ORGANIZACION INTERNACIONALE DEL TRABAJO
Programa principal 260. Programas de actividades prácticas en las Américas
Resumen de las propuestas para 1998-1999 y comparación con el bienio anterior (comprendidas otras fuentes de financiación)
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PROGRAMA |
TITULO |
ANOS / MESES TRABAJO |
DOLARES DE ESTADOS UNIDOS | |||
| SERVICIOS ORGANICOS | SERVICIOS GENERALES | GASTOS DE PERSONAL | OTROS GASTOS | TOTAL RECURSOS | ||
| 260.01 | DIRECCION REGIONAL | 2/00 | 3/00 | 603,972 | 127,898 | 731,870 |
| 260.02 | PROGRAMAS TECNICOS REGIONALES | 70/04 | 55/00 | 12,891,684 | 6,816,230 | 19,707,914 |
| 260.03 | RELACIONES, SERVICIOS Y APOYO | 14/00 | 49/00 | 4,821,648 | 998,105 | 5,819,753 |
| 260.04 | RED DE OFICINAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE | 20/00 | 76/06 | 6,375,640 | 2,244,800 | 8,620,440 |
| 260.05 | OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE WASHINGTON | 8/00 | 2/00 | 1,153,000 | 610,970 | 1,763,970 |
| TOTALES PARA 1998-99 | ||||||
| PRESUPUESTO ORDINARIO | 114/04 | 185/06 | 25,845,944 | 10,798,003 | 36,643,947 | |
| OTRAS FUENTES | - | 24/00 | 901,000 | 269,372 | 1,170,372 | |
| TOTALES PARA 1996-97 | ||||||
| PRESUPUESTO ORDINARIO | 112/04 | 187/06 | 26,740,972 | 10,662,190 | 37,403,162 | |
| OTRAS FUENTES | - | 28/00 | 923,000 | 134,060 | 1,057,060 | |
260.1. La democracia se está reafirmando cada vez más en la región de las Américas y ha habido una gran mejora de la estabilidad política. En este contexto, el establecimiento y buen funcionamiento del diálogo social tripartito, tanto a nivel nacional como local, constituye un factor esencial para promover la paz y la democracia, particularmente en los países que están saliendo de situaciones de conflicto. Conviene también realizar cambios en los sistemas de relaciones laborales para adaptarlos a un contexto de liberalización económica y de integración regional. En la mayoría de los países de la región se están introduciendo reformas para responder a una nueva situación económica y política en la que el diálogo tripartito puede desempeñar un papel fundamental para un apoyo de amplia base a las políticas económicas encaminadas a un desarrollo con creación de empleos.
260.2. La reciente reducción del ritmo de crecimiento económico (de un promedio anual del 3,6por ciento entre 1990 y 1994 a un 1,7por ciento en 1996) ha interrumpido el moderado desarrollo alcanzado durante la primera mitad de la década de los noventa y ha afectado los progresos logrados por la región en el campo del empleo. Además, como consecuencia de la crisis mexicana, las economías de la región se han hecho más vulnerables. Las causas principales de esta regresión de la recuperación económica son las nuevas medidas de ajuste económico que se han adoptado para hacer frente a los desequilibrios acumulados. Aunque muchos países de la región están consiguiendo contener la inflación, el desarrollo económico más lento tiene como consecuencias el aumento del desempleo visible, el estancamiento de los salarios mínimos y el deterioro de los salarios industriales reales.
260.3. La disponibilidad de empleos no ha crecido lo suficiente como para cubrir la oferta de mano de obra de la región. La creación de empleos en el sector privado depende tanto del ritmo del desarrollo económico como de la etapa de reestructuración a la que ha llegado el país. Los países que están en una etapa más avanzada de ajuste estructural generan empleos con mayor rapidez que los que están en las etapas iniciales del proceso, aunque tengan unas tasas de crecimiento económico parecidas. A medida que se reduce el nivel de empleo en el sector público, como resultado de la privatización y de las medidas para reducir los déficit fiscales, el sector no estructurado va absorbiendo una cuota importante de la oferta de trabajo, sobre todo los empleos de baja productividad y de bajos salarios. Ochenta y cuatro de cada cien nuevos empleos se sitúan en el sector no estructurado, cifra que comprende más del 50por ciento del empleo no agrícola de la región.
260.4. Los procesos de integración regional en Latinoamérica y en el Caribe siguen progresando. Chile ya forma parte del MERCOSUR, mientras que Panamá ha sido invitado a incorporarse al Pacto Andino, que recientemente se ha convertido en la Unión Económica Andina. Pero para contrarrestar la tendencia a concentrarse principalmente en el comercio, las inversiones y la competitividad, será necesario dedicar más atención a las dimensiones sociales y laborales de la integración regional. La liberalización del comercio ha tendido a poner de relieve los factores que influyen en la ventaja competitiva y las diferencias de costo de la mano de obra y de las políticas sociales. Además de las discusiones multilaterales comprendidas las que se llevan a cabo en los órganos tripartitos de la OIT se hace necesario proceder a un análisis más detallado de estos puntos en el contexto del MERCOSUR.
Prioridades y objetivos
260.5. A la luz de los problemas sociales y económicos de la región, y mediante un proceso de consultas permanentes con los mandantes de la OIT respecto a sus necesidades prioritarias, se han identificado los siguientes tres objetivos principales para la acción de la OIT en la región:
260.6. Estos objetivos prioritarios se han fijado de conformidad con las conclusiones y recomendaciones adoptadas en importantes reuniones internacionales, como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, las reuniones regionales y subregionales de los ministros de trabajo y las reuniones de los empleadores y de los trabajadores. En el marco de la política de asociación activa, se brindará apoyo y asistencia técnica a los mandantes sobre la base de un enfoque orientado a la demanda, especialmente en el contexto de las actividades establecidas en los objetivos por país, formulados en consulta con los mandantes tripartitos en el plano nacional. También se ha procedido a una selección de temas en el marco de determinados programas nacionales y regionales para su ejecución con cargo a fondos extrapresupuestarios, que han aumentado durante el último bienio como resultado del apoyo de los mandantes y del creciente interés demostrado por donantes de importancia.
