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Noticias breves
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Violencia en el lugar de trabajo en el sector de la salud:
presentación de nuevas directrices
La violencia en el trabajo aflige a uno de cada dos de los 40 millones de trabajadores de la salud de todo el mundo. Ante esta situación, se ha puesto en marcha una nueva iniciativa en el marco de un programa conjunto de organizaciones especializadas en el ámbito del trabajo, la salud y los servicios públicos, con el propósito de ayudar a estos profesionales a combatir el miedo, las agresiones, la humillación e incluso el homicidio en sus lugares de trabajo.
GINEBRA - Durante una reunión celebrada en la sede de la OIT en octubre, el grupo de trabajo conjunto compuesto por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) dio a conocer las "Directrices marco para tratar la violencia laboral en el sector de salud".
Esta iniciativa se adopta como respuesta al acuciante problema de la violencia en los hospitales y otros centros de salud de los países en desarrollo y desarrollados de todo el mundo. Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que cerca del 25% de los incidentes violentos en el trabajo se produce en el sector de la salud, y que más del 50% de los profesionales de la atención sanitaria ha experimentado incidentes de este tipo.
Vittorio di Martino, especialista en seguridad y salud internacional, ha estudiado la violencia que sufren las personas en el lugar de trabajo y afirma que los datos que se conocen hasta el momento son sólo la punta del iceberg. Según este experto, resulta cada vez más evidente el enorme coste que entraña la violencia en el trabajo para las personas, el lugar de trabajo y la comunidad en su conjunto.
En el estudio se indica que la violencia en los sectores relacionados con la salud va mucho más allá de las agresiones o las ofensas individuales, pues pone en peligro la calidad de la atención de la salud, la productividad y el desarrollo. Di Martino asegura que, en el sector de la salud, las consecuencias de la violencia en el trabajo repercuten considerablemente en la eficacia de los sistemas de salud, sobre todo en los países en desarrollo.
De acuerdo con la Comisión Europea, en las directrices se define la violencia en el lugar de trabajo como los "incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluidos los viajes de ida y vuelta al trabajo, que pongan en peligro, explícita o implícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud". Si bien la violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un problema grave en todos los sectores de servicios, los informes 1
ponen de manifiesto que los profesionales de la salud se encuentran entre los que sufren mayores riesgos:Las directrices tienen como finalidad ayudar a todos los responsables de la seguridad en el lugar de trabajo, ya sean gobiernos, empleadores, trabajadores, sindicatos o entidades profesionales, y al público en general. En particular, muestran la manera en que el personal de atención sanitaria puede abordar el problema de la violencia en este sector, examinar los distintos tipos de intervención, lograr la implicación de todas las partes interesadas de una manera coherente, no discriminatoria y respetuosa con las particularidades culturales y las cuestiones de género; determinar, evaluar y disminuir los riesgos a través de medidas preventivas, así como reducir al mínimo las repercusiones de la violencia y evitar que ésta se repita.
En las directrices se da prioridad al desarrollo de una cultura del lugar de trabajo centrada en la persona y basada en la dignidad, la ausencia de discriminación, la igualdad de oportunidades y la cooperación, que incluya una declaración sobre formulación de políticas de tratamiento de la violencia en el trabajo, a cargo de los altos directivos de cada centro, así como iniciativas de sensibilización en todos los ámbitos. Está previsto que la OIT adopte en octubre de 2003 un Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia y el estrés en el trabajo en el sector de los servicios: una amenaza para la productividad y el trabajo decente.
1 Cary L. Cooper y Naomi Swanson, Workplace violence in the health sector - State of the Art, OIT, OMS, CIE e ISP 2002. ISBN 92-2-113237-4; Vittorio di Martino,Workplace violence in the health sector - Country case studies (Brazil, Bulgaria, Lebanon, Portugal, South Africa, Thailand, and an additional Australian study), Synthesis report, OIT, OMS, CIE e ISP 2002. ISBN 92-2-113441-5.
