El Consejo de Administración expresó su descontento por la ausencia de medidas de aplicación de las recomendaciones formuladas en 1998 por una Comisión de Encuesta, en las que se documentaba "el uso generalizado del trabajo forzoso impuesto a la población civil de todo Myanmar por parte de las autoridades". El Consejo pidió al Director General que se pusiera nuevamente en contacto con el Gobierno de ese país para indagar sobre las medidas eventualmente adoptadas y reiterar su ofrecimiento de asistencia técnica en la materia.

Se pidió al Director General que aportase sus hallazgos en un informe escrito que presentaría no más tarde del 21 de mayo de 1999 y en el que se tomarían en consideración la información suministrada por el Gobierno, así como la procedente de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y de otras fuentes fiables.

El Consejo acordó, asimismo, incluir en el orden del día de la reunión de noviembre un punto sobre "Medidas, incluyendo las recomendaciones previstas en el artículo 33 de la Constitución de la OIT, destinadas a lograr el cumplimiento por parte del Gobierno de Myanmar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta". El artículo 33 faculta a la OIT para adoptar las medidas precisas para lograr el cumplimiento de las recomendaciones de una Comisión de Encuesta.

El Consejo de Administración acordó someter formalmente a la aprobación de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (1-17 de junio de 1999) un presupuesto de 481.050.000 millones de dólares de Estados Unidos para financiar la actividad de la OIT en todo el mundo durante el período 2000-2001.

En el proyecto actual se incrementan los fondos destinados a todos los programas regionales, especialmente a los de África y Asia. En el proyecto de presupuesto para el 2000-2001, el ahorro neto de costes ha hecho posible un ligero incremento en términos reales de 785.000 dólares, en comparación con la suma del bienio en curso, de 1998-1999, ahorro que se aplicará a la ejecución de proyectos sustantivos.

Tanto el programa como el presupuesto de la Organización se orientan a centrar la actividad de la OIT en cuatro objetivos estratégicos para el cambio de siglo: promover y hacer efectivos los principios y derechos fundamentales en el trabajo; generar nuevas oportunidades para que hombres y mujeres logren un empleo y unos ingresos decentes; mejorar la cobertura y la efectividad universales de la protección social; y reforzar el sistema tripartito y el diálogo social.

Dentro de cada objetivo estratégico, un número de programas internacionales absolutamente prioritarios (InFocus) permitirán concentrar e integrar las actividades en curso y satisfacer, al mismo tiempo, las nuevas necesidades y exigencias. Entre estos programas (InFocus) se incluyen la difusión de la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la erradicación progresiva del trabajo infantil, la inversión en reconstrucción y generación intensiva de empleo, la seguridad económica y social en el próximo siglo, el fomento del empleo mediante el desarrollo de la pequeña empresa, la salud y seguridad en el trabajo, la inversión en el fomento de conocimientos, destrezas y capacidad de empleo, y el fortalecimiento del diálogo social.

La OIT se propone igualmente desarrollar su capacidad de respuesta rápida a los acontecimientos imprevistos, con la finalidad de poder afrontar rápidamente las situaciones que afecten al mundo del trabajo, como las producidas por la crisis financiera asiática de 1998.

Después de su examen en la reunión celebrada en noviembre de 1998 por el Consejo de Administración, el Grupo de Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio Internacional analizó en mayor profundidad las consecuencias de algunas iniciativas del sector privado, como los códigos de conducta y el etiquetado social, para los proyectos operativos y de investigación de la OIT.

Después de un amplio intercambio de puntos de vista, se produjo un consenso general respecto a la necesidad de proseguir y profundizar la investigación de las iniciativas del sector privado, que se desarrollará en el programa de trabajo del 2000-2001. Por otra parte, era demasiado pronto para perfilar la participación proactiva de la Organización en la verificación del comportamiento de las empresas o en la selección y promoción de las prácticas recomendadas.

