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Vuelta a casa, pero no voluntariamente
Millones de migrantes ilegales en el Sudeste asiático sufren los embates de la crisis económica. Otrora bien acogidos en las economías deficitarias en mano de obra de los "tigres asiáticos", estos trabajadores experimentan los rigores crecientes de unas políticas inmigratorias que se endurecen a medida que crece el desempleo de los nacionales. Leyla Alyanak, periodista de Bangkok, analiza la difícil situación de los afectados por este nuevo flujo migratorio "inverso".
BANGKOK - Cuando la policía llamó a su puerta, Tooch saltó de la cama, aterrorizada. Cogió su bolso y se vistió como pudo antes de que la introdujesen en un autobús atestado que partió inicialmente hacia el centro de detención de inmigrantes de Bangkok y, más tarde, hacia la frontera camboyana.
Esta trabajadora fabril de 35 años de edad asegura que "no quería venir a Tailandia, pero no encontraba trabajo en mi país".
Tooch y su hermana Sinsi cayeron en una redada organizada por las autoridades tailandesas de inmigración contra los trabajadores ilegales.
Como millones de otros migrantes del Sudeste asiático, estos ilegales sufren los efectos de la recesión de unas economías que se resquebrajan ante los embates de la tormenta financiera. Los trabajadores ilegales, otrora codiciados en los tigres asiáticos cuyas economías eran deficitarias en mano de obra, se sienten cada vez menos deseados. Las políticas de inmigración se vuelven crecientemente restrictivas a medida que aumenta el desempleo entre los nacionales, y millares de hombres y mujeres indocumentados son repatriados, especialmente en Indonesia y Tailandia, como reacción a las carencias presupuestarias.
Tailandia e Indonesia han sido las naciones más afectadas. En Tailandia, la tasa de crecimiento se redujo, del 6 por ciento en 1996 a prácticamente cero en 1997, y las perspectivas para 1998 son todavía más sombrías. El horizonte de Indonesia es peor aún: de una tasa de crecimiento que se mantuvo en el 8 por ciento hasta finales del año pasado, a finales de 1998 se pasará, según estimaciones formuladas por los expertos antes de que la crisis económica de Yakarta degenerase en violencia, a un crecimiento negativo del 5 por ciento.
A principios del año en curso, el Ministro de Trabajo tailandés anunció que 300.000 trabajadores extranjeros ilegales tendrían que abandonar el país antes de finales de junio de 1998 para dejar paso a algunos de los cerca de 2 millones de los tailandeses en paro, que reflejan la profunda inflexión ocurrida en un país que, en los días previos a la crisis, alardeaba de disfrutar virtualmente de un pleno empleo.
Malasia, el otro país del Sudeste asiático que ha adoptado severas medidas contra los trabajadores ilegales, tiene previsto deportar a 10.000 extranjeros indocumentados al mes durante 1998. Cerca de un millón de los 2,2 millones de extranjeros que viven en el país son indonesios indocumentados.
Las mujeres han resultado particularmente afectadas por los recortes de plantilla. En la década de 1970, las trabajadoras constituían alrededor del 15 por ciento de la fuerza de trabajo migrante en los países asiáticos; actualmente, en cambio, la mitad de las personas que buscan trabajar en el extranjero son mujeres. Según el informe publicado por la OIT en abril bajo el título de "Efecto social de la crisis financiera asiática", las mujeres "se concentran en las modalidades más precarias del trabajo asalariado y son más vulnerables al despido". Además, la fuerza de trabajo femenina se encuentra mucho más dispersa, lo que dificulta el contacto con las organizaciones sindicales.
Es posible que las deportaciones anunciadas por los gobiernos de Malasia y Tailandia hayan surtido menos efectos que los previstos. Ciertamente, algunos informes indican que los trabajadores deportados de Tailandia son casi inmediatamente reemplazados por nuevos inmigrantes clandestinos. Por su parte, en Malaysia, donde se habían detenido 8.833 trabajadores ilegales en 1997, fueron aprehendidos 3.026 en sólo dos semanas de febrero del presente año.