Tercera reunión de la Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización
En su tercera reunión, del 12 al 15 de octubre, la Comisión avanzó hacia la consecución de un acuerdo general sobre el marco de cuestiones que abordará en su informe definitivo, y asistió a las declaraciones de los máximos responsables del FMI y la OMC. La Comisión, copresidida por Tarja Halonen, Presidenta de Finlandia, y Benjamin Mkapa, Presidente de Tanzania, se ha embarcado en un proceso de determinación y evaluación de diversas propuestas de formulación de políticas en ciertas áreas relevantes, antes de su próxima reunión en febrero de 2003.
Entre esas grandes áreas figuran la globalización y los procesos políticos, las nuevas tecnologías y sistemas de producción, las políticas e instituciones económicas y financieras internacionales, las respuestas a la globalización en las estrategias de crecimiento, desarrollo y empleo, y los movimientos transfronterizos de personas. El género, el empleo, la cultura y la capacidad de representación son temas fundamentales planteados en numerosas ocasiones. En todos estos ámbitos, la Comisión se ocupará tanto de evaluar la situación existente, como de formular propuestas prácticas para su ejecución.
Los objetivos de la Comisión son contribuir a que el debate sobre globalización avance, pasando de la confrontación al diálogo, así como articular una visión realizable de un modelo de globalización justo y sostenible que satisfaga las necesidades de las personas y entorno al que pueda fundamentarse el consenso. Se trata de considerar la globalización desde el punto de vista de los ciudadanos. Más en concreto, se pretende obtener recomendaciones en materia de formulación de políticas que transformen la globalización en un proceso más basado en la inclusión, y en un recurso capaz de propiciar el crecimiento y el desarrollo, atenuar la pobreza y promover el empleo y el trabajo decente. La Comisión determinará las políticas, procesos y cambios institucionales necesarios para materializar tal visión.
La Comisión se reunió por separado con Hörst Kohler, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Dr. Supachai Panitchpakdi, Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En las conversaciones se puso de manifiesto un activo interés por encontrar vías prácticas y sostenibles de dotar a la globalización de un carácter más inclusivo.
Se prevé que la Comisión culminará sus trabajos en el segundo semestre de 2003, y publicará un informe a finales del presente ejercicio. Para más información acerca de la labor de la Comisión, puede consultarse su sitio web, en la dirección de Internet www.ilo.org/wcsdg.
La OIT y el BAD aúnan fuerzas
para mejorar las normas del trabajo y promover el desarrollo
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) han aunado fuerzas a fin de mejorar las normas del trabajo como medio para promover el desarrollo y reducir la pobreza en la región de Asia y el Pacífico.
En un seminario conjunto celebrado recientemente, la OIT y el BAD llegaron a la conclusión de que el compromiso de los gobiernos de mejorar las normas del trabajo es fundamental para asegurar un desarrollo de base amplia y sostenible en la región de Asia y el Pacífico. En la reunión se recomendó que los gobiernos, el BAD y la OIT hagan hincapié en las normas del trabajo en el ámbito del diálogo sobre formulación de políticas con los gobiernos; promuevan una mejora de las normas del trabajo mediante el diseño de proyectos, por ejemplo, para hacer frente al trabajo infantil, mejorar la seguridad en el trabajo, reducir la discriminación en el lugar de trabajo o eliminar el trabajo en condiciones de servidumbre; refuercen la supervisión de las condiciones de trabajo en la región; y desarrollen actividades para consolidar capacidades y potenciar la sensibilización encaminadas a mejorar las normas del trabajo.
Las dos organizaciones han convenido reforzar la cooperación para promover condiciones de trabajo decentes que reduzcan la pobreza, eleven los niveles de vida y mejoren la calidad del crecimiento mediante el aumento de la productividad, según indicó Akira Seki, Director General del Departamento de Desarrollo Sostenible Regional del BAD.
"No tener en cuenta las normas del trabajo perjudica el desarrollo de un modo concreto y mensurable", aseguró Lee Swepston, Jefe del Servicio de la Igualdad y el Empleo de la OIT. "El respeto de los derechos humanos fundamentales en el trabajo, y de las estructuras jurídicas y reglamentarias necesarias para ponerlos en vigor, ayuda a los trabajadores, los empleadores y las economías en su conjunto. También es una medida esencial para erradicar la pobreza. La OIT denomina este proceso "trabajo decente"."