Asimismo, el Grupo de Trabajo también examinó una serie de estudios por países sobre el efecto social de la mundialización. La OIT ha realizado estudios en seis países: Bangladesh, Chile, Mauricio República de Corea, Sudáfrica y Suiza. En el informe se indica que, si bien la liberalización del comercio puede contribuir al aumento de los niveles de vida, el proceso de mundialización lleva aparejados unos importantes costes de reajuste.

Estos costes consisten en la creciente desigualdad que se observa en la mayoría de los países estudiados y en la disminución de la demanda de mano de obra no cualificada. Existe, asimismo, un riesgo real de que los flujos de capital a corto plazo, en vez de ser un mero reflejo de la evolución de la economía real, determinen los tipos de cambio, el comercio y los niveles de empleo de los mercados emergentes. No obstante, en ninguno de los países estudiados se ha expresado el deseo de aplicar soluciones proteccionistas.

En los estudios citados se indica igualmente que los gobiernos respectivos no se encuentran inermes ante la mundialización. La OIT aboga por la acción en cuatro frentes: educación y formación, redes de seguridad social, derecho del trabajo y relaciones laborales, y normas laborales fundamentales; asimismo, cree que unas reformas de las producciones y los mercados que faciliten la innovación y la creación de nuevas empresas son tan importantes como la reforma del mercado de trabajo.

El Consejo de Administración, compuesto por 28 miembros en representación de los gobiernos y de igual número de delegados, distribuidos por mitades, de los empleadores y los trabajadores, se reúne tres veces al año. El Consejo es el órgano ejecutivo de la OIT, en el que se toman las decisiones relativas a la aplicación de los programas y políticas de la Organización. Diez grandes países industrializados son miembros permanentes del Consejo. El resto de los miembros son elegidos cada tres años por los gobiernos, empleadores y trabajadores, en función de un criterio de distribución regional.

En un simposio consagrado a la crisis financiera asiática se pusieron de manifiesto las repercusiones sociales extremadamente altas de la crisis, que ha provocado un incremento sustancial del desempleo y del subempleo, unido a una contracción sustancial de los ingresos reales, especialmente en los sectores económicos asociados al comercio internacional y a los flujos financieros.

Los trabajadores y la clase media emergente de las áreas urbanas han sido las más afectadas, dado que la economía rural ha salido relativamente bien librada de los efectos de la crisis. Los grupos más vulnerables, como los niños, las mujeres y los trabajadores migrantes, han sido los más afectados.

Si bien actualmente se perciben señales alentadoras de estabilización de los mercados financieros y monetarios y de que se dan las condiciones necesarias para la recuperación, es preciso evitar el optimismo excesivo. La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de superar las deficiencias de las estructuras sociales y económicas anteriores a la misma.

Se produjo un consenso en torno a que se está forjando una nueva concepción de la reforma, en la que se reconoce la importancia de la democracia como garantía de los derechos humanos fundamentales, y el valor del diálogo social como sostén de la democracia, y un debate abierto sobre las políticas. En este estadio debe darse prioridad absoluta al fortalecimiento de los sistemas de protección social. Entre las posibles medidas se incluyen la implantación del seguro de desempleo y la ampliación de los sistemas de asistencia social, con el objeto de aliviar la pobreza extrema.

La OIT y las demás organizaciones con responsabilidades sociales deben cooperar estrechamente para mejorar su capacidad de reacción ante futuras crisis.

En el examen de la actividad desarrollada por la OIT en respuesta a la crisis, en el simposio se subrayaron las cuestiones siguientes:

• Es preciso que la OIT refuerce su capacidad para responder rápidamente a las crisis importantes, lo que implica una mayor flexibilidad en la reasignación de los recursos internos y una mayor capacidad de movilización de los recursos externos para aplicar programas de emergencia diseñados para afrontar los problemas sociales más acuciantes en situaciones de crisis.
• Es preciso mejorar la capacidad de revisión del inicio de las crisis, con el objeto de facilitar la adopción de medidas preventivas y de aumentar el nivel de preparación para mitigar los costes sociales de las crisis. Esto supone mejorar el sistema de información aplicable al análisis y seguimiento de los acontecimientos económicos y sociales.
• La actuación de la OIT debe basarse en el reconocimiento inequívoco de que la reforma de las políticas y la creación de nuevas instituciones son fenómenos complejos, tanto en su concepción como en su aplicación. Dicha actuación exige un esfuerzo sostenido, apoyado en estudios técnicos y en asesoramiento político de elevada fiabilidad.
• La OIT debe actuar de catalizador e impulsor de unos programas bien diseñados de formación, reorientación profesional, contratación y promoción del trabajo autónomo, orientados a las necesidades específicas de los trabajadores despedidos.

