La población de Guatemala está compuesta por 11.2 millones de personas (INE, 2003) pertenecientes a pueblos indígenas de origen maya, el pueblo Xinca, Garífunas y Ladinos. Según las estadísticas oficiales, el pueblo maya representa 48.6% de la población, compuesto por 22 comunidades lingüísticas: Achi', Kateko, Awakateko, Ch'orti', Chuj, Ixil, Itza', Kaqchikel, K'iche', Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi', Popti',Q'anjob'al, Q'eqchi', Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz'utujil y Uspanteko.
Guatemala se caracteriza por ser mayoritariamente rural: cerca dos tercios de los habitantes viven en zonas rurales. Y gran parte de los indígenas trabajan bajo condiciones de explotación en fincas de agroexportación.
En cuanto al marco legal, la Constitución de 1985 reconoce, respeta y protege la diversidad cultural, idiomas, cultura y costumbres de grupos étnicos y comunidades indígenas, sin llegar a reconocerlos como pueblos. Sin embargo, en el contexto del proceso de paz, Guatemala ratificó el Convenio núm. 169 en 1996, y posteriormente dio rango de ley a los Acuerdos de Paz, entre ellos el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (2005). La ley reconoce los idiomas indígenas como nacionales y fomenta su uso público. También se ha tipificado el delito de discriminación. Como implementación de los Acuerdos de Paz se han creado una serie de instituciones de protección de los derechos indígenas, como la Defensoría de la mujer indígena (DEMI), el Fondo Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), entre otras.
Sin embargo, a pesar de que los años de conflicto en Guatemala quedaron atrás, permanecen graves problemas sociales y económicos que afectan mayoritariamente a la población indígena: hacen falta políticas de aplicación que se reflejen en una mejora efectiva de la situación de la población indígena, particularmente en el acceso a la tierra, derechos sociales y laborales, servicios públicos, y el reconocimiento efectivo de la administración de justicia indígena. Es igualmente necesario un dialogo social constructivo entre pueblos indígenas, otros actores y los Gobiernos.
La OIT ha llevado a cabo actividades de formación sobre el Convenio núm. 169 y el derecho de consulta previa, materia que se presenta como uno de los desafíos más importantes y básicos para la implementación efectiva del Convenio núm. 169.