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Noticias breves
El abuso de sustancias
en el trabajo
Los sectores público y privado se alían contra el consumo
de bebidas y drogas en el lugar de trabajo
En la actualidad, el abuso de drogas y alcohol en el trabajo afecta a todos los países con independencia de su grado de desarrollo, genera costes económicos y de tiempo a las empresas y pone en peligro a los trabajadores consumidores y a sus compañeros. Recientemente, en un intento por poner coto al problema, representantes del sector privado se reunieron en Suecia con los de organismos del sector público, incluida la OIT, para debatir esta cuestión.
Del 9 al 12 de mayo, 200 representantes de trabajadores, gobiernos y empresas en su mayoría europeos se reunieron en Sundsvall, Suecia, para intentar derribar el muro de silencio levantado ante el problema del abuso de sustancias en el trabajo. Elaboraron planes para integrar su prevención en los programas de calidad y seguridad en el lugar de trabajo, ampliar los servicios de apoyo destinados a los empleadores, crear redes entre las empresas, mejorar la cooperación entre éstas y la comunidad y promover la colaboración con los centros docentes.
La "Cuarta Conferencia Internacional del Sector Privado sobre las Drogas en el Lugar de Trabajo y la Comunidad" forma parte de una serie de reuniones propuestas hace seis años y organizadas conjuntamente por la OIT, el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), el Consejo Sueco para el Tratamiento de las Cuestiones Relativas al Alcohol y los Narcóticos (ALNA) y la alianza Sundsvall de los sectores público y privado en Suecia.
Los estudios indican que entre el 20 y el 25 por ciento de los accidentes en el lugar de trabajo y en torno al 30 por ciento de los fallecimientos vinculados a la actividad laboral están relacionados con el consumo de drogas y alcohol. Incluso las pequeñas cantidades ingeridas horas antes de iniciar la jornada resultan peligrosas. En un estudio efectuado en Estados Unidos, varios pilotos de línea aérea utilizaron un simulador en tres condiciones de influencia del alcohol. Antes de beber, sólo un 10 por ciento no consiguió ejecutar todas las operaciones con corrección. Con una concentración de alcohol en sangre de 0,10/100 ml, la proporción se disparó hasta el 89 por ciento. Catorce horas más tarde, período de tiempo en el que el alcohol había abandonado su organismo, un 68 por ciento de los pilotos siguió cometiendo errores.
Los participantes se mostraron de acuerdo respecto al hecho de que la presión ejercida por los compañeros es fundamental para reducir el abuso de sustancias en el trabajo y decidieron proponer la creación de una red de corporaciones que faciliten la puesta en común de información y la prestación de apoyo. "El sector privado puede ayudarnos a ayudarles", señaló Behrouz Shahandeh, consejero de la OIT en materia de drogas y alcohol. "Ellos saben lo que tiene importancia para la alta dirección de las empresas. Los compañeros pueden lograr que las cosas cambien mejor que los asesores."
Estableciendo sus propias relaciones y manteniéndose en contacto tras la reunión, las empresas pueden desarrollar los recursos que necesitan y evitar solicitar ayuda de la administración. Los participantes convinieron asimismo en ayudar a introducir en los programas de formación de directivos cuestiones relativas al abuso de drogas y alcohol.
El abuso de drogas y alcohol en el trabajo es peligroso y provoca deterioro del rendimiento, absentismo, accidentes e, incluso, la muerte. Además, cuesta dinero. Los estudios indican que en Estados Unidos, por ejemplo, los incidentes relacionados con el consumo de alcohol cuestan a la economía unos 100.000 millones de dólares al año, incluidos los 77.000 millones correspondientes a la pérdida de productividad.
Los consumidores de este tipo de sustancias solicitan prestaciones por enfermedad en una proporción hasta tres veces superior a la media y presentan un número de demandas en este sentido cinco veces superior al del resto de los trabajadores. Su absentismo es de dos a tres veces mayor. Además, un estudio efectuado en General Motors puso de manifiesto que los empleados que utilizaban drogas tenían 40 días de baja por enfermedad al año, frente a los 4,5 de los no consumidores.