Según Piyasiri Wickramasekara, Especialista en Políticas de Mercado del equipo consultivo multidisciplinario del Este asiático (OIT/EASMAT): "Los sistemas administrativos no están demasiado desarrollados en las fronteras del Sudeste asiático. La repatriación de los trabajadores extranjeros es, como mínimo, una manifestación de la voluntad política de los gobiernos de abordar el problema. A menudo, sin embargo, los trabajadores consiguen infiltrarse rápidamente en el país, y esto produce resentimiento. Se corre el riesgo de que se les tome por chivos expiatorios".
Los grupos de activistas temen que la migración clandestina e ilegal aumente a medida que los controles fronterizos se recrudezcan, y que la situación provoque un endurecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores que permanezcan y un mayor abuso. En Tailandia se teme que el trabajo forzoso y la prostitución aumenten a medida que un mayor número de familias se hundan por debajo de la línea de la pobreza y traten de sobrevivir mandando a las hijas a trabajar fuera.
Los activistas de los derechos humanos se preocupan igualmente por las posibles repercusiones políticas en los países receptores de los deportados. Especial preocupación suscitan los birmanos que vuelven a una patria que no los quiere y los indonesios de la provincia de Aceh, en Sumatra, de la que muchos huyeron hace años durante una revuelta contra el Gobierno en favor de la independencia. Se han producido asaltos a embajadas extranjeras en un intento desesperado por evitar la expulsión y han estallado disturbios en los centros de detención de los destinados a la deportación.
Estos migrantes ilegales se encuentran prácticamente indefensos contra los abusos, ya que muy pocos países del Sudeste asiático han suscrito los convenios que les aportarían protección.
El Convenio núm. 143 ofrece las mejores perspectivas para los migrantes ilegales. En el mismo se prevé la imposición de sanciones por los "desplazamientos clandestinos de migrantes con fines de empleo y por la contratación ilegal de migrantes", además de tutelarse diversos derechos, incluidos el de la equiparación en los salarios y prestaciones, el de apelación y el de gratuidad de la expulsión.
Aunque algunos convenios fundamentales de la OIT también tutelan los derechos de los trabajadores migrantes, sus ratificaciones habían sido escasas. Tanto el Convenio núm. 29, sobre el trabajo forzoso, y el núm. 98, sobre la negociación colectiva, disfrutan de bastante apoyo en la región; en cambio, el Convenio núm. 111, sobre discriminación, sólo ha sido ratificado por Vietnam, y el núm. 138, sobre la edad mínima, lo ha sido exclusivamente por Malaysia. Indonesia es el único estado del Sudeste asiático que ha ratificado el Convenio núm. 87, sobre libertad de sindicación. No obstante, se observan indicios de que la campaña en favor de la ratificación desarrollada por Michel Hansenne, Director General de la OIT, comienza a surtir efectos.
Para Joachim Grimsmann, especialista en Normas de Trabajo Internacionales de OIT/EASTMAT, "las cosas van mejorando. Se observa entre los países de la subregión una clara voluntad de colaboración, y las opiniones favorables a la ratificación, asunción y aplicación de estos convenios han ganado en influencia.
Camboya y la República Democrática Popular de Laos han propuesto a sus autoridades respectivas la ratificación de varios convenios; Filipinas ha firmado el núm. 138 e Indonesia se propone seguir sus pasos. En Tailandia existe el propósito de ratificar el núm. 100, y este año Malaysia ha ratificado los números 100 y 138.
Al margen de la carga política de la cuestión de la migración ilegal, el Sudeste asiático sufre aún escasez de mano de obra, especialmente en los trabajos denominados "3-D" (sucios, peligrosos y exigentes, palabras que en inglés comienzan por la letra D) o "SALEPs" (primeras letras de cada una de las palabras que componen la frase que en inglés se traduce por "despreciados por todos menos por los muy pobres"), expresión preferida por W.R. Bohning, Director del equipo consultivo multidisciplinario del Este asiático y el Pacífico (OIT/SEAPAT).
A pesar de las elevadas tasas internas de desempleo, muchos nacionales siguen despreciando estos trabajos poco apetecibles. Muchos empleadores prefieren contratar trabajadores ilegales, que son más "obedientes" y están dispuestos a hacer más por menos dinero. Según una encuesta recientemente realizada entre unas 500 empresas de Bangkok, el 56 por ciento apoyaban la deportación de los trabajadores ilegales y el 30 por ciento se oponían a la medida, alegando dificultades para encontrar sustitutos y el elevado coste de la mano de obra local.
