El Convenio núm. 29 de la OIT define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente” (Art. 2.1.).
El trabajo forzoso tiene lugar cuando las personas se ven sometidas a la coerción física o psicológica para hacer un trabajo, y que si no hubiera sido así no lo hubieran elegido por su propia voluntad. Algunas personas corren mayor riesgo de ser víctimas del trabajo forzoso dado que por su vulnerabilidad y/o pobreza se ven explotadas por los perpetradores. Como los pueblos indígenas y tribales a menudo padecen pobreza, analfabetismo, discriminación y aislamiento geográfico, pueden caer presa del trabajo forzoso. En algunos casos, la persistencia del trabajo forzoso en la actualidad se debe a patrones de discriminación de larga data contra ciertas etnias y castas minoritarias.
En todo el mundo, los pueblos indígenas se encuentran sin lugar a dudas en situaciones de trabajo forzoso, como los guaraníes en Bolivia. El Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso (SAP-FL) de la OIT apoya actividades tales como estudios de campo para mejorar la comprensión sobre la situación del trabajo forzoso; reuniones de validación tripartitas; actividades de formación y concientización para los empleadores y trabajadores; asistencia técnica sobre planes de acción nacionales y medidas sobre políticas y; la promoción de la apropiación nacional a través de la creación de comisiones nacionales.
En cuanto a los pueblos indígenas, la acción en campo de SAP-FL se concentró hasta ahora en América Latina, especialmente en Bolivia, Perú y Paraguay. Una serie de estudios confirmaron la existencia de trabajo forzoso entre los pueblos indígenas en América Latina. Allí, hoy en día como hace siglos atrás, las principales víctimas del trabajo forzoso son los pueblos indígenas que viven en regiones aisladas donde, comparativamente, asentamientos recientes han fomentado la demanda de trabajo barato, y donde prácticamente no hay presencia estatal para proporcionar protección contra el trabajo forzoso. SAP-FL ha colaborado con los compromisos políticos nacionales en estos países. Como consecuencia de ello, el gobierno de Bolivia lanzó un Plan de Acción Nacional en 2005, seguido por Perú en 2007.