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ICCIT: Examen del caso individual relativo al Convenio núm. 155, Seguridad y salud de los trabajadores, 1981 España (ratificación: 1985) Publicación: 2007Descripción:(ICCIT Observación individual) Convenio:C155 País:(España) Sesion de la Conferencia:96 Documento:22 Sujeto: Trabajo forzoso Visualizar el documento en: Ingles Frances Un representante gubernamental agradeció a la Comisión que se dé la oportunidad a su Gobierno de intervenir en lo que se refiere a este caso individual calificado de progreso, que preferiría denominar de "buenas prácticas". Sin entrar nuevamente en la discusión de los métodos de trabajo de la Comisión, manifestó que propondrá en el seno del próximo Consejo de Administración una modificación en cuanto a la terminología mencionada y a la necesidad de distinguir por separado y claramente entre casos de progreso y casos de incumplimiento de las normas. De este modo, se lograría una mayor adaptación a las finalidades perseguidas por la Comisión de la Conferencia y por la Comisión de Expertos que no son otras que el logro de la difusión del trabajo decente a todo el mundo. El orador destacó la evolución en España de la normativa y la práctica en dos materias esenciales: la seguridad y salud en los centros de trabajo y la igualdad sin discriminación de todos los trabajadores sin distinciones. La misma es la consecuencia práctica de un mandato constitucional, consensuado hace casi 30 años por todos los partidos políticos, y aceptada en referéndum por el pueblo español, que establece como principio rector de la política social y económica española la vigilancia de la seguridad y de la salud en el trabajo. Toda mejora o perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y de la práctica administrativa en esta materia es consecuencia del proceso de profundización de la democracia social que el Gobierno viene desarrollando. De ese compromiso social surge la ley vigente sobre prevención de riesgos laborales que incorpora el acervo jurídico de la Unión Europea y las prescripciones del Convenio núm. 155. La Comisión de Expertos destaca el gran cambio que esta ley introduce en la cultura preventiva de accidentes y enfermedades profesionales. En efecto, en España existe una verdadera y exigente demanda social para que los centros de trabajo sean lugares seguros y saludables. El Parlamento y la Administración actuaron en respuesta a esta demanda. A este respecto, el representante gubernamental recordó que la Administración General del Estado comparte competencias con la Administración Territorial de las Comunidades Autónomas y destacó que existe plena sintonía en la aceptación de las obligaciones que el mandato constitucional impone, lo cual facilita la coordinación y la cooperación. El orador mencionó el carácter generalista de la inspección del trabajo española que le permite relacionar la vigilancia de las buenas condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo con las otras normas que también inciden en el respeto de los derechos de los trabajadores, como son las de no discriminación y plena igualdad en el trabajo. Esta cuestión es examinada en repetidas ocasiones por la Comisión de Expertos, lo cual es pertinente ya que la lucha contra la discriminación en el trabajo es uno de los temas principales de la OIT, al tiempo que constituye un signo distintivo de la civilización contemporánea y un requisito indispensable de la justicia social. Ello fue plasmado hace numerosos años, en 1889 por el legislador español en el artículo 27 del Código Civil que dispone que "los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles". En concordancia, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no contiene precepto alguno sobre el ámbito de aplicación personal, ya que se descuenta que la misma se aplica a todos los trabajadores, remitiéndose a leyes especiales en lo que respecta a los centros militares y penitenciarios. Hasta los empleados públicos están cubiertos por la ley. No obstante, el orador resaltó que las estadísticas sobre accidentes de trabajo, si bien experimentan una tendencia positiva, no son satisfactorias, y ello ha sido objeto de especial reivindicación por las centrales sindicales durante las celebraciones del 1.º de mayo. El Gobierno comparte la preocupación y ello se observa en el sinnúmero de disposiciones reguladoras de la seguridad y la salud existentes, algunas de las cuales constan en el informe de la Comisión de Expertos, y en las severas normas sancionadoras para el caso de incumplimiento. Por ejemplo, con el fin de promover una adecuada cultura de la prevención entre la población trabajadora, el Ministerio de Trabajo diseñó una campaña estatal en los medios de comunicación dirigida especialmente a empresarios y trabajadores, con alcance a toda la población, cuyo costo estimado ha sido de 4 millones de euros. Dicha iniciativa se enmarca en el proceso de la estrategia de seguridad y salud acordada entre el Gobierno y los interlocutores sociales, la cual se inserta a su vez en el Plan para la Mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Reducción de la Siniestralidad. El representante gubernamental señaló además que el Consejo de Ministros aprobó el 4 de mayo de 2007, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un Real Decreto sobre la forma de publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. El orador se refirió también a un ejemplo de la administración de Andalucía, que ha puesto en marcha la campaña PREVEBUS del Inmigrante dirigida a la prevención de riesgos y destinada a la población inmigrante (magrebíes, ecuatorianos y rumanos especialmente). Se trata de un autobús dotado de 15 puestos informatizados en donde se imparte formación por profesores magrebíes, rumanos, polacos y españoles y una sala de reuniones con capacidad para 15 personas. La acción andaluza combina prevención con riesgos e integración social laboral y personal de la población