Fomento de la democracia en un contexto económico y social nuevo
260.7. El afianzamiento del proceso democrático en los países latinoamericanos sigue siendo un tema de gran preocupación para la OIT, que en esa región da especial relieve al fomento de una participación más amplia de las instituciones de la sociedad civil en el desarrollo económico y social. A ese respecto, es necesario un mayor desarrollo del mecanismo de consultas tripartitas como un canal para el diálogo social, a través del cual puedan conciliarse los puntos de vista de los actores sociales y de los gobiernos.
260.8. La iniciativa de la OIT de promover sus convenios fundamentales ha tenido mucho eco en la región y ha supuesto una contribución importante a la promoción de los derechos humanos fundamentales y a los derechos de los trabajadores. En vista de los distintos grados de apoyo que requieren los Estados Miembros, se continuará partiendo de un planteamiento basado en tres elementos principales: un mayor fortalecimiento de las instituciones nacionales y de la capacidad de los interlocutores sociales para tomar parte en un diálogo social tripartito que sería la base de una más amplia participación y de un consenso democrático; un mejoramiento del diálogo social en un contexto económico nuevo, en el que se incluyan nuevos ámbitos políticos, y la búsqueda de una mayor coherencia entre la necesidad de un diálogo nacional y el proceso de descentralización que se lleve a cabo en respuesta a los retos económicos.
Promoción de las normas fundamentales
de la OIT
260.9. Como parte del seguimiento de la Cumbre Social, que reconoció la eficacia de la acción normativa de la OIT, la iniciativa del Director General para la ratificación de los convenios de la OIT respecto a los derechos básicos de los trabajadores ha tenido como resultado un importante progreso en la región, tanto por el número de nuevas ratificaciones como por las solicitudes de asistencia presentadas para solucionar problemas en la aplicación de los propios convenios. No obstante, siguen siendo necesarios unos esfuerzos especiales para alentar a los países que aún no han ratificado los convenios fundamentales para que procedan a su ratificación. En muchos casos, las razones de la no ratificación tienen que ver con problemas técnicos, como la ausencia de legislación sobre un tema concreto. La asistencia técnica puede ser muy útil para solucionar problemas de este tipo. La ratificación y la aplicación de las normas básicas de la OIT (y muy especialmente las que están en relación con la prohibición del trabajo forzoso e infantil), la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la no discriminación en el empleo y la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, se consideran los objetivos prioritarios en los objetivos por país de la mayoría de los países de la región.
260.10. El objetivo a este respecto es una mejor comprensión de las normas de la OIT por parte de sus mandantes con miras a su más amplia ratificación y aplicación. Aunque muchos países de la región han ratificado ya estas normas, se espera que durante el presente bienio aumente de manera notable la tasa general de ratificación. Un objetivo paralelo es desarrollar la capacidad de los funcionarios de los ministerios de trabajo responsables de la legislación laboral, así como los ejecutivos de las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores, para utilizar las normas de la OIT en el desempeño de sus labores. Se continuará difundiendo la información y organizando seminarios y actividades de capacitación, comprendida la celebración, en los países andinos y en algunos países de Centroamérica y del Caribe, de seminarios nacionales sobre las normas internacionales del trabajo. Se prestarán también servicios de asesoría técnica a los países que están saliendo de situaciones de guerra civil, para promover la ratificación de los convenios fundamentales y mejorar la aplicación de los que ya hayan ratificado.
260.11. Partiendo de la base de la positiva experiencia de la OIT en Centroamérica, sobre todo en el proceso de paz de Guatemala, se llevarán a cabo diversas actividades en cierto número de países de la región, para fomentar un desarrollo económico y social equitativo sobre la base del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.169). Se brindará a los mandantes y a los representantes de los pueblos indígenas la correspondiente formación e información con miras a incorporar los derechos indígenas a las legislaciones y reglamentos nacionales. Se proporcionarán servicios de asesoría técnica para ayudar a las autoridades nacionales a considerar el tema de la exclusión política y social de los pueblos indígenas. Se organizarán seminarios regionales y nacionales y se emprenderán estudios respecto a la protección social de los grupos étnicos, minorías y grupos vulnerables. La OIT ayudará también a la puesta en ejecución de los elementos sectoriales del acuerdo de paz en Guatemala, especialmente en relación con los problemas sociales y laborales.
Fortalecimiento del diálogo social
260.12. El proceso de liberalización del comercio se ha convertido en el elemento básico de la nueva estrategia del desarrollo en las Américas, que se centra en la integración económica de la región. El proceso está afectando ya los sistemas laborales de los países implicados y, en este sentido, está brindando un ámbito nuevo a la acción de la OIT para promover la justicia social por medio de la aplicación de las normas fundamentales del trabajo. El predominio del mercado y la menor intervención del Estado requieren un mayor protagonismo de los interlocutores sociales. Sin una participación activa por su parte es poco probable que el progreso económico se vea acompañado por una adecuada observancia del principio de la equidad social y, por lo tanto, no será sostenible. En vista de las nuevas tendencias en la producción dentro del contexto de la integración económica, es necesario proceder a un nuevo planteamiento de las relaciones laborales, que no deberá limitarse a los asuntos de la legislación laboral, sino que deberá incluir los temas de la productividad y del cambio tecnológico. La mayoría de los objetivos nacionales que se han definido asignan prioridad al fortalecimiento del diálogo social en la región.