Las estimaciones indican que 1.200 millones de personas subsisten en condiciones de pobreza en todo el mundo, y dos tercios de esta población viven en la región de Asia y el Pacífico. Según cifras de la OIT, en esta región habitan unos 127 millones de los 246 millones de niños de entre 5 y 14 años de edad que trabajan en todo el mundo. Además, muchos de los 20 millones de trabajadores en régimen de servidumbre que hay en el mundo viven en la región, mientras que, numerosos países informan de que adolecen de la discriminación en sus lugares de trabajo por motivos de género, raza, casta, edad, creencias religiosas y opiniones políticas. La OIT estima que en la próxima década, en la región de Asia y el Pacífico, harán falta más de 350 millones de puestos de trabajo decente.
La OIT y el BAD debatieron asimismo acerca de las normas del trabajo en los sectores público y privado en el contexto de la responsabilidad social de las empresas. Los detalles sobre el modo de llevar a cabo auditorías sociales, como las que efectúan actualmente Responsabilidad Social Internacional y empresas privadas de auditoría, fueron objeto de examen por representantes de alto nivel de organizaciones de empleadores, sindicatos y entidades de otra índole.
El impulso para mejorar las normas del trabajo cuenta cada vez más con el apoyo de numerosos países, organismos para el desarrollo, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
"Esto no significa que haya que obligar a los países en desarrollo a adoptar normativas y medidas de protección que limiten la flexibilidad, la competitividad y el crecimiento", declaró el Sr. Swepston. "En la práctica, la dificultad consistirá en encontrar en cada caso un nivel apropiado de reglamentación y de protección. Este empeño exigirá un nuevo planteamiento respecto a la percepción de las situaciones y la consecución de soluciones a los problemas de pobreza, exclusión y desarrollo."
Si desea consultar el informe, la declaración y otra información detallada), sírvase remitirse a:
www.adb.org/Documents/Events/2002/Core_Labor_Standards/default.asp
La OIT acoge un Congreso sobre ingresos básicos
Un ingreso básico para todos... ¿la solución a la pobreza en el mundo? De acuerdo con la Red Europea de Ingreso Básico (BIEN en su acrónimo inglés), que celebró recientemente su 9º Congreso en la sede de la OIT, una solución consistiría en facilitar un subsidio diario que cubriese las necesidades básicas de los desfavorecidos de todo el mundo.
GINEBRA- ¿Cómo se salva a 1.200 millones de personas de la pobreza extrema? Existe una respuesta obvia: ofreciéndoles un trabajo. Sin embargo, la creación de un volumen de empleo semejante no es tarea fácil. La idea de la BIEN es proporcionar a aquéllos que viven con menos de un dólar al día un ingreso básico garantizado de un dólar adicional, todos los días. Según sus defensores, esta medida evitaría hambrunas y sentaría los cimientos para la consecución de una solución permanente.
Países tan diversos como Brasil y Estados Unidos han experimentado con éxito regímenes de concesión de un ingreso básico. En países donde existe el estado del bienestar, la sustitución de las prestaciones de desempleo por un ingreso básico podría eliminar las "trampas del desempleo", que dan lugar a que los perceptores de bajos ingresos pierdan sus prestaciones si ocupan un puesto de trabajo. Guy Standing, copresidente del Congreso y director del programa de seguridad socioeconómica de la OIT, señaló que esta cuestión adquiere cada vez más importancia en el temario político. "La primera vez que aludimos a este concepto nos tacharon de locos, dañinos y peligrosos. Sin embargo, ahora nos reciben favorablemente numerosos responsables de la formulación de políticas", aseguró Standing a los informadores. En su alocución al Congreso, Juan Somavia, Director General de la OIT, expresó su satisfacción por la existencia de un debate sobre esta cuestión, y apuntó a la inseguridad de los ingresos como una de las consecuencias más perniciosas de la desigualdad mundial. "Para escapar de esta trampa de la pobreza en el mundo, las personas necesitan seguridad. La seguridad que deriva de irse a dormir por la noche sabiendo que la familia y uno mismo no van a despertar al día siguiente hambrientos y humillados", afirmó.