A las repercusiones económicas deben añadirse los costes humanos: el deterioro de la salud, la pérdida del empleo, los problemas familiares, los efectos sobre los niños y la violencia doméstica. En las familias más desfavorecidas, la carga puede ser aún mayor, ya que los ingresos imprescindibles para costear la alimentación y la vivienda se desvían al pago de bebidas y drogas. En los casos extremos, el abuso de sustancias puede obligar a los niños a trabajar, ya que éstos deben asumir el papel de sostén de la familia si sus padres pierden el empleo.
La reunión se centró en el abuso de sustancias en Europa, donde la ingestión de alcohol es un hábito profundamente enraizado en la sociedad y el consumo de drogas en general, y de anfetaminas en especial, aumenta. En Sundsvall, sede de la conferencia, la administración local, las fuerzas sindicales y las empresas han aunado sus fuerzas con el fin de prevenir el consumo de estas sustancias en el trabajo y ayudar a los trabajadores rehabilitados a reincorporarse a sus puestos. En los Países Bajos, los problemas relacionados con el alcohol, las drogas y los fármacos deben incluirse en los inventarios de riesgos empresariales. Otros países como Bélgica y España han promulgado leyes que implican a los trabajadores y a los servicios de prevención en la evaluación de los riesgos en el trabajo. En muchos países, la venta de alcohol en el lugar de trabajo ha sido restringida, aunque rara vez se prohíbe.
En cambio, un reciente estudio efectuado en Bélgica puso de relieve que más del 60% de las empresas carecía de una política formal respecto al consumo de drogas y alcohol. Los resultados de una encuesta realizada entre más de 400 compañías francesas con más de 50 empleados indican que un 70% de las empresas no ha formulado políticas específicas de actuación en los casos de consumo de alcohol. En Portugal, sólo algunas empresas han desarrollado políticas en este sentido, mientras que en Grecia no se ha registrado ningún caso.
A pesar de su gravedad, algunas empresas siguen optando por obviar la cuestión. Niegan su existencia y continúan haciéndose cargo de los gastos que genera. "A menudo es una cuestión de imagen", señala el Sr. Shahandeh. En su opinión, es posible que, externamente, se considere que las compañías que aplican programas de prevención del consumo de drogas y alcohol tienen un problema, y sus productos podrían ponerse en cuestión. En algunos casos, los propios responsables de la toma de decisiones consumen estas sustancias, lo que dificulta la adopción de las medidas necesarias.
La mayoría de los expertos convienen en que la solución para el abuso de sustancias es la acción temprana. La prevención permite abordar el problema antes de su consolidación. En Ontario, Canadá, una ampliación de los programas de salud y asistencia destinados al conjunto de los trabajadores dio lugar a la reducción del consumo de alcohol en un 19% y de los casos de cirrosis y fallecimientos en un 33%. Los resultados en materia de rehabilitación son igualmente extraordinarios. En un estudio efectuado en Ohio, Estados Unidos, el tratamiento redujo el absentismo en un 91%, el número de problemas con supervisores en un 88%, los errores en el trabajo en un 93% y las lesiones profesionales en un 97%.
El marco para la puesta en marcha de iniciativas de prevención y rehabilitación ya existe. El Repertorio de recomendaciones prácticas 1 de la OIT, adoptado en 1995, contiene consejos prácticos destinados a aquéllos que se ocupan de abordar los problemas relacionados con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo. Insta a los empleadores y los trabajadores a desarrollar políticas conjuntamente y a definir el abuso de sustancias como un problema de salud que requiere tratamiento como otras enfermedades, recomienda la consideración de este problema en prácticas de gestión de mayor alcance y esboza la ética aplicable a la sanción de los consumidores de alcohol y drogas.
A mayor escala, en la Declaración de UN sobre los principios rectores para la reducción de la demanda de drogas 2, adoptada en 1998, se destaca la importancia de contar con la participación en el debate de todas las partes interesadas: sector privado, administración, ONG, organizaciones de empleadores y de trabajadores, padres, personal docente, profesionales de la salud y grupos juveniles y comunitarios.