260.13. Los objetivos en este ámbito del programa son: mejorar la capacidad de las organizaciones de empleadores y trabajadores para desempeñar un papel activo en el proceso de consulta tripartita en un contexto de mundialización y de mercados integrados y la adopción, por parte de los mandantes, de unas políticas innovadoras en las cuestiones de justicia social y de eficacia económica. Se espera que a fines del bienio se hayan llevado a cabo importantes progresos en el ámbito de las políticas de empleo, de la solidaridad, de la competitividad en un contexto de integración económica, de la vigencia de los derechos básicos de los trabajadores y la protección social para los mismos, comprendidos los trabajadores migrantes. Se proporcionarán servicios de asesoría, comprendidas las oportunas orientaciones técnicas, en el plano regional y nacional. También se proporcionará asistencia técnica a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con miras a fortalecer su capacidad para participar en foros regionales y en diálogos sociales en un contexto de modernización de la producción y ajuste estructural. En todas estas actividades se insistirá en garantizar una mayor competitividad en el marco de un sistema constructivo de relaciones laborales.
Modernización de los ministerios de trabajo
260.14. En la situación actual, en que la intervención estatal en la economía y la producción tiende a disminuir, los ministerios de trabajo están llamados a desempeñar un papel diferente y más activo, que incluye la adopción de iniciativas para promover mecanismos tripartitos y ampliar la protección social. Este papel les lleva a actuar a veces como mediadores entre los ministerios responsables de los asuntos económicos y las políticas sociales. Es una función nueva, que requiere el desarrollo de nuevas capacidades analíticas, especialmente con miras a proponer temas novedosos para su inclusión en el programa político, como los programas de capacitación y formación profesional adaptados a los nuevos requerimientos del mercado laboral, y reformas para adecuar la legislación a las características de las nuevas categorías de empleo que están apareciendo. Hay que mantener contactos con organizaciones profesionales, concentrándose en que los actores sociales desarrollen nuevas estrategias que respondan al proceso de integración regional.
260.15. El objetivo de este ámbito del programa es reforzar la capacidad de los ministerios de trabajo para desarrollar nuevas formas de desempeñar sus funciones y llevar a cabo sus responsabilidades en un medio ambiente en plena evolución. Se espera que para fines del bienio los mandantes tripartitos y otros actores sociales y económicos habrán ya propuesto y acordado modificaciones a las funciones de los ministerios de trabajo con miras a su aplicación efectiva.
260.16. La asistencia de la OIT a este respecto incluirá la elaboración de las metodologías e instrumentos apropiados para el control del diálogo tripartito, así como para incluir problemas y temas técnicos en los procesos de negociación colectiva que se lleven a cabo en el plano nacional, sectorial y local. Se insistirá también en armonizar la legislación social dentro de las distintas agrupaciones regionales, especialmente respecto a temas tales como políticas de salarios mínimos, protección social y empleo activo. Con miras a promover mecanismos para un diálogo social efectivo dentro del contexto del proceso de integración de las Américas, en actividades que se realizarán en colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA), se harán aportaciones técnicas tanto al grupo de trabajo sobre integración económica y asuntos laborales como a los grupos de trabajo sobre diálogo social y negociación colectiva.
Incremento del empleo productivo
y reducción del desempleo
260.17. La estabilidad de los indicadores del desempleo en la región demuestra que no se han realizado verdaderos progresos en la eliminación de este problema. Se necesita, pues, la asistencia de la OIT para colaborar en el diseño y aplicación de políticas y medidas laborales que contribuyan a la creación de empleos, especialmente para el seguimiento de la Cumbre Social, de la Cumbre de Miami sobre el establecimiento de una Zona de Libre Comercio en las Américas y del proceso de integración económica y social del continente. La asistencia que se proporcione a este respecto tendrá como base los progresos alcanzados durante el bienio 1996-1997, cuando se identificaron nuevas áreas de intervención, entre las que se incluyen: la promoción del empleo en el sector no estructurado; la creación de empleos en el sector urbano, con especial insistencia en las inversiones y en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo; en la reestructuración empresarial; en las políticas y medidas para mitigar el impacto de la privatización sobre el empleo; en la mejora de la productividad, y en la formación profesional.
Políticas de empleo
260.18. En términos de empleo, los países de la región están experimentando unos problemas que son, en general, bastante parecidos. El empleo asalariado estructurado, en empresas privadas y en el sector público, comprende cerca de un 45por ciento de la fuerza laboral urbana empleada, mientras que el otro 55por ciento trabaja en pequeñas empresas y en actividades no estructuradas. Cerca de un 7por ciento de la población económicamente activa está en una situación de desempleo manifiesto. Las investigaciones que se han llevado a cabo en varios países ponen de relieve que una parte considerable de la población se ve afectada por la pobreza y que las desigualdades parecen ir en aumento. Los salarios son más bajos que antes de la crisis y los ingresos de la mano de obra son también bajos, comparados con el incremento de la productividad. En estas circunstancias resultan prioritarias las políticas laborales que se dirigen a la consecución de unos empleos plenos, productivos, adecuadamente remunerados y libremente elegidos, tanto en el plano nacional como regional, con especial insistencia en la creación de nuevos empleos de calidad, sobre todo para los jóvenes y para las mujeres. Un componente esencial de estas políticas son los programas de capacitación dirigidos a los que ingresan por primera vez en el mercado laboral y los programas de readaptación profesional para los trabajadores que han quedado sin trabajo por regulación de empleo o licenciamiento. Un aspecto importante de la creación de empleos es la adopción de programas y medidas para promover el establecimiento y desarrollo de empresas privadas, especialmente facilitándoles el acceso a los créditos, mercados, formación y tecnología, en un ambiente económico regional integrado.
