Bogotá – El proyecto CERALC capacitó al personal de 32 procuradurías regionales y 164 procuradurías provinciales de Colombia con respecto a empresas y derechos humanos.

A través del curso "Derechos humanos y empresas", se buscó generar capacidades en los profesionales de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para cumplir con su misión en el ámbito específico de las potenciales vulneraciones de los derechos humanos por parte de las empresas, así como profundizar en las obligaciones de los entes estatales pertinentes. De igual manera, se dieron a conocer los principales instrumentos relacionados con la Conducta Empresarial Responsable, como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración Tripartita de la OIT sobre Empresas Multinacionales.

"Para la OIT es muy importante que estos funcionarios logren comprender e internalizar los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, de modo que puedan ejercer su deber de vigilancia", indicó Olga Orozco, coordinadora del proyecto CERALC para la OIT.

Desde el punto de vista de la OIT, la temática es además muy relevante en el actual contexto de emergencia sanitaria, económica y social causada por la pandemia de la COVID-19, y lo será para la posterior reconstrucción, debido a que las empresas son actores clave para estimular la economía y promover el trabajo decente.

"Los efectos negativos de las empresas también incluyen riesgos e impactos en el medioambiente, estos a su vez pueden afectar la salud, la calidad de vida, el acceso al agua, a participar en el propio desarrollo, y a otros muchos derechos como, por ejemplo, los de los pueblos indígenas", señaló Mar Carneiro Freire, consultora e investigadora principal de Sustentia Innovación Social, organización que facilitó la capacitación.

Durante el desarrollo del curso, los participantes también profundizaron en los principios rectores como insumos de obligatoria implementación por parte del sector privado, así como la constante sinergia que debe existir en la relación tripartita estado-sociedad-empresa.

"El curso ha servido para interiorizar la necesidad de aportar, desde el Ministerio Público, en la intervención efectiva de las instituciones, para así garantizar un desarrollo sostenible de los diferentes sectores económicos. Si bien la Constitución Política de nuestro país establece que el Estado es el `director de la economía´ con un mínimo de intervencionismo, sí es menester de entidades como la PGN, vigilar la protección y garantía de los derechos humanos en el crecimiento económico del país.”, señaló Edgar Iván Pérez Carvajal, procurador regional de Guainía.

"Cuando inicié el curso de derechos humanos y empresa, llegué con muchas expectativas sobre la temática y objetivos del mismo, las cuales se fueron llenando con cada sesión. Ahora, desde la Procuraduría General de la Nación, debemos trabajar en propuestas y proyectos que permitan vigilar, y si es el caso, hacer juicios de reproche a aquellas empresas que atenten o permitan que al interior hayan prácticas o desarrollen acciones en contra de los derechos humanos de sus trabajadores, o de las comunidades en donde ejercen su actividad empresarial", señala Felipe Castaño Robledo, asesor de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

El curso virtual "Derechos humanos y empresas" se llevó a cabo en el Marco del Memorando de Entendimiento suscrito en marzo de este año entre la PGN y la OIT.

Sobre el proyecto CERALC

El proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) busca promover la conducta empresarial responsable mediante el apoyo al desarrollo y la implementación de Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos, el fortalecimiento de la debida diligencia y el intercambio de buenas prácticas en la materia. Es implementado en nueve países de América Latina por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y financiado y diseñado en colaboración con la Unión Europea (UE).