- Leyla Alyanak para Trabajo.
1 The ILO Code of Practice on the Management of Alcohol- and Drug-related issues in the Workplace. OIT, 1996, ISBN 92-2-109455-3. (Disponible asimismo en francés y en español).
2 Declaración de NU sobre principios rectores para la reducción de la demanda de drogas, adoptada por la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a contrarrestar conjuntamente el problema de la droga en el mundo, 8 a 10 de junio de 1998.
La OIT pone en marcha un nuevo programa
La OIT pone en marcha el primer programa nacional de lucha contra el trabajo infantil en Albania, donde, en opinión de los responsables del proyecto, los años de declive económico, unidos a la reciente crisis de los Balcanes, agravan una situación que ya era precaria para numerosos niños. El programa será ejecutado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).
Desde el inicio de la década de 1990, Albania, la nación más pobre de Europa, ha asistido a la explosión del trabajo infantil. Mendigando, recurriendo a la prostitución para sobrevivir, emigrando a Italia o Grecia para vender pañuelos de papel y otros productos de poco valor, lavando coches o realizando otras tareas menores, miles de niños abandonados luchan por ganarse la vida a duras penas de la mejor forma que pueden.
El desmoronamiento de la administración civil albanesa ha dado lugar a que los padres no tengan que seguir enviando a sus hijos al colegio. En algunas regiones del país, el miedo a las "vendettas" y a los litigios entre familias o grupos rivales obliga a miles de niños a ocultarse y a evitar la asistencia a las aulas. Los informes disponibles indican que algunos de ellos son utilizados como moneda de cambio en operaciones de tráfico sexual y de drogas con otros países. De acuerdo con un estudio, el porcentaje de niños de algunos barrios de Tirana poblados por emigrantes desfavorecidos que ocupan ilegalmente su vivienda no supera el 7 por ciento.
En un intento por remediar esta situación, la OIT, mediante la aplicación de su herramienta de lucha contra el trabajo infantil, se propone prestar "ayuda directa" a un número aproximado de 10.000 niños. Según los encargados del proyecto, este número se elevará. Aunque no se han recogido datos sistemáticos sobre el trabajo infantil en Albania, los funcionarios de la administración creen que el problema se agrava. El IPEC señala que se multiplican los casos de niños obligados a abandonar la escuela y desempeñar trabajos a tiempo completo.
"Las enormes pérdidas económicas experimentadas por la mayoría de las familias albanesas en los últimos años, unidas a la crisis actual en los Balcanes, alejan inevitablemente de las aulas a un número aún mayor de niños, y les obligan a asumir su destino en los campos, las fábricas o en las calles", señala Werner K. Blenk, Director del Programa IPEC. "El IPEC ha observado que, hasta la fecha, no se ha emprendido ninguna acción de alcance general con el fin de evitar la explotación comercial de los niños albaneses. Sólo unas pocas asociaciones, organizaciones no gubernamentales y personas han puesto en marcha iniciativas limitadas, con resultados desiguales".
Niños albanos: De corta edad,
sin escolarizar y con miedo
A raíz del desmoronamiento de la administración albanesa en 1991, los padres dejaron de estar obligados a enviar a sus hijos al colegio, lo que ha dado lugar a una caída de los niveles de matriculación escolar. A su vez, este descenso es indicativo de un aumento del número de niños que trabajan.
En las áreas rurales, los niños se quedan en casa para ayudar en las labores del campo y en el cuidado de los animales domésticos.
En las ciudades, un número cada vez mayor de niños vende cigarrillos, cintas de música y otros artículos de escaso valor en las calles. En las regiones septentrionales del país, el miedo a las "vendettas" disuade a los alumnos de asistir a clase.