Es probable que Tooch, Sinai y otros miles de deportados regresen en cuanto los funcionarios de inmigración se descuiden. La existencia de unas fronteras largas y porosas, de unos sistemas administrativos débiles e ineficaces y de la presión de la pobreza creciente e, incluso, del hambre, seguirán alentando el trabajo clandestino.
Consenso: Se precisan avances sociales
BANGKOK - La Reunión tripartita de alto nivel de la OIT sobre respuestas sociales a la crisis financiera de los países del Este y el Sudeste asiáticos culminó en un claro consenso sobre la gravedad de la crisis económica en curso y la necesidad de lograr progresos y mejoras sociales en una región que afronta un serio deterioro de las condiciones laborales y sociales.
La reunión, celebrada en Bangkok entre el 22 y el 24 de abril de 1998, se centró en torno a un informe de la OIT titulado "Efecto social de la crisis financiera asiática" en el que se responsabilizaba a la falta de unas respuestas políticas adecuadas de los desequilibrios financieros que se espera que se prolonguen durante 1998. En el informe se vaticinaban elevadas tasas de desempleo y una inflexión de los progresos realizados en la lucha contra la pobreza, exacerbadas por la ausencia de redes de seguridad social. Asimismo, en el informe se examinaban las perspectivas de una recuperación sostenible.
Los participantes en la reunión reconocieron que estas perspectivas se centraban en el crecimiento económico sostenido preciso para impulsar el cambio social. Se hizo hincapié en la necesidad de una regulación adecuada de los sistemas financieros, una mejor gestión de las empresas y unos mercados que funcionen.
En la reunión se produjo un consenso en torno a una serie de medidas prioritarias, como una mejor supervisión estatal de los efectos de la política económica en el empleo, el desarrollo de los recursos humanos, programas de creación directa de empleo, recogida de información sobre los grupos vulnerables (en especial, sobre los menores y las mujeres trabajadores), adopción de unas políticas solventes de desarrollo de las empresas, creación de unos entornos económicos propicios a la inversión, aplicación de esquemas de seguro de desempleo, adopción de unas pensiones mínimas básicas, protección de los derechos y salarios de los trabajadores, mejora de los sistemas de seguridad social, respeto de la libertad de sindicación, fortalecimiento de la negociación colectiva y de las relaciones laborales y prevención de los costosos conflictos laborales.
Se registró igualmente un consenso entre los participantes en torno a la necesidad de mejorar la cooperación internacional, especialmente en el ámbito regional, y de unas consultas más estrechas entre los interlocutores sociales y las instituciones financieras internacionales en el diseño y aplicación de programas de ajustes económicos.
En la reunión se postuló que el respecto de las normas laborales internacionales constituía un elemento clave en la promoción de una colaboración social provechosa, y se alentó a los Estados a que secundasen la campaña lanzada por el Director General de la OIT, Michel Hansenne, en favor de la ratificación de las normas internacionales fundamentales.
El señor Hansenne manifestó en el discurso de apertura que, tan esencial como la existencia de unas economías más maduras con redes de seguridad social y unas instituciones sociales más vigorosas era el desarrollo de democracias sociales y económicas más fuertes, basadas en el diálogo social y el respeto a los derechos de los trabajadores. Michel Hansenne manifestó a los periodistas que cubrieron la conferencia que "una de las causas de la crisis es la falta de democracia, y creemos que ya es hora de convencer a los electores de que deben forjarla".
Para Chuan Leekpai, Primer Ministro de Tailandia, se debe conferir idéntica importancia a las políticas de desarrollo económico y social. En la apertura de la reunión manifestó que "el desarrollo sostenido no puede coexistir con las desigualdades sociales ni con el deterioro de los recursos humanos".
Asistieron a la reunión de tres días de duración representantes de los gobiernos (ministerios de trabajo y de planificación) y de las organizaciones empresariales y sindicales de China, Indonesia, Malasia, Filipinas, República de Corea, Singapur, Tailandia, Vietnam y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, además de directivos del Banco de Desarrollo Asiático, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Leyla Alyanak