The Bridge Proyect Perú

OIT y el Ministerio de Trabajo del Perú identificarán población en riesgo de trabajo forzoso

Junto con el Instituto Nacional de Estadística e Informática de este país, se firmó un convenio que busca prevenir y erradicar esta problemática en zonas vulnerables.

Noticia | 6 de marzo de 2017
Lima - El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (MTPE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) suscribieron un convenio de cooperación que permitirá levantar información estadística para conocer la dimensión real de esta problemática en las zonas más vulnerables de este país.

Al respecto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, señaló que se busca prevenir y erradicar el trabajo forzoso con acciones conjuntas que ayuden a identificar a la población en riesgo.
El Director de la OIT para los Países Andinos, Philippe Vanhuynegem (al centro), juntó al Ministro Alfonso Grados y el Embajador de EE.UU en el Perú, Brian Nichols, durante la firma del convenio.
"La información que se obtenga será de utilidad también para el desarrollo de otras políticas como la lucha contra la trata de personas", dijo.

Asimismo, resaltó la importancia de priorizar la lucha contra esta problemática y focalizar las políticas correctas asumidas por el Gobierno peruano.

Por otro lado, el MTPE y la OIT presentaron el proyecto “Del protocolo a la práctica: un puente para la acción global contra el trabajo forzoso” (The Bridge Project Perú), iniciativa financiada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), que tiene como finalidad contribuir a la mejora y el fortalecimiento de las políticas públicas nacionales de lucha contra el trabajo forzoso.

Este objetivo se pretende lograr a través de la mejora de las políticas, planes de acción y legislación nacionales sobre trabajo forzoso, la sensibilización y el acceso a programas para víctimas de esta problemática e investigaciones sobre la materia a nivel nacional e internacional.

Grados Carraro subrayó que una de las prioridades y ejes de su gestión es la eliminación del trabajo forzoso para lograr un país con empleo digno para más peruanos y por ende el crecimiento del país.

Por su parte, el Director de la OIT para los Países Andinos, Philippe Vanhuynegem, saludó al Perú por los avances en la lucha contra el trabajo forzoso y por la incorporación de este delito en el Código Penal.

“La implementación del Proyecto Bridge busca la mejora de políticas públicas nacionales sobre el trabajo forzoso, la prevención de este delito en la población vulnerable, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de las capacidades de los actores tanto del gobierno como de los empleadores y trabajadores”, sostuvo.

Asimismo, Vanhuynegem destacó que Perú ratificó el convenio sobre trabajo forzoso (núm. 29) en 1960 e hizo hincapié en la importancia de ratificar el Protocolo 2014 de esta organización relativo a dicho convenio.

Durante el evento también estuvo presente el embajador de Estados Unidos en el Perú, Brian Nichols, quien manifestó que su gobierno seguirá prestando servicio a las víctimas y promoviendo estándares y derechos laborales que aseguren un bienestar y un mejor futuro para todos.

Según cifras del 2014 de la OIT, el trabajo forzoso afecta a 20.9 millones de personas en el mundo, de las cuales 18.7 millones (90%) son explotadas en la economía privada (individuos o empresas por lo general ilegales o informales).

El trabajo forzoso es una forma moderna de esclavitud y comprende todo trabajo o servicio que se exige a una persona, sin su consentimiento o bajo violencia o amenaza de una sanción o pena, vulnerando su libertad.

En el Perú, el Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso identificó como sectores de alto riesgo la tala de madera y la minería ilegal. Estudios realizados en dichos sectores en las regiones Ucayali y Madre de Dios, encontraron indicadores relacionados a este flagelo como la restricción en el movimiento de los trabajadores, amenazas, retención de documentos de identidad, servidumbre por deudas, entre otros.