El Programa Nacional desarrollado por el IPEC comprenderá:
Aunque el "Convenio sobre las peores formas del trabajo infantil de 1999" acaba de ser adoptado por los Estados miembros de la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio, varias de sus disposiciones ya son aplicables en Albania. Los responsables del IPEC señalan que en el nuevo programa se contemplará la aplicación de las definiciones de las "peores formas" del trabajo infantil recogidas en el Convenio, incluida la prohibición de la utilización de los menores de 18 años para la prostitución y el tráfico de drogas, así como en trabajos que les produzcan daño físico o moral. Además, las disposiciones del nuevo Convenio que instan a la rehabilitación de los niños (desde un punto de vista físico y psicológico) serán de las primeras en aplicarse.
Para Blenk, "las instituciones nacionales y locales se encuentran en una situación de extrema precariedad en estos momentos y necesitan una revitalización importante y el reciclaje profesional de su personal. La experiencia indica que la crisis actual tendrá graves consecuencias para los niños a largo plazo".
Robert SanGeorge, IPEC Ginebra.
El fomento del empleo en el marco de los programas
de reconstrucción: Experiencias sobre el terreno
Los efectos devastadores de catástrofes naturales como El Niño y el huracán Mitch han legado a numerosos países de América Latina la difícil tarea de reconstruir su infraestructura. Con independencia de lo tedioso y arduo que resulte el empeño, con un programa de reconstrucción bien orientado puede lograrse el grado de rehabilitación requerido, así como la prestación de una atención renovada a la política de empleo y un cambio en la actitud respecto a los procedimientos de contratación con el sector privado.
La OIT aboga por una ejecución de las obras públicas basada en una utilización intensiva de la mano de obra, a menudo mediante el recurso a pequeños contratistas locales. Este planteamiento garantiza un mejor rendimiento de la inversión, ya que no sólo permite la culminación de la obra planteada, sino que brinda una oportunidad de empleo a un gran número de personas.
El proyecto "Promoción de métodos intensivos en la utilización de empleo en las inversiones públicas" comenzó en 1998 previsto para un período de dos años (1998 y 1999), y su ejecución corre a cargo del MDT andino (Lima, Perú), con el apoyo técnico del Departamento de Políticas de Desarrollo de la OIT (POLDEV), de Ginebra. El proyecto, cuyo ámbito de aplicación comprende Bolivia, Ecuador y Perú, permite a la OIT consolidar su actividad en una región en la que el Programa Intensivo de Empleo (PIE) no había intervenido en muchos años. Parece que su reaparición ha sido oportuna.
Aunque los tres países mencionados registraron tasas de crecimiento económico aceptables en la primera mitad de la presente década, los porcentajes de desempleo y subempleo no han experimentado una reducción sustancial. Sus economías no han podido transformar el crecimiento referido en un número suficiente de puestos de trabajo de calidad.
Entre las razones de esta deficiencia cabe señalar que los sectores caracterizados por una utilización intensiva del capital lideraron el crecimiento sin crear una gran cantidad de empleos nuevos y que la pauta de éste fue irregular en el tiempo y no generó un período sostenido de índices de crecimiento superiores al 5 por ciento.
Además, el contexto de estos países sigue marcado por los efectos de los programas de ajuste estructural, aunque su intensidad es variable. Perú, por ejemplo, adoptó las reformas requeridas a principios de la década de 1990 y ya se ha recuperado de las crisis iniciales, mientras que Ecuador acaba de empezar en esta tarea. Aunque no cabe duda de que tales reformas y ajustes eran necesarios, debieron aplicarse en combinación con programas paralelos encaminados a la atenuación de los problemas sociales que generaron. Sin embargo, esta precaución no siempre se ha tomado.
A estas dificultades estructurales se han añadido problemas más inmediatos como la corriente El Niño, los efectos de las crisis asiática y rusa y el reciente problema financiero de Brasil. Esta combinación de factores ha reducido las esperanzas de lograr el crecimiento económico en un futuro cercano. La reciente crisis financiera de Ecuador es una señal de la gravedad de la situación y pone de manifiesto la necesidad, aparte de las reformas requeridas, de formular políticas de empleo activas.