Fuente: Comunicado de prensa OIT/99/8.

La OIT estima que cada año se producen más de un millón de muertes por causas asociadas al trabajo a medida que evolucionan los riesgos en el lugar de trabajo

SAO PAULO, Brasil - El Director del Programa de Salud y Seguridad de la OIT manifestó a los delegados al 15o Congreso Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo que todos los años se producen en el mundo más de un millón de fallecimientos por causas asociadas al trabajo, al tiempo que cientos de millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo y experimentan una exposición profesional a sustancias peligrosas.

El Dr. Jukka Takala manifestó a los delegados en su discurso de apertura que las muertes en el lugar de trabajo exceden de la media anual de fallecimientos producidos por los accidentes de circulación (999.000), los conflictos bélicos (502.000), la delincuencia (563.000) y el VIH/SIDA (312.000).

Cerca de la cuarta parte de esas muertes se deben a la exposición de sustancias peligrosas que provocan enfermedades discapacitantes, como el cáncer o los trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso. El Dr. Takala anunció que se espera que la incidencia de las enfermedades asociadas al trabajo se duplique de aquí al 2020 y que, si no se logran mejoras ahora, las exposiciones de hoy se traducirán en las muertes de ese año.

Aseguró, asimismo, que los trabajadores sufrían alrededor de 250 millones de accidentes laborales y contraían cerca de 160 millones de enfermedades profesionales cada año. Añadió que las muertes y lesiones seguían cobrándose un tributo particularmente oneroso en los países en vías de desarrollo, en los que un gran número de trabajadores se dedican a las actividades primarias y extractivas, como la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería, que figuran entre los sectores con mayores riesgos de la economía mundial.

Según la OIT, se salvarían unas 600.000 vidas humanas todos los años si se facilitase una información adecuada y se aplicasen las medidas de seguridad posibles.

En los países industrializados se ha producido un sustancial descenso del número de lesiones graves resultantes de la transformación estructural de la naturaleza del trabajo y de los esfuerzos efectivos por hacer del lugar de trabajo un lugar más sano y seguro, incluida la mejora de los primeros auxilios y de la atención de urgencia, que contribuyen a salvar vidas en caso de accidente.

Sin embargo, el carácter cambiante del trabajo contribuye a generar nuevos riesgos profesionales, incluidos los trastornos musculosqueléticos, el estrés y los problemas mentales, las reacciones alérgicas y asmáticas y los problemas causados por la exposición a los agentes cancerígenos o peligrosos, como el amianto, las radiaciones y las sustancias químicas.

Los costes económicos de las enfermedades y lesiones profesionales y relacionadas con el trabajo se están incrementando rápidamente. Este experto de la OIT aseguró que "aunque es imposible fijar un precio a la vida humana, el volumen de las indemnizaciones que se abonan indica que alrededor del 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial es absorbido por el coste de la morbilidad, por las vías del absentismo, el tratamiento de las patologías, las prestaciones por discapacidad y las pensiones de viudedad y orfandad". La cifra del PIB que se pierde por causa de las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo es superior al volumen total del PIB global generado en África, los Estados árabes y el Asia meridional, y supera el valor total de la ayuda oficial al desarrollo concedida a los países en vías de desarrollo.

