tiempo ingresos para reemplazar el trabajo infantil. Muchas organizaciones no gubernamentales aplican este tipo de incentivos desde hace algún tiempo y algunos gobiernos están experimentando la idea.

Este planteamiento, que se funda en incentivos económicos no ha sido aún sistemáticamente evaluado para determinar si realmente da resultados positivos. Se ignora aún si los incentivos económicos llegan a manos de sus verdaderos destinatarios y si tienen el efecto deseado en los niños; tampoco se sabe si los programas generan beneficios sociales superiores a su costo. En un estudio efectuado hace poco por el Departamento de Empleo de la OIT se abordan estas importantes cuestiones; para ello se consultó a organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo programas de incentivos económicos para conocer sus experiencias y sus opiniones al respecto. De sus respuestas se deduce que los incentivos resultan eficaces para apartar a los niños del trabajo infantil, aunque se mencionan muchos problemas prácticos con relación a las posibilidades de proseguir con estos programas y de aplicarlos en mayor escala(55) .

Ultimamente se ha prestado también mucha atención a la posibilidad de utilizar incentivos económicos negativos para disuadir el empleo de niños. Los consumidores de los países desarrollados instan a los fabricantes de renombre mundial a investigar en qué condiciones se elaboran sus productos y que se aseguren, concretamente, de que sus subcontratistas en los países en desarrollo no recurran a mano de obra infantil. En Europa, varios almacenes importantes han decidido no vender determinados productos, como por ejemplo alfombras, a menos que se certifique que no se ha utilizado mano de obra infantil para su fabricación. Estas intensas corrientes de presión por parte de consumidores y fabricantes han sido acompañadas por un empeño aún mayor en los frentes legislativo y comercial, como han puesto de manifiesto los acalorados debates sobre la inclusión de una cláusula social en los acuerdos internacionales de comercio. Los Estados Unidos han adoptado un Sistema Generalizado de Preferencias, al igual que la Unión Europea, para fomentar la mejora de las normas de trabajo y disuadir así el empleo de trabajo infantil. Además, un proyecto de ley que prohíbe la importación en los Estados Unidos de productos fabricados por medio del trabajo infantil (Proyecto de Ley Harkin), aunque no ha sido todavía aprobado ha suscitado ya inquietud entre los empleadores y los gobiernos que dependen en gran medida de los Estados Unidos para poder colocar sus exportaciones.

El problema fundamental que se plantea respecto a estas iniciativas es si de esta forma será posible poner fin rápidamente al trabajo infantil. No cabe duda de que han servido para concienciar del problema del trabajo infantil y para obligar a algunos gobiernos y dirigentes empresariales a tomar medidas más enérgicas. Pero han tenido también consecuencias inesperadas. Por ejemplo, la mera amenaza que suponen las sanciones comerciales llevó a los empleadores de la industria del vestido de un país asiático a despedir inmediatamente a docenas de miles de niños para evitar estas sanciones. El resultado final de esto fue que esos niños buscaron trabajo en otras actividades, con frecuencia más peligrosas que los trabajos que realizaban habitualmente en la industria del vestido; ninguno de esos niños regresó a la escuela. Este ejemplo, muestra que las medidas exclusivamente centradas en el sector exportador pueden dar lugar a que la mano de obra infantil se dirija hacia la economía sumergida y los sectores menos reglamentados de la economía nacional. Pone también de manifiesto la conveniencia de actuar planificadamente y por etapas para alejar progresivamente a los niños del trabajo, en lugar de ponerlos bruscamente en una situación mucho peor y sin ayuda alguna.

Se ha sugerido que, en lugar de (o además de) imponer sanciones comerciales o amenazar con imponerlas, a los países más pobres que recurren al trabajo infantil en sus actividades relacionadas con la exportación, los países desarrollados deberían ayudar a estos países a resolver el problema del trabajo infantil, tanto en las actividades orientadas hacia la exportación como en los otros sectores de la economía nacional, ofreciéndoles incluso compensaciones especiales en el ámbito comercial cuando se demuestre que han logrado verdaderos progresos en su lucha contra ese flagelo. Esta idea merece ser examinada cuidadosamente, al igual que la cuestión más general de la cooperación internacional en el ámbito del trabajo infantil, así como el contenido y las modalidades que ésta debería adoptar.

C. Otras enseñanzas que se derivan de la experiencia de la OIT

La experiencia de la OIT indica que el trabajo infantil es un problema que puede resolverse, en el que se pueden hacer progresos significativos mediante políticas y actividades bien planificadas si hay suficiente interés por parte del público y del gobierno y si se logra el apoyo necesario. No hay por qué esperar a que haya una prosperidad general o a que se reúnan otras condiciones sociales previas para luchar contra él: es mucho lo que se puede hacer ahora en el trabajo infantil, incluso en las peores circunstancias, con efectos positivos. Pero es una labor que exige grandes esfuerzos. Los problemas son complicados y requieren comprender bien toda la complejidad del problema así como actuar en diversos frentes para movilizar tanto al gobierno como a la sociedad civil.

La experiencia de la OIT muestra claramente que los propios niños y sus padres pueden constituir también la primera línea de defensa contra el trabajo infantil, y que es preciso explorar y perfeccionar métodos prácticos que permitan capacitarlos efectivamente para participar en su propia protección mediante tres vías esenciales: concienciación, participación y organización.

Pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Hay que dar prioridad a las formas estratégicas de acción, es decir, a las que tienen más probabilidades de hacer impacto. De las consideraciones que preceden se deduce que toda estrategia nacional de lucha contra el trabajo infantil debería abarcar, como mínimo, una acción dirigida específicamente a eliminar de manera inmediata las formas más intolerables de trabajo infantil (tales como el trabajo en régimen de servidumbre o en condiciones extremadamente peligrosas), y un esfuerzo de alcance más general para lograr que todos los niños estén escolarizados o reciban otro tipo de formación adecuada.

En la actualidad, los países en desarrollo están explorando la aplicación al trabajo de los niños de enfoques centrados en la oferta de mano de obra infantil con mayor empeño que el que pusieron los países industrializados cuando estaban en una etapa análoga de su propio desarrollo. Estos métodos suelen consistir en brindar servicios a los niños o a sus familias para reducir las probabilidades de ingreso en el mercado de trabajo o de sufrir perjuicio por el trabajo efectuado. Esas estrategias pueden estar dirigidas a objetivos precisos y se adaptan a condiciones diversas. Son más eficaces cuando las conciben quienes están en contacto directo con los niños interesados, de modo que algunos países, como Brasil y Filipinas, han descentralizado la responsabilidad de la protección contra el trabajo infantil transfiriéndola a la esfera municipal y proporcionando mecanismos para que las autoridades públicas locales y la sociedad civil desplieguen en común sus esfuerzos mediante programas de enseñanza, de bienestar social, de generación de ingresos y de otra índole destinados a determinados grupos de niños trabajadores que están expuestos a riesgos.

Hay mucho que aprender de los países en desarrollo conforme acumulan experiencias en la lucha contra el trabajo de los niños en las condiciones que les son propias, sobre todo en lo que respecta a las experiencias que están realizando con las medidas centradas en la oferta de mano de obra infantil. Sus observaciones y sus hallazgos constituirán una abundante fuente de ideas y métodos nuevos para complementar los instrumentos básicos existentes en materia de lucha contra el trabajo infantil, como la legislación relativa a la edad mínima, los servicios públicos de inspección del trabajo y la enseñanza obligatoria.

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