Dentro de la gama de posibles recomendaciones en materia de formulación de políticas, el sector de la construcción y las infraestructuras ofrece un considerable potencial para la generación de empleo. Las causas que justifican tal recomendación son la importancia fundamental de la infraestructura en el desarrollo general, el peso relativo del sector en el producto nacional y la posibilidad que ofrecen algunas obras de ajustar la relación entre capital y trabajo a favor de este último. Precisamente en esta opción se centra el proyecto de la OIT.
El proyecto inició sus actividades en enero de 1998 y se fijó como objetivo en un primer momento la promoción del concepto propugnado por el PIE, procurando la sensibilización al respecto de las partes interesadas en los países contemplados en la iniciativa. La situación antes mencionada de problemas estructurales y coyunturales ha generado un interés cada vez mayor por las políticas de inserción del nutrido grupo de subempleados y desempleados. Cada vez es mayor el convencimiento de que una utilización más racional de los fondos asignados a las obras de infraestructura, la contratación de pequeñas empresas locales y el empleo de recursos localmente disponibles puede tener un efecto positivo sobre el empleo.
No obstante, quedó claro que el grado de sensibilización respecto a las intervenciones intensivas en la utilización de mano de obra y la aplicación de éstas difiere sustancialmente entre los tres países. Mientras que en Perú ya existía un programa de este tipo para el mantenimiento de vías rurales (Programa Caminos Rurales, financiado por el BIRD, el BID y el gobierno peruano) con el que podía asociarse el proyecto, en Bolivia y Ecuador no se habían emprendido actividades similares. La segunda prioridad del proyecto fue la determinación de las áreas de asistencia técnica en las que su aplicación podría generar un valor añadido. Este objetivo ha dado lugar a la creación de diversos productos nacionales y subregionales.
La principal ventaja de las tecnologías basadas en la utilización intensiva de mano de obra consiste en la obtención de una mayor tasa de rendimiento de las inversiones en infraestructura: no sólo se completan las obras con arreglo a normas técnicas y presupuestarias, además, el sector privado local participa en actividades productivas en áreas en las que, en general, las alternativas para la generación de empleo son escasas. Por otra parte, la utilización de recursos humanos y materiales disponibles en la comunidad estimula la economía local y fomenta la autodependencia.
Es importante tener en cuenta que no todas las actividades de la construcción o las obras de infraestructura son adecuadas para el planteamiento de un PIE. No obstante, cuando su aplicación resulta viable, el concepto encaja a la perfección en una estrategia de desarrollo general y contribuye a una distribución de la renta más equitativa. Otra de las cuestiones de las que se ocupa el proyecto alude a la posibilidad que se brinda al país de ahorrar grandes cantidades de dinero mediante un mantenimiento adecuado de la infraestructura. La contratación de pequeñas empresas para mantener carreteras y garantizar su duración es mucho más barata que tener que reconstruirlas a los cinco años por falta de conservación.
La reconstrucción resulta extremadamente cara y los países deben ser conscientes del círculo vicioso que representa. Resulta más productivo dedicar fondos al mantenimiento, ofreciendo de este modo incentivos y oportunidades de empleo a los trabajadores autóctonos y al sector privado local. Es igualmente importante lograr un cambio de actitud de los responsables de la adopción y la aplicación de decisiones, de modo que puedan juzgar con propiedad qué tecnología, ya sea basada en la utilización de capital, de mano de obra o en una combinación de ambos factores, resulta adecuada en cada caso de inversión. Podría ser necesario incluso adaptar la legislación, ya que, en algunos países, los obstáculos de carácter legal impiden que los pequeños contratistas accedan a los contratos de obras públicas.
El interés por los programas del PIE, así como la demanda de ayuda que genera, aumentan. Esta tendencia no se observa únicamente en los tres países comprendidos en el proyecto de la OIT, sino en el conjunto del continente. En la situación económica actual, no cabe duda de que el planteamiento del PIE puede contribuir positivamente a la atenuación del problema de la pobreza.