Un ingreso básico podría justificarse además por otras razones ajenas a las de la justicia social. El Sr. Somavia subrayó que "todos hemos visto como la ausencia de seguridad económica y social lleva a la desesperación y a la tentación de actuar de manera destructiva". Un mundo dividido y desigual en el que aumenta la ira contra una población adinerada que envejece en el norte no constituye una perspectiva atractiva para nadie.
El reto de BIEN consiste ahora en convencer a la comunidad internacional de la viabilidad de este sistema. Está previsto que su 10º Congreso se celebre en Barcelona en 2004.
Para más información, véase www.basicincome.org
285º Consejo de Administración:
el tripartismo, la situación de los trabajadores
en los territorios ocupados, Myanmar y Colombia,
principales temas de debate
El Consejo de Administración de la OIT concluyó en noviembre su 285ª sesión, después de diversos debates sobre cuestiones como el tripartismo, la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados y Myanmar, y un "fideicomiso social mundial" que, con el tiempo, podría contribuir a garantizar una seguridad social básica a más de 100 millones de personas de los países menos adelantados y de bajos ingresos.
En cuanto al nombramiento del Director General, los delegados confirmaron que la elección se celebraría en la 286.a reunión del Consejo de Administración, en marzo de 2003. El mandato de cinco años del Director General comenzará el 4 de marzo de 2004. El actual Director General, Juan Somavia (Chile), fue elegido para ocupar el cargo en marzo de 1999, y su primer mandato terminará en marzo de 2004. Durante el debate, varios oradores se mostraron partidarios de reelegir para un segundo mandato al Sr. Somavia.
El Consejo de Administración también dio curso a una resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio con miras a reforzar la estructura tripartita de la Organización (de 83 años de antigüedad), y a promover la función de los representantes de los empleadores y de los trabajadores. En el marco de dicha resolución, los delegados aprobaron diversas propuestas de medidas concretas, como las "auditorías sobre el diálogo social" y los exámenes de actividades esenciales de la OIT en sus cuatro sectores técnicos, que se efectuarán aplicando los conocimientos especializados y el mandato específico del Sector de Diálogo Social de la OIT y sus unidades. El Consejo de Administración solicitó asimismo al Director General la puesta en marcha de un plan de acción general e intersectorial para fortalecer el tripartismo y el diálogo social en toda la Oficina.
Cuestiones nacionales
Los delegados examinaron informes sobre los acontecimientos que han tenido lugar desde junio del presente año en relación con la cuestión de la observancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT. Los delegados sopesaron la posibilidad de que la OIT enviara una misión a Myanmar para concretar un plan de acción encaminado a la erradicación del trabajo forzoso en el país, siempre que tal plan entre la Funcionaria de Enlace y las autoridades de Yangon progresase de manera satisfactoria. El envío de una misión a Myanmar quedó a discreción del Director General.
El Consejo de Administración apoyó con firmeza la creación del Fondo Palestino para el Empleo y la Protección Social propuesto por el Director General en un informe sobre la situación en los territorios árabes ocupados presentado en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2002. La OIT ha hecho un llamamiento para potenciar la capacidad de los interlocutores sociales, crear un fondo para el empleo y la protección social y establecer una plataforma para los mandantes palestinos e israelíes que sirva de foro de diálogo social. Tras tomar nota del enfoque práctico adoptado por la OIT, los miembros del Consejo de Administración instaron a la Oficina a colaborar en el establecimiento del Fondo, y apelaron a la comunidad de donantes para financiarlo. Asimismo, solicitaron que se presentase un informe sobre los progresos logrados en la reunión de marzo de 2003 del Consejo de Administración.