Además de sufrir de carencias materiales y de unos servicios médicos insuficientes, los problemas de los países en vías de desarrollo se exacerban debido a la rápida industrialización y la migración hacia las ciudades. Según el Dr. Takala, se están creando industrias en el marco de la mundialización -algunas de las cuales son peligrosas y clandestinas- en las que se contratan trabajadores sin experiencia previa en el trabajo industrial. La oferta de viviendas e infraestructuras adecuadas suele ir desfasada con la construcción de nuevas fábricas e instalaciones industriales.

La demanda de infraestructuras fomenta el trabajo en la construcción -también peligroso- de obras tan diversas como viviendas, carreteras, presas, centrales eléctricas e instalaciones de telecomunicaciones que, además de múltiples beneficios, también generan los problemas típicos de las modernas sociedades industriales, como tráfico, ruido, estrés, nuevos productos y múltiples sustancias químicas y materiales sintéticos que pueden resultar peligrosos si se utilizan o se eliminan de forma incorrecta. La intensa competencia por el escaso capital de inversión puede contribuir a que se haga caso omiso de las consideraciones medioambientales y de salud y seguridad, como refleja el elevado número de incendios registrados en las fábricas de juguetes, textiles y similares de los países en vías de desarrollo.

Según la OIT, el nivel de cobertura de la salud y seguridad en el trabajo varía sustancialmente de una a otra parte del mundo. Así, en los países nórdicos, la práctica totalidad de los trabajadores disfrutan de esta cobertura, mientras que, en muchos países en vías de desarrollo, sólo el 10 por ciento, o menos, de la fuerza de trabajo disfruta de cobertura de algún tipo. Incluso en muchos países desarrollados la cobertura contra las enfermedades y lesiones profesionales sólo alcanza a la mitad de la población trabajadora.

Al tiempo que aboga por la máxima cobertura posible de la población trabajadora, la OIT defiende la necesidad de aplicar diversas estrategias de mejora de la salud y seguridad en el trabajo, en función de las condiciones predominantes en cada país. En los países industrializados, el esfuerzo debe centrarse prioritariamente tanto en los factores psicológicos asociados a las malas relaciones laborales y a la mala gestión, así como a las consecuencias físicas y mentales de las tareas repetitivas y altamente mecanizadas, como en el suministro de información sobre el tratamiento de nuevas tecnologías y la manipulación de sustancias, incluidas las químicas.

En los países en vías de desarrollo, el esfuerzo prioritario debe centrarse en mejorar los sistemas de salud y seguridad en los sectores primarios, como la agricultura, la pesca y la silvicultura; en la prevención de los accidentes de trabajo y de siniestros como el fuego y los escapes de sustancias tóxicas, y en la prevención de los accidentes y enfermedades tradicionales, como los que se producen en los talleres de la economía informal y en las industrias domésticas y que pueden deberse a la exposición al polvo de sílice, sumamente peligroso y causa de un gran número de muertes prematuras evitables cada año.

"Una gran parte de las muertes y lesiones que sufren los trabajadores de los países situados en todos los niveles de desarrollo es imputable a una información insuficiente sobre la salud y la seguridad."
- Jukka Takala, intervención en Brasil

El Dr. Takala enumeró una serie de actividades que se desarrollan en los países en vías de desarrollo y que van desde las medidas de seguridad química aplicadas en las pequeñas minas de carbón chinas hasta las iniciativas de seguridad agroquímica desarrolladas en Centroamérica y las campañas de información sobre salud y seguridad en el trabajo que se realizan en África.

La OIT insiste en que las normas fundamentales de salud y seguridad en el trabajo, como los Convenios sobre seguridad y salud de los trabajadores (núm. 155) y sobre los servicios de salud en el trabajo (núm. 161) constituyen las normas mínimas aplicables. Además, se pondrá en marcha el Programa mundial para el trabajo seguro, que servirá para promocionar y difundir conocimientos y servicios de salud y seguridad en el trabajo, además de dar máxima prioridad a esta cuestión en el orden del día mundial, internacional y nacional.

Fuente: Comunicado de prensa OIT 99/9.