Cabe destacar asimismo que Colombia, uno de los pocos países de América Latina en los que la OIT ha intervenido anteriormente en este campo, ha institucionalizado la experiencia y ha adoptado una política sistemática de contratación de pequeñas empresas locales para el mantenimiento de carreteras. Otros países recurren con frecuencia a este modelo en su búsqueda de soluciones prácticas a los problemas del desempleo y el subempleo. Es importante señalar una tendencia cada vez mayor en el continente a proponer programas similares al PIE respaldados por la financiación de donantes internacionales (además de Perú, Guatemala y Nicaragua). Aunque no ha participado desde su inicio, la experiencia en Perú ha puesto de manifiesto que la OIT puede desempeñar un papel significativo y valorado en la prestación de asistencia técnica respecto a cuestiones relacionadas con su misión. Los responsables de los programas referidos, los ministerios encargados de las políticas de empleo y de las cuestiones laborales y, por supuesto, la OIT tienen un interés común en la aplicación eficaz y la posterior institucionalización del concepto del PIE.
Fuente: El Programa Intensivo de Empleo (PIE), OIT/POLDEV.
La OIT y la Unión Interparlamentaria
unen sus fuerzas
La Oficina Internacional del Trabajo y la Unión Interparlamentaria
firman un acuerdo de cooperación
La Oficina Internacional del Trabajo y la Unión Interparlamentaria han firmado hoy un acuerdo para fortalecer la cooperación entre ambas y adoptar medidas prácticas encaminadas a promover la justicia social, los principios democráticos y los derechos humanos.
Según los términos del acuerdo suscrito por Juan Somavia, Director General de la OIT, Miguel Ángel Martínez, Presidente del Consejo Interparlamentario de la UIP, y Anders B. Johnsson, Secretario General de la UIP, las dos organizaciones convienen en trabajar para promover la ratificación y la entrada en vigor de los instrumentos legales internacionales adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, incluida la Declaración relativa a los Principios y los Derechos Fundamentales en el Trabajo aprobada por la Conferencia el año pasado.
"La Unión Interparlamentaria contribuye a garantizar que las leyes seguirán siendo unos instrumentos modernos y dinámicos que conduzcan a un cambio positivo como respuesta a las cambiantes necesidades sociales de las personas", ha declarado Juan Somavia. "En términos políticos, este acuerdo nos permite llegar mejor a miles de parlamentarios y a millones de votos libremente expresados con el fin de avanzar en el logro de la justicia social, de mejorar la protección y las condiciones de trabajo de los trabajadores y de promover los principios de la democracia."
El acuerdo tiene por objetivo fortalecer futuras acciones conjuntas para promover la consideración legislativa de una larga serie de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre temas como la erradicación del trabajo de los niños, las medidas para garantizar el derecho de los trabajadores a la libertad sindical y a la negociación colectiva y la supresión de la discriminación y de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, entre otros. Creará asimismo nuevos lazos entre los dos organismos en forma de consultas , intercambio de información y representación mutua en las respectivas conferencias y reuniones.
La Unión Interparlamentaria fue creada en 1889 y es la organización mundial de los parlamentos de los Estados soberanos. La UIP reúne a los representantes de 138 parlamentos para el estudio de las cuestiones de importancia internacional en los terrenos político, legal, económico, social y cultural, y trabaja por la paz y la cooperación entre los pueblos y por la implantación firme de la democracia representativa.
Fuente: Comunicado de prensa OIT/99/14.
El reto de las negociaciones laborales en las nuevas
condiciones de trabajo
La introducción e implantación a gran escala de las tecnologías de la información y la comunicación unidas al creciente desarrollo del denominado teletrabajo constituyen un reto para las organizaciones de trabajadores y de empresarios. Alan McCluskey, experto en Internet, afirma que dicho reto ha sido asumido recientemente por el consorcio MIRTI ("Models of Industrial Relations in Telework", Modelos de Relaciones Laborales en el Teletrabajo) en el contexto del programa de aplicaciones telemáticas de la Unión Europea.
Si uno de sus cometidos tradicionales en la sociedad es la defensa de los intereses de los trabajadores en las relaciones laborales, ¿cómo va a abordar la proliferación de nuevas formas de trabajo?