Se examinó además la evolución de la situación en Colombia y el programa especial de cooperación denominado "Proyecto Colombia", creado para defender los derechos de los sindicalistas colombianos, promover la libertad sindical y el derecho de sindicación en el país y promover el diálogo social como forma de poner fin a la violencia. El Vicepresidente de Colombia, Excelentísimo Sr. Francisco Santos Calderón, se dirigió al Consejo de Administración para comunicarle que el nuevo gobierno hará todo lo posible por frenar la violencia en el país.
Fideicomiso social mundial
El Consejo de Administración autorizó a la Oficina a emprender un proyecto para examinar la idea de abordar el reto de la atenuación de la pobreza mediante un mecanismo de protección social financiado internacionalmente y conocido con el nombre de fideicomiso social mundial. Puesto que 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar al día, y la comunidad mundial está decidida, de acuerdo con los objetivos de desarrollo para el milenio, a reducir a la mitad esa cifra para el año 2015, la meta de esta institución es aumentar los ingresos de las familias en los países más pobres mediante el establecimiento de un sistema de seguridad social básica. La financiación provendría de redes de particulares de países desarrollados que donarían de manera sistemática y voluntaria unos dólares al mes para crear sistemas de protección social básica en los países en desarrollo y financiar el pago de prestaciones hasta que esos sistemas pudiesen sostenerse de manera autónoma.
Las prestaciones consistirían esencialmente en garantizar unos ingresos básicos y proporcionar servicios de educación y de salud. A raíz de un estudio aprobado el año pasado por el Director General y presentado esta misma semana, el Consejo de Administración autorizó una experiencia que incluyera a un país donante y a un país en desarrollo y consistiera en el establecimiento en este último de una prestación específica de protección social para hacer frente a la pobreza. El proyecto piloto durará varios años, y se informará periódicamente de su evolución al Consejo de Administración y al público. Además, se contará con una junta consultiva encargada de supervisar los progresos del proyecto piloto y del concepto de fideicomiso social mundial en general.
El tripartismo en la práctica:
el Consejo de Administración de la OIT marca
las nuevas directrices de la Organización
El Consejo de Administración dio curso a una resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio con miras a reforzar la estructura tripartita de la Organización (de 83 años de antigüedad), y a promover la función de los representantes de los empleadores y de los trabajadores. En la resolución relativa al diálogo social y el tripartismo, se reafirma la importancia de la naturaleza tripartita de la OIT, que convierte a esta institución en un caso único entre los organismos mundiales, en cuanto que las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden participar en condiciones de igualdad con los gobiernos en la formulación de políticas y programas.
Leroy Trotman, portavoz del grupo de los trabajadores en el Consejo de Administración, aludió a la resolución como un medio de "salvar la brecha existente entre el compromiso de la OIT con las normas y la ejecución de éstas en la práctica. La resolución permitirá llevar el tripartismo al ámbito nacional". El Sr. Funes de Rioja, en nombre del grupo de los empleadores, insistió en la necesidad de consolidar las estructuras tripartitas de la OIT y de garantizar que ésta colabore con los mandantes de la Organización y trabaje en su favor".
En la Resolución se invita a los gobiernos de los Estados miembros a garantizar que existan las condiciones previas necesarias para el diálogo social, incluidas las que atañen al respeto del derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, a unas relaciones laborales adecuadas y al respeto del papel desempeñado por los interlocutores sociales. Se insta además a los gobiernos, así como a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, a promover y potenciar el tripartismo y el diálogo social, sobre todo en sectores en los que la aplicación de tales principios es escasa o nula.
En particular, los interlocutores sociales deben intervenir en "un proceso consultivo significativo en el contexto de las reformas laborales". A fin de potenciar la capacidad de las administraciones laborales y las organizaciones de trabajadores y de empleadores para participar en el diálogo social, en la resolución se insta a la OIT a llevar a cabo estudios exhaustivos sobre esta cuestión, en colaboración con los mandantes de la Organización.
Con la resolución se pretende asimismo mejorar el modo de funcionamiento de la OIT. Se aboga por una consolidación de las estructuras tripartitas de la Oficina, así como por una consulta tripartita apropiada cuando se seleccionen las organizaciones de la sociedad civil con las que se colaborará.