migrante. Otro ejemplo consiste en la publicación en cinco idiomas de los convenios colectivos y tablas salariales de los convenios colectivos de sectores y actividades con abundante mano de obra extranjera. Esto demuestra los esfuerzos realizados por España para seguir revirtiendo la tendencia en materia de siniestralidad laboral. No obstante, el Gobierno quiere ir todavía más allá del objetivo adoptado por el último Consejo de Empleo y de Asuntos Sociales de la Unión Europea de reducir en un 25 por ciento el número de accidentes de trabajo durante el período 2007-2012. El representante gubernamental destacó asimismo la labor de los sindicatos y de las asociaciones empresariales que, mediante la negociación colectiva, adaptan progresivamente las normas más generales a las singularidades de empresas y sectores productivos. Debe reconocerse que, en muchas ocasiones, los accidentes de trabajo se producen en el marco del trabajo marginal o clandestino. Por ello, y en aras de la igualdad, la inspección del trabajo ha llevado a cabo campañas en materia de economía irregular que, sólo en 2006 y en Andalucía, supusieron cerca de 100.000 actuaciones con propuesta de sanciones equivalentes a 14 millones de euros. Sin embargo, las mejores vías de solución de estos problemas son la formación y el diálogo social. Este último es la marca distintiva de la acción de Gobierno. El Nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, al cual el Gobierno ha destinado más de 2.000 millones de euros, incide en los aspectos participativos, de educación, de empleo, de vivienda, de salud, de codesarrollo. No se puede constatar que los migrantes sean víctimas prioritarias de los accidentes. Sin embargo, los indocumentados pueden haber sufrido, por su situación irregular, sus efectos en mayor medida. Por ello, la regularización de migrantes llevada a cabo por el Gobierno ha tenido efectos sociales importantes en la igualdad de los trabajadores, porque no hay mayor discriminación que la que separa entre documentados y "sin papeles". El orador subrayó que se han regularizado 578.375 migrantes "sin papeles". El tema migratorio ha sido de gran preocupación para la delegación española en el Consejo de Administración, en la Reunión Tripartita de Expertos sobre el Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones Laborales, en la discusión que tuvo lugar en la 95.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2006) sobre la cooperación técnica y en la Reunión regional europea de Budapest, en la que el Gobierno y el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) insistieron en la necesidad de que la OIT se implicara en la cuestión. La regularización o normalización llevada a cabo por España ha sido reconocida por la OIT como una muy buena práctica. Finalmente, el empeño por la igualdad ha llevado a que en el ordenamiento jurídico esté prevista la figura penal del acoso racial, que puede ser considerado como un acoso frente al cual se deben adoptar todo tipo de prevenciones. Recordó que España, que actualmente es un país receptor de migración, no olvida el tiempo en que fue un país de emigrantes. Ello hace que el país sea sensible a los extranjeros, que representan un 10 por ciento de la población. El multiculturalismo es plenamente aceptado en España y la Alianza de Civilizaciones, promovida por el Presidente del Consejo de Gobierno, constituye una respuesta más a las demandas de la sociedad que quieren una convivencia universal en paz con justicia social, en aplicación del emblema de la Organización Internacional del Trabajo a la que pertenecen. Los miembros trabajadores declararon que entendían que España estuviese impaciente por que se la citase como caso de progreso, en el contexto de la aplicación del Convenio núm. 155. La opinión pública no podía esperar menos de un país que acoge desde hace varios años el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Como avances especialmente positivos, los miembros trabajadores han tomado nota de los siguientes: la promulgación de una nueva ley en materia de seguridad y salud de los trabajadores, que descansa fundamentalmente sobre una concepción preventiva de la seguridad y la salud en el trabajo; el Plan Gubernamental para la Mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2005; el Plan Nacional de Acciones Prioritarias de Reducción de la Siniestralidad, de 2006; así como otras iniciativas. Los miembros trabajadores indicaron que esperaban que la eficacia de todas estas medidas pudiera confirmarse en el futuro, aunque reconocieron que, en este ámbito, los resultados no eran nunca inmediatos, ya que una política de prevención es, en efecto, una política a largo plazo que pretende transformar en profundidad las mentalidades y las actitudes en el trabajo. Además, los miembros trabajadores se felicitaron de que estas iniciativas hubieran sido tomadas con una concertación previa con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, lo cual demostraba, indudablemente, la vigencia de un marco de acuerdo tripartito de carácter general, caracterizado por una decidida participación de los actores sociales en las políticas gubernamentales, un sistema que comienza a ser punto de referencia en Europa. Esto es motivo de alegría, en un mundo donde los gobiernos y los empleadores suelen replegarse con harta frecuencia detrás de la excusa de la globalización y la desregulación, como coartadas para no instaurar un marco legislativo adecuado que garantice la protección de los trabajadores. Esta comprobación positiva ilustra hasta qué punto las normas internacionales del trabajo pueden contribuir a una permanente mejora de las legislaciones nacionales y de la aplicación de éstas en la práctica. Los miembros trabajadores hicieron un llamamiento a España para que siga haciendo gala de tanta energía como hasta ahora, para lograr que los trabajadores migrantes que acoge en su suelo se beneficien de la misma prestación de protección en el ámbito de la salud que