Si los miembros de las plantillas de las empresas que forman parte de su organización han desarrollado su actividad hasta la fecha en las instalaciones de la misma cumpliendo jornadas de trabajo regulares, ¿cómo piensa responder a la tendencia a la individualización y la flexibilidad en cuanto a horarios y lugares de trabajo en el contexto de las negociaciones con las organizaciones de trabajadores?
El consorcio MIRTI se creó a iniciativa del Instituto Europeo de Estudios Sociales, con sede en Roma. Otros miembros fundadores del consorcio fueron entidades industriales como Saritel en Italia, IBM Austria y Telehaus Wetter en Alemania, así como organizaciones de trabajadores como Workers' Educational Association Telematics Centre, con sede en Manchester, y centros de investigación como IUK Dortmund.
En respuesta al reto planteado, el consorcio MIRTI optó por adoptar una forma de gestión del conocimiento en un intento por afrontar la declarada revolución del conocimiento con sus propios medios. Entre 1996 y 1998, el consorcio se ocupó del estudio de lo previamente realizado en materia de negociación laboral respecto a las condiciones de teletrabajo, con el fin de ampliar los datos disponibles sobre este tipo de experiencias y aprender de ellas.
A tal efecto, se examinó la utilización de Internet como herramienta para el debate y la sensibilización. El consorcio limitó su actividad a la cuestión de las negociaciones industriales sobre teletrabajo, aunque, para abordar este objetivo, fue necesario optimizar el conocimiento del teletrabajo en sí.
Tras identificar los experimentos de teletrabajo llevados a cabo en las empresas y las ciudades estudiadas con el fin de analizar las múltiples facetas de la cuestión, el consorcio entrevistó a las personas pertinentes y obtuvo copias de sus acuerdos contractuales. Basándose en estas entrevistas, se elaboraron estudios de caso.
Para dar coherencia a su labor y facilitar su divulgación, el consorcio MIRTI definió varias categorías de públicos potenciales destinatarios de su trabajo: empleados, grandes empresas, PYME, trabajadores autónomos, iniciativas locales, autoridades locales y organismos públicos. Determinaron los aspectos de los estudios de caso que probablemente fuesen de interés para las distintas categorías establecidas. Entre los temas elegidos figuraban la jornada de trabajo, la protección de datos, las normas relativas a los programas informáticos, el control de la gestión y las disposiciones sobre extinción de la relación contractual.
Respecto a cada público destinatario, el material se presenta clasificado en función de los tipos de teletrabajo y los pasos para acceder a éste, y se incluyen una lista de comprobación, estudios de caso y contratos. Se ofrecen referencias cruzadas mediante la disposición de hipertexto, de forma que un par de clics con el ratón bastan para que el usuario localice los datos pertinentes. Los resultados se encuentran disponibles en un "Manual" en versiones inglesa, francesa, alemana, española e italiana accesible en Internet (www.telework-mirti.org).
La naturaleza del Manual MIRTI plantea algunas dudas. En primer lugar, ¿en qué medida puede generalizarse la experiencia contenida en los estudios de caso a diversas circunstancias? ¿Cuál será su aplicabilidad en el futuro, cuando la tecnología y la cultura pueden haberse transformado? Estas limitaciones son las características de todo sistema de conocimiento con el que se pretende fijar éste en un momento y un contexto determinados.
En segundo lugar, la tarea de concepción y redacción de los estudios de caso no fue acometida necesariamente por los propios interesados. En este sentido, ¿cuál es la pertinencia de tal perspectiva externa y de los términos utilizados para expresarla? Este es el dilema que se plantea al generar información especializada e intentar con posterioridad transmitirla a legos en la materia, en lugar de ayudar a los interesados a desarrollar su propia información.
A pesar de estos inconvenientes, el Manual MIRTI constituye un verdadero avance, de considerable utilidad para aquellos que afrontan el desarrollo y la gestión del teletrabajo.
Alan McCluskey es director de "Connected",
un boletín de noticias on-line.