260.19. A ese respecto, el objetivo es incrementar la capacidad de los mandantes de la OIT para evaluar los efectos a largo plazo que las tendencias económicas actuales puedan tener sobre el empleo y para que sobre esta base puedan diseñar y aplicar unas políticas activas de capacitación y de empleo, adaptadas a las necesidades de los mercados laborales y adecuadas a las necesidades de las empresas. Se espera que para finales del bienio los gobiernos de la región hayan desarrollado la capacidad analítica que les permita diseñar nuevas políticas y programas de acción y llevar a cabo las reformas necesarias. Es de esperar también que hayan adoptado unas políticas sociales adecuadas para incrementar el desarrollo económico y la generación de empleos, y que hayan establecido los correspondientes mecanismos para controlar la situación del mercado de trabajo.
260.20. Se utilizarán mecanismos de acción tales como el desarrollo de los objetivos por país a través de la consulta tripartita, el aporte de servicios de asesoría técnica y el apoyo a proyectos de cooperación técnica con miras a evaluar y asesorar sobre las situaciones laborales y del empleo que se produzcan en el país. Estas actividades brindarán una base más sólida para seguir brindando a los mandantes la oportuna orientación con miras al desarrollo de un marco de política adecuado. En este contexto, se fomentará el diálogo social tripartito y la discusión a nivel internacional como medios para influir en las políticas de la comunidad internacional. A ese respecto, se insistirá en la adaptación de las políticas sociales y laborales a la globalización, promoviendo el empleo y garantizando un nivel de protección laboral coherente con las necesidades económicas y sociales. La asistencia que se brinde en este sentido comprenderá la determinación y difusión de iniciativas de manera descentralizada y en el plano local para la adopción de unas formas de empleo innovadoras y de unos acuerdos sobre el tiempo de trabajo que cumplan con las normas fundamentales del trabajo.
El sector no estructurado y el alivio
de la pobreza
260.21. A la luz del rápido crecimiento de la fuerza laboral en años recientes, la relativa estabilidad de las tasas de desempleo demuestra que a pesar del ritmo lento del desarrollo económico se han ido generando nuevos empleos en la región. Pero, en parte muy significativa, se trata de unos empleos de bajos ingresos y productividad escasa, que pertenecen al sector no estructurado. Es preciso que las autoridades nacionales y locales adopten una actitud de apertura ante los diversos enfoques que podrían adoptarse para promover la integración de las actividades y de los trabajadores informales a las instituciones del sector formal, comprendidos los sistemas de seguridad social. Los estudios sobre las causas y grados de pobreza, la exclusión social y la pobreza, realizados durante el bienio anterior, indican que para erradicar la pobreza sería necesario llevar a cabo programas específicos para cada país, con ayuda internacional.
260.22. Los objetivos de este ámbito del programa son: fortalecer la capacidad de los mandantes y de las organizaciones gubernamentales para formular unas políticas adecuadas y para reconducir el sector no estructurado hacia áreas productivas, y mejorar la capacidad de los gobiernos y de los actores sociales para diseñar y poner en ejecución unos programas nacionales para mitigar la pobreza. Se emprenderán estudios sobre el régimen de reglamentación del sector no estructurado, que centrarán su atención en la progresiva integración de los trabajadores de este sector en el sector estructurado. Se elaborarán nuevas estrategias para ampliar el sistema de seguridad social de modo que cubra también al sector no estructurado. Se prestará asistencia a las autoridades nacionales para el diseño y aplicación de unos programas dirigidos a que los trabajadores del sector no estructurado pasen a ser contribuyentes, beneficiándose así de los sistemas de pensiones. Conjuntamente con las autoridades locales, se llevarán a cabo actividades de capacitación con miras a que las microempresas urbanas no estructuradas se integren en el sector estructurado. También se brindará asistencia a los mandantes para que elaboren o refuercen planes nacionales para erradicar la pobreza, que se ocuparán del control de la pobreza, de la educación y capacitación de grupos marginales y de las inversiones en infraestructura.
Formación
260.23. La aparición de unas economías abiertas y competitivas, en las que las mejoras de la productividad y de la calidad están respaldadas por las innovaciones tecnológicas, se refleja en la profunda transformación de la formación que se está llevando a cabo en la región. Las crecientes exigencias de la competitividad, situadas en un nuevo contexto de integración económica, han generado una intensa presión para la mejora y renovación de las destrezas de los trabajadores. En respuesta a esta nueva situación, muchos de los países de la región han emprendido profundas reformas en sus sistemas de formación y desarrollo de los recursos humanos, que están dando lugar a una tendencia dirigida hacia la creación de sistemas nacionales de formación en los que tanto el Estado como el sector privado desempeñan una función importante. El resultado ha sido la desaparición del cuasimonopolio estatal sobre la formación profesional, en favor de una formación impartida por las empresas, las organizaciones privadas, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades públicas. Unas redes de formación profesional descentralizadas y con la participación de diversas instituciones están sustituyendo a los sistemas centralizados. Por eso, a pesar de su larga tradición de participación en las instancias decisorias en el ámbito de la formación profesional, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, conjuntamente con los gobiernos de la región, tienen que desarrollar unas formas más eficaces y dinámicas de participación en los sistemas de formación.
260.24. El objetivo de este ámbito del programa es mejorar la capacidad de los actores involucrados para contribuir a la pertinencia, eficiencia, eficacia, igualdad y sustentabilidad del esfuerzo nacional de capacitación. Con el apoyo del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR), se brindará asistencia para el diseño de políticas y estrategias y para la preparación de unos programas de capacitación innovadores, que refuercen la organización y funcionamiento de los sistemas nacionales de formación. También se diseñará una forma de asistencia destinada a promover el desarrollo de grandes instituciones nacionales de formación profesional y a incrementar la capacidad de los ministerios de trabajo y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de América Latina y del Caribe. Se organizarán programas de formación profesional sobre «gestión total de la calidad» y otras normas similares reconocidas internacionalmente, como el ISO 9000, así como respecto a la financiación de los sistemas de formación profesional. El CINTERFOR también participará de manera directa en la ejecución de programas regionales y subregionales para grupos específicos, tales como mujeres y jóvenes; en el reforzamiento de las bases de datos sobre formación, y en el desarrollo de redes nacionales de centros de formación profesional.