Mayor impulso de la OIT
a las cuestiones de género

Somavia: Intensificar el ritmo y fortalecer el compromiso de la OIT
con la promoción de la igualdad de la mujer

GINEBRA - En la alocución pronunciada en la primera reunión extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Director General de la OIT aseguró que la Organización fortalecería su compromiso con los problemas de la mujer, tanto en el plano interno como en su actividad internacional.

Manifestó el Sr. Somavia que "aunque reconozco y aplaudo los serios esfuerzos que se han realizado en estos últimos años por incorporar los problemas de la mujer al núcleo de la actividad de nuestra organización, quiero participarles mi intención de intensificar el ritmo y reforzar el compromiso institucional con esta política. La OIT se ha retrasado con respecto a otras organizaciones según diversos indicadores del esfuerzo en favor de la igualdad entre los sexos. Como organización comprometida con la justicia social y el bienestar de los trabajadores, hemos de estar en la primera línea de este esfuerzo de las Naciones Unidas".

Según el Sr. Somavia: "La promoción de la igualdad entre los sexos no es sólo lo correcto; es también lo más inteligente. Por lo tanto, me propongo, como tarea prioritaria, colocar a la OIT entre las organizaciones más progresistas en el campo de la igualdad entre los sexos. Debemos ser vanguardia y no retaguardia."

Después de observar que la OIT había desempeñado una función importante en los últimos ocho decenios en la adopción de normas orientadas a promover la igualdad de la mujer trabajadora, el Sr. Somavia aportó algunos datos reveladores de que la Organización se había quedado desfasada en la promoción de la paridad entre los sexos en su propia Secretaría.

Asimismo, el Sr. Somavia se comprometió a tomar otras medidas tendentes a intensificar los esfuerzos de la OIT en favor de la mujer:

• Situar las cuestiones de la igualdad "en el centro del orden del día de la agenda de la OIT", lo que incluye la inclusión de los problemas de la mujer y del desarrollo entre los objetivos estratégicos fijados por la OIT en la propuesta de presupuesto para el 2000-2001.
• Incorporar los problemas de género a la labor técnica de la OIT, fomentando la sensibilidad hacia esos problemas en el trabajo de campo, de investigación y de asesoramiento; integrando la dimensión de género a los programas centrados en el sector informal, la pequeña y mediana empresa, la recogida de datos y la seguridad social; cooperando con las organizaciones sindicales; promoviendo la formación y los programas de creación de empleo; y proponiendo y evaluando normas, incluidas las distintas ramas de la OIT y las oficinas regionales y de área.
• Instar a las organizaciones de trabajadores y de empleadores de los Estados miembros que integran la estructura tripartita de la OIT a que realicen "un esfuerzo sistemático por lograr una mayor presencia de mujeres cualificadas y experimentadas" en sus respectivas delegaciones a la Conferencia Internacional del Trabajo, en el Consejo de Administración y en los comités tripartitos, así como en los seminarios y cursos de formación.
• Apoyar la creación de un centro de asistencia de día en la sede de la OIT en Ginebra, con el objeto de "hacer posible que "hombres y mujeres puedan volcarse en su trabajo sin renunciar a la eficiencia, las posibilidades de promoción ni la relación familiar".

Fuente: Comunicado de prensa OIT/99/5 .

GINEBRA - Según un reciente estudio de la OIT ^*, si bien el sector químico se encuentra en la vanguardia del esfuerzo del mundo empresarial por adoptar unos códigos de conducta en materia de salud y seguridad y de protección del medio ambiente, la credibilidad de estos esfuerzos resulta mermada por el escepticismo público y por unos niveles globalmente bajos de participación de los trabajadores.

En el estudio se comenta la proliferación de las iniciativas voluntarias y de la adopción de códigos de conducta en el sector químico, y se indica que, si bien no es posible emitir un juicio definitivo sobre su eficacia, hasta el presente, "parecen haber producido efectos positivos en el sentido de mejorar los resultados del conjunto de las empresas del sector en materia de salud, seguridad y medio ambiente".