En el marco de la resolución sobre tripartismo, los delegados aprobaron diversas propuestas de medidas concretas, como las "auditorías sobre el diálogo social" y los exámenes de actividades esenciales de la OIT en sus cuatro sectores técnicos, que se efectuarán aplicando los conocimientos especializados y el mandato específico del Sector de Diálogo Social de la OIT y sus unidades. La finalidad de tales auditorías es adoptar las buenas prácticas sobre diálogo social en las actividades de la OIT encaminadas a ejecutar el Programa de Trabajo Decente, en beneficio de los mandantes tripartitos. El Consejo de Administración solicitó al Director General la puesta en marcha de un plan de acción general e intersectorial para fortalecer el tripartismo y el diálogo social en toda la Oficina.
El último informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT
cita entre otros países a Belarús, Colombia y Zimbabwe
GINEBRA - Belarús, Colombia, Ecuador, Venezuela y Zimbabwe figuran entre los casos graves y urgentes citados por el Comité de Libertad Sindical en su último informe, adoptado por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en su 285ª reunión, por violaciones graves del principio de libertad sindical y de los derechos sindicales.
En su informe cuatrimestral 2
presentado al Consejo de Administración, el Comité hizo especial hincapié en el caso de Belarús, en el que observó con gran alarma la ausencia de avances en la aplicación de recomendaciones anteriores y un grave deterioro del respeto de los derechos sindicales en el país.El Comité reiteró las recomendaciones de que se facilitara información sobre la necesidad de enmendar el decreto presidencial núm. 8 "a fin de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan beneficiarse libremente, y sin autorización previa, de la asistencia que puedan prestar las organizaciones internacionales para actividades compatibles con la libertad sindical".
El Comité manifestó igualmente su preocupación por las medidas que parecían constituir una manipulación del movimiento sindical y que podrían causar dificultades financieras para las organizaciones sindicales y socabar aún más el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus propios representantes. Afirmó que lamenta ciertas aseveraciones contenidas en el discurso pronunciado por el Presidente de Belarús ante la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) en septiembre de este año, que "representan un claro intento por transformar al movimiento sindical en un instrumento al servicio de objetivos políticos".
Con respecto a las elecciones celebradas recientemente para elegir al Presidente de la Federación de Sindicatos de Belarús, en que resultó vencedor el ex Director Adjunto de la Administración Presidencial, así como en otros sindicatos sectoriales y regionales, el Comité instó al Gobierno a efectuar de inmediato una investigación independiente sobre las acusaciones de injerencia del Gobierno, al objeto de rectificar todo efecto de tal intervención, incluida, si fuese necesaria, la celebración de nuevas elecciones.
Por último, el Comité pidió a su Presidente que se pusiera en contacto con los representantes gubernamentales de Belarús con miras a transmitir la gran preocupación del Comité sobre las cuestiones relativas a este caso.
En el caso de Colombia, el Comité señaló que si bien la violencia afecta a todos los sectores de la población, se sentía en la obligación de expresar su "honda preocupación por la situación de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas". Reiteró que "la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, y en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona".
En el informe se enumeran las acusaciones de tentativas de homicidio, secuestros y amenazas que indican que la situación de violencia en Colombia sigue siendo extremadamente grave. Incluso el Gobierno, en su respuesta, había señalado que la situación, lejos de mejorar, empeora.
Desde el último examen del caso, realizado en junio de 2002, se ha informado al Comité de 45 casos de homicidio, 37 de secuestro y 9 de tentativa de homicidio. El Comité observó que los hechos parecen indicar que las medidas adoptadas no son suficientes para poner fin a la violencia dirigida contra dirigentes sindicales o para reducirla. Lamentó que, a pesar de sus numerosas solicitudes, el Gobierno no ha dado a conocer hasta la fecha ninguna condena impuesta a los responsables del asesinato de sindicalistas.