Seguimiento de la información sobre
el mercado de trabajo
260.25. Un buen diagnóstico de la situación mercado de trabajo y empleo y una identificación certera de sus limitaciones y desafíos son elementos que ayudan a los países a desarrollar unos medios de acción eficaces para combatir el desempleo. Por eso, los Estados Miembros y los interlocutores sociales necesitan un buen sistema de información sobre el mercado de trabajo (SIMT) para proceder al seguimiento del funcionamiento de dicho mercado en todas las etapas de su evolución. En el bienio 1996-1997, con el respaldo de los interlocutores sociales, de las instituciones nacionales y de las oficinas de estadística de toda la región, se creó una red de información. Por medio del «índice cualitativo del mercado de trabajo» se proporcionó a los Estados Miembros una información periódica sobre las variables del mercado de trabajo que reflejaban la situación de cada país en relación con el crecimiento económico, el empleo y las normas del trabajo. Estas actividades sirvieron para desarrollar y mantener un estrecho diálogo con las empresas y los interlocutores sociales.
260.26. Este examen de la situación laboral de cada país contribuyó a determinar criterios para el desarrollo de un «valor cualitativo del mercado del trabajo» que indica la calidad del comportamiento del mercado laboral nacional. Este «valor cualitativo del mercado del trabajo» se funda en los progresos que se han podido llevar a cabo en ámbitos tales como el desarrollo económico, la productividad en el empleo y la aplicación de las normas del trabajo. La capacidad para generar una información comparable sobre estos factores contribuirá grandemente a la comprensión y al apoyo internacional para la búsqueda en común del objetivo del pleno empleo. Conjuntamente con las evaluaciones sobre el «riesgo representado por un país» realizadas por las instituciones financieras, el establecimiento del «valor cualitativo del mercado del trabajo» fomentará el apoyo internacional para los países que garantizan un crecimiento económico sostenible al tiempo que mejoran su funcionamiento laboral y social.
260.27. A este respecto, el objetivo es que los mandantes y otras instancias tengan mejor acceso a una información comparable sobre el progreso laboral y social de los Estados Miembros de la región. Las actividades en este ámbito se concentrarán en el desarrollo de los instrumentos que sirven para evaluar la situación y posibilidades del mercado de trabajo en la región. Se elaborarán y difundirán informes y boletines periódicos, así como Labour overview (Panorama laboral), el informe anual de la OIT respecto a la situación del mercado de trabajo de la región. Se organizarán talleres subregionales y nacionales para trabajar en la preparación del «valor cualitativo del mercado del trabajo». También se proporcionarán servicios de asesoría a las instituciones regionales que trabajen en el ámbito de la información sobre el mercado de trabajo. Se continuará elaborando un «índice cualitativo del mercado de trabajo», en consulta con los mandantes, que será el elemento principal para determinar el «valor cualitativo del mercado del trabajo», cuando lo soliciten los gobiernos. Como resultado de estas actividades la posición de la OIT respecto a la situación laboral será bien conocida en toda la región y se reforzará el papel de «conciencia social» de la OIT en el ámbito internacional.
Igualdad de oportunidades
260.28. Las actividades destinadas a promover la igualdad entre las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo se relacionarán estrechamente con los objetivos estratégicos y las acciones recomendadas en la Declaración y Plataforma de Acción adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Además de establecer normas, la Declaración reconoce el papel que ha desempeñado la OIT en los problemas de la pobreza, educación y capacitación de la mujer; las mujeres en la economía; la mujer en la adopción de decisiones; mecanismos para promover el avance de la mujer así como el progreso en los derechos de la mujer trabajadora. Estudios llevados a cabo en la región de las Américas durante el último bienio resaltaron la necesidad de ofrecer protección social a los grupos femeninos vulnerables, como las mujeres que trabajan a domicilio, las trabajadoras rurales, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras a tiempo parcial y, en general, a las mujeres que trabajan en actividades precarias y no estructuradas. Por eso los mandantes, comprendidas las organizaciones de empleadores y trabajadores, tienen que adquirir un mejor conocimiento y una mayor comprensión de estos problemas, con miras a una más amplia aceptación de la necesidad de diseñar sistemas de protección social que cubran a estos grupos excluidos.
260.29. Por lo tanto, el objetivo de las actividades de la OIT en este ámbito es lograr que las autoridades nacionales y los interlocutores sociales comprendan mejor la relación básica que debe existir en el mundo laboral entre la igualdad entre los sexos y el desarrollo, así como el mejoramiento de su capacidad para combatir eficazmente la discriminación entre los sexos en el mundo del trabajo, dando así cumplimiento a los convenios fundamentales de la OIT. Se proporcionará información y asesoría sobre como se puede defender a los grupos vulnerables de trabajadoras por medio de unos sistemas adecuados de protección social. Se espera que a fines del bienio los mandantes tripartitos hayan formulado unas estrategias nacionales integrales, así como la legislación adecuada para: promover la participación de la mujer en el desarrollo socioeconómico; mejorar sus condiciones de trabajo; alentar su representación a nivel institucional y mejorar sus destrezas técnicas y de dirección.
260.30. Se brindarán servicios de asesoría técnica a los mandantes tripartitos, para ayudarles a establecer estrategias nacionales para la igualdad y a fortalecer su capacidad institucional. Se organizarán actividades de capacitación, comprendida la formación de los formadores, sobre la base de las posiciones políticas establecidas por la OIT con miras a un programa internacional para lograr más y mejores empleos para la mujer, así como del conjunto de medios de comunicación múltiples sobre el género, la pobreza y el empleo. También se pondrán en práctica proyectos piloto para combatir la exclusión social y la pobreza de la mujer en determinados sectores seleccionados, especialmente por medio de programas para el desarrollo de las microempresas. Se proporcionará asistencia técnica para ayudar a organizarse a las trabajadoras que aún no se hayan organizado y para fortalecer las redes nacionales y supranacionales que representen a trabajadoras que ya están activas en la región. A petición de los Estados Miembros, se les proporcionará asistencia para que mejoren la aplicación de los convenios fundamentales de la OIT, comprendido el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm.100) y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm.111), así como otros convenios de la OIT de particular relevancia para la mujer, como el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm.156).