Entre las iniciativas voluntarias estudiadas se incluyen las medidas orientadas a sustancias específicas, como los pesticidas y revestimientos, y la concertación de acuerdos de protección del medio ambiente entre el gobierno y la industria, y la mejora de los sistemas de gestión del medio ambiente, como los adoptados por la Unión Europea y la Organización Internacional de Normalización.

La mayor de estas iniciativas voluntarias, nacida en Canadá en 1985 con el nombre de Cuidado Responsable, se ha desarrollado hasta comprender un total de 40 asociaciones nacionales de industrias químicas cuyos miembros generan el 86 por ciento de la producción mundial de sustancias químicas. Si bien los detalles de los programas de Cuidado Responsable varían de un país a otro, en todos se establecen normas para que los productores y distribuidores mejoren constantemente sus resultados en todos los aspectos de la seguridad química, desde la adopción de directrices hasta la utilización de logotipos y métodos de verificación comunes. En muchos países, la adhesión a los principios de Cuidado Responsable es condición previa para la aceptación de una empresa en su asociación sectorial.

Sin embargo, la OIT observa que, a pesar del notable progreso registrado y de la mayor información pública, "ni los trabajadores ni sus representantes sindicales participan ampliamente ni están bien informados" de los programas de Cuidado Responsable. Según el informe, "muchas empresas europeas, sobre todo, no emplean la marca ni la terminología de Cuidado Responsable en sus comunicaciones con los trabajadores en materia de salud, seguridad y medio ambiente".

Según un estudio realizado en el Reino Unido, "el programa de Cuidado Responsable sólo se difundía eficazmente en el nivel directivo, con el resultado de que su repercusión sobre la motivación del conjunto de la plantilla era sumamente escasa". La Asociación de la Industria Química británica, que reconoce la escasa correlación existente entre los principios del programa de Cuidado Responsable y la, por otra parte, profunda conciencia de los sistemas de salud, seguridad y gestión del medio ambiente, "sí es consciente de la necesidad de una mayor aceptación y participación de los trabajadores en las actividades de Cuidado Responsable."

Según la misma encuesta, el nivel de concienciación sobre el Cuidado Responsable era mayor en Austria, país en el que "se habían realizado mayores esfuerzos por involucrar a los trabajadores".

Una encuesta realizada por la Federación de la Industria Química italiana puso de relieve que apenas un 25 por ciento de los trabajadores del sector tienen alguna experiencia en el programa de Cuidado Responsable, al tiempo que, según otra encuesta, menos del uno por ciento de la población italiana había oído hablar de este programa.

Por el contrario, en los Estados Unidos, el conocimiento del Cuidado Responsable por parte de la población trabajadora se ha incrementado progresivamente, pasando del 59 por ciento en 1993 al 83 por ciento en 1997.

De lo que no caben dudas es de que las iniciativas voluntarias están cambiando la faz de la industria química. Entre las novedades, en el informe de la OIT se alude al creciente número de programas extensivos diseñados para informar y asesorar a las comunidades y grupos de interés del entorno de las centrales químicas. Las grandes industrias asumen una considerable responsabilidad por la salud y seguridad en toda la cadena de distribución, por parte de proveedores, clientes, distribuidores y usuarios de los productos químicos. Buena parte de la industria se encuentra en vías de adoptar el concepto de "tutela del producto", según el cual las industrias adoptan un concepto integral de la producción, el uso y la eliminación de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida. Las empresas competidoras tienden en medida creciente a compartir información técnica sobre aspectos como la composición, manipulación y eliminación de las sustancias peligrosas.

Fuente: Comunicado de prensa OIT/99/2.

^* Iniciativas voluntarias que influyen en la formación y la educación en materia de salud, seguridad y medio ambiente en las industrias químicas. Informe para debate en la Reunión Tripartita sobre iniciativas voluntarias que influyen en la formación y la educación en materia de salud, seguridad y medio ambiente en las industrias químicas. OIT, Ginebra, 1999. ISBN 92-2-111352-3. Precio: 17,50 francos suizos.