El Comité instó al Gobierno a hacer todo lo que le esté en sus manos para lograr resultados comprobables en el desmantelamiento de grupos paramilitares y otras unidades revolucionarias violentas, así como a adoptar las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y sancionar a todos los responsables de los innumerables actos de violencia.
Como resultado de las graves acusaciones de violación del derecho de huelga en Ecuador, incluida la invasión de plantaciones por parte de cientos de hombres armados y encapuchados que hirieron a doce trabajadores y acosaron a trabajadoras, el Comité decidió considerar este caso entre los de naturaleza especialmente grave y urgente.
El Comité tomó nota además del énfasis puesto por las organizaciones querellantes en cuanto a la responsabilidad de los empleadores en estos actos. Si bien tomó nota de algunas medidas adoptadas ya por el Gobierno, el Comité instó a éste a que se asegurara de que se inicie de inmediato una investigación y un proceso judicial para esclarecer los hechos, definir responsabilidades, sancionar a los culpables, otorgar indemnizaciones y evitar que se repitan estos actos.
El caso de Venezuela se refería a las acusaciones de despido improcedente de 3.500 trabajadores en el gobierno regional del estado de Trujillo con ocasión de la reorganización de esta institución. Aunque se dictaron órdenes para readmitir en su puesto de trabajo a algunos de estos trabajadores, la entidad regional no las cumplió. En consecuencia, el Comité instó al Gobierno a que velara por el cumplimiento de estas órdenes y le pidió que llevara a cabo una investigación independiente con carácter de urgencia para esclarecer las razones del despido masivo y que, si resultase que éste se debió a motivos antisindicales, se cerciorara de que dichos trabajadores sean readmitidos y se les paguen los salarios que les correspondan.
En el caso de Zimbabwe, el Comité examinó lo ocurrido cuando unos representantes de la policía de esta República irrumpieron en la sede del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) vestidos de paisano y amenazaron con usar la fuerza para disolver la reunión si no se les permitía la entrada en los locales. Finalmente, se impidió al ZCTU que siguiera adelante con la reunión programada.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de Zimbabwe consideró que la policía no tenía derecho a controlar la reunión y dictó una orden por la cuál se prohibía a la policía asistir a reuniones del consejo general del ZCTU, el Comité pidió al Gobierno que, en el futuro, velara por el respeto de los principios de no injerencia por parte de las autoridades en las reuniones y asuntos internos de los sindicatos, así como por la ejecución de la decisión del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la intervención de la policía. Además, el Comité tomó nota con honda preocupación de las acusaciones relativas a la intención de las autoridades de retirar la inscripción en el registro del ZCTU y de la actitud antisindical adoptada antes de la campaña electoral y durante ésta, e instó firmemente al Gobierno a que se abstuviera de tomar medidas en este sentido.
En el caso de Japón, las acusaciones aludían a la reforma actual y futura del servicio público del país. El Comité recordó que el derecho de organizarse se distingue del derecho de huelga, e instó al Gobierno a que enmendara su legislación para que el personal dedicado a la extinción de incendios y los funcionarios de prisiones tuvieran derecho a constituir las organizaciones de su elección. Con respecto a la prohibición general del derecho de huelga para los funcionarios, el Comité recomendó que el Gobierno reconsiderara su intención de mantenerla y le pidió que enmendara su legislación para que sea conforme con los principios de libertad sindical a este respecto.
En lo tocante a la negociación colectiva, el Comité recordó que a los funcionarios públicos debe asistirles el derecho a llevarla a cabo, con la excepción posible de las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que intervienen directamente en la administración del Estado, y pidió al Gobierno que armonizara su legislación de conformidad con estos principios. Por último, el Comité recomendó encarecidamente que se celebren en breve consultas francas, sin trabas y significativas con todas las partes interesadas, con el fin de tratar los motivos y el fundamento de la reforma de la función pública para lograr un consenso más amplio sobre esta cuestión y procurar la conformidad de la legislación con los principios de la libertad sindical.
2 Informe del Comité de Libertad Sindical, Consejo de Administración, OIT, noviembre de 2002, documento GB.285/9.