Mejora de las condiciones de trabajo
y protección social
260.31. La evolución de las pautas laborales de la región hace necesaria la supervisión de los reglamentos que rigen las condiciones de trabajo. La creciente competitividad mundial no siempre favorece la mejora de las condiciones de trabajo. Esta situación requiere un esfuerzo constante de los mandantes de la OIT para evitar la aceptación de ventajas competitivas a bajo precio en caso de que se hayan obtenido rebajando las normas internacionales del trabajo o por medio de la introducción de peores condiciones de trabajo. Los Estados Miembros están haciendo frente a un desafío de la mayor importancia para garantizar la protección básica de los trabajadores, fomentando además unas mejoras que superen las normas mínimas.
Seguridad y salud en el trabajo
260.32. La integración regional y la mundialización repercuten en la seguridad y salud en el trabajo. Las presiones que se ejercen para aumentar la competi tividad ponen de relieve la importancia de reducir los costos, a menudo a costa de una rebaja de las condiciones de trabajo. Pero la experiencia muestra que las malas condiciones de trabajo no suelen conducir a una mejora de la productividad. Además, existe una creciente presión internacional por que se observen las normas de seguridad y de salud ocupacional en la fabricación de los productos comerciales. Hay, pues, una creciente necesidad de que los gobiernos y los interlocutores sociales adquieran una mayor conciencia respecto a la relación que existe entre la productividad y unas condiciones de trabajo equitativas.
260.33. El objetivo de este ámbito del programa es lograr que los gobiernos y los representantes de los empleadores y de los trabajadores comprendan mejor la relación que hay entre unas mejores condiciones de trabajo y un incremento de la productividad. Se seguirá brindando orientación sobre cómo mejorar tanto la productividad como las condiciones de trabajo mediante la aplicación de metodologías tales como las de mejora del trabajo en las pequeñas empresas (Programa WISE). También se diseñarán actividades de capacitación dirigidas a organizaciones de empleadores y de trabajadores para lograr que se organicen mejor las labores en las empresas. Se insistirá en la difusión de una información actualizada sobre salud y seguridad ocupacional entre los gobiernos, las organizaciones de empleadores y trabajadores y las empresas, utilizando medios como CD-ROM e Internet. Los resultados del 14.o Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Madrid, 1996) brindarán nuevas orientaciones a la acción de la OIT en la región, que culminará con la organización de su próxima reunión, que está prevista en Brasil en 1999, la primera vez que un país latinoamericano acoge este Congreso. Otro ámbito en que se prestará asistencia será en el examen de los cambios que se propongan a los sistemas de seguros de riesgo en el lugar de trabajo, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción y la minería.
Protección social
260.34. Muchos gobiernos han estado evaluando y reformando sus sistemas de seguridad social, sobre todo a la luz de las exigencias de las políticas de ajuste estructural. La reestructuración del régimen de seguridad social ha pasado por cierto número de etapas. Las reformas de los sistemas de pensiones que han llevado a cabo la mayoría de los países de la región han supuesto el paso de un sistema colectivo a otro sistema basado en el ahorro privado, y han aparecido también sistemas dobles que combinan elementos colectivos y privados.
260.35. El objetivo de este ámbito del programa es que tanto los que definen las políticas como los que manejan los regímenes de seguridad social tengan un mejor conocimiento y comprensión de las alternativas que existen en el terreno de la protección social, con miras a que los sistemas de seguridad social se adapten a los requerimientos económicos y sociales de cada país. Se realizarán evaluaciones de los sistemas existentes y, cuando sea posible y lo soliciten los gobiernos, se propondrán alternativas. Basándose en la experiencia adquirida sobre las reformas en algunos países de la región, se estudiarán las posibilidades de aplicarlas a otras naciones. Se reexaminarán los modelos actuariales y se organizará la capacitación del personal para los esquemas involucrados. Para dar apoyo a todas estas actividades, se emprenderán estudios de aquellos problemas importantes que afecten al sistema de protección social, como la situación de los trabajadores de más edad.
260.36. En vista del gran número de trabajadores implicados, la protección social para el sector no estructurado constituye un problema de la mayor importancia en la región. Por eso, para las actividades que se desarrollen en este ámbito del programa se seguirá una estrategia que tenga en cuenta tanto al sector estructurado como al sector no estructurado. Se brindará a los mandantes la correspondiente información sobre los enfoques que podrían adoptarse para la protección de los trabajadores del sector no estructurado. La asistencia que se proporcione para ampliar el régimen de protección social de modo que cubra también el sector no estructurado, estará estrechamente relacionada con las actividades que promuevan la integración de las empresas del sector no estructurado en el sector estructurado.
Trabajo infantil
260.37. Se estima que hay entre 18 y 20 millones de niños dedicados a distintos tipos de trabajo en esta región. Los índices de absentismo escolar son también muy significativos, puesto que ascienden a un 48 por ciento. Sin duda, la extensión de este fenómeno está en relación con el incremento general de la pobreza que ha tenido lugar en los últimos años. Lo más alarmante de esta situación es que no sólo se priva a los trabajadores infantiles de su juventud sino que se ven expuestos en muchos casos a unas condiciones de trabajo peligrosas a la vez que se les priva de la oportunidad de obtener una educación adecuada en la escuela. Esto supone que cuando sean adultos sus calificaciones no estarán a la altura de lo que requiera el mercado laboral y que estarán, en su mayoría, condenados a vivir por debajo del nivel de pobreza. Es, pues, evidente que hay que erradicar el trabajo infantil y, sobre todo, que hay que evitar que los niños terminen en situaciones de peligro o esclavitud. En respuesta a esta necesidad, que se conjuga con una creciente preocupación por las dimensiones sociales de la mundialización y por el progreso de los procesos de integración económica, la OIT se ha comprometido en un programa mundial destinado a una progresiva eliminación del trabajo infantil (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil IPEC). A este respecto hay que señalar que el IPEC se está integrando cada vez más en el trabajo de los equipos consultivos multidisciplinarios y que muchos de los objetivos por país incluyen ya entre sus prioridades la erradicación del trabajo infantil.