Servicios privados, preocupación pública

La privatización y la reestructuración de los servicios de agua,
gas y electricidad se traducen en reducciones de plantillas

GINEBRA - Según un reciente estudio de la OIT, los procesos de privatización y reestructuración de los servicios de agua, gas y electricidad se han traducido durante el decenio pasado en drásticos recortes de plantilla de hasta un 80 por ciento. Aunque el proceso de reestructuración y privatización del suministro de agua ha sido menos profundo que los del gas y la electricidad, también ha generado sensibles reducciones de plantilla.

En el estudio denominado "Gestión de la privatización y la reestructuración de los servicios públicos (agua, gas y electricidad)", TMPU/1999, se indica que la privatización de los servicios de suministro de agua y de alcantarillado en la República Checa se ha saldado con una reducción del 26 por ciento de la plantilla. También la privatización y reestructuración de las redes de suministro de agua y de alcantarillado de Manila, en las Filipinas, se tradujo en una reducción del 28 por ciento de la fuerza de trabajo.

Según el mismo estudio, el proceso de privatización mediante contratas de los sistemas de suministro de agua y alcantarillado que se ha desarrollado en Argentina en el decenio de 1990 ha producido una reducción de cerca del 50 por ciento de las plantillas. De igual modo, la privatización del suministro de agua en Cartagena de Indias, Colombia, se saldó en un recorte de dos tercios de la plantilla. También la privatización mediante contrata de la australiana Sydney Water se tradujo en una reducción del personal.

El proceso de privatización y reestructuración del gas y la electricidad ha sido más generalizado y se ha saldado casi siempre con reducciones de plantillas. El volumen de empleo se ha reducido un 15 por ciento en los países de la Unión Europea. El Reino Unido destaca especialmente por haber perdido la mitad de los puestos de trabajo desaparecidos en el sector energético de la Europa Occidental durante el último decenio, al pasar la fuerza de trabajo del sector en ese tiempo de 142.623 a 85.000 personas, para una reducción del 40 por ciento.

Los sindicatos se han opuesto con frecuencia a la privatización de los servicios públicos. Aunque los trabajadores han participado normalmente en los procesos de consulta y negociación en torno a las medidas de reducción y movilidad de la plantilla, no participan en la toma de decisiones sobre la reestructuración y privatización de los servicios públicos.

Los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de trabajadores y empleadores han convenido en diversas reuniones de la OIT en que las reformas del sector público tienen mayores posibilidades de lograr sus objetivos de prestar unos servicios eficientes y de calidad si en su diseño y ejecución participan plenamente los trabajadores del sector público y sus organizaciones sindicales, así como los usuarios de los servicios públicos, en todas las etapas del proceso decisorio. La participación activa de los representantes de los trabajadores y, en diversas cuestiones, de los usuarios de los servicios de agua, gas y electricidad, es la clave de la solución o de la reducción de los problemas planteados por la reestructuración y la privatización. En el informe se asegura que, en este campo, los resultados han estado muy por debajo de las expectativas. La expansión mundial de las empresas multinacionales de servicios y multiservicios, que ha dado como resultado que, por ejemplo, el agua que se consume sea propiedad de una empresa de las antípodas, exige prestar una atención especial a la regulación y al diálogo social en interés del público.

Las informaciones sobre fallos en las redes y contaminación del agua resultantes de la privatización en gran escala inevitablemente suscitan polémica pública en torno a la propiedad. Sin embargo, en el informe se señala que no se evidencia la existencia de un nexo causal con la privatización. En fin de cuentas, lo que interesa a los consumidores privados e institucionales por igual es la prestación de unos servicios eficientes y costeables de agua y energía, con independencia de que los mismos sean de titularidad pública o privada. Por consiguiente, la adopción de unos mecanismos reguladores coherentes y el diálogo social constituyen aspectos esenciales de la cuestión y fueron debatidos en una reunión tripartita celebrada en Ginebra del 12 al 16 de abril de 1999, dedicada a la gestión de la privatización y reestructuración de los servicios públicos (agua, gas y electricidad).

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