los trabajadores nacionales. Esta iniciativa debería venir acompañada del reconocimiento del derecho de todos los trabajadores a sindicarse, un derecho que, sin ninguna duda, está estrechamente vinculado con el problema de la salud y la seguridad de los trabajadores extranjeros, ya que son éstos quienes deben afrontar especialmente los avatares de una situación irregular en el plano administrativo. En resumen, los miembros trabajadores transmitieron sus felicitaciones por los logros ya alcanzados y sus palabras de aliento para llevar a cabo las tareas que quedan pendientes. Los miembros empleadores resaltaron que se trataba de un caso de progreso. La Comisión de Expertos tomó nota con interés de la adopción de una nueva ley marco, que aplica un enfoque preventivo de la seguridad y la salud en el trabajo. Los miembros empleadores indicaron que las medidas a escala empresarial tienen que complementarse con políticas nacionales, como prevé el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187). Felicitaron al Gobierno por los progresos realizados en el fomento de una cultura de la prevención gracias al Plan de Acción de 1998, así como por basarse en el diálogo social para lograrlos. En apoyo al Plan de Acción, se adoptaron otros instrumentos que contribuyen en su totalidad, según la Comisión de Expertos, a mejorar la aplicación del Convenio. Por otra parte, los miembros empleadores tomaron nota de que la legislación sobre la seguridad y la salud en el trabajo cubre a todos los trabajadores, independientemente de su situación jurídica. Asimismo, tomaron nota de los notables esfuerzos del Gobierno para fomentar el conocimiento de la legislación pertinente, ofreciendo también información en lenguas extranjeras, y lo animó a proseguir sus amplias campañas de promoción. El representante gubernamental se congratuló con los halagos que habían formulado los miembros trabajadores y los miembros empleadores. El orador reafirmó el compromiso de España de no admitir discriminación alguna en el empleo, promover una política para la seguridad y salud en el trabajo y proteger a los trabajadores migrantes. Lo anterior se desprende de la voluntad reguladora que preside el modelo social europeo con el cual el Gobierno español se encuentra plenamente comprometido. Casos aislados de xenofobia no pueden ocultar el hecho que la mayoría de los extranjeros que residen habitualmente en España - incluso sin ser trabajadores activos - gozan efectiva y plenamente de la calidad de vida que impera en el país. El Gobierno español se muestra activo en todos los estratos de la Organización Internacional del Trabajo, lo que atestigua su contribución al presupuesto y a las actividades de cooperación técnica. Las normas internacionales del trabajo, como las disposiciones del Convenio, se deben integrar en la vida cotidiana y promover la globalización con trabajo decente. Los miembros trabajadores, después de este balance tan favorable, expresaron la esperanza de que el Gobierno informe regularmente sobre los avances en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, así como sobre la ampliación - en colaboración con los interlocutores sociales - de las medidas previstas a favor de los trabajadores migrantes en particular aquellos que se encuentran en situaciones de irregularidad (sin permiso de trabajo). Los miembros empleadores indicaron que el Gobierno debería seguir informando sobre las medidas tomadas para garantizar la aplicación del Convenio en la ley y en práctica, así como su impacto.ConclusionesLa Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión observó que las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos en su observación se referían a los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar la situación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, a través de la adopción y aplicación de una política nacional coherente de prevención así como de medidas legislativas y de seguimiento apropiadas. La Comisión tomó nota de la información brindada por el Gobierno, según la cual la política nacional y el marco legislativo actualmente en vigor, incluido el cambio hacia una cultura preventiva en materia de seguridad y salud en el trabajo, forman parte de un marco político más amplio. Este marco, destinado a obtener la democratización del progreso social, fue desarrollado en estrecha consulta con los interlocutores sociales y cuenta con el apoyo popular manifestado a través de un referéndum. El Gobierno indicó además que si bien el resultado de sus esfuerzos no se ve reflejado aún en las estadísticas nacionales, es positivo que los accidentes actualmente reportados tiendan a ser menos graves. Con respecto a los esfuerzos para implementar el marco legislativo, que fija los mismos derechos entre nacionales y extranjeros en materia de seguridad y salud en el trabajo, el Gobierno indicó que ha adoptado medidas concretas como el lanzamiento de campañas de información en diversos idiomas, la realización de un mayor número de inspecciones y la regularización de la situación de más de 578.000 trabajadores migrantes. La Comisión observó que este caso fue incluido en la lista de países como un caso de progreso que debería servir como ejemplo de buenas prácticas. La Comisión felicitó al Gobierno por los extensos esfuerzos realizados para el mejoramiento de la situación nacional de todos los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y lo alentó a continuar implementando la política de prevención nacional sobre seguridad y salud adoptada, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y la OIT. La Comisión solicitó también al Gobierno que continúe informando sobre los progresos realizados para la aplicación de dicha política, incluyendo estadísticas nacionales, y que envíe nuevas informaciones sobre el resultado de las campañas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes sin tener en cuenta su estatuto jurídico. |
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