260.38. Los dos objetivos principales del IPEC en la región son: el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la formulación y ejecución de programas nacionales de acción para la erradicación del trabajo infantil, y el establecimiento de una red regional de información sobre temas y estadísticas en relación con el trabajo infantil. Para finales del bienio se espera que, además de los ya existentes, en muchos países de América del Sur y de Centroamérica ya se habrán constituido los comités coordinadores nacionales encargados de formular los programas nacionales de acción en colaboración con los coordinadores nacionales nombrados por el IPEC. En ambas subregiones se llevarán a cabo acciones de gran envergadura en sectores de alto riesgo, como la minería, la construcción y la prostitución infantil. Se dará también especial importancia a promover la ratificación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.138), y a la armonización de los sistemas de inspección del trabajo.
260.39. Se establecerá una diferencia entre dos grupos de países de la región. Los programas de acción del primer grupo tendrán la más alta prioridad y se concentrarán en: la movilización social, mediante actividades dirigidas a concienciar a los funcionarios de las organizaciones de empleadores y trabajadores, a los empleados públicos, a los profesores y a los medios de comunicación; la asistencia técnica, sobre todo en el terreno de la inspección laboral, de la legislación, de la recopilación de datos (encuestas de hogares) y la formulación de planes nacionales, así como en intervenciones directas en programas de educación y en sectores de alto riesgo. En el segundo grupo de países no se establecerán comités nacionales, ya sea porque esto no se justifique por el alcance del problema o porque otros diversos factores pongan obstáculos a una participación más directa del IPEC en el país. Las actividades en estos países se concentrarán en brindar asistencia técnica en los ámbitos antes mencionados. Se organizarán seminarios nacionales sobre el trabajo infantil y se llevarán a cabo proyectos de investigación. También se celebrarán seminarios regionales sobre temas tales como la inspección del trabajo y la recopilación de estadísticas relacionadas con el trabajo infantil. Se preparará también un informe anual sobre la situación del trabajo infantil en la región. Se incorporará al sistema de información regional de la OIT sobre el mercado de trabajo una base de datos de información regional sobre el trabajo infantil. Algunas de estas actividades se llevarán a cabo en colaboración con otras organizaciones, y es de esperar que muchos gobiernos de la región asuman compromisos financieros directos respecto de programas y medidas aplicables al trabajo infantil.
Apoyo de la sede
260.40. La labor del programa regional principal necesitará el apoyo de los programas principales técnicos de la sede en muchos ámbitos. Por ejemplo, se necesitará información sobre las actividades que las organizaciones de empleadores y trabajadores han emprendido en otras regiones para la reinserción de los trabajadores en las empresas que han sido privatizadas tras una experiencia positiva de negociación colectiva y diálogo social tripartito. Se requerirá también apoyo técnico para los programas de reconversión y formación de jóvenes y mujeres. Se solicitará al programa principal 60 (Empleo y formación) que apoye las actividades de seguimiento a las revisiones de las políticas de empleo y programas de cooperación técnica para el diseño y aplicación de políticas activas de empleo. También se brindará asesoramiento técnico y apoyo en relación con los problemas relacionados con la protección de los migrantes temporales y los trabajadores clandestinos. En el ámbito del mundo laboral y del medio ambiente de trabajo, se pedirá ayuda a la sede para que se integren a los planes nacionales de seguridad y de salud métodos y prácticas dirigidos a mejorar las condiciones laborales y ambientales en el lugar de trabajo, comprendida la metodología sobre las mejoras del trabajo en las pequeñas empresas (Programa WISE). Se solicitará la asistencia técnica del programa principal 50 (Normas internacionales del trabajo y derechos humanos) con miras a la revisión de la legislación laboral así como en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. Se recabará también la asistencia del programa principal 65 (Desarrollo de empresas y cooperativas) en relación con las reformas salariales y las mejoras de la productividad, y se recurrirá al programa principal 80 (Relaciones laborales y administración del trabajo) para evaluar y desarrollar las nuevas funciones de los ministerios de trabajo. También se ofrecerá asistencia técnica bajo los programas principales 225 (Actividades para los empleadores) y 230 (Actividades para los trabajadores) sobre temas relacionados con el empleo, el crecimiento económico, la productividad y el diálogo social tripartito.
Recursos
260.41. Los recursos del presupuesto ordinario para este programa principal ascienden a unos 36,6 millones de dólares. Hay una disminución neta en términos reales de unos 129.000 dólares con respecto al bienio 1996-1997; esto se debe principalmente a una reducción del crédito asignado para los gastos distintos de los de personal. No obstante, los recursos de la CTPO para financiar proyectos en el terreno se han incrementado en unos 176.000 dólares. Asimismo, se utilizarán fondos de apoyo del sistema de las Naciones Unidas para la formulación de políticas y programas (SPPD) y para servicios técnicos a nivel de proyecto (STS), así como otros recursos extrapresupuestarios para actividades diseñadas en estrecha consulta con los donantes y los mandantes. Se realizarán esfuerzos para obtener recursos complementarios para programas y proyectos de cooperación técnica mediante nuevos convenios sobre fondos fiduciarios. Las actividades del programa principal se llevarán a cabo a través de la Oficina Regional, una red de oficinas de zona en Brasilia, Buenos Aires, México, Puerto España y San José, la Unidad Andina, cuatro equipos consultivos multidisciplinarios y el CINTERFOR de Montevideo.
260.1. Dirección regional
260.42. En este programa se prevén créditos para la administración y coordinación de las actividades del programa principal, el puesto de Director General Adjunto encargado de las actividades en la región, los servicios de secretaría y los gastos de viaje.
260.2. Programas técnicos
regionales
260.43. En este programa se asignan créditos para los cuatro equipos consultivos multidisciplinarios correspondientes a las siguientes subregiones: los países andinos, los países del Caribe, América Central y los países del Cono Sur.
Equipo consultivo multidisciplinario
para el Caribe
260.44. Este equipo tiene su sede en Puerto España (Trinidad y Tabago) y desempeña su actividad en los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago. El equipo puede ser llamado a prestar apoyo a otros países o territorios. Está integrado por siete especialistas y presta servicios de asesoramiento técnico a los mandantes tripartitos sobre las cuestiones técnicas y de políticas que entran en el mandato principal de la OIT. También colabora estrechamente con la oficina de Puerto España en la preparación y actualización de los objetivos por país y la aplicación de los programas de la OIT.
Equipo consultivo multidisciplinario
para los países del sur de América Latina
260.45. El equipo tiene su sede en Santiago (Chile) y desempeña su actividad en la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ofrece servicios de asistencia técnica y orientación para las actividades de la OIT a nivel nacional y subregional, en estrecha consulta con los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El equipo también desempeña las funciones de oficina de zona para su país huésped (Chile). En el cumplimiento de su cometido, el equipo, integrado por nueve especialistas, colabora estrechamente con las oficinas de la OIT en Buenos Aires y Brasilia, y con la Unidad Andina de Lima. Bajo la responsabilidad del Director Regional, las actividades del equipo también comprenden el mantenimiento de relaciones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y las oficinas regionales de la UNESCO y de la FAO.
Equipo consultivo multidisciplinario centroamericano
260.46. El equipo tiene su sede en San José (Costa Rica) y desempeña su actividad en Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Las actividades del equipo, integrado por nueve especialistas, incluido el director, consisten principalmente en prestar apoyo y asesoramiento técnico a los mandantes tripartitos sobre cuestiones técnicas y de políticas que entran en el mandato principal de la OIT. Estas actividades se llevan a cabo dentro del marco del programa de asistencia de la OIT a los países centroamericanos y son coordinadas por la Oficina Regional para las Américas. El equipo colabora en esta actividad con las oficinas de la OIT en San José y México.
Equipo consultivo multidisciplinario andino
260.47. El equipo tiene su sede en Lima (Perú) y desempeña su actividad en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Puede ser invitado a prestar apoyo en otros países o territorios. Las actividades del equipo, integrado por diez especialistas, consisten en prestar servicios de asesoramiento técnico a los mandantes tripartitos de la OIT en estos países. Bajo la autoridad del Director Regional, las actividades del equipo comprenden el desarrollo de relaciones con la Unión Económica Andina, que tiene su sede en Lima.
CINTERFOR
260.48. El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR), con sede en Montevideo, continuará su intercambio de información dentro de la red ya constituida de instituciones de formación profesional, con especial referencia a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores afectados por los cambios tecnológicos a nivel de las empresas. Promoverá y desarrollará políticas de formación, en especial con los institutos de formación afiliados al Centro. También se prestarán servicios de apoyo a los cuatro equipos consultivos multidisciplinarios con miras a la formulación de programas de formación profesional adaptados a las necesidades cambiantes de la región.
260.3. Relaciones, servicios y apoyo
260.49. Se asignan créditos para un puesto de Subdirector Regional, encargado de supervisar la coordinación general de los programas y de prestar asistencia al Director General Adjunto. La unidad de programación regional se encargará de la programación regional y asumirá funciones de evaluación. El seguimiento y evaluación del programa se realizará a nivel de las oficinas regionales y de las oficinas de zona por medio del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Presentación de Informes (MERS) de la OIT. La Unidad Andina continuará encargándose de la planificación y gestión de las actividades de la OIT en los países Andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Se ha asignado crédito para un asesor especial sobre integración social y económica en la región, que prestará apoyo técnico para fortalecer la dimensión social del proceso de integración regional; para un funcionario de información y comunicaciones públicas, y para un puesto local de especialista en sistemas de computación. Las funciones de este programa incluyen servicios financieros y administrativos así como apoyo logístico a la estructura regional para una eficaz aplicación de las políticas, programas y actividades de la OIT. También incluyen todo el apoyo de personal, financiero y administrativo que sea necesario, incluyendo operaciones financieras descentralizadas. El programa también se encargará de mantener relaciones con las organizaciones internacionales y regionales.
260.4. Red de oficinas en América
Latina y el Caribe
260.50. Bajo este programa se asignan fondos para las oficinas de la OIT en Brasilia, Buenos Aires, México, Puerto España y San José. Por comparación con el presupuesto para 1996-1997, los recursos del presupuesto ordinario asignados a estas oficinas se reducen en unos 213.000 dólares, en términos reales. Esta reducción procede sobre todo de los ahorros en gastos administrativos.
260.5. Oficina de correspondencia
de Washington
260.51. La oficina de correspondencia de Washington continuará manteniendo y desarrollando relaciones con los organismos y organizaciones que se encargan de las cuestiones sociales y laborales en los Estados Unidos. Estos comprenden los organismos del Gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como organizaciones regionales, bilaterales y multilaterales; organizaciones de investigación y de defensa de los derechos humanos y civiles; círculos universitarios y otros interesados en cuestiones abarcadas por el mandato de la OIT. La oficina reunirá y difundirá información sobre cuestiones laborales y prestará servicios esenciales de apoyo a las actividades de cooperación técnica de la OIT, tales como la contratación de expertos, la adquisición de equipo y la instalación de becarios en los Estados Unidos.